INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA ACTOR: DEMANDAD O: MARÍA MAGDALENA ÁLAVA SAN PEDRO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Quito, 11 de enero de 2013, a las 16h VISTOS: En virtud de que la Jueza y los Jueces Nacionales que suscribimos esta sentencia hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución Nº de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones Nº de 30 de enero del 2012 y Nº de 28 de marzo de 2012, nos designaron para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo de 4 de abril de 2012, que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, conforme los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, por cuanto, mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia N de 29 de agosto de 2012, la doctora Ximena Vintimilla Moscoso, Jueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte

2 Nacional de Justicia, fue trasladada a la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de esta Corte, actúa el doctor José Suing Nagua, Juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia conforme el artículo 2, literal c), de la Resolución N de 27 de junio de I ANTECEDENTES El doctor Carlos Alberto García Escovar, Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí y el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional 3 de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, respectivamente, interponen sendos recursos de casación en contra de la sentencia de 5 de agosto de 2009, expedida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4, dentro del juicio N , propuesto por María Magdalena Álava San Pedro, en contra del Sub Director Jefe Responsable de Pensiones y el Director Provincial de la Regional Manabí del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una vez concedido el recurso la actora lo contesta el 21 de abril de El recurrente doctor Carlos Alberto García Escovar, Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación y alega que han sido infringidas las siguientes normas de derecho: artículo 3 de la

3 Resolución C. I. 137 de 12 de julio de 2002, específicamente en sus regulaciones Primera y Quinta; literal b) de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Seguridad Social y el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. Como fundamento a la causal que invoca expone lo siguiente: a) Que, durante la sustanciación del juicio han sostenido que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) concedió la prestación de jubilación a la actora mediante Acuerdo No , de 10 de febrero de 2004 que fue emitido sobre la base de un dato errado en lo que respecta a la edad de la solicitante; b) Que, en la etapa probatoria el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) solicitó que se tenga como prueba a su favor la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Seguridad Social y las regulaciones Primera y Quinta del artículo 3 de la Resolución C. I. 137 de 12 de julio de 2002, que estuvo vigente hasta el 20 de febrero de 2006; c) Que, el Tribunal se aparta de las disposiciones legales en referencia y declara con lugar la demanda para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) continúe cancelando a la parte actora una pensión de jubilación a la que no tiene derecho, por contravenir precisamente a estas disposiciones, perjudicando de esta manera los intereses y patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que pugna abiertamente con lo preceptuado en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil al no observar los puntos por los que se trabó la litis El recurrente doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional 3 de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación y alega que han sido infringidas las siguientes normas de derecho: artículo 3 de la Resolución C. I. 137 de 12 de julio de 2002, específicamente en sus regulaciones

4 Primera y Quinta; literal b) de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Seguridad Social y el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. Como fundamento a la causal que invoca expone las mismas alegaciones que el recurrente doctor Carlos Alberto García Escovar, Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí Por su parte la actora al contestar el traslado manifiesta: a) Que, el recurso de casación interpuesto por el representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí no manifiesta que pretende con el mismo, que no solicita nada y que lo único que dice es que interpone el recurso de casación de la sentencia de fecha 5 de agosto de 2009; b) Que, en igual término esta argumentado el escrito de casación del representante de la Procuraduría General del Estado; c) Que, no existe ninguna impugnación en contra de la sentencia, lo que se ataca es la sustanciación del juicio; d) Que, la casación no es para analizar las pruebas aportadas y que la casación es para revisar la sentencia cuando contenga error; e) Que, la sentencia reúne todos los requisitos formales, que ha resuelto todos los asuntos en que se trabó la litis, que se han hecho constar las normas respectivas, que existe motivación y que en los escritos de casación no indica las falencias de la sentencia. Finalmente la Actora solicita que se rechacen los recursos de casación interpuestos porque no cumplen con los requisitos formales ni de fondo y por no haberse demostrado la existencia de error en la sentencia. Una vez concluida la tramitación de la causa y pedidos los autos para resolver, se considera: II. ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

5 2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar Determinación de la problemática jurídica a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, examinará si la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo siguiente: A) La sentencia impugnada ha incurrido en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por la supuesta falta de aplicación del artículo 3 de la Resolución C. I. 137 de 12 de julio de 2002, específicamente en sus regulaciones Primera y Quinta; así como la falta de aplicación del literal b) de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Seguridad Social y del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, lo que dio como resultado el declarar con lugar la demanda y nulo el acto administrativo contenido en el Acuerdo No , de fecha 9 de octubre de 2007? III. MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 3.1. En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la

6 Sala Planteado el problema esta Sala Especializada, formula las siguientes consideraciones: a) Los recurrentes han invocado la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, para empezar con el análisis de la misma, traemos a colación lo señalado por el Dr. Santiago Andrade Ubidia, en su libro La Casación Civil en el Ecuador, que a la letra dice: La causal primera del artículo 3 contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su parte resolutiva. Sobre el tema, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: [ Se trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar, a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente [ ] (Dr. Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, Editorial Andrade y Asociados, Quito, 2005, pág. 181) (el resaltado pertenece a la Sala); es decir, que existen dos elementos para configurar esta causal, el primero, que debe haber la violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada y el segundo, es que esta transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva; b) Como primer elemento para el estudio de la sentencia recurrida, es el analizar a fondo los argumentos presentados por los recurrentes para justificar sus recursos de casación, los mismos que no determinan cómo el Tribunal A quo incurrió en supuesta falta de aplicación de la Resolución C. I. 137 de 12 de julio de 2002, específicamente en sus regulaciones Primera y Quinta; así como la falta de aplicación del literal b) de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Seguridad Social y del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, pues lo único que arguyen es que el Acuerdo No , fue emitido sobre la base de un dato errado en lo que

7 respecta a la edad de la solicitante (actora), y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la etapa probatoria solicitó que se tenga como prueba a su favor las normas que están siendo cuestionadas en el recurso de casación. Estos dos argumentos son de competencia exclusiva del Tribunal juzgador, porque tiene que ver con la valoración de la prueba y la Sala de Casación no puede entrar a revalorar los hechos que fueron tomados en cuenta por el inferior para dictar la sentencia de marras, pues se parte de que dichos hechos son ciertos y lo que le corresponde a la Sala es analizar la legalidad de la sentencia para verificar si existe la supuesta falta de aplicación de las normas alegadas por los recurrentes. Cabe recalcar que la falta de aplicación es la omisión que realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final, por tanto era obligación de los recurrentes fundamentar en ese sentido y no argüir sobre hechos que se valoraron en la etapa prueba, adicionalmente la sentencia versa sobre la incompetencia de los funcionarios que emitieron el acto administrativo impugnado, esto es, el Acuerdo N de 09 de octubre de 2007, por tanto, la alegación de falta de aplicación de las normas recurridas, deviene en improcedente IV. DECISIÓN Por estas consideraciones, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA

8 Se desechan los recursos de casación interpuestos por doctor Carlos Alberto García Escovar, Director Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Manabí y el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional 3 de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo. Notifíquese, devuélvase y publíquese.- Dra. Tatiana Pérez Valencia, Dr. José Suing Nagua, y Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Jueces Nacionales.- Certifico: Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora