Comentario al Código Unificado de Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Transcripción

1 C O M E N T A R I O G E N E R A L El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de Consejeros/Administradores de empresas o entidades. El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que difunde y promueve las mejores prácticas de gobierno corporativo internacionales. El IC-A promueve, activamente, las mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo internacional y representa, a título individual, a consejeros y administradores, de empresas cotizadas, no cotizadas, familiares, cajas de ahorro y entidades publicas. El IC-A cuenta entre sus miembros con consejeros internos/ejecutivos, externos/no ejecutivos (dominicales, independientes y otros). El IC-A entiende que la Administración y los Poderes Públicos, en general, deberían fomentar que la aplicación de las mejores prácticas de Buen Gobierno se haga extensiva, con los matices y salvedades que sean de rigor, no sólo a Sociedades Cotizadas sino también a Sociedades No Cotizadas, Cajas de Ahorro, entidades o agencias públicas y, en general, también a la propia Administración en su actuación. El Buen Gobierno y la ética deben ser valores generalmente observados por los individuos, empresas y la administración, independientemente que hayan sido promovidos activamente desde la Sociedad Civil. El IC-A, en materia de Gobierno Corporativo y fomento de la Transparencia, ha dado la bienvenida a las distintas iniciativas y normativas que se han puesto en marcha tanto desde la Administración anterior, como desde la Administración actual, con el fin de dotar a España y a las empresas españolas de las mejores prácticas de gobierno empresarial. La necesidad de dotar a las sociedades cotizadas españolas de un Código Único en materia de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades cotizadas, ha sido un objetivo reiteradamente requerido a las diferentes Administraciones desde diferentes ámbitos sociales y empresariales. El IC-A, en ausencia de un Código unificado para España y con el fin de dotar a las Sociedades Españolas Cotizadas de un patrón de conducta de nivel, lanzó en Julio de 2004, sus Principios de Buen Gobierno Página 1 Instituto de Consejeros-Administradores 26 de mayo de 2006

2 Corporativo, cuyos contenidos y vigencia han sido refrendados por las últimas recomendaciones europeas e internacionales. El IC-A aplaude y quiere llamar la atención sobre la encomiable actitud de aquellas empresas españolas que ya hoy creen y ponen en práctica, en su actividad diaria, los Principios del Buen Gobierno Corporativo y considera que, como resultado de ello, el mercado les está premiando. El IC-A considera que el Código Unificado sobre Gobierno de las Sociedades presentado el pasado 22 de Mayo representa un avance y clarificación sobre la situación existente, y a la vez una oportunidad perdida que se ha dejado pasar, de dotar a las empresas cotizadas españolas de un patrón de referencia de futuro. El IC-A considera sobre la situación actual, un avance positivo los contenidos incluidos en el código unificado que tienen relación con: competencias de la Junta General, operaciones vinculadas, núcleo de la misión del Consejo, papel de los consejeros externos y definición más precisa de consejero independiente entre otras. El IC-A considera una oportunidad perdida no haber situado el código unificado a la altura de los códigos de los países que sin ser líderes en Buen Gobierno Corporativo, si están en una posición destacada en esta materia, tal como recomendó el IC-A el comentario realizado sobre el borrador del 28 de Febrero. El Gobierno Corporativo de las empresas españolas cotizadas debería aspirar a situarse, cuando menos, entre los países que, sin ser líderes en Buen Gobierno Corporativo, si están en una posición destacada en esta materia. Por ello España, en términos de Buen Gobierno Corporativo empresarial, necesitará esperar al futuro próximo código para aspirar a jugar en la primera división de Buen Gobierno Corporativo. Si bien la incorporación al código unificado de buena parte de los contenidos de las Recomendaciones de la Comisión Europea relativas tanto a retribuciones como a administradores no ejecutivos y comités del consejo, supone un claro avance respecto al contenido del Código Olivencia y del Informe Aldama, el Código Unificado no aprovecha todas las posibilidades que la implementación de tales recomendaciones permitía. De esta forma en aquellos casos en los que las recomendaciones ofrecían la posibilidad de elegir entre dos opciones se ha tomado la menos avanzada (por ejemplo, permitiendo que la comisión de nombramientos y retribuciones puedan refundirse en una, o que el voto sobre el informe de retribuciones por la junta sea meramente consultivo). Igualmente el código se aparta de las recomendaciones de la Página 2 Instituto de Consejeros-Administradores 26 de mayo de 2006

3 Unión Europea (que son verdaderamente un mínimo común denominador que por razón de esa naturaleza deberían acogerse en su totalidad), en algunas cuestiones relevantes por ejemplo no se exige que la mayoría de los miembros del Comité de Auditoria y del de la Comisión de Retribuciones esté formada por consejeros independientes. El IC-A considera por otra parte, que aunque es loable el intento de Código Unificado de intentar arbitrar en el conflicto entre accionistas mayoritarios y minoritarios, yendo más allá del mero intento de solución del conflicto entre accionistas y gestores, las referencias ahora introducidas en el Código sobre esta cuestión no tienen precedente dentro de las mejores practicas de buen gobierno corporativo. Las referencias introducidas son practicas anómalas, que no tienen nada que ver con las mejores practicas internacionales, como son entre otras, la sobre ponderación de consejeros dominicales sin limite y que los consejeros con participaciones accionariales relevantes (hasta un 5% en compañías cotizadas) puedan ser calificados como consejeros independientes, en lugar de dominicales. Será preciso analizar con especial cuidado el desarrollo práctico de estas recomendaciones para evitar abusos, por lo que el ICA considera que la introducción de este tipo de recomendaciones habría necesitado de un periodo de reflexión más profundo y de un debate público más adecuado. A modo de ejemplo, es necesario notar que resulta contradictoria la redacción, en términos de buen gobierno corporativo según la recomendación 14 de este código se pueda pretender nombrar consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación sea inferior al 5%, y que de acuerdo con la definición de consejero independiente se permita que un consejero con participaciones inferiores al 5% pueda ser calificado como consejero independiente, según se deduce del concepto de participación significativa mencionado en el Código. Es decir con participaciones inferiores al 5%, existe aparentemente diversidad de elección, y se podría elegir entre ser consejero dominical o independiente, según convenga. Son cuestiones totalmente distintas el que se permita ser consejero independiente aunque se tenga acciones de la sociedad y el que se abra el camino para la entrada en el consejo de falsos consejeros independientes. Podría haberse sugerido además de limitar la participación en el capital de una forma mas precisa, añadir la salvaguarda Página 3 Instituto de Consejeros-Administradores 26 de mayo de 2006

4 de que un consejero independiente que posea acciones, aparque y delegue en un tercero la gestión de dichas cartera de acciones, mientras sea consejero independiente de dicha sociedad. El IC-A pide a la Administración la clarificación o corrección de estos puntos antes mencionados, que dan lugar a prácticas anómalas. Asimismo dada la experiencia española con los códigos anteriores, y la experiencia de la OCDE y del Banco Mundial en diferentes estudios, sobre el efecto real de Códigos basados exclusivamente en el principio de cumplir o explicar, en entornos con poca tradición en Buen Gobierno Corporativo en entornos, se pronostica que el efecto real en las compañías españolas cotizadas de un código de cumplir o explicar, va a ser limitado, a menos que la administración regule algunos temas mínimos. Por ello sería recomendable que la Administración analizase la conveniencia de que determinadas recomendaciones, mínimas, del Código Unificado tengan desarrollo normativo propio, si es que se quiere que el código unificado tenga un mínimo efecto o repercusión en la conducta de las sociedades cotizadas. El IC-A recuerda cual ha sido el distinto grado de eficacia y efecto de los últimos códigos en función de su carácter exclusivamente de recomendación (Olivencia), y aquellos donde además de la recomendación había unas mínimas normas de obligado cumplimento, (Aldama/Ley de Transparencia/Informe Anual de Gobierno Corporativo). En particular, el IC-A recomendaría a la Administración que tuvieran un desarrollo normativo propio o clarificación/correccion los siguientes elementos del Código: Corrección o clarificación de las prácticas anómalas al buen gobierno corporativo antes descritas, incluidas en la redacción del código unificado. Incorporación a la legislación de Sociedades de aquellos puntos nuevos que según el Código Unificado, han de someterse a la Junta de Accionistas. Existencia obligada por ley en las Sociedades Cotizadas, de Comisiones de Nombramientos y de Retribuciones, en adición a la ya existente Comisión de Auditoria. Incorporación a normas jurídicas de obligado cumplimiento de la definición de Consejero Independiente del Código Unificado. Página 4 Instituto de Consejeros-Administradores 26 de mayo de 2006

5 El Instituto de Consejeros-Administradores defiende la existencia de un equilibrio razonable entre regulación, es decir, normas de obligado cumplimiento y autorregulación, normas a cumplir, de forma voluntaria, por todos aquellos que deseen estar a la vanguardia del buen gobierno corporativo y que, en caso de no cumplimiento, se han de explicar las razones de su no seguimiento. La necesaria libertad de actuación de que deben gozar las empresas cotizadas en su Gobierno Corporativo, no debería estar reñida con el cumplimiento de determinadas normas legales mínimas que protejan los derechos e intereses legítimos de los accionistas e inversores. Página 5 Instituto de Consejeros-Administradores 26 de mayo de 2006