AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 SEGOVIA SENTENCIA: 00068/2015 S E N T E N C I A Nº 68 / 2015 C I V I L

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1 Roj: SAP SG 99/ ECLI:ES:APSG:2015:99 Id Cendoj: Órgano: Audiencia Provincial Sede: Segovia Sección: 1 Nº de Recurso: 63/2015 Nº de Resolución: 68/2015 Procedimiento: CIVIL Ponente: FRANCISCO SALINERO ROMAN Tipo de Resolución: Sentencia AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 SEGOVIA SENTENCIA: 00068/2015 S E N T E N C I A Nº 68 / 2015 C I V I L Recurso de apelación Número 63 Año 2015 Liquidación Sociedad gananciales Número 156 Año 2014 Juzgado de 1ª Instancia de SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA En la Ciudad de Segovia, a catorce de Mayo de dos mil quince. La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D ª María Felisa Herrero Pinilla, Pdta. Acctal.; D. Francisco Salinero Roman y D. Jesús Marina Reig, Magistrados, ha visto en grado de apelación los autos de las anotaciones al margen seguidos a instancia de D. Fabio, contra Dª Marisol, sobre liquidación de sociedad de gananciales, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, recurso en el que han intervenido como apelante 1º, la demandada, representada por la Procuradora Sra. María Peman y defendida por el Letrado Sr. Barreiro Dourado y como apelante 2º, el demandante, representado por la Procuradora Sra. Pérez Muñoz y defendido por el Letrado Sr. Rodríguez Acosta y en el que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salinero Roman. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de Santa María la Real de Nieva, con fecha treinta de junio de dos mil catorce, fue dictada Sentencia, que en su parte dispositiva literalmente dice : "FALLO: Se estima parcialmente la demanda interpuesta por D. Fabio, representado por la Procuradora Dña. Teresa Pérez Muñoz y defendido por el Letrado D. Gerardo Rodríguez Acosta, contra Dña. Marisol, representada por la Procuradora Dña. Rosa María Rosa Pemán y defendida por el Letrado D. Javier Barreiro Dourado, y se forma el inventario de la sociedad de gananciales constituida por el matrimonio entre D. Fabio y Dña. Marisol, y disuelta, con arreglo a los fundamentos de derecho cuarto, quinto y sexto de la presente sentencia, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas." SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por las representaciones procesales de ambas partes, se interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al tenor que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por interpuesto el mismo para ante la Audiencia en legal forma, en base a lo establecido en el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según redacción dada en la Ley 37/2011 (BOE. 11 /10/2011), dándose traslado a la adversa y emplazándoles para oponerse al recurso o impugnarlo, y realizado el citado trámite en plazo, 1

2 por ambas partes oponiéndose al de contrario, se acordó remitir las actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes ante la misma. TERCERO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo, turnado de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma, señaló fecha para deliberación y fallo del citado recurso, y llevado a cabo que fue, quedó el mismo visto para dictar la resolución procedente. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. - Ambas partes recurren la sentencia. Por una cuestión de orden comenzaremos examinando el recurso formulado por la Sra. Marisol al ser el primero de los presentados en el Juzgado "a quo". Atribuye a la Juzgadora una errónea valoración de la prueba en relación con la titularidad de los bienes que estima deben considerarse como gananciales y respecto de los cuales en la sentencia apelada se aprecian como privativos del marido. Es criterio de la Sala que solo es dable variar la labor interpretadora de la Juzgadora de instancia cuando al efectuar la valoración de la prueba se ha comportado de manera caprichosa, arbitraria o apartado de elementales reglas de razón. No apreciamos esas condiciones negativas en las conclusiones que alcanza la Juzgadora sobre los tres bienes a que se refiere el recurso. El primero es el caballo denominado Draco VI. Fundamenta el error en que en la carta de titularidad del caballo aparece la expresión vendedor y de ahí concluye que se trata de una compraventa, cuando en la sentencia se considera que la adquisición del caballo por su esposo tiene por causa una donación respecto de la que además no se ha justificado que se haya pagado el correspondiente impuesto. El motivo se desestima pues el incumplimiento de obligaciones fiscales no puede determinar la valoración de los hechos desde una perspectiva civil. La conclusión de la Juzgadora está soportada en una prueba testifical cuya valoración se realiza legalmente conforme a las reglas de la sana crítica y esa valoración no es irrazonable porque explica pormenorizadamente la Juzgadora las razones por las que otorga especial eficacia y credibilidad a la declaración del testigo que fue quien regaló el caballo al esposo. No existe prueba ninguna de que en la operación haya mediado precio, pese a que en la documentación administrativa del caballo se utilice el vocablo vendedor, y sin precio no puede apreciarse la existencia de una compraventa. Si no es compraventa es donación y si la entrega del caballo por la declaración del testigo lo fue solo a favor del esposo es obvio que el bien es privativo ( art Código Civil.). Se refiere en segundo lugar a una cámara frigorífica y argumenta que el bien se adquirió constante matrimonio y así consta documentalmente. El motivo se rechaza. En la liquidación de la sociedad de gananciales deben incluirse los bienes que siendo gananciales existan al tiempo de la disolución de la sociedad. La sentencia no niega la inclusión en el activo porque que el bien no fuese ganancial por su adquisición vigente la sociedad conyugal sino porque no existe al tiempo de su disolución. Y argumenta de manera lógica la no existencia del bien basándose en la declaración de un testigo que refiere que unos dos años antes de la fecha de la sentencia de divorcio tal bien fue depositado en un punto limpio. No proporciona la parte recurrente ninguna razón justificada del porqué debe sospecharse de la veracidad de la declaración del testigo. Los bienes muebles tienen una vida útil y la declaración del testigo demuestra que el matrimonio se desprendió de un bien ya no funcional sin que exista ninguna obligación legal de que un bien, que se deja de usar por sus deficientes condiciones de uso, tenga necesariamente que sustituirse por otro. El testigo ha facilitado las explicaciones sobre los hechos concernientes al abandono de la cámara en un punto limpio y la valoración que de tales declaraciones realiza la Juzgadora no pueden tacharse de ilógicas o faltas de un acertado criterio valorativo. Nada significa respecto a dicha valoración que no se haya aportado ningún justificante administrativo del depósito del bien en el punto limpio porque el hecho del abandono de la cámara en dicho lugar puede ser acreditada por cualquier medio de prueba y la testifical es tan válida como cualquier otra. En último término de se refiere a la no inclusión como bien ganancial al que la recurrente denomina en el recurso como actividad comercial de venta ambulante. Y a la que en su relación (folio 120) de bienes gananciales a inventariar calificaba de empresa. La empresa se caracteriza por tratarse de una organización, es decir un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr un objetivo común. La empresa se constituye por un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas, en las que la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. La organización es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de la empresa que como organización o institución se dedica a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de otras personas. Partiendo de este concepto de empresa como organización es claro para la Sala, aceptando el criterio de la Juzgadora, que la actividad profesional que realiza el esposo no participa 2

3 de las características de la empresa sino como se razona en la sentencia lo mas que puede considerarse es el ejercicio de una profesión u oficio a título individual y personal que por ello no puede considerarse como ganancial aunque ocasionalmente le haya ayudado en esa actividad la recurrente, cuya actividad principal es trabajar por cuenta ajena entre otras en la empresa Segur Ibérica o se haya valido de la ayuda de una trabajadora como se afirma en el recurso. SEGUNDO.- El esposo también recurre la sentencia y en primer lugar dirige su crítica a que no se hayan tramitado en este proceso las resultas de la sociedad postganancial. En buena técnica procesal y sustantiva ningún reproche cabe hacer a la Juzgadora pues tras la disolución de la sociedad de gananciales, operada por la sentencia de divorcio, lo que debe ser objeto de liquidación son los activos y pasivos gananciales existentes a esa fecha. Respecto a los posteriores no existe óbice legal ninguno para que su liquidación se difiera al juicio declarativo correspondiente pues tras la disolución y hasta la liquidación lo que surge entre las partes es una comunidad ordinaria o proindiviso. Los créditos y deudas generados en ese periodo no pueden considerarse gananciales porque la sociedad es inexistente. Es cierto que la cuestión ha sido muy debatida en las resoluciones de las Audiencias Provinciales habiéndose procedido en algunas ocasiones a liquidar esos créditos y gastos en el procedimiento liquidador ganancial por razones de economía procesal. Pero precisamente por ser la cuestión controvertida no puede considerarse desacertada la solución judicial de remitir a las partes para liquidar esos gastos producidos en el periodo postganancial, por ser posteriores a la fecha de disolución de la sociedad ganancial, al proceso declarativo correspondiente por ser el adecuado para resolver las cuestiones derivadas de la liquidación de una comunidad ordinaria. Como segundo motivo muestra su descuerdo con la fecha en que la resolución apelada sitúa la disolución de la sociedad de gananciales es decir en la fecha de la sentencia de divorcio (26/4/2011 ). Insiste el recurrente que la fecha de la disolución ha de ser la fecha en que se adoptó la medida de protección en cuya virtud hubo de salir del domicilio familiar, lo que tuvo lugar el 27 de diciembre de El motivo se rechaza. Es cierto que en ocasiones alguna sentencia del Tribunal Supremo, ha considerado como momento de la disolución el de la separación de hecho, pero tal ha sucedido solo en supuestos en que entre la separación de hecho y la sentencia de separación o de divorcio medió un largo período de tiempo. Pero cuando entre el momento de la separación de hecho, sin otra causa que iniciar los trámites de un proceso de divorcio a modo de prolegómeno del mismo, y la sentencia de divorcio solo medió el tiempo común y ordinario para la tramitación del proceso matrimonial y la cesación de la convivencia no fue más que un preparativo del proceso judicial, de manera que hasta el Código Civil en su art ª establece la previsión de que uno de los cónyuges salga del domicilio familiar, es criterio de esta Sala que ha de aplicarse preferentemente la norma de disolución de los arts. 95 y y 3 del Código Civil. El cese de la convivencia se produjo el 27 de diciembre de 2010 como se dice en el recurso. Antes de esa salida, se inició el proceso de divorcio (la demanda se presentó el 14 de octubre de 2010) en el que recayó sentencia firme el día 26 de abril de Por tanto entre la salida del domicilio familiar del recurrente en virtud de la orden de protección para su esposa y la sentencia de divorcio ha transcurrido el periodo propio y normal del trámite de un proceso de la clase del examinado y en consecuencia la fecha de la sentencia es la que determina el momento de la extinción de la comunidad conyugal. TERCERO. - Cuestiona también el apelante concretas partidas reflejadas en la sentencia consideradas como integrantes del inventario que considera deben dejarse fuera. La primera de ellas es la referida al mobiliario sito en la vivienda de DIRECCION000. Alega que esos muebles no se encuentran en dicho inmueble sino en posesión de la demandada. El motivo es fútil pues como bien se razona en la sentencia es intrascendente en qué lugar se encuentren siempre que existan y que se diga que son los de dicha vivienda solo es una forma de identificarlos por el lugar donde se encontraban durante la vida conyugal. Argumenta que debe excluirse la habitación del hijo Osmar pues no se ha aportado factura acreditativa de su existencia. La adquisición del mobiliario de tal habitación aparece acreditada mediante la factura obrante al folio 155 de las actuaciones. Los muebles que se relacionan en la factura son los propios y ordinarios de una habitación por lo que debe considerarse probada su existencia. La segunda partida es la relativa a las rentas percibidas por el alquiler de la vivienda ganancial de Torrecaballeros que en la sentencia se recogen como partida del activo hasta la fecha de disolución de la sociedad. Arguye que se utilizaron en abonar las cuotas hipotecarias correspondientes a la adquisición de la vivienda por lo que de incluirse se habrían computado dos veces. El motivo se estima pues el documento núm. 35 (folios 276 a 278) aportado por el recurrente con su escrito de 27 de mayo de 2014 acredita que los importes del alquiler de la vivienda se utilizaron en abonar las cuotas mensuales del préstamo hipotecario suscrito para financiar la adquisición de la vivienda. Si los alquileres se destinaron a satisfacer deudas gananciales carece 3

4 de sentido que se incluyan en el activo por no existir y haberse dedicado a atender gastos de la sociedad ganancial. La tercera se refiere a una valla para perros que considera que debe incluirse en el activo ganancial pues está soportada por una factura de fecha 28 de febrero de La crítica se desestima pues si bien es cierta la factura no existe prueba de que la valla existiese a la fecha de la disolución de la sociedad. Los testigos presentados por el recurrente para acreditar dicho extremo manifestaron que no vieron la valla. Por tanto no acreditándose su existencia a fecha de la disolución de la sociedad carece de razón que se incorpore al inventario. Censura en cuarto lugar que se hayan incluido como crédito social contra él determinadas facturas por adquisición de bienes para su beneficio exclusivo. Acepta algunas pero no todas las que se relacionan en la sentencia. Y hace especial hincapié en las que reseña como correspondientes a materiales entregados en el domicilio de su entonces suegro, lo que aparece acreditado mediante certificación de Conorsa obrante al folio 523. Alega que la excusa de la contraparte sobre que se descargaron allí por problemas de espacio del recurrente no es cierta porque disponía de espacio suficiente propio para la recogida de materiales. El motivo se rechaza pues todas las facturas están expedidas a nombre del recurrente. Y es creíble la alegación de su esposa relativa al espacio pues si se comparan los materiales servidos en el domicilio de su suegro acreditados mediante las facturas y los albaranes de entrega es fácil observar como la recepción de tales materiales la realiza el recurrente. Basta para ello examinar la firma obrante en los albaranes de entrega que constan a los folios 486, 487, 489 o 493. Reprocha que no se haya incluido en el pasivo una cantidad de dinero extraída por la esposa por importe de euros. Se hace referencia a dicho hecho como partida del pasivo pero en realidad sería una partida del activo porque lo que se pretende es su consideración como un crédito de la sociedad contra la esposa. El motivo se rechaza pues no existe prueba objetiva de que de esa cantidad haya dispuesto la esposa en su exclusivo beneficio. Indicio de la falta de prueba es que el recurrente no lo incluyó como activo social en su demanda de fecha 8 de abril de 2014, ni en su escrito de 26 de mayo de 2014, ni tampoco en el escrito de fecha 16 de junio de Respecto al pasivo se refiere también a la obligación de la esposa de abonar las tasas de basura y de consumo de aguas de la vivienda de DIRECCION000 hasta mayo de El motivo se rechaza porque como ya hemos razonado la disolución de la sociedad ganancial se produjo en fecha 26 de abril de La sentencia reconoce esa obligación de la esposa hasta la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales por lo que así debe dejarse (principio de la prohibición de la reformatio in peius) aunque no haya procedido con acierto pues se trata de gastos correspondientes a un bien privativo y en la sociedad de gananciales solo deben tenerse en cuenta créditos y gastos correspondientes a la sociedad conyugal. Sería, como se dice en la sentencia y en el recurso, de una deuda entre cónyuges que no debería haber tenido cabida en la liquidación de la sociedad pues en el inventario social solo deben incluirse créditos y deudas sociales. Desaprueba que se incluyan en el activo las cuotas hipotecarias pagadas por los cónyuges hasta la disolución de la sociedad. El motivo se desestima por intrascendente pues si se abonaron al 50% por cada cónyuge se producirá un efecto neutro. Pero es correcto que estén en el pasivo social pues si eran deudas de la sociedad y han sido pagadas por los cónyuges con dinero privativo cada uno ostentará un crédito contra la sociedad al haber asumido personalmente el abono de una deuda social. Finalmente se refiere a que debe incluirse como pasivo social un derecho de reembolso a favor del recurrente por las cuotas hipotecarias pagadas desde marzo de 2012 tras la disolución de la sociedad. El motivo se rechaza por lo que ya argumentamos al inicio del fundamento jurídico segundo pues la liquidación de los pagos posteriores se ha deferido al juicio declarativo correspondiente ya que tras la disolución y hasta la liquidación lo que surge entre las partes es una comunidad ordinaria o proindiviso y los créditos y deudas generados en ese periodo no pueden considerarse gananciales porque la sociedad es inexistente. CUARTO.- La estimación parcial del recurso del esposo produce como consecuencia la no imposición de las costas de esta alzada por disponerlo así el art de la L.E.Civil. La desestimación del recurso de la esposa conlleva que soporte las costas de esta alzada derivadas de su recurso en aplicación del art de la L.E.Civil. F A L L A M O S Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto a nombre de Don Fabio y desestimando el formulado a nombre de Doña Marisol, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Juez del Juzgado de 4

5 Primera Instancia de Santa María La Real de Nieva, en fecha 30 de junio de 2014, en los autos a que se refiere este rollo, debemos revocar y revocamosparcialmente la aludida resolución en el siguiente particular: - Se excluyen del inventario como partida del activo las rentas percibidas por el arrendamiento de la vivienda ganancial de Torrecaballeros hasta la fecha de disolución de la sociedad ganancial Se confirman los restantes pronunciamientos del fallo recurrido. No hacemos imposición de las costas de esta alzada correspondientes al recurso del esposo. Imponemos a la esposa las costas de esta alzada derivadas de su recurso. La estimación parcial o total del recurso, en el caso del recurso estimado, supone la devolución de la totalidad del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, a quién se devolverá ( D.D 15ª.8 de la L.O.P.J ), según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre. La confirmación de la Sentencia de instancia para la apelante cuyo recurso se desestima, supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que deberá darse el destino legal ( D.D 15ª de la L.O.P.J ) según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de la utilización por las partes, de aquellos otros recursos para cuyo ejercicio se crean legitimados. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Francisco Salinero Roman, de esta Audiencia Provincial, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico. 5