La responsabilidad de daños y perjuicios en el orden laboral. BIB 2000\2008

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1 Página 1 de 12 La responsabilidad de daños y perjuicios en el orden laboral. Eduardo Alemany Zaragoza. Catedrático de Derecho del Trabajo y la SSEUEE. Universidad de Barcelona. Abogado Mª Paz Martín López. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y la SSEUEE. Universidad de Barcelona. Abogado Publicación:Aranzadi Social num. 18/2000 (Estudio). Editorial Aranzadi, SA, Pamplona Concepto de la responsabilidad de daños y perjuicios. Clases: responsabilidad contractual y extracontractual La responsabilidad: clases Justificación de la competencia del orden jurisdiccional social Plazo para el ejercicio de la acción Resarcimiento de daños: Patrimoniales y morales Forma de cuantificar los daños: valoración de la indemnización Supuestos más frecuentes de reclamación de daños y perjuicios Contratación Contenido del contrato - a.- Calificación de existencia de relación laboral - b.- Indemnización del trabajador al empresario - c.- Excedencia voluntaria: Negativa al reingreso - d.- Ejercicio del poder de dirección - e.- Poder sancionador del empresario Extinción del contrato de trabajo Libertad Sindical y demás Derechos Fundamentales Accidentes de trabajo Asistencia sanitaria: Indemnización por defectuoso funcionamiento de los servicios médicos Conclusiones La responsabilidad de daños y perjuicios en el orden laboral. BIB 2000\ Concepto de la responsabilidad de daños y perjuicios. Clases: responsabilidad contractual y extracontractual Todo sujeto que con su conducta causa un perjuicio en el interés de otro sujeto, viene obligado a resarcirle del daño causado. Ésta sería una aproximación al concepto responsabilidad de daños y perjuicios. Nuestro Código Civil recoge este concepto de la época romana, en la que existía el principio de que nadie debe causar un perjuicio a otro -"alterem neminem laedere"-. El concepto de daños y perjuicios como tal no aparece recogido de forma expresa en el ordenamiento laboral. Existe alguna manifestación tímida de la obligación del resarcimiento por daños, como puede ser el recargo por retraso en el pago del salario, pero no representa el espíritu de lo que el legislador civilista entiende como indemnización de daños y perjuicios causados a otro. Es más, la jurisprudencia viene declarando que sólo procede esta reclamación, cuando no exista un acción concreta a ejercitar. Por ejemplo, en materia de despido no cabría reclamar daños y perjuicios, sino que se debería formular la demanda propia de esta modalidad procesal, siendo la única indemnización procedente la tasada por la ley. Ello no impide que se pueda reclamar una compensación adecuada por daños y perjuicios en el orden jurisdiccional social, pues todos aquellos conflictos que se deriven del contrato de trabajo y de las relaciones laborales en general son competencia de aquélla.

2 Página 2 de 12 Dada esa falta de regulación por el ordenamiento laboral, debemos remitirnos al Código Civil, norma en la que se contemplan las situaciones que pueden dar lugar a la compensación o resarcimiento de daños. De acuerdo con el Código Civil, los supuestos en los que procede la indemnización son los siguientes: Artículo 1101 "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla". Artículo 1102 "La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula". Artículo 1103 "La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones, pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos". Artículo 1104 "La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y de lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de presentarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia". Artículo 1105 "Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables". Artículo 1106 "La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes". Artículo 1107 "Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación". Artículo 1108 "Si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal". Artículo 1109 "Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. En los negocios comerciales se estará a lo que disponga el Código de Comercio.

3 Página 3 de 12 Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro se regirán por sus reglamentos especiales". Artículo 1902 "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Artículo 1903 "La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.... Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño". Artículo 1904 "El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho...". Entre los preceptos antes citados, cabe destacar el artículo 1902, pues a tenor de su contenido, los requisitos exigidos para apreciar la responsabilidad son los siguientes: -Existencia de un comportamiento dañoso. -Producción de un daño. -Relación de causa efecto. -Imputación de responsabilidad al demandado. 2- La responsabilidad: clases El Derecho Civil contempla la compensación por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de una obligación contraída, naciendo a su vez la obligación de resarcir. De esta forma se distinguía entre ilícitos penales, tipificados y sancionados por su propia legislación y los ilícitos originados por su actuación y omisión negligente, no penada en la ley a la que se refiere el artículo 1902 del Código Civil, que responde al principio romano "neminem laedere", consagrado en la Ley Aquiliana, la cual basaba la responsabilidad en la culpa. El criterio de la culpa como elemento determinante para apreciar la responsabilidad se ha ido desdibujando, a medida que las relaciones jurídicas entre las partes, cualquiera que sean, se han ido complicando, entrando más intereses económicos en juego. Es decir, originariamente, el criterio de la culpa era suficiente, puesto que era relativamente sencillo determinar quién era "culpable". En la sociedad industrial se abandona la idea de la culpa y nace lo que la doctrina civil denomina la "teoría del riesgo" o responsabilidad objetiva, que impone la misma a quien crea un riesgo del que obtiene un beneficio, hasta llegar a su objetivación por entrañar una disconformidad con el actuar normal de las personas que integran la cultura en la que se convive e incluso la existencia de un derecho propio a la seguridad, que significa para los demás un deber de garantizarla. 1 1 En este sentido, vid. STS 10 de diciembre de 1998 ( RJ 1998, 10501). En el ámbito privado, salvo la manifestación aislada de los artículos 1905 y 1910 CC, la responsabilidad

4 Página 4 de 12 objetiva es de creación jurisprudencial, partiendo de la sentencia del TS de 10 de julio de 1943 ( RJ 1943, 856), teniendo la máxima expresión, como fuente del deber de indemnizar en la esfera del Derecho del Trabajo, pues ya se formula con carácter inicial en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, y posteriormente en la Ley de 22 de junio de 1956 ( RCL 1956, 1048, 1294 y NDL 406). Por el contrario, en el ámbito del Derecho público, esa responsabilidad que se afirma en el artículo 106 de la Constitución ( RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875), ya se recogía, curiosamente, en el mismo ordinal de la de 1931 ( RCL 1931, 1645), adelantándose a países de nuestro entorno. El concepto que da la doctrina civil de responsabilidad es la sujeción de la persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto, a la obligación de resarcir el daño producido. Tradicionalmente, la responsabilidad se ha clasificado en dos tipos: a) Contractual, entendida como la transgresión de un deber de conducta impuesto en contrato. b) Aquiliana o extracontractual, consistente en la producción de un daño por vulnerar el genérico deber "neminem laedere", es decir, abstenerse de un comportamiento lesivo para un tercero. En suma, la relación jurídica entre dos personas, puede dar lugar a la producción de un daño con culpa o negligencia, siendo consecuencia, bien de una infracción contractual, bien extracontractual, naciendo en este último caso la obligación de reparar por incumplimiento del principio "neminem laedere". Se han producido numerosas discusiones doctrinales para determinar cuándo se está en presencia de uno u otro tipo de responsabilidad. Para algunos sectores, sólo es posible la existencia de una responsabilidad contractual, para otros la extracontractual e incluso la yuxtaposición de ambas. No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha declarado la dificultad de imaginar supuestos en los que el empresario en una misma actuación viole el deber de garantía que entraña la culpa contractual y al mismo tiempo incurre en supuestos de responsabilidad extracontractual. 3- Justificación de la competencia del orden jurisdiccional social El artículo 1 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) establece que los órganos jurisdiccionales sólo conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho en conflictos, tanto individuales como colectivos. En relación con el anterior precepto, el artículo 2 del mismo cuerpo legal indica que conocerán, entre otras materias, de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo. El Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones la competencia del orden jurisdiccional social para conocer las reclamaciones de daños y perjuicios. El empresario puede ser responsable civilmente cuando el daño causado se vincula con una conducta de aquél ajena al contenido obligacional del contrato de trabajo. Pero cuando se está ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral, entendido como la infracción de una norma estatal o colectiva, o de una regla de la autonomía privada o de la costumbre, la responsabilidad ya no es civil sino laboral y el supuesto queda comprendido en el apartado a) del artículo 2 de la LPL, que atribuye al orden social "las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo". El propio Tribunal Supremo es consciente de la dificultad existente en ocasiones para discernir qué orden jurisdiccional es el competente. Al respecto ha señalado, que el conocimiento conjunto por la jurisdicción del orden civil y del orden social en estos litigios no tiene sólo el inconveniente de la indefinición que el justiciable padece con respecto al orden jurisdiccional al que debe acudir, sino que arrastra una indeseable desigualdad de trato debida a distinta accesibilidad del proceso civil y del proceso laboral y a los muy diversos criterios informadores de uno y otro ordenamiento. Con el fin de fijar un criterio claro, puede afirmarse que es competente el orden social para conocer los daños causados al trabajador por todas las conductas del empresario en que éste actúa como tal empresario con imputación de culpa, bien se plantee ésta como contractual, bien se plantee como extracontractual, que sea causa del daño producido. En cambio, serían competencia del orden jurisdiccional civil aquellas conductas o acciones del empresario que sean plenamente asimilables a las conductas y acciones de terceros ajenos a la empresa y que produzcan daños en el trabajador. 2 2 STS 30 de septiembre de 1997 ( RJ 1997, 6853).

5 Página 5 de Plazo para el ejercicio de la acción El cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios no es pacífico. Con carácter general, podemos afirmar que resulta de aplicación el plazo contenido en el artículo 59 TRET ( RCL 1995, 997), es decir, un año. Más difícil es fijar el día inicial, pues no siempre coincide con la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar al resarcimiento. El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en unificación de doctrina 3, declarando que el día inicial de los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general en el momento de ocurrir el evento, sino que de acuerdo con el artículo 1969 del Código Civil, el plazo arranca el día en que las acciones pudieron ejercitarse, teniendo en cuenta en cada supuesto las distintas vías jurisdiccionales que se realizaron para lograr una indemnización global dirigida a resarcir el daño en su integridad. 3 STS 10 de diciembre de 1998 ( RJ 1998, 10501). Coincidiendo con el anterior criterio, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, al establecer cómo debe efectuarse el cómputo del "dies a quo" en esta materia, ha declarado que el instituto de la prescripción debe interpretarse de forma restrictiva, debiendo, en caso de duda, aceptarse la postura más contraria a la preclusión del plazo. En segundo lugar, y con carácter general, hay que atenerse al momento en que se conozcan, de modo definitivo, los efectos del quebranto padecido. Por ejemplo, con el alta médica, criterio que admite matizaciones cuando subsisten secuelas físicas y psíquicas susceptibles de mejora, en cuyo caso la fecha inicial del "dies a quo", no sería la del alta médica, sino cuando se conoce exactamente su alcance 4. 4 STS 21 de diciembre de 1999 ( RJ 1999, 9204). 5- Resarcimiento de daños: Patrimoniales y morales La indemnización derivada del incumplimiento culpable de las obligaciones contractuales, abarca tanto los perjuicios patrimoniales reales o actuales como los futuros con expectativa razonable de producción, así como los morales ("pretium doloris") que pueden determinar sufrimiento y contrariedad 5. 5 A destacar la sentencia del TSJ Castilla y León, 28 de julio de 1998 ( AS 1998, 3435). Con respecto a los daños patrimoniales, la doctrina es unánime, deben estar cuantificados y probados y sólo si se dan estos dos elementos se puede acceder a ellos. Por ejemplo, según veremos en los apartados siguientes, los salarios dejados de percibir desde que se debió incorporar el trabajador tras la excedencia, promesa de trabajo incumplida, etc. En caso contrario, la indemnización perdería su carácter y se convertiría en una sanción penal. Desde antiguo, la responsabilidad aquiliana o extracontractual se ha extendido a la indemnización por daños morales, los cuales también pueden dimanarse de una responsabilidad contractual. No obstante, la más reciente jurisprudencia ha entendido que la imprecisión forzosa del daño moral ha de llevar a aplicar criterios estrictos para apreciar su existencia, pero pueden ser estimados por aproximación y por la finalidad social del derecho, evitar la injusticia, y aunque una concepción economista y material amparase en un tiempo una respuesta negativa, ha sido superada. El Tribunal Supremo ha definido el daño moral como el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades e incluso resultados, perjuicios que sin afectar a las cosas materiales, se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes materiales de la salud, el honor, la libertad y análogos. En cuanto a la compensación económica, el "damnum emergens" por daños morales puede ser objeto de reparación pero no de resarcimiento, ya que para ello se precisaría una prueba concluyente, quedando a criterio del órgano jurisdiccional la moderación de la indemnización reclamada por este concepto 6. 6 Un ejemplo de daño moral puede ser privar durante tres años la prestación de servicios en otro centro para el que se había pedido el traslado ( STSJ Andalucía 1 de julio de 1998 [ AS 1998, 3376] ), no obstante sería necesario demostrar el perjuicio económico. Vid. también STSJ Cataluña de 1 de abril de 1997 ( AS 1997, 1994). 6- Forma de cuantificar los daños: valoración de la indemnización Respecto a la cuantificación del daño cabe establecer los siguientes criterios 7 : 7 El TS ha sentado las bases para la determinación de la reclamación de daños y perjuicios. Aunque puede tener una mayor incidencia en los procedimientos derivados de un accidente de trabajo, en los que se ha pronunciado respecto a la cuestión de si a efectos de determinar el importe de los daños y perjuicios derivados de tal contingencia debe o no acudirse directamente a los baremos que la correspondiente normativa administrativa establece con relación a las secuelas derivadas de los accidentes de circulación es extrapolable al resto de supuestos. Destaca a estos efectos la sentencia dictada por la Sala IV el 17 de febrero de 1999 ( RJ 1999, 2598). a) A falta de norma legal expresa en materia laboral, la indemnización en principio alcanzará sin limitación los daños y perjuicios que se acrediten, aunque para facilitar la prueba o para formar el criterio judicial

6 Página 6 de 12 valorativo, los órganos judiciales pueden acudir analógicamente a otras normas del ordenamiento jurídico. b) La indemnización procedente deberá ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar, reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales) que se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social. c) Como consecuencia del anterior principio, se exige la proporcionalidad entre el daño y la reparación. Asimismo, ésta no debe exceder del daño o perjuicio sufrido, de forma que los dañados no deben enriquecerse injustamente. d) Debe existir una prueba patente y clara, ya que la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1101 Código Civil surge necesariamente de un incumplimiento contractual, por cumplimiento inadecuado y que esté acreditada una existencia real así como que tenga, por lo menos una relación de presunción entre la cantidad reclamada -aunque pueda quedar al arbitrio de los Tribunales- y el posible daño causado 8. 8 Siguiendo los anteriores criterios, el TSJ del País Vasco en sentencia de 29 de julio de 1997 ( AS 1997, 2845), desestimó la demanda de un trabajador por la afiliación tardía de una empresa en la Seguridad Social. El TSJ declara que no es posible apreciar indemnización alguna cuando el daño todavía no se ha producido y por ello es imposible poder evaluarlo. Para ello, exige los siguientes requisitos: a) El incumplimiento de una obligación por sí solo no implica ni supone la existencia de un perjuiciom, por lo que han de ser acreditados adecuadamente por parte de quien reclama; b) No sólo el incumplimiento de una obligación originaría una acción inspectora y sancionadora a la Empresa, sino que para que pueda repercutir en el trabajador, es necesario que sea evaluable económicamente y que exista una relación de causalidad actual y no futura entre la infracción y los daños; c) Los daños y perjuicios consisten en una indemnización para resarcirse de los daños causados, pero no de los daños que se pudieran causar, pues una condena de futura es difícilmente evaluable y por otra parte, si así se decidiera, estaríamos ante una cosa juzgada, que ya sería imposible de repetir, aun cuando la posible infracción empresarial hubiera generado otros perjuicios de mayor entidad. A título personal, debemos añadir que en un caso como en el planteado, sería más adecuado haber demandado a la empresa en un procedimiento de Seguridad Social, cuando en el momento de producirse el hecho causante de una prestación del sistema público de pensiones le hubiera sido denegado al trabajador, o le hubiera sido reconocida en un importe inferior al que le correspondería de no haber sido dado de alta de forma extemporánea. Demostrado por parte del trabajador la antigüedad real, la empresa habría sido condenada a abonar la parte correspondiente de la prestación, no procediendo por tanto la reclamación de daños y perjuicios, ya que el trabajador no sufriría ninguna merma en sus derechos ni existiría ya situación susceptible de reparación. 7- Supuestos más frecuentes de reclamación de daños y perjuicios Al recopilar y revisar jurisprudencia para efectuar el presente estudio, llegamos a la conclusión de que es posible plantear una reclamación en los supuestos más diversos que se puedan imaginar. La casuística, es, pues, muy amplia. A continuación, vamos a detallar algunos de los supuestos más frecuentes de reclamación de daños y perjuicios, los más significativos, y en algunos casos originales, pero en cualquier caso los más frecuentes. No obstante, quisiéramos adelantar un supuesto, recogido por la sentencia del TSJ de Andalucía de 18 de marzo de 1997 ( AS 1997, 2762), que resulta altamente ilustrativo respecto al alcance que pueden llegar a tener las demandas en reclamación de daños y perjuicios. El supuesto que se contemplaba era el siguiente: Un trabajador llega a un acuerdo para la extinción de su contrato con una entidad bancaria en la que prestaba sus servicios, estableciendo el pago aplazado de la indemnización. No obstante, la empresa adelante el pago. Ante el incumplimiento de ésta, el trabajador pretende el resarcimiento en los siguientes puntos: a) Intereses que habría cobrado de percibir la indemnización diferida. b) Tributos que tendrá que pagar por cobrar la cantidad íntegra. c) Tributos que tendrá que pagar si su demanda es estimada. d) Daños morales. El TSJ declaró que el hecho de que la cuota líquida del IRPF ( RCL 1991, 1452 y 2388) se haya visto incrementada sustancialmente, produce quebranto económico, un daño efectivo para el actor, consecuencia de un incumplimiento contractual de la demandada, existiendo una relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento, naciendo para la demandada la obligación de indemnizar. Igualmente, el anticipo del pago provoca una pérdida de intereses, aunque se minora el importe por considerar que el dinero se pudo depreciar. En cambio, no se estima el punto c), relativo a los tributos que se puedan derivar de la estimación de la demanda, pues sería tanto como obligar a que la empresa asumiera la fiscalidad, hecho prohibido expresamente por el Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997). En cuanto a los daños morales, se estima su pretensión por las expectativas fiscales creadas, pero se minoró el importe solicitado, puesto que recibió una cantidad importante en materia de indemnización por extinción del contrato Contratación

7 Página 7 de 12 Uno de los supuestos en los que se plantea el resarcimiento de los perjuicios causados es en aquellos casos en los que se produce el incumplimiento de un precontrato, una promesa de contrato o pactos previos. No todas las situaciones serán idénticas. Un ejemplo de ello sería el caso de quien deja un puesto de trabajo ante una oferta de mejora de sus condiciones laborales 9. 9 En este sentido es de destacar la STSJ (Andalucía/Málaga) de 28 de enero de 2000 ( AS 2000, 93). La reclamación fue planteada por una trabajadora extranjera que había recibido una oferta de empleo condicionada a la obtención del permiso de trabajo. Conseguida la autorización administrativa, el empresario no cumplió con su obligación de contratar a la trabajadora, a pesar de haberse cumplido la condición pactada en la promesa de contrato. La negativa del empresario a cumplir la promesa generó el derecho de la actora a ser resarcida de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se cifraron en el importe de los salarios dejados de percibir entre la fecha en que la trabajadora intentó incorporarse al puesto de trabajo y la de finalización del plazo pactado en el precontrato. Igualmente, el TSJ de Aragón en sentencia de 21 de diciembre de 1998 ( AS 1998, 4162), estimó la reclamación indemnizatoria, planteada por una trabajadora que había sido contratada temporalmente por una administración y una vez vencido su contrato pasó a ser la primera de la lista de espera. Fue citada para su contratación interina, sin que llegara a materializarse por prescripción de los servicios médicos de la administración, que lo desaconsejaron por su avanzado estado de gestación. La doctrina y la jurisprudencia han señalado que la promesa de trabajo, compromiso de contrato o contrato preliminar, consiste en una declaración negocial recepticia, de carácter firme e irrevocable por la que el promitente se compromete a dar trabajo a alguien, obligación que por su propia naturaleza tiene carácter condicional. La Jurisprudencia ha admitido expresamente la posibilidad de celebrar precontratos de trabajo, aunque esta figura no se encuentre específicamente prevista en el Estatuto de los Trabajadores. Su amparo legal, a tenor del silencio de la normativa laboral es suplido por lo previsto en el Código Civil, que en su artículo 1255 y concordantes admite una amplia libertad contractual, que permite que las partes se comprometan a un ulterior otorgamiento del contrato, mediante una oferta en tal sentido aceptada. Dicha promesa realizada por el empresario tiene carácter vinculante y obligatorio para el mismo en el supuesto de que se cumpla la condición a la que dicha promesa se vinculaba, de tal manera que la promesa de contrato que resulta incumplida, dará lugar al ejercicio de acciones encaminadas a pedir su cumplimiento y junto a ellas, como complementarias o subsidiarias, el de otras dirigidas a obtener las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios, con base en el artículo 1101 del Código Civil. Cabría pensar que la acción a interponer es la de despido, pero según ha señalado el Tribunal Supremo 10, el despido es la decisión unilateral del empresario que extingue la relación laboral, viva y vigente hasta entonces que le unía al trabajador despedido. Por ello, para que el despido pueda producirse, es necesario que opere sobre la relación de trabajo existente hasta ese momento, es decir, que la decisión extintiva en que el mismo consiste, rompa y ponga fin a un vínculo laboral que era real y efectivo hasta ese momento. 10 S. 30 de marzo de 1995 ( RJ 1995, 2352). En suma, si no existe relación laboral, tampoco puede existir despido. En tales casos podrá hablarse de incumplimiento del empresario de un precontrato, de una promesa de contrato o de pactos previos con análoga finalidad o incluso de incumplimiento de un contrato de trabajo cuya prestación de servicios no se ha hecho efectiva en ningún momento, ni ha llegado a tener virtualidad. Dichos incumplimientos pueden servir de base a las pertinentes reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios 11, pero no justifican la interposición de una acción por despido. 11 En este sentido se ha pronunciado el TSJ de Extremadura en sentencia de 29 de abril de 1998 ( AS 1998, 1564), al resolver el recurso de suplicación presentado por dos aspirantes seleccionados por un Ayuntamiento para cubrir vacantes de naturaleza temporal y que posteriormente fueron excluidos por no estar inscritos como desempleados en determinada fecha. Vid. también, STSJ Andalucía 28 de enero de 2000 ( AS 2000, 93) El incumplimiento de las obligaciones contraídas puede predicarse tanto de la empresa como del trabajador. También cabe que aquélla solicite el resarcimiento de los daños producidos como consecuencia del perjuicio económico que le podría haber causado la impartición de un curso de selección y formación de un candidato a cubrir un puesto de trabajo, cuando una vez superado éste se niega a suscribir el contrato de trabajo Vid. STSJ (Madrid) 10 de junio de 1998 ( AS 1998, 2588). Un supuesto particular y específico en esta materia es el de los artistas que intervienen en espectáculos públicos. Ciertamente se trata de una relación laboral especial, pero es la figura en la que de forma más clara se puede incardinar la doctrina sobre el resarcimiento de daños y perjuicios. En estos casos el artista puede exigir el cumplimiento del contrato en sus propios términos, solicitando además el resarcimiento de daños o resolver el contrato con derecho a una indemnización no tasada 13. A su vez el empresario, puede elegir entre sancionar al artista resolviendo el contrato con derecho a una indemnización y exigir el cumplimiento contractual con derecho igualmente al resarcimiento. 13 En sentido contrario se pronunció el TSJ del País Vasco en sentencia de 3 de febrero de 1998 ( AS 1998, 874). El trabajador reclama una indemnización de daños y perjuicios, atribuyendo esencialmente al empresario el incumplimiento de la obligación de dar ocupación efectiva. En este caso se trataba de un deportista profesional y la ocupación efectiva no consiste en intervenir en espectáculos públicos, sino en participar en los entrenamientos, por lo que se deniega su reclamación Contenido del contrato

8 Página 8 de 12 Es en este apartado en el que la casuística es más amplia, ya que cualquier vicisitud que afecte al contenido del contrato, consecuencia de un incumplimiento de cualquiera de las partes de la relación laboral, puede ser susceptible de reclamación, si bien, tal como hemos indicado, será necesario acreditar el perjuicio causado. a- Calificación de existencia de relación laboral Un supuesto curioso es el contenido en la sentencia del TSJ de Cantabria de 25 de febrero de 2000 ( AS 2000, 192), en la que un trabajador que había prestado sus servicios como almacenero y transportista por cuenta ajena, tras ser declarada la existencia de relación laboral y obtenida la devolución de cuotas por estar de alta en el RETA, solicita una indemnización de daños y perjuicios por haber estado obligado a afiliarse al RETA y realizar pagos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La reclamación es desestimada por no exigir que se cumpla con la obligación principal, esto es, que se le reintegre de los pagos fiscales indebidamente realizados, pues únicamente se pide una indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal declara que la acción de daños y perjuicios por culpa contractual tiene carácter subsidiario, pues lo primero que hay que pedir es el cumplimiento de la obligación principal y sólo cuando ello no sea posible, entra en juego el resarcimiento de daños y perjuicios. b- Indemnización del trabajador al empresario El incumplimiento de las obligaciones contraídas puede predicarse tanto de la empresa como del trabajador, dándose en este apartado diversos supuestos, como incumplimiento del pacto de no concurrencia, del pacto de permanencia, omisión del preaviso, etcétera. El incumplimiento del pacto de no concurrencia durante la vigencia del contrato o después de su extinción, como causa de resarcimiento de daños y perjuicios exige la existencia real de una situación generadora de daños y perjuicios, su cabal acreditamiento en las actuaciones, incumplimiento del demandado, determinante de aquella situación y una relación causal clara entre el incumplimiento y el daño 14. Asimismo, debe tenerse en cuenta la mayor importancia que tiene la prohibición de no concurrencia para el personal que tiene funciones directivas, determinado por la reciprocidad, confianza y, además por la posición ventajosa que ocupa el personal directivo de la empresa, que puede concretarse en la oportunidad de desviar la clientela a su favor. 14 Así, la STSJ Canarias de 13 de enero de 2000 ( AS 2000, 208) recoge el supuesto de un Director-Gerente que estableció contactos para la creación de una sociedad análoga a aquella para la que venía prestando sus servicios, actividad en la que figuraba como máximo responsable y que entró en funcionamiento cuando todavía prestaba servicios en la primera. En su actuación, declara la sentencia, el trabajador se prevalió de la experiencia y perfeccionamiento de la actora, así como de su tiempo, su confianza y sus clientes, siendo su actuación contraria a los principios de la buena fe y lealtad que deben presidir las relaciones laborales. Otro claro ejemplo de perjuicio real lo encontramos en la STSJ de Canarias/Las Palmas de 8 de junio de 1995 ( AS 1995, 2606), un trabajador con categoría de técnico audiovisual de grado medio, que constituye una empresa de producciones videográficas, para, con posterioridad, prevaliéndose de su situación laboral, desviar trabajos audiovisuales de importante cuantía de su empresa a su propia empresa, argumentando la imposibilidad de realizarlos a través de aquélla y con ocultación de su vinculación a esta última. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida sufrida por el empleado, sino también el lucro cesante o ganancia que haya dejado de obtener La sentencia citada anteriormente del TSJ de Canarias de 13 de enero de 2000 cuantifica la compensación económica, no en atención a los ingresos brutos que hubiera percibido la empresa demandante, sino a la diferencia entre éstos y los gastos que la actividad le hubiese ocasionado, lo que determinará el beneficio neto perdido, que es el daño realmente producido por el trabajador, que tendrá que indemnizar. En cuanto al incumplimiento del pacto de permanencia, la jurisprudencia viene admitiéndolo siempre y cuando el empresario acredite el perjuicio económico causado, inclusive en los contratos en prácticas STSJ Cataluña 11 de noviembre de 1999 ( AS 1999, 3963). La validez del pacto de concurrencia exige los siguientes requisitos: a) Debe ser concertado individualmente, en el momento de suscribir el contrato o con posterioridad. b) Debe formalizarse por escrito. c) La causa vendrá motivada por la especialización profesional que recibe o recibirá el trabajador, proporcionada por la empresa, d) Tendrá una duración cierta, que en ningún caso podrá exceder de dos años. e) Su incumplimiento determinará la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados al empresario, cuya cuantía puede establecerse en el mismo pacto como cláusula penal, sin perjuicio de su moderación por

9 Página 9 de 12 el juzgador en el supuesto que fuera excesiva, atendidas las circunstancias del caso concreto STSJ Cataluña 21 de mayo de 1998 ( AS 1998, 2769). Asimismo, y aún cuando propiamente no se trate de un supuesto previsto expresamente en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario podría solicitar el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia del perjuicio económico que le podría haber causado la impartición de un curso de selección y formación de un candidato a cubrir un puesto de trabajo, cuando una vez superado, éste se niegue a suscribir el contrato de trabajo Así lo declaró el TSJ de Madrid en sentencia de 10 de junio de 1998 ( AS 1998, 2588). La obligación del trabajador de indemnizar al empresario por los daños que ocasione en los locales, materiales, máquinas e instrumentos de trabajo, venía establecida en el artículo 63 de la derogada Ley de Contrato de Trabajo ( RCL 1944, 274 y NDL 7232), siempre y cuando dichos perjuicios sean ocasionados culpablemente, siendo por ello necesario una conducta o actuación culpable o negligente del trabajador, como requisito indispensable para generar dicha responsabilidad, lo que determina que la obligación de indemnizar por los daños causado en bienes de la empresa, requiere la existencia de una conducta dolosa o culposa por parte del trabajador, es decir, que no basta la mera negligencia o descuido STSJ Baleares 27 de febrero de 1998 ( AS 1998, 396). c- Excedencia voluntaria: Negativa al reingreso La cuestión que se plantea en aquellos supuestos en que el trabajador en situación de excedencia voluntaria, cuyo reingreso solicitado oportunamente no fue acordado por la empresa a pesar de la existencia de vacantes, es determinar la indemnización que le corresponde Cabe destacar la sentencia del TS 13 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 1805). En este caso, el TS declaró que la empresa demandada incurrió en mora desde el momento en que se finalizó la excedencia y por tanto resulta de aplicación el art Código Civil, estableciendo el importe de la compensación en una cantidad equivalente a los salarios dejados de percibir desde que se debió acceder al reingreso. La sentencia del TS de 23 de diciembre de 1997 ( RJ 1997, 9559), declara igualmente que los daños a resarcir corresponden al retraso en que incurrió la empresa en restablecer el contrato de trabajo que se hallaba en suspenso, como resulta del art del Código Civil, en relación con el art de dicho texto legal, siendo a partir del momento en que se exija el cumplimiento de la obligación de readmitir cuando se incurre en mora. Los criterios fijados jurisprudencialmente en esta materia son los siguientes: a) Se presume que la reincorporación tardía del trabajador excedente da lugar a una indemnización de daños y perjuicios. b) La cuantía de la indemnización se cifra en principio en los salarios dejados de percibir a causa de la conducta de incumplimiento de la empresa desde la conciliación administrativa o reclamación previas a la acción judicial o desde esta última si por una razón u otra se ha interpuesto antes La Sentencia del TS de 21 de enero de 1997 ( RJ 1997, 623) sitúa el cómputo del "dies a quo" en la fecha de presentación de la conciliación previa, si bien lo hace en aquellos supuestos en los que la vacante se produzca con posterioridad a la fecha de petición del reingreso. c) En cuanto a la carga de la prueba, corresponde al empresario acreditar los hechos impeditivos de la indemnización reclamada, es decir, la inexistencia de vacante, pues en caso contrario se trasladaría al demandado probar un hecho negativo. d- Ejercicio del poder de dirección Bajo este enunciado, nos estamos refiriendo a los supuestos de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y movilidad geográfica; concretamente al traslado. En estos supuestos, la dificultad estriba en determinar el "quantum" indemnizatorio, fundamentalmente cuando no hay unos perjuicios materiales objetivables. A título de ejemplo, en un traslado declarado ilegal, el trabajador puede haber percibido la totalidad de su retribución y los gastos de traslado. En estos casos, los órganos jurisdiccionales entrarían a valorar la existencia de daños morales, pudiendo quedar moderado el importe indemnizatorio en función de las circunstancias concurrentes STSJ Andalucía 1 de julio de 1998 ( AS 1998, 3376). Aun cuando la falta de ocupación efectiva es un incumplimiento del empresario, la suspensión de empleo, como medida cautelar en evitación de potenciales perjuicios, y de averiguación de hechos y depuración de responsabilidades, no generaría obligación de resarcir, ni tan siquiera de daños morales STSJ Cataluña de 15 de marzo de 1997 ( AS 1997, 1942). e- Poder sancionador del empresario Cabría igualmente solicitar una compensación de daños y perjuicios en aquellos casos en los que, tras ser sancionado el trabajador por la comisión de una falta, dicha sanción fuera revocada, siempre y cuando quedara demostrada la relación causa-efecto entre las consecuencias del ejercicio injustificado del poder disciplinario por parte del empresario. Cabría reparar tanto los daños morales como los patrimoniales 24.

10 Página 10 de El TSJ de Cataluña de 11 de mayo de 1999 ( AS 1999, 2225) resolvió un supuesto en el que dos médicos, tras obtener la revocación de una sanción motivada por convocar una rueda de prensa y denunciar las irregularidades del servicio, solicitaron una indemnización por daños morales en compensación del desprestigio profesional que les supuso dicha sanción. El Juzgado de Instancia estimó la demanda y recurrida la sentencia por la demandada, el TSJ estimó parcialmente el recurso, reduciendo la indemnización, ya que la suspensión de empleo tuvo una duración breve para crear una situación de angustia y zozobra personal y familiar, y el hecho de que durante el tiempo que estuvieron apartados del servicio, no les impedía adquirir conocimientos técnicos. En igual sentido, el TSJ de Castilla-La Mancha en sentencia de 23 de octubre de 1999 ( AS 1999, 3729) estimó procedente la compensación por los daños morales a un trabajador que, como consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta por la empresa y posteriormente revocada, sufrió una depresión. Aún podrían añadirse otros supuestos, como la compensación por no reconocimiento de antigüedad, reducción de jornada, supresión de un economato laboral, etcétera STSJ Madrid de 6 de junio de 1997 ( AS 1997, 2365), STSJ Andalucía 4 de febrero de 1997 ( AS 1997, 3028) y STSJ de Cataluña 1 de abril de 1997 ( AS 1997, 1995) Extinción del contrato de trabajo Tampoco esta materia escapa a la posibilidad de reclamar. No obstante, no debemos olvidar que en determinados supuestos extintivos, la legislación prevé el abono de una indemnización, lo que plantea la cuestión acerca de la posibilidad de la coexistencia de dos indemnizaciones, la tasada legalmente y otra complementaria. En materia de despido disciplinario, la postura de nuestros Tribunales es unánime al considerar que la indemnización fijada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, el equivalente a cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con el máximo de cuarenta y dos mensualidades compensa el perjuicio sufrido por la extinción de su contrato. Dicho criterio tiene su fundamento en que el hecho de que el ordenamiento laboral, concretamente el precepto anteriormente citado, hace una especificación y concreción detallada del principio de responsabilidad a que alude el artículo 1101 del Código Civil, lo que implica que el precepto laboral sustituya en su integridad al precepto civil, siendo el segundo una norma jurídica que es especificada y por ello desplazada por la primera, con el fin de evitar que de unos mismos acontecimientos deriven dos distintas acciones procesales con diferentes respuestas legales, que en todo caso tendrían un mismo fin. En el mismo sentido, y respecto a la posible coexistencia de una indemnización de daños y perjuicios con la derivada de la extinción del contrato por voluntad del trabajador basada en un incumplimiento grave y culpable del empresario, al amparo de lo establecido en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal Supremo ha declarado que dicho precepto es la transcripción en el Derecho Laboral del artículo 1124 del Código Civil, precepto que establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, resolución que comporta el resarcimiento de daños y abono de intereses. Sin perjuicio de lo anterior, su aplicación al Derecho del Trabajo, únicamente procede con carácter supletorio cuando no hay regulación expresa. Por tanto, el artículo 50 TRET satisface íntegramente el interés del trabajador e impide la fijación de una indemnización diferente a la tasada legalmente STS 3 de abril de 1997 ( RJ 1997, 3047), resolución en la que además se indica que frente a una modificación sustancial, el trabajador puede optar por que se le sustituya en sus anteriores condiciones o bien por la extinción de su contrato, en cuyo caso ya opera la indemnización y el art. 50 satisface en su integridad el resarcimiento. En cambio, el orden jurisdiccional social no sería competente para resolver una reclamación en la que un trabajador impugnara su inclusión en un ERE, solicitando, además de su readmisión, los salarios dejados de percibir y los daños morales, puesto que en caso de alegación de preferencias en materia de ERE, la competente es la jurisdicción contencioso-administrativa Diferente sería el supuesto, contemplado en la STSJ Cataluña de 5 de junio de 1997 ( AS 1997, 2681), en la que una trabajadora solicitaba el derecho a ser incluida en el ERE pactado por la empresa con los representantes legales de los trabajadores, reclamando una indemnización de daños y perjuicios. El TSJ desestimó el recurso, pues para que procediera la compensación debería constatarse el perjuicio causado, además de culpabilidad en el incumplimiento, es decir, que quede plenamente demostrada la voluntad de no atender las obligaciones contraidas Libertad Sindical y demás Derechos Fundamentales La apreciación de vulneración de los derechos de libertad sindical o cualquier otro de los reconocidos en la Constitución como derechos fundamentales, comporta, entre otros pronunciamientos, ordenar la reparación de las consecuencias de tal vulneración, orden o mandato que, indefectiblemente, incluirá la indemnización que en cada caso se considere procedente acordar. La víctima de la vulneración de derechos no precisará ya probar ni acreditar el perjuicio o el daño en abstracto, aunque sí su cuantía. Es decir, deberá demostrar que la indemnización dineraria reclamada se ajusta al perjuicio causado. El juez, por tanto, tiene competencia para minorar la cantidad, en aplicación de las reglas contenidas en el artículo 1103 del Código Civil. Es cierto que el artículo 180 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) y el artículo 15 de la LISOS ( RCL 1988, 780) disponen la reparación de las consecuencias ilícitas de la violación de la libertad sindical declarada, incluida

11 Página 11 de 12 la reparación que proceda, pero ello no significa en absoluto que baste con que quede acreditada la vulneración de la libertad sindical para que el juzgador tenga que condenar automáticamente a la persona o entidad conculcadora, al pago de una indemnización. Para poder adoptarse el mencionado pronunciamiento condenatorio es obligado que en primer lugar el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifiquen adecuadamente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto, dando las pertinentes razones que avalen y respalden la decisión, y, en segundo lugar, que queden acreditados cuando menos indicios o puntos de apoyo suficientes, en los que se pueda asentar una condena de tal clase Así lo ha declarado el TS en sentencia dictada el 2 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 1251), resolviendo un supuesto de trato desigual a secciones sindicales en situación igual en beneficio de una y perjuicio de otra, sin causa justificada, citando la suya anterior de 22 de julio de 1996 ( RJ 1996, 6381), manifestando igualmente que la doctrina sentada por la anterior de 9 de junio de 1993 ( RJ 1993, 4553), en la que se establecía que la sentencia que declare la existencia de la vulneración del derecho fundamental debe tener preceptivamente un contenido complejo con varios pronunciamientos que el Juez no puede eludir: a) declaración de nulidad radical del comportamiento antisindical; b) ordenar el cese inmediato del mismo; c) acordar la restauración de la situación al momento anterior; y d) mandar que se reparen las consecuencias del acto, incluyendo la indemnización que procediera, es totalmente compatible con el cumplimiento de las anteriores exigencias. De esta forma, no haciendo la demandante referencia alguna a datos que pudieran ser determinantes de los supuestos daños indemnizables, de los que no hay rastro alguno en los autos, no hay razones para abonar la indemnización que se reclama, que ascendía a ptas. En igual sentido se pronuncia el TSJ (Andalucía) en sentencia de 19 de junio de 1998 ( AS 1998, 3547), en la que se apreció indicios de discriminación por razón de los cargos sindicales del actor, miembro de la Comisión Ejecutiva de un sindicato y liberado sindical, condición que ostentaba desde el año 1995, al cual se le suprimió el pago de un plus de toxicidad durante el año 1997 y que sin embargo le había sido abonado el año anterior. Tampoco en este supuesto se estima procedente el fijar una indemnización de daños y perjuicios, al no acreditar una mínima base fáctica que delimite los términos de la indemnización, siendo suficiente como reparación del daño el abono de los atrasos que correspondan. El Tribunal Supremo 29, superando la doctrina que decía que en estos supuestos la indemnización era automática, confirma que ha cambiado de criterio, al igual que ya lo estableciera en las sentencias de 22 de julio de 1996 ( RJ 1996, 6381) y 20 de enero de 1997 ( RJ 1997, 620). Para que el Juzgador tenga que condenar automáticamente al pago de una indemnización, es necesario en primer lugar que el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos claves de la indemnización que justifiquen suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate y dando las pertinentes razones que respalden dicha decisión, que queden acreditados indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar la condena Así lo declara en sentencia de 9 de noviembre de 1998 ( RJ 1998, 8917), en la que se declara contrario al derecho de libertad sindical la denegación por razones organizativas de licencias sindicales con cargo al crédito horario, pero no se estima procedente el abono de una indemnización. 30 En igual sentido que la anterior, sentencia de 23 de diciembre de 1998 ( RJ 1999, 384) Accidentes de trabajo La deuda de seguridad que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( RCL 1995, 3053) y el Estatuto de los Trabajadores, tanto si se exige responsabilidad por culpa contractual como extracontractual, la responsabilidad descansa sobre la culpa o negligencia del agente que origina el daño, y la apreciación de este requisito está siempre en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, y su valoración por el órgano judicial dará la justa medida de la imputación de responsabilidad al sujeto y de ella dependerá el éxito de la prestación. En esta materia, sólo hay un daño a compensar, aunque se puedan ejercitar varias acciones (comprende reclamación de prestaciones de Seguridad Social, recargo de prestaciones y eventual responsabilidad civil), por lo que sólo puede dar lugar a una indemnización, aunque se obtenga por diferentes reclamaciones. Es decir,se acumulan todas las posibles compensaciones, ya que en caso contrario se produciría un enriquecimiento injusto Vid, entre otras, SSTSJ Cataluña de 19 de octubre de 1999 ( AS 1999, 4391), TSJ Galicia 11 de febrero de 2000 ( AS 2000, 70), TSJ Castilla y León 15 de julio de 1999 ( AS 1999, 3761), siendo denominador común de todas ellas la necesidad de relación de causalidad Asistencia sanitaria: Indemnización por defectuoso funcionamiento de los servicios médicos Para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de los servicios médicos, se exige que se trate de hechos imprevisibles e inevitables, teniendo esta consideración aquellos que, aun siendo previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado STS 3 de diciembre de 1999 ( RJ 1999, 9349). Destaca también la STS de 19 de abril de 1999 ( RJ 1999, 4528), la cual establece que para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras de la Seguridad Social por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, no se exige necesariamente culpa o negligencia, incumbiendo la carga de la prueba de la diligencia en la prestación del servicio a la entidad gestora. Siguiendo la anterior doctrina, el TSJ de Asturias en sentencia de 10 de diciembre de 1999 ( AS 1999, 4001) reconoció el derecho de los padres y hermanos de un joven que, tras ser ingresado en un servicio psiquiátrico de un hospital público por intento de suicidio, con antecedentes de otros episodios psiquiátricos que requirieron su ingreso, logra su propósito. En sentido contrario, la STSJ de Valencia de 10 de noviembre de 1998 ( AS 1998, 7572), resolviendo la reclamación de una auxiliar de clínica de un hospital de la Seguridad Social que adquirió

12 Página 12 de 12 la hepatitis B tras cortarse una jeringuilla rota que había sido estimada en instancia, declara que los daños derivados de un funcionamiento anormal de un servicio público son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. 8- Conclusiones No quisiéramos finalizar el presente trabajo sin efectuar unas consideraciones sobre la incidencia que en la práctica tienen las reclamaciones de daños y perjuicios en las relaciones laborales. Generalmente, estas reclamaciones se acostumbraban a asociar, por haber tenido su origen allí, con el mundo anglosajón, donde es habitual la formulación de este tipo de demandas frente a cualquier incumplimiento en el que se pueda ver lesionado el interés de una persona. Nuestro ordenamiento no es ajeno a esta clase de reclamaciones, si bien tradicionalmente han estado reservadas al orden jurisdiccional civil. Baste señalar que el propio Código Civil recoge en su artículo 1902 el deber de resarcir a quien causa un daño a otro. No obstante, a medida que va avanzando la jurisprudencia del orden jurisdiccional social, comprobamos que se van generalizando las acciones en esta materia, existiendo una gran profusión de sentencias al respecto. En suma, salvo contadas excepciones, con carácter generalizado, cualquier perjuicio que resulte del contrato de trabajo será susceptible de compensación a través de este orden jurisdiccional. El hecho de que la competencia civil estuviera atribuida al orden jurisdiccional civil venía dado, fundamentalmente, por dos factores. Uno, al circunscribir originariamente los daños y perjuicios a los accidentes de trabajo. Otro y no menos importante, lo introducían los propios tribunales del orden jurisdiccional civil, al pretender atraer hacia ellos este tipo de reclamaciones, sabiendo el justiciable que las indemnizaciones serían superiores en ese orden. No obstante, habida cuenta que el procedimiento laboral es más rápido y ágil que cualquier otro, cada vez tiene más predicamente o la interposición de las acciones ante el orden jurisdiccional social y sólo en el supuesto que éste se declare incompetente, acudir al civil, máxime cuando a tenor del artículo 1 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563), según hemos indicado, cualquier cuestión dimanante de las relaciones laborales será del conocimiento de juzgados y tribunales sociales. A lo anterior, por estar íntimamente ligado a ello, debe añadirse que del estudio de la jurisprudencia se comprueba que, además de proliferar este tipo de reclamaciones, cada vez son más los supuestos en los que se puede solicitar una reclamación por este concepto de lo que cabría imaginar. En la práctica y llevado al extremo, cualquier situación que cause un perjuicio al trabajador por causa imputable al empresario que hubiera podido ser evitada -una modificación sustancial, un traslado sin cambio de residencia, unas vacaciones no disfrutadas en la fecha prevista, una promesa de contrato, etc.-, puede dar lugar a la percepción de una indemnización. El problema,en estos casos, se puede plantear en el momento de determinar la cuantía indemnizatoria, aunque hasta ahora, juzgados y tribunales son cautos a la hora de fijar su importe, para evitar el enriquecimiento injusto de cualquiera de las partes. En suma, la profusión de supuestos en los que se pueden reclamar daños y perjuicios es casi ilimitada. Podríamos ir planteando una a una las posibles vicisitudes que puede sufrir una relación laboral, inclusive antes de la contratación, y ver cuál es el susceptible de ser compensada, por lo que, sin querer poner trabas a la libertad de reclamación, sería conveniente acotar los supuestos en que puedan plantearse, en evitación de situaciones de inseguridad jurídica que llevarían a una judicialización, no deseada, de las relaciones laborales. 08 de febrero de 2010 Thomson Aranzadi 1

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