EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

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1 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO José J. Zapata Berríos y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y Luz María Rivera Rolón Recurridos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc. Certiorari 2013 TSPR DPR Peticionaria Número del Caso: CC Fecha: 27 de agosto de 2013 Región Judicial de Bayamón, Aibonito y Humacao Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. Francisco Rebollo López Lcdo. José Silva Cofresí Lcdo. Héctor Santaella Santé Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Efraín Rivera Pérez Lcdo. Rubén T. Nigaglioni Lcdo. Yum E. Ramos Perales Materia: Despido Injustificado Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

2 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO JOSÉ J. ZAPATA BERRÍOS y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y LUZ MARÍA RIVERA ROLÓN Certiorari Recurridos v. Núm. CC J.F. MONTALVO CASH & CARRY, INC. Peticionaria Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de En el proceso de resolver este recurso pautamos sobre varios temas que inciden en el mecanismo de sentencia sumaria. Primeramente, rechazamos el uso de una declaración jurada diseñada por una parte, específicamente, para contradecir el testimonio provisto por ésta bajo juramento en una deposición anterior, con el propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria en su contra. Igualmente, abordamos los requisitos de forma fijados para impugnar satisfactoriamente los hechos materiales que alegadamente no se encuentran en controversia según formulados por el proponente de una sentencia sumaria, a tenor con la nueva Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36 (2010).

3 CC Por último, interpretamos el concepto de justa causa consignado en el Artículo 2(e) y (f) de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley 80), 1 29 L.P.R.A. sec. 185b(e) y (f) (2009), mediante el cual se le permite a un patrono cesantear empleados a través de un proceso de reorganización cuando enfrenta una reducción en el volumen de ventas o ganancias de su empresa, sin infringir dicho estatuto. Veamos. I El Sr. José J. Zapata Berríos (señor Zapata o el recurrido), su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, presentaron una Demanda en contra de J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc. (J.F. Montalvo o la peticionaria) por el alegado despido injustificado del recurrido. La reclamación se fundamentó exclusivamente en las disposiciones de la Ley 80. J.F. Montalvo contestó la Demanda y entre sus defensas planteó que medió justa causa para cesantear al señor Zapata. A base de ello, oportunamente sometió una Solicitud de Sentencia Sumaria requiriendo la desestimación de la reclamación del recurrido. En su moción la peticionaria, esencialmente, expuso que el 1 de diciembre de 2010 despidió al señor Zapata de su puesto de Coordinador y Ayudante del Presidente como parte de un 1 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m (2009).

4 CC proceso de reorganización suscitado por la reducción en el volumen de ventas de la compañía. A esos efectos, destacó que entre los años 2008 y 2009 el ingreso neto de la empresa disminuyó de tres millones doscientos sesenta y siete mil setecientos cinco dólares ($3,267,705) a setecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y siete dólares ($794,787). Igualmente, alegó que para el 1 de diciembre de 2010 también se cesantearon a otros empleados entre los cuales se encontraban el Dr. José Montalvo (hermano del fenecido Presidente de la compañía, Sr. Frank Montalvo), la Contralora, la Secretaria del Gerente General, la Secretaria del señor Zapata, así como la Asistente de Compra. Por último, sostuvo que no se contrató a otra persona para realizar las funciones correspondientes al cargo que ocupaba el recurrido al momento de su despido. En apoyo a su Solicitud de Sentencia Sumaria, J.F. Montalvo hizo referencia a la deposición tomada al recurrido donde éste admitió que, en calidad de Coordinador y Ayudante del Presidente, tenía acceso a los estados financieros de la empresa, por lo que estaba al tanto de la situación económica de la misma. Además, sostuvo que el señor Zapata admitió en su deposición que, durante el 2010, le informó al entonces Presidente que era necesario tomar medidas para atender la pérdida de dinero que se estaba experimentando. Igualmente, el recurrido negó conocimiento alguno relativo a si se había contratado

5 CC un remplazo para su antiguo puesto de trabajo. La peticionaria también sometió una Declaración Jurada de su Oficial de Recursos Humanos, quien certificó que no se había sustituido al señor Zapata, ni se había empleado a otras personas para realizar sus funciones en dicho puesto. El recurrido, basado en su deposición y en una declaración jurada, se opuso a la solicitud de la peticionaria argumentando que la alegada pérdida en ventas y ganancias no era sino un pretexto de J.F. Montalvo para despedirlo y que existían hechos en controversia que impedían la resolución del caso por la vía sumaria. A esos efectos, apuntó al pago de bonos de productividad que se hizo a ciertos empleados de la empresa, así como a la contratación de nuevos empleados luego de su cesantía. Aseveró que J.F. Montalvo no estaba perdiendo dinero al momento de su despido y que se contrató al Sr. Luis Arroyo Algorri (señor Arroyo) para realizar sus funciones. Mediante Orden emitida el 2 de mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia inicialmente declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria. Como fundamento para su determinación indicó que existía controversia sobre si las razones aducidas para el despido constituían un mero pretexto de parte de la peticionaria. J.F. Montalvo sometió entonces una solicitud de reconsideración, la cual fue eventualmente acogida por el tribunal de instancia. Así pues, el 24 de mayo de 2011 el

6 CC foro primario dictó Sentencia mediante la cual reconsideró su decisión anterior y desestimó en su totalidad la Demanda por despido injustificado. 2 Entendió que, a base de todos los escritos sometidos y conforme la evidencia presentada, el despido objeto de este recurso estuvo justificado y respondió a una reorganización provocada por la merma considerable en los ingresos de la empresa. En su Sentencia el juez de instancia hizo referencia a que se despidieron otros empleados conjuntamente con el señor Zapata. Igualmente, dictaminó que no se contrató a un sustituto para realizar las funciones inherentes al puesto del recurrido. El Tribunal de Primera Instancia también determinó que el señor Zapata no logró rebatir los hechos medulares según consignados por J.F. Montalvo en su moción, conforme lo dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e) (2010). Resolvió, además, que el pago de bonos de productividad no estaba reñido con la reducción en las ventas. De igual manera, rechazó los intentos del señor Zapata de refutar que la empresa estuviese perdiendo dinero al momento de su despido y que no se contrataron nuevos empleados ni un sustituto para su puesto. Sobre este particular, el foro 2 Igualmente, desestimó la reclamación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, así como la de la esposa del recurrido por no tener fundamento bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a 185m (2009) (Ley 80).

7 CC de instancia resolvió que el señor Zapata no podía, mediante una declaración jurada posterior, contradecir la información previamente admitida por él bajo juramento durante su deposición. Inconforme, el señor Zapata apeló el fallo en su contra ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que al resolver de esa manera el foro primario descansó en alegaciones carentes de prueba. A la vez, planteó que existían múltiples controversias de hechos esenciales que impedían la resolución sumaria de su reclamación por despido injustificado. El foro apelativo intermedio revocó la determinación del tribunal de instancia mediante Sentencia emitida el 29 de noviembre de Resolvió que, aunque los estados de cuenta presentados por J.F. Montalvo evidenciaban una reducción en las ventas de la empresa, el recurrido puso en tela de juicio la necesidad de su despido como parte de una restructuración, lo que exigía la celebración de una vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones apoyó su dictamen en las alegaciones del recurrido a los efectos de que la compañía continuó reclutando empleados, entre los cuales identificó al señor Arroyo como la persona que lo sustituyó en sus funciones, y que, además, se entregaron 3 La Juez de Apelaciones, Hon. María del Carmen Gómez Córdova, disintió de dicho proceder sin opinión escrita.

8 CC bonos de productividad a otros empleados luego de su despido. El Tribunal de Apelaciones declinó reconsiderar su determinación según solicitado por J.F. Montalvo, propiciando el presente recurso. Como único error, la peticionaria aduce que incidió el foro apelativo intermedio al denegar su Solicitud de Sentencia Sumaria y concluir que existen controversias de hechos materiales en controversia. A esos efectos, sostiene que el recurrido no logró rebatir los hechos medulares según expuestos en su Solicitud de Sentencia Sumaria, por lo que procede desestimar la acción de despido injustificado instada en su contra. Específicamente, plantea que los hechos consignados en la Declaración Jurada del señor Zapata son inapropiados para propósitos de este caso, ya que resultan contrarios al testimonio previamente ofrecido en su deposición. Expedido el auto de certiorari solicitado y contando con la posición de ambas partes, procedemos a resolver. II Ley 80 La Ley 80, supra, fue aprobada con el fin primordial de proteger de una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos

9 CC remedios más justicieros y consubstanciales con los daños causados por un despido injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de despido. Exposición de Motivos de la Ley 80, supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 268; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). Véase, también, Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455 (2010), citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001). Cónsono con lo anterior, se le exige a los patronos el pago de una mesada a favor de aquellos empleados despedidos sin que medie justa causa para ello. 4 Feliciano Martes v. Sheraton, supra. Las circunstancias que constituyen justa causa aparecen detalladas en el Artículo 2 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185b (2009), e incluyen tanto motivos fundamentados en la conducta del empleado como razones de índole empresarial. En cuanto a estas últimas [s]e contemplan aquí situaciones que no son imputables al obrero pero que son de tal naturaleza que su despido resulta prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y ordinarias que imperan en el manejo de los negocios. Informe Conjunto, Comisiones de Trabajo y Derechos Civiles y Servicio Público, P. del S. 1112, 23 de abril de 1975 (énfasis nuestro). Véase, además, Informe 4 Artículo 1 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185a (2009). La mesada consiste en una indemnización progresiva calculada a base de los años de servicio del empleado cesanteado.

10 CC de la Cámara de Representantes, Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano, P. del S. 1112, de abril de [P]uede haber justa causa para despedir a un empleado por hechos no imputables a éste y sí al patrono. R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, Inc., rev. 2005, pág De esta manera se reconoce que pueden surgir condiciones en la operación de los negocios que requieran cesantear empleomanía sin que ello necesariamente contravenga las disposiciones de la Ley 80. Según provisto en el articulado antes mencionado, se permiten despidos sin obligación de pagar la mesada cuando la entidad corporativa enfrenta alguna de las siguientes situaciones: (i) el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; (ii) los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público, y (iii) reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 29 L.P.R.A. sec. 185b(d), (e) y (f), respectivamente. Estas tres (3) causas están relacionadas a actuaciones del patrono dirigidas a la administración de

11 CC su negocio, y principalmente se presentan por razones de índole económica que surgen según la operación diaria de las empresas. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág Véase, además, C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2003, págs ; R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág A través de este precepto se contemplan escenarios vinculados a la viabilidad del puesto o de la empresa en un momento determinado. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 D.P.R. 937 (2011). Resulta claro de lo anterior que el Artículo 2(e) de la Ley 80, supra, permite despedir empleados sin tener que pagar la compensación fijada por dicho estatuto si esta decisión se toma como parte de una reorganización empresarial que así lo requiere. Acorde con lo anterior, un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya existentes como vehículo para enfrentar problemas financieros o de competitividad, siempre que responda a una restructuración bona fide. De manera similar, mediante el Artículo 2(f) de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185b(f) (2009), la situación económica provocada por la baja en la producción, ventas o ganancias en una empresa puede llevar al patrono a tomar

12 CC medidas necesarias para limitar los gastos, tales como disminuir la plantilla laboral. Sin embargo, esta disposición no pretende que toda merma en ventas o ganancias se traduzca en justa causa para un despido. Por el contrario, la misma aplicará únicamente a aquellas situaciones en las cuales la aludida disminución sea una sustancial al punto que atente contra la continuidad de la empresa. Bajo la Ley Núm. 50 [de 20 de abril de 1949, 29 L.P.R.A. ant. secs , antecesora de la Ley 80] la falta de trabajo y actividad en el establecimiento del patrono era causa justificada para el despido. Igualmente al amparo de esa ley una baja pronunciada en la producción de un establecimiento o la reducción de ventas o ganancias era, presumiblemente, causa justificada de despido, como lo es por disposición expresa bajo la Ley Núm. 80, supra. Cualquier baja en producción, o en ventas o en ganancias, sin embargo, no justifica el despido. Tal reducción en ventas, ganancias o producción real o prevista, debe ser significativa a tal grado como para amenazar la estabilidad y solvencia económica del negocio. Guía revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 44 (Guía Revisada) (nota al calce omitida y énfasis nuestro). Claro está, para poder justificar el despido bajo cualquiera de estas modalidades el patrono debe presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización implantado, así como su utilidad, y/o de la alegada

13 CC disminución en la producción, ventas o ganancias, según corresponda. Específicamente, se rechazan bajo el Artículo 2 de la Ley 80, supra, actuaciones sin fundamento que no vayan dirigidas a atender asuntos concernientes al bienestar de la gestión empresarial y a la salud fiscal de la empresa. Así lo reconoce el propio estatuto al disponer que [n]o se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Íd. Los cambios en la empresa, implantados como parte de una reorganización, según provistos en el Artículo 2(e) de la Ley 80, supra, pueden acarrear el despido y el reclutamiento simultáneo de personal. Ello obedece a que las reformas en ocasiones exigen prescindir de labores hasta entonces útiles para el funcionamiento del negocio y la incorporación de posiciones nuevas con destrezas diferentes necesarias para lograr unas metas empresariales actualizadas. Cabe notar que, como parte del proceso de despidos correspondiente a los casos provistos en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley 80, supra, se le requiere a la empresa retener a los empleados de mayor antigüedad condicionado a que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser

14 CC desempeñados por ellos. Artículo 3 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185c (2009). Claro está, lo anterior será de este modo, siempre y cuando el empleado de más tiempo en la empresa cuente con las destrezas necesarias para realizar las tareas asociadas con el puesto que pasa a ocupar, o que pueda adiestrarse para realizarlas en un tiempo corto y a un costo mínimo. Guía Revisada, pág. 43. De igual manera el Artículo 3 de la Ley 80, supra, provee para que se le otorgue prioridad a los empleados cesanteados para ocupar aquellos puestos que surjan en la empresa durante los próximos seis (6) meses luego de su despido. Ello, siempre y cuando los nuevos puestos requieran el desempeño de labores iguales o similares a las ejercitadas por el empleado cesanteado al momento de su despido y se encuentren dentro de la misma clasificación ocupacional. El orden a seguir para reclutar nuevos empleados debe adherirse a los mismos criterios de antigüedad consignados en el Artículo 3 de la Ley 80, supra. Dada su naturaleza reparadora, las disposiciones de la Ley 80 deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador. Vélez Cortés v. Baxter, supra; Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004). A tales fines, el remedio de la mesada provisto por la Ley 80 tiene como propósito ayudar al trabajador despedido a enfrentar sus necesidades económicas entre tanto se reubica en el mercado laboral.

15 CC García Burgos v. A.E.E.L.A., 170 D.P.R. 315 (2007); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. En una acción por despido injustificado incoada por un empleado, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. Así pues, como parte del esquema de protección laboral implantado a través de la Ley 80, una vez se presenta una acción alegando despido sin justa causa se activa una presunción de que el despido fue injustificado y recae sobre el patrono la obligación de rebatirla. Para ello tiene que probar, mediante preponderancia de la evidencia, los hechos constitutivos de alguno de los fundamentos eximentes de responsabilidad según consignados en el Artículo 2 de la Ley 80, supra. Artículo 8(a) de la Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k(a) (2009). Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra; Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998). Cónsono con lo anterior, es menester que el patrono establezca, igualmente, un nexo causal entre la razón o razones aducidas según provistas en el Artículo 2 de la Ley 80, supra, y el despido en cuestión. [L]a mera existencia de cambios tecnológicos de producción, de reorganización o la reducción de la producción, ventas o ganancias, entre otros, de por sí no justifican el despido de empleados. Es a la empresa a quien incumbe, por mandato de la ley, demostrar que por esas circunstancias se vio en la necesidad de despedir empleados. En otras palabras, el patrono en todo momento deberá probar la justa causa del despido.

16 CC R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág. 122 (cita omitida). De manera que en este caso, para J.F. Montalvo prevalecer en su posición, según propuesta en la Solicitud de Sentencia Sumaria, le toca demostrar que el despido del señor Zapata estuvo justificado conforme a las disposiciones de la Ley 80. Para ello se le exige probar, mediante evidencia incontrovertida, que la cesantía del recurrido no fue producto de un mero capricho o arbitrariedad de su parte, sino que respondió a una reorganización interna motivada por consideraciones de índole económica en función de la disminución en volumen de sus ventas o ganancias. III Sentencia Sumaria El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012). Conforme a lo dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009, supra, procede dictar sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las

17 CC hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. Consecuentemente, se permite disponer de asuntos pendientes ante el foro judicial sin necesidad de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010). Su utilidad como vehículo para agilizar los procesos judiciales y descongestionar los tribunales resulta indiscutible. Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V (2010), las cuales son de aplicación a los hechos objeto de este recurso, aportaron cambios importantes en el trámite de las solicitudes de sentencia sumaria dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de los tribunales y promover de este modo su utilización. Véase, por ejemplo, Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010). A estos efectos, y siguiendo lo provisto en las enmiendas a la Regla 56 de Procedimiento Civil Federal en vigor a partir de 2010, 5 y las directrices establecidas en 5 S. Baicker-McKee, W.M. Janssen y J.B. Corr, Federal Civil Rules Handbook, West, Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Continúa

18 CC sus Reglas Locales por algunos tribunales de distrito en la esfera federal, 6 se incorporaron ciertos requisitos de forma aplicables tanto a las solicitudes de sentencia sumaria como a las oposiciones correspondientes, los cuales aparecen detallados en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R (2010). 7 Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo III, 2011, pág Véase, James Wm. Moore, Moore s Federal Practice, 3ra ed., LEXIS Publishing, T. 11, secs [5][b] y [c], págs y secs [3][a] y [b], págs Véase, además, L.Cv.R. 56 (D.P.R as amended), Federal Local Court Rules, 3 rd ed., West Group, Vol. 5, págs En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R (2010), dispone lo siguiente: (a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá contener lo siguiente:. (4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal[.]. (b) La contestación a la moción de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente:. (2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal[.] Continúa

19 CC Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4) (2010). Igualmente, la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente.. (c) Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede. (d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla. El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de hechos.

20 CC Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2) (2010). De otra parte, puede también el oponente someter hechos materiales adicionales que alegadamente no están en disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con referencia específica al fragmento de ésta en que descansa cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(3) (2010). Se dispone para que, de proceder en derecho, el tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de forma detallada y específica a una solicitud debidamente formulada. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c) (2010). De igual forma, toda relación de hechos propuesta por cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según exige dicho precepto podrá considerarse como admitida a menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(d) (2010). Como parte del nuevo esquema para disponer de una solicitud de sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la potestad de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente

21 CC numerados o que no tengan correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil de 2009, supra. Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas por la parte en la relación de hechos correspondiente de su escrito. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil de 2009, supra. Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Igualmente, aunque en el proceso de considerar una solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste no viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al mecanismo actual, obviar material que las propias partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver estrictamente a base de lo que haya sido presentado acatando el método procesal consignado en la nueva Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra.

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