plantea es el reconocimiento de la decisión extranjera ante un órgano judicial para que

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1 PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DE LOS CASOS PRÁCTICOS Y ORIENTACIONES PARA SU S RESOLUCIÓN I. Los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los alumnos en la resolución de un caso práctico son los siguientes: 1. La confusión entre competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento de decisiones extranjeras y cooperación entre autoridades. 2. La complejidad en la elección de las distintas fuentes que regulan un determinado problema. En concreto saber el orden jerárquico de las fuentes de producción jurídica (Unión Europea, Convenios internacionales y derecho interno) 3. La determinación del ámbito de aplicación material de los instrumentos jurídicos a aplicar en función de la materia objeto del litigio II. Para tratar de evitar estas dificultades a continuación se exponen los distintos pasos a seguir para la resolución de los supuestos prácticos que se les pueden plantear: 1. Determinar sobre qué materia se esta tratando (divorcio, determinación de filiación, demanda de alimentos...). 2. Una vez resuelto el primer punto hay que conocer ante qué sector de problemas nos encontramos, es decir, si la cuestión gira en torno a: a. la determinación de la competencia judicial internacional para conocer de fondo del asunto b. o bien lo que se cuestiona es la determinación de la ley aplicable por el tribunal para resolver el asunto (ej: en caso de que el tribunal español fuera competente para conocer sobre las capitulaciones matrimoniales otorgadas, qué ley aplicaría para determinar la validez de las mismas?) c. también puede suceder que un tribunal extranjero haya resuelto la cuestión y lo que se plantea es el reconocimiento de la decisión extranjera ante un órgano judicial para que despliegue sus efectos (ej: qué régimen jurídico aplicaría el órgano judicial español para reconocer la decisión dictada por el tribunal canadiense?)

2 De igual forma puede ocurrir que el caso no trate de ninguno de los sectores referidos y se cuestione la solución del problema a través de la denominada cooperación entre autoridades. Por tanto, en este supuesto no habrá que tratar de determinar ni la competencia, ni la ley aplicable ni el reconocimiento de decisiones sino que la solución se encontrará en el mecanismo de la cooperación entre autoridades (un ejemplo de este sistema se recoge en el Convenio de la Conferencia de La Haya sobre adopción de 1993). 3. Una vez determinada la materia, así como el sector de problemas ante el que nos encontramos, llega el momento elegir el régimen jurídico que se aplica. Para ello también es conveniente seguir varios pasos: a. en primer lugar, ya sabemos cual es la materia de la que trata el supuesto práctico que ha de estar contenida en el ámbito de aplicación material del instrumento jurídico que pretendemos aplicar (por ejemplo la regulación de la adopción internacional no se realiza a través del Convenio de La Haya de 1980 sobre desplazamiento ilícito internacional de menores; las cuestiones de alimentos que surjan de la disolución del vínculo matrimonial no se regula por el Reglamento (CE) Nº 2201/2003). b. en segundo lugar, conocemos qué sector es el que hay que resolver y que tendrá que estar comprendido en el texto jurídico para que este sea aplicable. Sobre tal extremo hay que advertir que existen reglamentos comunitarios como por ejemplo el Reglamento (CE) Nº 44/2001 que contienen por ejemplo normas sobre la determinación de la competencia y normas para el reconocimiento de decisiones por lo que se puede aplicar un mismo texto para resolver sectores distintos o Convenios internacionales por ejemplo en materia de ley aplicable y finalmente si el caso no se resuelve mediante la aplicación de los referidos textos será la normativa interna la que entre en funcionamiento (LOPJ para competencia, Cc. para ley aplicable y LEC para reconocimiento de decisiones). Hay que prestar una especial atención a la jerarquía de las fuentes con objeto de optar por el régimen jurídico adecuado. Por tanto, y en resumen, primero determinamos la materia, después el sector y a partir de este momento elegimos el instrumento jurídico aplicable que fundamenta jurídicamente la respuesta teniendo en cuenta la jerarquía normativa (primero Reglamentos comunitarios, después Convenios internacionales y por último la normativa de fuente interna).

3 III. Resolución conforme a las pautas del punto II de diversos casos prácticos planteados en exámenes de anteriores convocatorias. Primer supuesto. Una empresa con sede social en España demandó ante los tribunales españoles a una empresa con sede social en USA por incumplimiento de contrato que debía haberse ejecutado en España. La empresa estadounidense contestó a la demanda y como primer fundamento indicó que los tribunales españoles carecían de competencia internacional para conocer del asunto, visto que, según la empresa demandada, el contrato no tenía que ejecutarse en España. Indique: 1. Respecto de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer del asunto: (a) cuál es el texto normativo que establece el régimen legal de competencia aplicable a este litigio? Y (b) qué foros atribuirían competencia a los tribunales españoles? Fundamente la respuesta jurídicamente. 2. Sobre la base del texto elegido, la comparecencia del demandado ante el tribunal, podría entenderse como sumisión expresa? Fundamente la respuesta. ORIENTACIONES El caso plantea un problema de determinación de la CJI de los tribunales españoles en un litigio relativo a la materia civil y mercantil. En concreto, el incumplimiento de un contrato. DATOS RELEVANTES Materia: civil y mercantil. Domicilio parte demandada: Estados Unidos Domicilio parte demandante: España. Calificación del supuesto de hecho: falta de ejecución del contrato (incumplimiento de la obligación). Lugar de cumplimiento de la obligación: España. Para responder a las cuestiones planteadas en primer lugar (texto de aplicación y foro de atribución de competencia) procede: - calificar el supuesto (problema relativo a la falta de cumplimiento de un contrato). La materia es civil / mercantil; - seguidamente, determinar si es o no- aplicable el Reglamento (CE) 44/2001. Dicho Reglamento establece como presupuesto de aplicación el domicilio del demandado en un Estado miembro. En el caso práctico este presupuesto no se da ya que el demandado tiene su sede social en los Estados Unidos. Sin embargo, si se tratara de un foro exclusivo, el Reglamento se aplicará sin consideración del domicilio (art. 22 R.44); pero este no es el caso, ya que la materia objeto del litigio no está incluida dentro de las competencias exclusivas del Reglamento. También se aplicaría el Reglamento en caso de prórroga de la competencia (art. 23 R-44); supuesto que tampoco se da en el caso planteado, pues no se indica la existencia de sumisión expresa mediante pacto. En consecuencia, no es de aplicación el Reglamento y habrá que acudir a las normas de producción interna que establecen la CJI de los tribunales españoles en esta materia: los artículos 22 y ss de la LOPJ.

4 Según el art LOPJ, y en defecto de los criterios generales (domicilio del demandado en España y sumisión expresa o tácita a los tribunales españoles) y exclusivos (ya se ha indicado que no es materia objeto de una competencia exclusiva), los tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España. Consecuentemente, si como se dice en el caso la obligación ha de ejecutarse en España, será nuestro país el lugar de cumplimiento de la obligación. Sobre este problema: pp. 424 ss de la UD I. En relación con la cuestión de la sumisión expresa (atribución de competencia por obra de la autonomía de la voluntad de las partes), su régimen se encuentra en el R-44, cuando al menos de una de las partes (demandante o demandado) resida en un Estado miembro y se hubiere acordado que un tribunal de un Estado miembro fuere competente. En tal caso la competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario. El acuerdo de sumisión exige determinados requisitos materiales o de forma para que produzca el efecto procesal indicado. En este caso, no se dice que exista un pacto de sumisión, sino una comparecencia del demandado. Si esta comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia, nos encontramos ante una manifestación tácita de la autonomía de la voluntad que el Reglamento regula en el artículo 24 y en el derecho de producción interna se encuentra en el art LOPJ en relación con el art. 58 de la LEC Por lo que hace al Reglamento, esta comparecencia no atribuye competencia si su finalidad tuvo por objeto impugnar la competencia. En régimen interno, las normas de los arts. 404 y 405 LEC nos indicarán cuándo debe tenerse al demandado por comparecido. Sobre este problema: pp. 438 ss UD I. Consulte y revise los casos prácticos números 14, 17, 35 y 38 del d Libro de Prácticas. Observación. Si bien la mayoría de los alumnos aplican correctamente las disposiciones de la LOPJ en vez del Reglamento comunitario, hemos de advertir que el razonamiento no siempre es el correcto: el Reglamento 44 no era de aplicación porque EEUU no fuera parte de la UE, sino porque el demandado no tenía su residencia habitual en la UE. De hecho, un nacional estadounidense puede ser demandado en base a los fueros de competencia del Reglamento 44 si tiene su residencia en cualquier Estado de la Unión. Segundo caso. Se dicta una sentencia de condena de cantidad en París y se insta el exequátur de dicha sentencia en España. El demandado se opone alegando que existe una infracción de los derechos de defensa en el proceso de origen. El demandante de exequátur aporta una certificación en la que consta la notificación de la demanda en el proceso de origen, certificación que no se acompaña ni de legalización ni de traducción. Indique: 1. Texto normativo que establece el régimen legal aplicable a este exequátur. 2. Según el texto elegido, debe concederse o denegarse el exequátur solicitado? Indique otros posibles motivos de rechazo del reconocimiento de esta decisión. ORIENTACIONES El caso plantea un problema de reconocimiento y ejecución de una sentencia de condena de cantidad dictada por un tribunal de París y la oposición del demandado por vulneración de los derechos de defensa.

5 DATOS RELEVANTES Materia: civil y mercantil. Tribunal que dictó la sentencia: París (Estado miembro de la UE) La determinación del régimen legal del reconocimiento se establece en el Reglamento 44/2001 en su capítulo III, toda vez que su artículo 33 señala que las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocidas en los demás Estados miembros... Sobre el procedimiento y condiciones para el reconocimiento y ejecución, acuda a las pp. 508 y ss de la UD I. Cabría pensar si es de aplicación el R- 805/2004, por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados. El caso no señala que la resolución en cuestión haya sido certificada como TEE por lo que cabe inferir que la pregunta no tiene como finalidad que el alumno explique el régimen del TEE. En relación a la pretendida vulneración del derecho de defensa, el artículo 34.2 del R-44 señala esta circunstancia como motivo para rechazar el reconocimiento. La pregunta tenía como finalidad la explicación sucinta de este motivo (p. 513 UDI) así como enunciar los restantes motivos para no reconocer según el R- 44 (pp UD I). Consulte y revise el caso núm. 20 del Libro de prácticas. Observación. Si bien los motivos de denegación han sido en mayor o menor medida expuestos, llama la atención el hecho de que una mayoría de los alumnos no hayan distinguido claramente entre los motivos de denegación previstos en el Reglamento 44 con los previstos en las disposiciones aplicables de la LEC Y es que, aunque algunos de ellos coinciden, la diferencia es lo suficientemente importante como para afirmar que el reconocimiento/ejecución vía Reglamento 44 es mucho más ventajosa. Una mayor precisión de los referidos motivos hubiera sido deseable. Tercer caso. Dª A.I. de nacionalidad egipcia y domiciliada en Madrid, solicita la nacionalidad española para su hija nacida en Madrid el 14 de abril de este año. Su padre ostenta también la nacionalidad egipcia y el matrimonio se había celebrado en España de forma civil residiendo desde entonces (año 2000) ambos progenitores en España. De acuerdo con la legislación egipcia, los hijos de ciudadanos egipcios nacidos en el extranjero ostentan de entrada la nacionalidad egipcia. 1. Se le atribuiría la nacionalidad española de origen al hijo? Cuáles serían las condiciones que habrían de darse (en el supuesto) para que se atribuyera al hijo la nacionalidad española? Razone la respuesta en base al C. civil. 2. El hecho del nacimiento en España, qué ventajas le otorgaría de cara a la obtención de la nacionalidad española por naturalización? ORIENTACIONES El caso plantea el problema de la atribución de la nacionalidad española por nacimiento en España (ius soli) y la relevancia del nacimiento en España de cara a la naturalización. DATOS RELEVANTES Lugar de nacimiento del hijo: España. Nacionalidad de los padres: Egipcia.

6 Criterio de atribución de la nacionalidad según el Derecho egipcio: ius sanguinis. Preceptos aplicables: arts. 17 y 22 Cc. Según el derecho español de la nacionalidad, el hecho del nacimiento en España de un extranjero no atribuye la nacionalidad española ya que nuestro sistema sigue el criterio del ius sanguinis con carácter prioritario (art a Cc). El ius soli (nacimiento en España), sólo interviene como criterio para la atribución de la nacionalidad española de origen, cuando cualquiera de los progenitores (del nacido en España), aun siendo extranjeros, hubiere también nacido en España (art b) Cc criterio del doble suelo) o cuando ambos progenitores carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad (art c) Cc). Y, finalmente, cuando la filiación (del nacido en España) no resulte determinada (art d) Cc). Consecuentemente, en el caso planteado la niña nacida en España no tiene derecho a la nacionalidad española, a no ser que ser que se tratara de alguno de los supuestos de los incisos b) a d) del art Cc. En relación con la incidencia del nacimiento en España de cara a la obtención de la nacionalidad por naturalización, el artículo Cc señala que también se adquiere la nacionalidad española por residencia en España en las condiciones que establece el art. 22 Cc. El tiempo de residencia en España, que habrá de ser entendida como residencia legal en los términos que establece la Ley de extranjería, se reduce a un año en el caso de nacidos en territorio español. Consulte y revise el caso práctico núm. 5 del Libro de Prácticas. Observación. No es correcto afirmar, que el nacido en España tiene un derecho de opción (repárese en la confusión entre el derecho de opción y la adquisición de la nacionalidad por residencia). Tampoco es correcto afirmar que la residencia en España le permitirá adquirir la nacionalidad por carta de naturaleza. Y, desde luego es del todo incorrecto entender que el ius soli es un criterio directo de atribución de la nacionalidad española. Cuarto caso. Se solicita el exequátur de la resolución de divorcio de fecha 27 de noviembre de 2002, dictada por el Tribunal Cherie Sunnit de Beirut, República del Líbano, solicitud que ha de examinarse a la vista de los presupuestos a los que se condiciona el reconocimiento y declaración de ejecutividad de las decisiones extranjeras (Auto TS de ). El solicitante ha aportado, como presupuesto previo para resolver sobre la petición de exequátur que se examina, la documentación exigida por la Sala, consistente en informe sobre el tipo de acción ejercitada, naturaleza del acto declarado en la resolución y efectos que produce en el orden civil. A la luz de los elementos citados en la resolución del TS: 1. (a) Existe algún instrumento internacional que sea de aplicación a este supuesto?; en consecuencia, (b) qué cuerpo legal o texto normativo es de aplicación en este supuesto? Fundamente jurídicamente la respuesta. 2. Sobre la base del texto elegido, qué motivos pueden ser aducidos para no reconocer la sentencia extranjera? ORIENTACIONES El caso plantea el exequátur de una resolución de divorcio dictada por un tribunal (religioso) del Líbano. Se trataba de determinar el régimen aplicable a este exequátur. En concreto, texto de aplicación y requisitos para el exequátur.

7 DATOS RELEVANTES Materia: derecho de familia (divorcio) Tribunal de origen: Líbano Para determinar el texto de aplicación a este divorcio, debe recordarse la jerarquía de fuentes. En este sentido, partimos de la materia; materia que está excluida del ámbito material del R- 44/2001. Recordamos que existe un Reglamento comunitario en materia matrimonial (R- 2201/2003) de carácter doble (competencia y reconocimiento) que sólo se aplica, tratándose de reconocimiento de sentencias de divorcio, cuando la resolución de divorcio de cuyo reconocimiento se trate proceda de un Estado miembro (no es el caso). Y, finalmente, el Derecho convencional del que España es parte, que sólo se aplicaría si: hubiera un convenio bilateral en la materia entre ambos Estados o un convenio multilateral que vinculara igualmente a España y al Líbano, igualmente comprensivo de la materia. En ausencia de texto convencional, se aplicará el régimen de producción interna comprendido en los artículos 951 y ss de la LEC 1881, en particular el régimen de condiciones del artículo 954 LEC. Excluyendo la aplicación del régimen comunitario así como en ausencia de texto convencional, será el régimen del exequátur del Derecho autónomo español el aplicable (pp. 533 ss UD I). En relación a los motivos para no reconocer, objeto de la pregunta núm. 2 había que señalar los establecidos en el art. 954 (pp UD I), que por su claridad omitimos comentar. Consulte y revise el caso práctico núm. 22 del Libro de Prácticas. P Observación. En los exámenes se ha observado una confusión sobre la aplicación de los textos comunitarios y el derecho interno en relación a los motivos para el no reconocimiento. Es decir, se observa que una mayoría de alumnos no distinguen claramente entre los motivos de denegación previstos en el R-44 con los previstos en la LEC Si bien algunos de ellos coinciden, la diferencia entre ambos de lo bastante relevante como para afirmar el régimen más favorable del Reglamento. UNA MAYOR PRECISIÓN DE LOS REFERIDOS MOTIVOS HUBIERA SIDO DESEABLE. Por otra parte, en muchos de los exámenes no se ha hecho mención al texto legal de aplicación, lo que entendemos como falta de fundamentación legal de la respuesta. Finalmente, algunos alumnos señalan como texto de aplicación la LOPJ, dejando patente la confusión entre las cuestiones de CJI y el régimen del reconocimiento (exequátur) de sentencias o decisiones extranjeras. IV. Referencia a los problemas surgidos en los casos prácticos relativos a la adopción internacional: Se van a indicar, de forma muy breve, aquellos instrumentos jurídicos mediante los cuales puede procederse bien a la constitución de una adopción bien al reconocimiento de la misma una vez se hubiera constituido en un país extranjero. En primer lugar, y respecto a la constitución siguiendo un orden jerárquico nos encontramos con el Convenio de La Haya de Dicho Convenio se aplicará cuando:

8 un menor con residencia habitual en un Estado contratante ha sido o va a ser desplazado a un segundo Estado bien cuando ya ha sido adoptado o con el fin de proceder a su adopción. Por tanto, la aplicación inter-partes de este texto permite que la constitución de la adopción se produzca bien antes de salir del Estado de origen del menor bien cuando el menor ya ha sido trasladado al Estado de la residencia habitual de los futuros padres adoptivos. En caso de que el mencionado texto convencional no resultara aplicable, serán las disposiciones previstas en el artículo 9.5 del CC. las que se apliquen cuando se pretenda proceder a la constitución de una adopción ante autoridad competente española. Para el caso en el que la adopción ya se hubiera constituido en el extranjero y, por tanto, lo que se pretende es su reconocimiento en España hay que aplicar las normas citadas en el aparatado anterior en igual orden jerárquico, esto es: en primer lugar, resulta aplicable los dispuesto en el Convenio de La Haya de 1993 cuando se trate de reconocer en España una adopción constituida en un Estado miembro de dicho Convenio y, siempre y cuando la misma se hubiera constituido conforme a lo previsto en la citada normativa convencional. En segundo lugar, se aplicará lo previsto en el artículo 9.5 del Cc cuando la adopción se hubiera constituido en un Estado no miembro del Convenio y se pretendiera su reconocimiento en España. Para el primero de los casos, la adopción si se ha constituido conforme al Convenio su reconocimiento será automático y sólo podrá denegarse el mismo cuando dicha adopción fuera en contra del orden público teniendo en cuenta el interés del menor. Mientras que para el segundo de los supuestos (reconocimiento de la adopción al margen del Convenio) las prerrogativas que establece el artículo 9.5 del CC en orden a otorgar efectos a la misma, entre otros, son: Que la adopción se hubiera constituido por competente autoridad extranjera; que los efectos de la adopción constituida en el extranjero tuviera los mismos efectos que la adopción española; en caso de que el derecho extranjero contuviera un derecho de revocación a favor de los adoptes, para proceder al reconocimiento de la misma los adoptantes habría de renunciar a dicho derecho de revocación mediante documento auténtico o por comparecencia ante el Encargado del Registro etc... En conclusión, los referidos textos son los que hay que tener en cuenta en materia de adopción internacional distinguiendo bien su aplicación en función de los criterios que cada uno exige y por supuesto su orden jerárquico. Además para hay que diferenciar perfectamente cuando se está bien ante la constitución de una adopción ante la petición de un reconocimiento de la misma.