CUÁNTO PAGA DE MÁS EL CIUDADANO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS? Por Julio Pomés

Transcripción

1 EL ANÁLISIS CUÁNTO PAGA DE MÁS EL CIUDADANO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS? Por Julio Pomés Thomas8047: 28

2 Las balanzas fiscales han estado en el foco de los debates autonómicos durante los últimos años, en medio de la sempiterna guerra por la financiación. Este concepto pone en uno de los platillos lo que un territorio aporta al Estado y, al otro lado del fiel, lo que recibe de él. De esta forma, se puede comprobar si una región sale ganando o perdiendo en su relación con el resto de España. Sin embargo, se trata de una relación engañosa, por dos motivos. El primero es que lo que se recibe muchas veces son servicios completos, que no se pueden desgranar. Es el caso del Ejército: una región que suponga el 5% de la población española no se beneficia del 5% del Ejército, sino de la fuerza completa de éste. En segundo lugar, porque oculta que la mayor parte de los trabajadores sale perdiendo en su balanza fiscal con el Estado y que, independientemente del gasto que las Administraciones hagan en su territorio, le saldría más rentable contratar la mayor parte de los servicios a empresas privadas. Pongamos el caso del trabajador medio que, de acuerdo con el estudio del Día de la Liberación Fiscal, destina más de la mitad de sus ingresos al pago de impuestos. Este ciudadano, que cobra euros, supone un coste de euros en concepto de Seguridad Social a cargo del empresario, otros euros a cargo del trabajador JUBILACIÓN 30% del sueldo bruto destinado por trabajador EDUCACIÓN mill. de euros gastan la Administración Central y las CC.AA. SANIDAD euros al año (si se incluye a los ciudadanos de todas las edades) ADMINIS- TRACIONES millones de euros COMPETENCIAS CENTRALES millones de euros después de recibir el sueldo bruto y euros por el IRPF. A esto hay que sumar otros euros en concepto de impuestos al consumo y municipales. En conjunto, un trabajador medio (con un coste salarial para la empresa de euros) paga a Hacienda casi euros, pero el Estado le carga otros euros más al año en concepto de deuda, una factura de la que tendrá que hacerse cargo en años posteriores. Es decir, que los servicios del Estado cuestan euros al año. La cuestión es, cuánto costaría contratar esos mismos servicios de forma individual? La jubilación Empecemos por las pensiones, dado que suponen la carga presupuestaria más elevada. El modelo español es de reparto, esto es, la Seguridad Social coge los ingresos de los trabajadores actuales y los distribuye entre los pensionistas actuales. Cada trabajador destina anualmente el 30% de su sueldo bruto a mantener este modelo. En cambio, en un sistema de capitalización, como el modelo chileno, cada trabajador se hace cargo de su propia jubilación, que apenas cuesta un 10% de su sueldo. La ventaja de este modelo es que este dinero queda ahorrado en una cuenta de inversión, con lo que se revaloriza. De hecho, la rentabilidad media del S&P 500 supera el 7% anual. Es decir, que un trabajador que capitalizara 29

3 una décima parte de su sueldo (con una subida salarial del 0,5% anual, por encima de la inflación) a lo largo de 40 años dispondría de euros ahorrados que le reportarían una renta de euros anuales. Esto es, más del triple que la pensión media actual, que se sitúa en euros al año. Este margen extra ofrece varias posibilidades: que los trabajadores que hayan empezado más jóvenes se jubilen antes (pongamos que a los 55 ó 60 años), o que ese fondo de ahorro también sirva para hacerse cargo de otras eventualidades, como el pago del subsidio del desempleo o de algún año adicional de formación, en el caso de que las competencias del trabajador hayan quedado anticuadas. Es decir, con este modelo se podría englobar en una única partida de ingresos la mayor parte de los gastos correspondientes a los subsidios por desempleo ( millones) y los del fomento del empleo (8.976 millones), que no serían tan necesarios con la reducción del coste para el empresario. En cambio, el Estado sí tendría que hacerse cargo de los subsidios de larga duración para familias sin recursos (unos millones), de los subsidios de incapacidad (9.838 millones) o de los servicios sociales ( millones). Es decir, la Administración se convertiría en una aseguradora para quienes no pueden vivir de su trabajo, pero no supondría un lastre para quienes sí quieren trabajar. Educación La Administración Central y las Comunidades Autónomas gastan anualmente millones de euros en educación, tanto en colegios e institutos como en universidades. Además, los ciudadanos gastan otros millones en copagos y centros privados, que de otra forma se sumarían a la factura del Estado. En total, millones de euros que, si se distribuyen entre todos los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral salen a euros que un trabajador destina a la enseñanza de sus hijos. Ahora bien, cada trabajador no tiene un hijo, de media, sino 0,65, por lo que 30

4 Davidlohr Bueso: cada trabajador destina euros por estudiante. Cuánto costaría, en cambio, proveer estos servicios íntegramente en instituciones privadas y concertadas? Hablamos de una educación completa, muy superior a la media, incluyendo los 3 años de educación infantil, los 12 de la obligatoria, los 2 de bachiller, 4 de universidad y uno más de un eventual máster. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, el coste de una plaza educativa en la educación concertada, hasta secundaria, queda por debajo de los euros al año, sube ligeramente por encima de los en bachiller y se eleva hasta los las enseñanzas universitarias. En total, esta formación costaría euros y, de nuevo, el ciudadano paga bastante más del doble que lo que recibe a cambio. Máxime, teniendo en cuenta que la enseñanza privada y concertada ofrece mejores resultados. Por ejemplo, el informe PISA 2009, el último que medía estas diferencias, mostraba que los alumnos de la concertada tienen mejores resultados (al nivel de Alemania y Países Bajos) que la pública (más cerca de los países latinoamericanos que del conjunto de la OCDE). Sanidad La sanidad se presta más difícilmente a comparaciones, dado que su precio está oculto en la mayor parte de las situaciones. Sin embargo, sí se puede comparar lo que paga un español medio (1.755 euros al año, si se incluye a los ciudadanos de todas las edades) con lo que le costaría en la Comunidad de Madrid, donde el coste sanitario por habitante es el más bajo del país (1.047 euros al año). La región ha logrado este adelgazamiento a base de conciertos, pero también porque al aglutinar a una amplia población puede permitirse diluir el coste de los centros especializados. Para que el resto de las comunidades puedan permitirse esta misma estrategia, sería positivo que se pudieran subcontratar servicios unas a otras, de forma que no todas tuvieran que disponer de todo tipo de tratamientos. Asuntos económicos 31

5 Finalmente, las Administraciones gastan millones de euros en asuntos económicos, donde se incluyen subvenciones a determinadas industrias (cultura, automóvil, agricultura), infraestructuras o apoyo a la I+D. Aunque el gasto productivo suele estar mejor visto que el social, España se ha pasado de lo necesario en determinadas materias, como las infraestructuras, con lo que buena parte de él ya no resulta rentable, y las subvenciones no siempre benefician al cliente. Pongamos por caso la agricultura, que se subvenciona para que resulte competitiva con el exterior: las empresas no trasladan esos ingresos como un descuento al consumidor, sino que sólo lo abaratan lo suficiente como para quedar al mismo nivel que la competencia, y dedican la mayor parte a cubrir sus propias pérdidas. Sin embargo, con todo ello no se produce un beneficio para el consumidor, que compra al mismo precio que le hubiera ofrecido el mercado de todas formas. Quizá el caso mejor estudiado sea el de las subvenciones del Plan PIVE, que da euros al comprador de cada coche. Los economistas han demostrado que esta cantidad no se traslada íntegramente al bolsillo del consumidor, sino sólo la mitad. Los otros euros son una cifra que el vendedor de coches habría tenido que rebajar, en el caso de que no hubiera subvenciones, y que por lo tanto redunda en un margen extra para la empresa. Asumiendo estas cifras intermedias para el conjunto del gasto en Asuntos Económicos (dado que estas políticas pueden llegar a ser muy rentables, en ocasiones), podríamos considerar que sólo la mitad de lo que el trabajador invierte en estas materias vuelve finalmente a su bolsillo. Competencias centrales Finalmente, nos encontramos con aquellas áreas que, o bien no aparecen desglosadas, o bien son más difícilmente sustituibles y que pertenecen al núcleo de lo que el Estado debe hacer siempre, de acuerdo con la mayor parte de las teorías. Se trata de la justicia, la Administración, la defensa, varios conceptos municipales no incluidos en las categorías anteriores todas ellas cuestan millones que hay que considerar que revierten íntegramente en el ciudadano, dado que hay pocas alternativas tangibles. Ahora recapitulemos lo que paga un trabajador medio y lo que recibe (es decir, el servicio de una alternativa de menor coste pero igual o más calidad), suponiendo que se distribuye su carga fiscal en las mismas proporciones que el presupuesto de las Administraciones y distribuyendo a lo largo de su vida laboral aquellos costes que se tengan enfrentar de forma irregular. Con todo ello, el ciudadano medio pagaría euros al año, pero apenas recibiría , acorde al valor de mercado de los servicios que recibe a cambio. Con todos los conceptos incluidos, el ciudadano medio tiene una balanza fiscal deficitaria en más de una tercera parte de sus impuestos, dado que sólo recibe el 65,3% de lo que transfiere al Estado. A pesar de todo, se podría pensar que merece la pena mantener la Administración por que con estas transferencias se pagan los servicios sociales para quienes más lo necesitan. Sin embargo, el porcentaje de la población que sale beneficiada de estas transacciones es muy pequeño, ya que los impuestos encubiertos son mayores para quienes tienen menos renta. Así, por ejemplo, alguien que tenga la categoría de mileurista ya empezaría a salir perjudicado. Y a todo ello hay que añadir los impuestos que pagan los trabajadores con rentas altas y las empresas, que no repercuten en servicios para la clase media, sino en una mayor burocracia estatal. 32