Panel 11: El tercer sector de acción social como actor clave en las políticas de cohesión social.

Transcripción

1 Panel 11: El tercer sector de acción social como actor clave en las políticas de cohesión social. Coordinan: Víctor Renes Ayala - Servicio de estudios de Cáritas y de la F. Foessa Marcos de Castro Sanz - Especialista en Economía Social. Ex-Presidente de CEPES José Manuel Fresno García - Presidente del Consejo de Igualdad de Trato y No Discriminación Servicio integral de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía: una experiencia del Tercer Sector. Ana Alcázar Campos Universidad de Granada alcazarcampos@ugr.es Resumen: Esta comunicación pretende, mediante el análisis de una experiencia de trabajo en el Tercer Sector de Acción Social, reflexionar acerca de cómo las entidades pertenecientes a este sector pueden estar contribuyendo a dar respuestas a las nuevas necesidades sociales. Tras más de 10 años ejerciendo funciones de coordinación técnica en una entidad sin ánimo de lucro, AGISE, que gestiona el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Andalucía, la autora pretende analizar críticamente la evolución en la atención a este colectivo. Esto puede dar claves para reflexionar acerca del papel que juegan las entidades del Tercer Sector. 1

2 Con un origen en el movimiento asociativo de mujeres, sucesivas exigencias de la Administración Autonómica Andaluza, que es quien financia al cien por cien el servicio, han dado lugar a progresivas transformaciones organizacionales y en lo relativo a la metodología de trabajo de AGISE, conservando, no obstante, la agilidad, flexibilidad, permeabilidad y horizontalidad que caracterizaron su inicio. Hacer un cómputo de ganancias y pérdidas en este proceso, contextualizándolo con las reformas legales y el incremento en la conciencia social sobre la violencia de género, puede contribuir a la reflexión en un debate, el del papel del Tercer Sector en producción y distribución del bienestar, no exento de polémica. 1. Los Centros de Acogida y su paso a Centros Integrales de Atención Los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia surgen, en el contexto europeo, en los años setenta, en Gran Bretaña, posteriormente se crearon también en otras ciudades europeas (Giebeler, 2006). En palabras de Beatriz Ruffa (1990:20) El refugio de Chiswick [en el Reino Unido], promovido y gestionado por un grupo de mujeres, abierto a todas las mujeres que lo necesitaran, se adelanta a lo que, años más tarde conocemos como acción o discriminación positiva, favorece a un determinado colectivo, las mujeres maltratadas, a fin de corregir una desigualdad pre-existente. En la década de los ochenta España se incorpora tímidamente a esta tendencia (Walker et al., 1986), si bien, no es hasta la década de los noventa que se aborda la respuesta asistencial a la violencia de género como un problema específico. Así, se crean herramientas para la medición del alcance de la violencia de género (las macro encuestas promovidas por el Instituto de la Mujer) que se han convertido en los referentes de las Administraciones Públicas para evaluar la prevalencia del fenómeno y orientar las políticas dirigidas a su abordaje. Debido a la alta incidencia de esta problemática, así como por la demanda social existente para que se le diera respuesta, se han ido aprobando, sucesivamente, diferentes instrumentos que han ido marcando la evolución de las respuestas que se daban, incluidos la creación y funcionamiento de los Centros. De esta forma, como plantea Osborne (2008), confluyen los intereses de las Administraciones y del feminismo, el cual se re-moviliza, ganando más espacio social con la promoción de la denuncia de la violencia contra las mujeres (Marugán y Vega, 2001). 2

3 Dentro de esta confluencia de intereses, que no ha estado ni está exenta de fricciones (para un análisis más en profundidad de este aspecto ver Osborne, 2008), las Casas de Acogida han dado paso a los centros de atención integral como se pone en evidencia en el subtítulo asignado a un Congreso estatal celebrado en Oviedo en el año 2006 (Instituto de la Mujer, 2007). Marcando la integralidad como uno de los requisitos recientes que se han aplicado a los Centros. En Andalucía la integralidad la marca la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Ésta, en el artículo 44, relativo a los requisitos y tipología de los centros de atención integral y acogida, establece que: 1. La tipología de centros de atención integral y acogida se organizará de acuerdo con tres niveles de atención: a) Los centros de emergencia. b) Las casas de acogida. c) Los pisos tutelados. 2. En estos centros se procurará la recuperación integral de las mujeres y menores que las acompañen, mediante una intervención multidisciplinar que contemple acciones en el ámbito socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico. Se configura, de esta forma, el Servicio Integral que responde a un sistema coordinado de recursos cuya finalidad es ofrecer la protección y el apoyo necesario a las mujeres para su recuperación personal, prestando una atención integral y de calidad a aquellas mujeres víctimas de violencia de género que se ven en la necesidad de salir de sus hogares. Cuenta con centros en las 8 provincias de Andalucía y ofrecen una atención inmediata las 24 horas del día. De esta forma, el sistema de atención se estructura en tres niveles, adoptando una organización en círculos concéntricos (ver figura 1) sin que el paso entre los mismos sea automático ni necesario. Existe un Equipo técnico que apoya la intervención que se realiza en cada nivel por parte de las Auxiliares Sociales (quienes, mediante un sistema de turnos, garantizan la presencia continuada de profesionales en el recurso de Casa de Acogida y de Centro de Emergencia, no así en el de Piso Tutelado). Este Equipo Técnico está compuesto por: 3

4 - Directora, persona responsable de los tres recursos, que coordina y supervisa la intervención de todas las profesionales. - Letrada, asesora legalmente a todas las mujeres que pasan por los distintos recursos, tanto en los temas civiles como penales. - Psicóloga, presta atención psicológica individual y grupal, fundamentalmente a las mujeres que se encuentran en Casa de Acogida y Piso Tutelado, actuando a demanda en casos concretos en Emergencias. - Trabajadora social, debido a su papel fundamental en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, hay una profesional que trabaja en el Centro de Emergencias, cuya tarea fundamental es valorar la alternativa más idónea en cada caso, y otra que se ocupa de la atención social en Casa de Acogida y Piso Tutelado, cuya labor se centra en gestionar las prestaciones sociales a las que las mujeres tienen derecho como ciudadanas y asesorarlas a nivel social. La imagen que puede sintetizar la estructura del Servicio sería la que figura en la página siguiente. 4

5 Figura 1: Sistema de atención Centros de Emergencia EQUIPO TÉCNICO Directora Trabajadora Social Abogada Psicóloga Casas de Acogida Pisos Tutelados Dos datos más acerca del Servicio Integral: la disponibilidad de plazas de Centros y el sistema de acceso. Plazas Servicio integral por provincias y niveles de atención Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Centros de Emergencia Casas de Acogida Pisos Tutelados TOTAL Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer (2008) Informe sobre violencia contra las mujeres. El acceso a estos centros se activa a través de: Los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer. El teléfono de información gratuita que atiende las demandas solicitadas en cualquier momento y de manera urgente durante las 24 horas los 365 días del año. 5

6 La Dirección General de Violencia de Género, para los casos que se deriven de otras Comunidades Autónomas. Así mismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios Sociales y Sanitarios, los Juzgados, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), los Puntos de Información a la Mujer (PIM) o cualquier otra institución que trabaje de manera directa o indirecta con mujeres víctimas de violencia de género podrán derivar los casos que atiendan a través de las vías anteriores. Los distintos niveles de intervención responden a diferentes objetivos y sistemas de trabajo, que podríamos resumir de la siguiente manera. - Los Centros de Emergencias prestan protección a las mujeres y a los y las menores que las acompañen, para garantizar su seguridad personal, ofrenciéndoles una acogida inmediata y temporal, de corta duración, mientras se valora el recurso social más adecuado a sus circunstancias personales. Así mismo, deben facilitar recursos personales y sociales que permitan una resolución de la situación de crisis. Su finalidad principal es garantizar la seguridad de los/as mismos/as y dar cobertura a sus necesidades básicas, al tiempo que se realiza un estudio social, jurídico y psicológico del caso con la finalidad de proporcionarle la alternativa más adecuada. El tiempo aconsejable de permanencia sería de no más de diez días, aunque, en ocasiones, debido a la complejidad de las situaciones a resolver, se prolonga. Durante su estancia las mujeres se dedican a completar la documentación necesaria para iniciar el proceso legal y social, además de reflexionar acerca de la firmeza de la decisión de dejar atrás la situación de violencia vivida. Si durante el tiempo de permanencia en el Centro de Emergencias se valora por parte del Equipo, conjuntamente con la mujer, que sería conveniente su paso a una Casa de Acogida, ésta se solicita a través de un sistema centralizado de registro de las plazas disponibles en cada uno de los recursos (no sólo de Casa de Acogida). Este sistema está permanentemente actualizado mediante la comunicación diaria de plazas así como de su modificación, en el momento en el que esto se produce. Si existen plazas disponibles para acceso a Casa de Acogida se contacta con las profesionales de la provincia que se trate y, previo Informe Social, se procede al traslado de la mujer y sus hijos/as, articulado entre las profesionales que envían y las que reciben. 6

7 - El siguiente nivel de atención lo constituyen las Casas de acogida, que son centros residenciales configurados por unidades independientes. Ofrecen una acogida temporal a las mujeres y menores que las acompañen, garantizándoles una atención integral multidisciplinar para que sean capaces de recuperarse de los efectos de la violencia padecida. Para garantizar una atención integral se programan intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas. El tiempo de estancia que se aconseja suele ser de unos tres meses, aunque se determina de forma individualizada para cada mujer y sus hijos/as en función de criterios tales como: cumplimiento de objetivos, dificultades añadidas en la resolución de su situación (mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, mujeres con muchos hijos/as, etc.), apoyos externos existentes, etc. Durante su estancia en la Casa de Acogida se acuerda un plan individual de actuación, utilizando la técnica del contrato, de tal manera que tanto las mujeres como el Equipo sean conscientes de los objetivos a alcanzar y así poder apoyarlas en su consecución. Cuando se considera que los objetivos se han cumplido se acompaña a la mujer y sus hijos/as en el proceso de salida que se concreta en búsqueda de vivienda, gestión de traslados de colegios y guarderías, solicitud de Ayuda Económica que se concede a la salida, etc. Si se considera que la mujer necesita de un periodo de estancia mayor en el Recurso pero que cuenta con los recursos económicos y las habilidades sociales necesarios para llevar una vida autónoma, aunque con apoyos puntuales, se le propone su paso a Piso Tutelado. - Los Pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer residencia, con carácter temporal, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los/as menores que las acompañen, cuando, habiendo estado en casa de acogida, puedan vivir de forma independiente, si la situación así lo aconseja. Durante esta etapa también reciben apoyo social, psicológico y jurídico de los/as profesionales de la casa de acogida. La diferencia con la Casa de Acogida es que aquí la mujer o mujeres (dos mujeres pueden compartir vivienda) están solas en un piso, además deben cubrir la manutención propia y la de sus hijos/as y los gastos corrientes de la vivienda, estando exentas del pago del alquiler para que cuenten con ahorros a la hora de iniciar una vida independiente. 7

8 El tiempo de estancia aconsejado es de no más de seis meses, aunque, al igual que en Casa de Acogida, se valora la permanencia en función de los criterios ya apuntados. Destacar que tras la salida de las mujeres cada uno de los Recursos se llevan a cabo tareas de seguimiento de la evolución del caso, al mismo tiempo que se procede a la derivación a los Recursos dependientes del Sistema de Servicios Sociales más cercanos a la ciudadanía, que les garanticen su atención tras la salida. De esta forma, se configura un sistema de atención con el cual se pretende dar una atención integral en la que deben estar presentes la flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y la eficacia y eficiencia en la gestión. La pregunta sería se pueden garantizar ambos requisitos desde la Administración Pública? si se externaliza el servicio podemos seguir hablando de servicio público? qué relaciones se establecen entonces con las Administraciones? Éstas y otras preguntas forman parte del debate al analizar cómo se ha prestado el servicio en el contexto de la Comunidad Autónoma Andaluza, aspecto que se abordará en el siguiente apartado. 2. Gestión de los Centros de Acogida: de la invisibilidad absoluta a cierta apertura en base a la calidad. Tal y como planteábamos al inicio de esta comunicación, y siguiendo la estela de la tendencia iniciada en el resto de Europa, los Centros de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género surgen en Andalucía en la década de los años 80. En este contexto coexisten, como entidades proveedoras de servicios, una Fundación (Solidaridad Democrática), las Diputaciones Provinciales (que gestionan y cofinancian) y la Junta de Andalucía (como entidad financiadora). Dos sistemas de gestión que, tras las derivas políticas que suponen la diferenciación de signo político de las distintas Administraciones implicadas, se orientan, en el año 2003, en la consolidación por parte del tercer sector (en forma de Cooperativa y, más tarde, empresa subrogada a esa Cooperativa) como proveedor privado de la cosa pública (Giner y Montagut, 2005). Para entender el porqué de esta evolución, previamente, haremos una caracterización de qué supone el tercer sector en nuestro contexto. 8

9 Según Marbán y Rodríguez Cabrero (2001) la reestructuración del Estado de Bienestar ha generado cambios profundos con un mayor peso de lo asistencial y de la acción privada tanto solidaria como mercantil, lo que ha significado trasladar los costes de los servicios sociales a las entidades del denominado tercer sector. Éste está formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados grupos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar (Plan Estratégico del Tercer Sector, 2006). Este Sector tiene en su haber una serie de ventajas comparativas con respecto del sector público, como son su flexibilidad y cercanía y su multisectorialidad, al abarcar un amplio espectro de colectivos (Marbán, 2007). Éstas han influido en su amplia presencia como prestador de servicios en el contexto del Estado español. Esgrimido como argumento por parte de la Administración Pública que tenía el mandato de aplicar políticas de igualdad de género en Andalucía (el Instituto Andaluz de la Mujer) a partir de 1998 se inicia un proceso mediante el cual se pretende que exista un solo modelo de prestación de servicios e, incluso, la gestión por parte de una sola entidad: SEGRAMAAL SCA (después AGISE). Junto con las ventajas comparativas apuntadas, en el discurso de la Administración tampoco son ajenas ideas que tienen que ver con el abaratamiento de costes, la eficacia o la eficiencia. De esta forma, en un periodo de cinco años, SEGRAMAAL SCA (después AGISE) se consolida como la institución que gestiona el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Andalucía. Proceso que culmina en el año 2003 con la puesta en marcha de un Centro de Emergencia en Algeciras y que supone la gestión de todo el territorio andaluz. De esta forma, este servicio se presta por concesión administrativa, renovada anualmente, a través de una empresa privada (AGISE) cuyo accionista único es una cooperativa (SEGRAMAAL SCA). Ello posibilita aunar la agilidad de una gestión empresarial, con la reversión de cualquier beneficio que pudiera derivarse de su actividad en ampliar el desarrollo de su objeto social (artículo 38 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa), y el control público de la gestión por parte del Gobierno y el Parlamento Andaluz (mediante auditoría de cuentas externa anual). 9

10 SEGRAMAAL SCA se funda con la intención de proporcionar un espacio laboral estable al personal que, hasta ese momento, venía desempeñando su trabajo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género en Granada, Málaga, Almería y Sevilla. De esta forma, integrando a mujeres vinculadas con el activismo feminista con otras que no lo estaban, SEGRAMAAL SCA surge con el objetivo prioritario de prestar atención al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, en un momento donde existe escasa conciencia ciudadana y una débil protección legal ante estos hechos. SEGRAMAAL SCA aporta su relación e implicación con la causa de las mujeres y la flexibilidad en la gestión y adaptabilidad a la urgencia que implica trabajar con situaciones de emergencia social. Así mismo, la Cooperativa hereda ciertas formas de funcionar que son el resultado de unos primeros años de funcionamiento (como Solidaridad Democrática y como Asociación para la Igualdad y la Solidaridad) donde se lidia con la carencia de suficientes recursos económicos y con la ausencia de apoyo y comprensión social, que se traduce en una mayor discriminación hacia estas mujeres. Estas carencias, en muchas ocasiones, eran asumidas y subsanadas en base a la labor voluntaria del personal de los Centros. Siendo conscientes de este accionar voluntarista, los primeros años se da un proceso de profesionalización creciente de la mano de obra, con la entrada de profesionales de las áreas de Trabajo Social, Derecho, Psicología, Pedagogía, etc. que aportan una mirada externa, lo cual crea no pocos recelos en el personal cuya cualificación se basa, fundamentalmente, en la experiencia. No obstante, tras procesos de reacomodo y reformulación de los sistemas de intervención, se logra consolidar unos equipos donde cada uno de sus miembros aporta sus conocimientos, vengan éstos de donde vengan. Así mismo, se sigue conservando el espíritu de reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, siempre de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer, teniendo su cenit en la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley condensa muchas de las reivindicaciones que, en torno a la violencia de género, se venían formulando, dejando, en cierta medida, a la Cooperativa huérfana de hecho a reivindicar. Por otro lado, su vinculación creciente con la Administración determina que los cauces utilizados para denunciar injusticias y descoordinaciones e incumplimientos de otros agentes sea la interlocución directa con el Instituto Andaluz 10

11 de la Mujer. Así se llega casi a ser un apéndice más de esta institución, eso sí la hermana pobre de la misma. Es este accionar desde cierta indefinición (no siendo parte de la Administración pero con una estrecha relación con ésta) lo que se instaura como una de las señas de identidad de AGISE. Desde la Administración se reclama la propiedad sobre los recursos, en base a la financiación, exigiendo así cierta invisibilización de la entidad gestora, aspecto que reflejo en el título de este subapartado: de la invisibilidad absoluta a cierta apertura en base a la calidad. De este modo, se entronca así con los recientes debates en torno a la interlocución de las entidades del Tercer Sector con las Administraciones Públicas (para ampliar ver, entre otros, el número 7 de la Revista Cuadernos de Debate (2009) Las relaciones entre el tercer sector y los poderes públicos, editada por la Fundación Luís Vives). Tiene lugar lo que Rey Martínez et al. (2007) consideran una relación simbiótica entre sector público y tercer sector o de complicidad no exenta de crítica. En este caso concreto, se comparten algunas de las características que determinan la relación del tercer sector que se ocupa de las políticas de igualdad de género con las Administraciones (Rey Martínez et al., 2007), tales como: - La vinculación con el movimiento feminista. - Las dificultades de agruparse con otras organizaciones. - La participación en la puesta en marcha de políticas públicas. - La dependencia de la financiación pública. No obstante, en esta relación simbiótica no debemos obviar la existencia de relaciones de poder, determinadas, fundamentalmente, por el sentir popular según el cual quien paga manda. Estas relaciones desiguales de poder, junto con la opinión generalizada del electorado de izquierdas que penaliza la externalización de servicios, con el PSOE en el poder, han determinado la exigencia de invisibilidad hecha a AGISE. No obstante, este requisito ha sufrido una evolución a lo largo de los años, determinada tanto por los distintos organismos encargados de supervisar y financiar el servicio (en la actualidad se trata de la Dirección General de Violencia de Género, dependiente de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social) como por la generalización en la opinión pública de la necesidad de gestionar privadamente los servicios públicos. Esta evolución determina que, en la actualidad, AGISE participe en acciones formativas a personal del Instituto de Administraciones Públicas, sea visible en foros académicos y de acción social y se plantee la diversificación de sus fuentes de financiación. 11

12 No obstante, sigue vigente la necesidad de negociar (camuflado bajo la necesaria información ) con la Administración cuál es su presencia, en qué espacios, bajo qué signos políticos Esto, a la larga, puede suponer un hándicap en el desempeño y garantía de continuidad en la gestión del Servicio para AGISE. 3. Conclusiones En el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha producido la sucesiva implantación de una red de recursos, de dependencia autonómica y gestión por parte del tercer sector, que configuran lo que ha venido en denominarse Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas. Éste constituye un ejemplo de buena práctica que no ha sido suficientemente conocido en el ámbito del Estado, derivado, en parte, de las exigencias de invisibilización realizadas por las entidades financiadoras a quienes, desde el tercer sector, gestionan el servicio. Esta asunción del tercer sector facilita la flexibilidad y agilidad en la respuesta a las situaciones de urgencia social en que se encuentran algunas mujeres víctimas de violencia de género. Respuesta que no obstante, como planteaba en otra ocasión ( ) debe provenir de la sociedad en su conjunto y debe ser abordada de forma integral. En la atención a víctimas, si bien considero que el modelo ideal sería el del alejamiento real del agresor, para que la mujer permanezca en su medio, y pueda recuperarse con apoyos externos fuertes (sociales, legales y psicológicos), y con la posibilidad de acceder a algún Centro de Acogida si se considera necesario y como última opción, la realidad con la que nos encontramos es bien distinta. Se trata, una vez más de articular las medidas, fundamentalmente económicas, para que los principios éticos puedan llevarse a cabo (Alcázar Campos, 2003: 125). Ocho años han pasado desde que hiciera esas reflexiones y, lamentablemente, siguen teniendo vigencia, confrontando algunos de los principios inspiradores de la intervención con la tozuda realidad. Así, algunos de los dilemas que se plantean en la gestión desde el tercer sector y sobre los que habría que reflexionar serían los siguientes: - El cambio de perfil de las mujeres que se atienden en los Centros. Mucho se ha hablado y se continúa hablando acerca de la existencia de un perfil de mujeres víctimas de violencia de género, fundamentalmente para desmontar su existencia 12

13 (Matud, 2005; Rhodes y Baranoff, 1998; Macías, 1992). Compartiendo este supuesto, también es cierto que las mujeres que suelen acceder a los Centros de acogida comparten su pertenencia a estratos socioeconómicos bajos y la carencia de redes familiares seguras que les den cobertura, una vez deciden romper con su relación de pareja violenta y tienen que abandonar el domicilio familiar. Estas dos características, por sí mismas, dificultan la promoción de la autonomía de las mujeres en un contexto socioeconómico en crisis. Además, si las ponemos en interacción con la evolución sociodemográfica de la sociedad española, determina el incremento de mujeres inmigrantes, algunas de ellas en situación administrativa irregular. Es decir, estaríamos ante discriminaciones u opresiones múltiples (Purdie Vaughns y Eibach, 2008) que requieren la coordinación y la intervención conjunta tanto con otras Administraciones como con otras entidades del Tercer Sector. La coordinación y consolidación de acuerdos con éstas, en el marco de los cauces que se establezcan para ello o desde iniciativas particulares, resulta central para consolidar una trayectoria de intervención de calidad. - La creencia de que los recursos (asistenciales pero también legales) son LA SOLUCIÓN, con mayúsculas, al problema de la violencia de género. Desde algunos planteamientos feministas ya se ha criticado la excesiva judicialización del proceso, así como el peso del aspecto penal, que despoja a las mujeres de su capacidad de acción, infantilizándolas (Maqueda Abreu, 2006). En el ámbito de los recursos asistenciales algunas reflexiones críticas emitidas por los Equipos de los Centros de Acogida irían también en esa dirección (para ampliar ver las Actas del Congreso Estatal: de las Casas de Acogida a los Centros de Atención Integral: 2007). El Colectivo de Mujeres Cala (quien gestiona la Casa de Acogida de Castellón) resume ese sentimiento: se creyó que este recurso podía atajar, por sí mismo, la flagrante crueldad a la que están sometidas miles de mujeres, por el mero hecho de serlo, en su vida cotidiana. Creer esto sería lo mismo que suponer la eliminación de los accidentes laborales con la simple apertura de nuevos centros hospitalarios (Grupo Cala, 1995:10). Estos planteamientos críticos, en ocasiones, no son bien recibidos por las Administraciones, debiendo negociar con ellas en qué contextos y cómo se canalizan las disparidades de criterio. - Los sistemas de evaluación del grado de consecución de los objetivos marcados, en un acto de rendición de cuentas que beneficia la función pública, no siempre se corresponden con las realidades sociales con las que se interviene. En este caso 13

14 concreto, aparte de criterios de rentabilidad económica, el éxito se mide en función del número de mujeres que abandonan la situación de violencia, consiguiendo vivir de forma autónoma con sus hijos e hijas. Esta situación de llegada ideal, en muchas ocasiones, aparece como imposible de conseguir si tenemos en cuenta tanto los deseos y posibilidades de inserción laboral de algunas de las mujeres con las que se trabaja, como un contexto sociolaboral adverso que las excluye. De esta forma, cada vez más, se ponen en funcionamiento estrategias de supervivencia: el recurso a redes familiares y de amistad, sobre todo para el tema de la vivienda; el trabajo en la economía informal; combinar ingresos derivados de prestaciones con otros de las rentas del trabajo en negro ; etc. que, sin embargo, no son consideradas exitosas, o lo son a medias, tanto por los Equipos como por los poderes públicos. Estos dilemas y cuestionamientos en torno a nuestra intervención deben orientarnos en la promoción de nuevas metodologías de acción y en la reconceptualización de los objetivos que perseguimos y los principios éticos que nos guían. No obstante, teniendo como eje fundamental una reflexión de Delgado (2002) que hago mía y con la que quiero concluir esta comunicación: Las casas de acogida son solo una medida provisional que debe venir acompañada de otras medidas de reinserción, pues lo que aparentemente es una medida de protección, implica en realidad posicionar a las mujeres en una situación de revictimización y, en definitiva, supone una restricción de los derechos de la víctima, no de los agresores, y son éstos los que deben sufrir las consecuencias y asumir las responsabilidades de sus actos, y por lo tanto, han de ser sujetos de las órdenes de expulsión de los domicilios familiares (Delgado, 2002:168) 14

15 Bibliografía Alcázar Campos, A. (2003) Respuesta institucional a la violencia de género. El caso de Andalucía. España, Otras Miradas 2: De Castro Sanz, M. (coord.) (2009) Las relaciones entre el tercer sector y los poderes públicos, Revista Cuadernos de Debate 7. Delgado Cordero, A. (2002) Alternativas para combatir la violencia doméstica, Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social 10: Giebeler, C. (2006) Engendering Social Work. Conceptos teóricos y metodológicos feministas en su relación con el Trabajo Social, Acciones e investigaciones sociales 1: Giner, S. y Montagut, T. (2005) Cosa pública, cosa privada: hacia una teoría del Tercer Sector, en García Delgado, J. L. (dir) La economía social en España. Criterios y Propuestas. Madrid: Fundación ONCE: Grupo Cala (1995) Mujeres maltratadas. Mujeres mal tratadas, Asparkía. Investigació Feminista 4: 9 17 Instituto Andaluz de la Mujer (2008) Informe sobre violencia contra las mujeres: datos básicos y recursos para su erradicación. Sevilla: Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Disponible en línea: t/violencia_genero/html/ficheros/informe_violencia_de_gxnero_andalucxa_2008. pdf Instituto de la Mujer (2007) Congreso estatal: de las Casas de Acogida a los Centros de Atención Integral. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 15

16 Macías, M. (1992) Aspectos psicosociales de los malos tratos a las mujeres. Valencia: Universidad de Valencia. Maqueda Abreu, M. L. (2006) La violencia de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 08 (2): 1-13 Marbán Gallego, V. (2007) Tercer Sector, Estado de Bienestar y política social, Política y Sociedad 44 (2): Marbán Gallego, V. y Rodríguez Cabrero, G. El voluntariado: prácticas sociales e impactos económicos, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 1, 2001 Marugán, B. y Vega, C. (2001) El cuerpo contra-puesto. Discursos sobre la violencia contra las mujeres, en Bernárdez, A. (ed.) Violencia de género y sociedad: una cuestión de poder. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas y Ayuntamiento de Madrid, Área de Promoción de la Igualdad y Empleo: Matud, P. (2005) The Psychological Impact of Domestic Violence on Spanish Women, Journal of Applied Social Psychology 35 (11): Osborne, R. (2008) De la violencia (de género) a las cifras de la violencia : una cuestión política, Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 15: Plataforma de ONG de Acción Social (2006) Plan Estratégico del Tercer Sector. Madrid: Plataforma de ONG de Acción Social Purdie Vaughns, V. y Eibach, Richard P. (2008) Intersectional invisibility: The distinctive advantages and disadvantages of multiple subordinate group identities, Sex Roles 59: Rey Martínez, F. et al. (2007) Documento marco Igualdad de Trato y de Oportunidades y Tercer Sector del III Foro Tercer Sector, Madrid: Fundación Luís Vives. 16

17 Rhodes, N. R. y Baranoff, E. C. (1998) Why do battered women stay?: three decades of research, Agression and Violent Behavior 4: Ruffa, B. (1990) Mujeres maltratadas: Casas Refugio y sus alternativas, Buenos Aires: Senda Walker, P. et al. (1986) Informe sobre casas de acogida para mujeres que sufren malos tratos. Madrid: Ministerio de Cultura Instituto de la Mujer. 17