3. Marco legislativo

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Juan Herrera Castellanos
hace 6 años
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1 3. Marco legislativo El marco legislativo que fundamenta las políticas que actualmente se desarrollan en el ámbito de las personas con discapacidad está constituido por un extenso entramado de normas que abarca casi todas las ramas del Derecho: civil, laboral, fiscal, penal y administrativo. El punto de partida de las mismas ha sido la Constitución Española de 1978 (artículo 49, en concordancia con los artículos 9.2 y 14) y, en su desarrollo, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). De esta manera, tras la Constitución Española se encomendó a los poderes públicos la realización de una política específica de atención a las personas con discapacidad destinada a promover su igualdad y participación social. De acuerdo con ello, se aprobó la LISMI que reguló un amplio abanico de medidas sobre prevención, prestaciones sociales y económicas, rehabilitación, empleo, educación, servicios sociales y accesibilidad. Estas medidas fueron desarrolladas, posteriormente, por la legislación sectorial correspondiente tanto estatal como autonómica. Tras la aprobación de la LISMI, el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad ha estado marcado por dos años: 2003, en el se aprueba una legislación antidiscriminatoria específica en materia de discapacidad, y 2006, año en el que se impulsan los servicios sociales destinados a las personas en situación de dependencia. 15

2 De esta manera, en 2003 se aprobó la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que complementa a la LISMI añadiendo el enfoque de los derechos humanos y reivindicando los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Esta norma ha tenido un intenso desarrollo, destacando la regulación de un régimen sancionador en la materia mediante la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como, por una parte, la previsión de un sistema arbitral para la resolución de los conflictos y, por otra, la determinación de las condiciones básicas estatales de accesibilidad para diferentes entornos físicos y de la comunicación e información. Paralelamente, se promovió el reconocimiento de la lengua de signos española, mediante la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En el año 2006 se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que crea dentro del ámbito de los servicios sociales, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableciendo un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía, el derecho a determinados servicios y prestaciones económicas para las personas que, debido a su situación de dependencia, requieren apoyos especiales para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. En este apartado, hay que señalar además que el día 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 16

3 personas con discapacidad, ratificada por España. La Convención de la ONU no establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plena con el resto de las personas. Todas las personas tenemos los mismos derechos, pero para que estos derechos sean reales esta Convención se hace eco de la diversidad, de las diferencias, de las intervenciones necesarias para que los derechos tengan una plasmación práctica. En Andalucía, el nuevo Estatuto de Autonomía recoge expresamente entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad (artículo º), así mismo, prohíbe la discriminación, entre otros, por motivos de discapacidad (artículo 14), y también entre los principios rectores de las políticas públicas andaluzas (artículo º y 6º) reconoce los principios relativos a la no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, así como el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que, de acuerdo con el Estatuto, deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Es por ello que el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía ha dado más visibilidad y protagonismo a las personas con discapacidad. Por otra parte, la norma andaluza que sirve de referente a las políticas andaluzas en esta materia es la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que tiene por objeto regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias y discapacidades. 17

4 En su desarrollo, se aprobó el Decreto 301/2000, de 13 junio, por el que se regula el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. Los Consejos están integrados por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y las Entidades Locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de los agentes económicos y sociales, y tienen por objetivo impulsar y coordinar las actuaciones previstas en la Ley 1/1999, de 31 de marzo. También, dentro del ámbito reglamentario, destaca la aprobación del Decreto 93/2006, de 9 mayo, que regula el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, o del reciente Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, que ha renovado la normativa autonómica que databa de Asimismo, teniendo como destinatarias a las personas con discapacidad visual, se aprobó la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales, que reconoce el derecho al libre acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos o de uso público de las personas afectadas por disfunciones visuales que vayan acompañadas de perros guía, y a través del Decreto 32/2005, de 8 febrero, se regula el distintivo de perro guía, el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de perros guía de la Comunidad Autónoma de Andalucía 18

5 En el ámbito educativo, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, ha promovido la atención específica del alumnado con discapacidad con el objetivo de garantizar su escolarización y permanencia en el sistema educativo y desarrollar actuaciones que permitan compensar las desigualdades, asegurando la igualdad de oportunidades al alumnado con necesidades educativas especiales. Posteriormente, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge medidas de acceso a los centros y encomienda específicamente a la Administración educativa el establecimiento de medidas de acceso al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones del mismo. En materia de vivienda, hay que destacar que la reciente Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, incluye la condición de la accesibilidad entre los requisitos necesarios para considerar que una vivienda es digna y adecuada a las personas con necesidades especiales. Por otra parte, en el área de la accesibilidad en la comunicación y la información, es imprescindible mencionar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), que establece la exigencia de adoptar medidas para la accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial a las producciones audiovisuales de las distintas programaciones y a los contenidos y servicios conexos e interactivos. Asimismo, prevé la participación en el Consejo Asesor de RTVA de una vocalía nombrada a propuesta del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad. 19

6 Y por último, recientemente se han adoptado dos importantes iniciativas normativas en el ámbito de accesibilidad: - por una parte, el 10 de noviembre de 2009 fue aprobada por el Consejo de Gobierno la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordoceguera en Andalucía. - y, por otra, mediante la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se ha modificado el régimen sancionador en materia de accesibilidad a las infraestructuras, edificaciones y transportes previsto en la Ley 1/1999, de 31 de marzo. De acuerdo con la nueva regulación, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores le corresponde al alcalde o alcaldesa del correspondiente municipio o concejal en quien delegue, salvo que se trate de infracciones en los servicios de transporte interurbano, en cuyo caso la potestad sancionadora se ejercerá por la Consejería con competencias en materia de transporte. 20

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