JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO DE FAMILIA DE CHALATENANGO,

Transcripción

1 79-A CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN SALVADOR, A LAS CATORCE HORAS Y ONCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Conocemos del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado JOSÉ EFRAÍN P. R., en calidad de Apoderado General Judicial del señor [ ], de veintiocho años de edad, estudiante, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Impugna el auto definitivo pronunciado por la JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO DE FAMILIA DE CHALATENANGO, Licenciada MAURA CECILIA GÓMEZ ESCALANTE, en el proceso de IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO, clasificado bajo la referencia CH-F /5; promovido por los Licenciados JOSÉ EFRAÍN P. R., y FRANCISCO ISMAEL A. C., contra el señor [ ], de veintisiete años de edad, estudiante, del domicilio de San Francisco Lempa del Departamento de Chalatenango. Además intervino la Licenciada MARÍA EMILIA N., como Procuradora de Familia Adscrita al juzgado. Se admite el recurso por reunir los requisitos mínimos de ley. I. A fs. 60/61 consta el auto definitivo impugnado, mediante el cual la Jueza a quo, en síntesis resolvió: revóquese todo lo actuado desde la admisión de la demanda, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la interposición de la demanda. En virtud que la Dirección proporcionada para practicar el emplazamiento al demandado, por los Licenciados FRANCISCO ISMAEL A. C. y JOSÉ EFRAÍN P. R., no es cierta ni determinada, motivo por el cual no se practicó el emplazamiento en legal forma en dos ocasiones, por el Juzgado de Paz del Municipio de San Francisco Lempa, Departamento de Chalatenango. II. inconforme con dicha resolución, se alzó el Licenciado JOSÉ EFRAÍN P. R., mediante escrito de Fs. 63/66, quien en síntesis alegó lo siguiente: que el auto que revoca la admisión de la demanda se queda corto al no pronunciarse sobre cómo quedaba la demanda después de revocar su admisión, es decir si se declaraba improponible, inepta, inadmisible, improcedente, tal omisión es suficiente para revocar la misma ya que imposibilita a las partes enmarcar adecuada y legalmente su derecho de recurrir. Continúa fundamentando su escrito en el

2 hecho de no haber encontrado al demandado en la dirección que ellos proporcionaron para que se le emplazara, no es un hecho que se les pueda imputar a ellos como apoderados y que sea constitutiva de una violación al principio de Lealtad, Probidad y Buena Fe o que haya una actuación negligente, peor aún que hayan intentado hacer fraude procesal o cualquier conducta ilícita, tal como se insinúa en la resolución impugnada; en ese sentido se siente agraviado. Que en materia de familia sólo se puede intervenir en el proceso por medio de apoderado, es a éste a quien le corresponde cumplir todos los requisitos que exige el artículo 42 literal g) L.Pr.F., por lo que en un principio es atendible el argumento de la a quo, cuando manifiesta que es una carga procesal del demandante proporcionar la dirección para emplazar al demandado, pero que la legislación moderna ya impone subsidiariamente también esta carga al juzgador(a) según el artículo 181 inc. 2 C.Pr.C.M.. Asimismo expresa que no existe ninguna negligencia de su parte al consignar la dirección para emplazar al demandado, por el contrario en autos se comprueba que han estado atentos a cumplir con las prevenciones hechas por parte de la juzgadora a quo, quien al revocar el auto de admisión de la demanda ha hecho una interpretación errónea del artículo 96 L.Pr.F. concediéndole un alcance que este artículo no tiene, ya que los impetrantes evacuaron en tiempo y forma la prevención hecha, respecto a la dirección del demandado, manifiesta que la misma invoca cuestiones que están fuera de dominio de la parte prevenida, como es el hecho que no obstante ser la dirección correcta se debate que el demandado es desconocido en dicho lugar, y a partir de esa circunstancia vuelve vigente la sanción que impone dicho artículo, cuando para el impetrante esta sanción sólo es aplicable cuando la parte prevenida negligentemente, no cumple en tiempo y forma con la prevención. También sostiene que la revocatoria hecha por la a quo fue prematura, con lo cual ha incumplido una de sus obligaciones que le competen como juzgadora, la que se encuentra regulada en el artículo 7 literal e) L.Pr.F.; considerando que pudo aplicar el artículo 181 inc. 2 C.Pr.C.M.. Finalmente solicita erróneamente que se abra a pruebas este incidente, a fin de solicitar al Registro Nacional de Personas Naturales, certifique la ficha en la que quedaron consignados los

3 datos que fueron proporcionados por el demandado señor [ ], al obtener Documento Único de Identidad. Y correctamente, que se revoque la resolución venida en apelación, se ordene a la A quo continuar con la búsqueda del demandado, agotando los mecanismos que para ello señala la ley. La Procuradora Adscrita al Juzgado, Licenciada MARÍA EMILIA N. G., no se pronunció respecto del traslado conferido en virtud del recurso interpuesto, no obstante de estar notificada a fs. 68. III. El quid de la alzada se circunscribe a determinar si es procedente modificar, revocar o confirmar el auto definitivo recurrido, que revocó todo lo actuado desde la admisión de la demanda de Impugnación de Reconocimiento Voluntario por los motivos expuestos en el escrito de apelación. IV. ANÁLISIS DE LA CÁMARA. En el caso en análisis es necesario aclarar que el emplazamiento es un acto procesal que se centra en la persona del demandado; de quien se espera que conociendo el contenido de la demanda ejerza su derecho de defensa; en ese sentido es un acto que debe reunir los requisitos legales que la ley establece para su validez, entre estos: la identificación del demandado, la entrega de la demanda y auto de admisión, la fecha en que se verifica el acto de comunicación, la identificación del Tribunal ante el cual se ejercerá el derecho de defensa. "El emplazamiento se define como un acto procesal de comunicación, que pone al emplazado en la situación jurídica de comparecer o dejar de comparecer, que cumpla una actividad o declare su voluntad ante el órgano jurisdiccional, en un plazo determinado. El emplazamiento para contestar la demanda, es el acto procesal que posibilita el conocimiento de la incoación de una pretensión y el contenido de la misma, así como fija un plazo inicial para que el emplazado cumpla una actividad o declare su voluntad respecto a ésta." (Sala de lo Constitucional. C.S.J. Tres de abril de dos mil uno. Ref. Amparos M ).

4 Conforme a lo anterior es procedente expresar que en el sub júdice, se afirma que se desconoce el domicilio real del demandado, manifestando el apelante haber agotado todas las vías posibles por las cuales se pueda dar con el paradero o domicilio del demandado. Por su parte la jueza a quo considera que ya agotó dichas vías idóneas que le solicitó y proporcionó la parte demandante para realizar el emplazamiento, y que es responsabilidad del demandante proporcionar al tribunal el domicilio exacto del demandado, para poder efectuar el acto de comunicación. De ello, consideramos que aún existen algunas vías que pudieran utilizarse para dar con el paradero o lugar de residencia del demandado que no se han agotado, pero que tal como lo sostiene el apelante, solamente se proporcionaría esa información de manera oficial al juzgado. Ahora bien, de la lectura del expediente se advierte que más que la inobservancia alegada a lo dispuesto en el artículo 181 inc. 2 C.Pr.C.M., lo que ha existido en la especie es una inaplicación de lo dispuesto en los Arts. 3 lits. a), b), y 7 lits. a), b), h) L.Pr.F., en virtud que el Art. 3 lits. a) y b) L.Pr.F., referido en su orden al principio dispositivo y de oficiosidad; en virtud de los cuales el proceso por regla general se inicia a petición de parte a través de la promoción de la demanda, correspondiendo al juzgador su impulso oficioso; impulso que debe verificarse de acuerdo a los postulados prescritos en la misma Ley; en ese sentido los juzgadores están obligados a dar el trámite que corresponde al proceso sin necesidad de que sea peticionado por alguna de las partes; teniendo la oficiosidad como límite la misma Ley; en ese sentido los juzgadores no pueden ni deben actuar de forma contraria a lo previsto en la Ley; es por ello que el Art. 7 lit. a) L.Pr.F., les concede la dirección del proceso, la cual en ningún momento será arbitraria, tendrá como limites los procedimientos establecidos en la Ley, Art. 7 lit. b) L.Pr.F.; en ese sentido las normas no pueden ni deben ser aplicadas de forma aislada, sino a través de una aplicación integral del cuerpo normativo, que logre la efectividad de los derechos reconocidos en la legislación constitucional y familiar; es por ello que los jueces están llamados a respetar no sólo los Principios Rectores sino también los Principios Generales del derecho de Familia, Art. 3 C.F.. En ese sentido la Juzgadora perfectamente pudo haber realizado oficiosamente las siguientes acciones: Primero pudo ordenar el estudio social por medio del equipo

5 multidisciplinario de dicho juzgado para que investigaran el lugar de residencia del demandado en la jurisdicción, se pudo librar oficio al Registro de las Personas Naturales o al Tribunal Supremo Electoral, o a la Dirección General de migración y Extranjería, para determinar si éste ha salido o no del país. En conclusión, consideramos que no puede desestimarse la pretensión, sin antes agotar todas las instancias pertinentes y posibles, para dar con el paradero del demandado toda vez que la parte actora no haya demostrado negligencia en aportar dicho dato; y hacer efectivo el emplazamiento, antes de realizarlo excepcionalmente por edictos, tal como regula el Art. 34 L.Pr.F., a efecto de garantizar los derechos fundamentales de audiencia y defensa de la parte demandada. Por tanto, con base en los Arts. 3 lits. a), b), 7 lits. a), b), h), 34, 42, 153, 161, 218 L.Pr.F, y 181 C.Pr.C.M., esta Cámara RESUELVE: Revócase la resolución apelada que revocó el auto de admisión de la demanda de Impugnación de Reconocimiento Voluntario de Paternidad, por no estar apegada a derecho; en consecuencia ordénase al Juez conocedor de la causa, que agote todos los medios de búsqueda para dar con el lugar de residencia del demandado para que se practique el emplazamiento personalmente, y eventualmente se ordene emplazarlo por edictos. Devuélvanse los autos al Tribunal de origen, con certificación de este proveído. NOTIFÍQUESE. PROVEÍDA POR LAS MAGISTRADAS: LICDA. SILVIA GUADALUPE BARRIENTOS ESCOBAR Y LICDA. ANA GUADALUPE ZELEDÓN VILLALTA. A. COBAR A. SECRETARIO.