INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

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1 Inconstitucionalidad Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil trece. Analizada la demanda, juntamente con el escrito de subsanación de prevenciones, presentados por el abogado Jaime Orlando Salamanca Pineda, mediante los cuales solicita se declare la inconstitucionalidad por vicio de contenido del art. 36 inc. 2 del Código Procesal Penal C.Pr.Pn., por la supuesta contradicción con el art. 3 de la Constitución de la República, se hacen las siguientes consideraciones: La disposición impugnada prescribe: INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Art (...) En el caso de rebeldía, el período de interrupción no excederá de tres años y después de éste comenzará a correr íntegramente el plazo respectivo de la prescripción de la acción penal, aumentado en un tercio. I. 1. El abogado Salamanca Pineda sostiene que la disposición supra relacionada, vulnera el principio de igualdad. Al efecto, afirma que, de los arts. 32 inc. 1 y 34 inc. 1 C.Pr.Pn. así como del art. 36 inc. 2 del mismo Código, puede interpretarse un régimen diferenciado en cuanto a la prescripción de la acción penal. Y ello supone un tratamiento desigualitario que afecta al procesado en ausencia, ya que debe vivir clandestinamente, ser considerado en algunos casos inmigrante, someterse a la pobreza y al abandono de sus familiares entre otras situaciones. 2. Dichos argumentos resultan nuevamente reiterados en su escrito de subsanación de las prevenciones efectuadas mediante el auto de 8-V-2013, afirmando que en relación con la prescripción de la acción penal existe una regulación diferenciada para cada supuesto hipotético, y ello vulnera el principio de igualdad. En particular, sostiene que existe una "violación disimétrica" del referido principio en cuanto al tratamiento del procesado con "presencia material" y el procesado en "rebeldía". Este último que ha sido sancionado en condiciones de olvido porque no puede ejercer en forma indirecta los derechos y garantías contenidos en los arts. 10, 11 y 12 del Código Procesal Penal C.Pr.Pn.. En particular, no puede ejercer el derecho de petición y respuesta, así como hacer uso de los medios impugnativos pertinentes. En suma, afirma, que la discriminación se plantea entre el distinto tratamiento legal que

2 ostentan los no detenidos, procesados, no procesados, los declarados ausentes y los que han sido declarado rebeldes; pues de acuerdo con el estatuto procesal penal vigente, se da una solución diversa a situaciones similares; y ello es igualmente contrario al principio de proporcionalidad aunque no relaciona en sus escritos razonamiento alguno en este sentido. Por último, considera que el término de la rebeldía, así como la prescripción, no deben quedar al arbitrio del intérprete, sino que deben ser delimitados por el legislador. Pese a ello, existe la posibilidad de una interpretación que favorezca al interés del procesado ya sea declarado rebelde o no, y es que deba ser de diez años como máximo en cuanto al instituto procesal últimamente citado. II. Tomando en cuenta los argumentos esgrimidos por el demandante, es procedente efectuar algunas consideraciones, tanto en lo relativo a la regulación legal de la prescripción dentro del proceso penal, como en relación con la pretensión en los procesos de inconstitucionalidad cuando existe una impugnación que tiene como base el art. 3 Cn. 1. A. Resulta evidente en todas las disciplinas jurídicas la relevancia que se le concede al transcurso del tiempo y el mismo también resulta significativo para el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. En términos generales, la prescripción consiste en la exclusión de la pena impuesta o de la interposición de la acción penal por el transcurso del tiempo. Conforme a ello, la mayoría de los sistemas de enjuiciamiento penales distinguen entre la prescripción de la pena y de la acción penal. Tanto la naturaleza como el fundamento de la prescripción resultan ser temas altamente controvertidos. En relación con el primero, es antigua la polémica entre quienes consideran la prescripción como una causa de anulación de la pena cuyo fundamento radica en que el transcurso del tiempo borra la necesidad del castigo, y de quienes la conciben como un simple obstáculo procesal. Sin embargo, existe un claro consenso en cuanto a que el instituto jurídico en mención, supone una auto-limitación al ejercicio del ius puniendi del Estado frente al factor tiempo; pues, no es razonable prolongar indefinidamente una situación de incertidumbre acerca de una situación jurídica con relevancia criminal. Sea ello por la existencia de un desinterés de la imposición de un castigo con el paso del tiempo la tesis del olvido del hecho, la presunción de una posterior enmienda por quien cometió el delito la tesis que presume un cambio positivo en la personalidad del delincuente o por la desaparición progresiva de las pruebas del delito argumentación que se vincula con una circunstancia que afecta la posibilidad de dictar una

3 sentencia justa. Conforme a tales consideraciones, en el estatuto procesal penal en vigor existe una clara distinción entre el régimen de prescripción de la acción penal y la prescripción durante el procedimiento, resaltando una expresa mención de los plazos máximos de duración. Adicionalmente la disposición impugnada, establece expresamente las relaciones entre la declaratoria de rebeldía y el ámbito de la prescripción de la acción, lo cual estipula un régimen de conteo sumamente claro. Aún y cuando al parecer, se trata de un punto impugnado por el demandante sean desproporcionados en relación con su ámbito temporal. B. Es con relación a este último punto en que se enfoca verdaderamente la pretensión del actor, afirmando que debiera existir un sistema unitario en cuanto a la regulación de los efectos del tiempo dentro del proceso penal y no uno diferenciado como acontece en el sistema actual. Sin embargo debe reconocerse que el legislador ha tomado opción por un sistema diferenciado en el cual se distinguen los efectos de la prescripción que rige cuando no se ha iniciado el proceso penal, de aquella que deberá tenerse en cuenta cuando el proceso inició, y esto revela una decisión político criminal que deriva de los márgenes estructurales que posee el legislador en este ámbito, particularmente en lo que respecta a la elaboración de un modelo de enjuiciamiento procesal penal y las diversas situaciones que dentro del mismo pudieran acontecer, aspecto que en términos generales es respetado por esta Sala Sentencia de 25-III- 2008, Inc A. Al respecto, el abogado Salamanca Pineda sostiene que lo anterior es contrario al principio de igualdad por tratarse de situaciones diferentes; sin embargo, debe recordarse que no toda desigualdad de trato implica una infracción al principio constitucional antes relacionado sino únicamente cuando se introduce una desigualdad que carece de una justificación objetiva y razonable. En otras palabras, cuando el criterio de distinción resulte artificioso o injustificado conforme a un contraste de acuerdo a criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Y se trata de un extremo procesal que debe ser desarrollado claramente por el accionante. Así, en el caso en análisis, el demandante no ha podido demostrar tal extremo procesal en la demanda como tampoco en el escrito de subsanación es decir lo arbitrario o irrazonable de la distinción efectuada por el legislador ; al contrario, considera que se violentan ciertos derechos constitucionales del imputado que se encuentra en rebeldía, ignorando que tal estado procesal puede concluir con la comparecencia del imputado al proceso penal y que no existe restricción

4 alguna para que pueda contar con una asistencia letrada que salvaguarde sus derechos y garantías constitucionales desde el inicio del procedimiento (art. 82 num. 3, 89 y 98 C.Pr.Pn.). B. Adicionalmente, destaca la existencia de una confusión interpretativa en cuanto al reo ausente que ha sido declarado rebelde, y en la que caben diversas intelecciones sobre el inc. 2 del art. 36 C.Pr.Pn.; pero ello, es un problema de interpretación legal que corresponde solventar a la jurisdicción penal ordinaria, y no resulta ser un tópico que amerite su análisis por esta Sala. Esto resulta más evidente, cuando el mismo demandante plantea la que según su parecer es la solución interpretativa correcta v. gr. diez años. Como se afirmó en la Sentencia pronunciada el 13-III-2006 Inc , no corresponde a esta Sala efectuar un juicio de perfectibilidad sobre los preceptos que constituyen objeto de control. Pues, la finalidad del proceso de inconstitucionalidad es declarar con efectos generales la adecuación o no de una proposición jurídica vigente con la Constitución, y no señalar si la técnica legislativa empleada o su formulación resulta ser correcta, oportuna y adecuada conforme a lo que "debería ser" según el accionante. Se reitera entonces, que la confección de un modelo de enjuiciamiento penal, responde a una variedad de circunstancias cuya valoración son propias del ámbito de la política criminal, y cuya competencia exclusiva le corresponde al Órgano Legislativo en lo que a diseño de leyes penales respecta. Quedando a esta Sala, el control a posteriori acerca de si tal producto normativo respeta el contenido mínimo de derechos y garantías que comprenden el programa penal de la Constitución y los lineamientos básicos de un proceso penal conforme al mismo. En otras palabras, no puede considerarse admisible en esta sede, una pretensión que tenga como fundamento una percepción individual de cómo debiera de ser regulada de mejor manera una materia jurídica, ya que en este proceso no se trata de realizar un juicio de perfección sino de límites constitucionales. Por lo anterior, conviene declarar la improcedencia de la pretensión planteada por el actor. III. Con base a las consideraciones anteriores, y en virtud del artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE: 1. Declárese improcedente la pretensión contenida en la demanda planteada por el ciudadano Jaime Orlando Salamanca Pineda, mediante la cual solicita se declare la inconstitucionalidad por vicio de contenido del inc. 2 del art. 36 C.Pr.Pn., por no haber establecido lo irrazonable de la diferenciación efectuada por el legislador en cuanto a la

5 prescripción dentro del Código Procesal Penal. 2. Notifíquese F. MELÉNDEZ J.B. JAIME E. S. BLANCO R R. E. GONZÁLEZ B PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN E SOCORRO C SRIA RUBRICADAS

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