DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.

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1 DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. -MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR L.O. 15/2007

2 1.- INTRODUCCION. La reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 15/2007 en relación sobre los delitos contra la seguridad vial (antes delitos contra la seguridad del tráfico), cuenta con un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad en general, en un contexto donde se veían demasiados casos de violencia vial quedar impunes por falta de rigor punitivo. La mencionada Ley tiene como contenido básico, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía con la expresa previsión de los excesos de velocidad que se han de tenerse por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que haya de merecer la misma consideración. Se regulan diferentes grados de conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los demás (peligro concreto). Las penas y sus consecuencias se incrementan notablemente, en especial, en lo concerniente a la privación del permiso de conducir y a ello se añade la no menos severa posibilidad de considerar instrumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en orden a disponer su comiso. 2

3 Igual que en el derecho anterior, se ofrece una regla específica para salvar el concurso de normas cuando se hubiera ocasionado además del riesgo prevenido un resultado lesivo. La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica, pierde su innecesario calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada, esta nueva regulación recoge de forma expresa la privación del permiso de conducir en los casos de negativa. Una criticada ausencia era la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente o del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del permiso de conducción. Cierto que algunos casos podrían tenerse como delitos de quebrantamiento de condena o de desobediencia, pero no todos; por ello se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un solo precepto sancionador. 3

4 2.- CONTENIDOS DE LA REFORMA. 1.- Incrementa el control sobre el riesgo tolerable, especialmente en materia de velocidad y alcohol, objetivando por primera vez en cifras determinadas conductas delictivas. 2.- Incrementa las consecuencias penales de determinados ilícitos, recogiendo una demanda de gran parte de la sociedad. 3.-Establece una mayor implicación de la administración de justicia y del sistema judicial en la protección de la seguridad vial. 4.-Modifica los requisitos para la aplicación del concurso de normas en aquellos supuestos que un mismo hecho produzca más de un ilícito penal. 5.-Crea un delito autónomo dentro de los delitos contra la seguridad vial para los casos de negativa a efectuar las pruebas legalmente establecidas. 6.-Introduce nuevos tipos penales para reforzar la actuación administrativa en los casos de conducción sin permiso o con pérdida de los puntos legalmente asignados. 4

5 3.- Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La primera modificación que introduce la L.O. 15/2007, es la rúbrica del Capítulo IV, del Título XVII del Libro II del Código Penal, que tendrá la redacción de DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL, en lugar de delitos contra la seguridad del tráfico, introduciendo un concepto jurídico más amplio y actual, con el que se pretende velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos. -COMENTARIO DEL ARTICULADO PENAL. Artículo 379. Apartado primero. 1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Estamos ante una novedad penal, por primera vez en la legislación penal española se objetiviza un dato de velocidad para la imputación de un delito, la reforma operada está en consonancia con el delito de alta velocidad de alguno de lo códigos penales europeos. En el párrafo primero hay que destacar el término referente a la permitida reglamentariamente, lo que no remite primero al Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, donde sus art. 48 y siguientes no concretan las velocidades máximas en vías fuera de poblado, así como en su artículo 50, nos habla de los límites de velocidad en vías urbanas y travesías. 5

6 Como velocidades circular: delictivas genéricas tendríamos que sería delito a) En ciudad a más de 110 km/h. b) En carretera con límite de 90 a más de 170 km/h. c) En carretera con límite de 100 a más de 180 km/h. d) En autopista y autovía a más de 200 km/h. A tener en cuenta en el municipio de Madrid la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, donde en su artículo 40 nos marca el límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos en su término municipal que será de 50 km/h, con las excepciones que contempla el mencionado artículo y que nos dice en su apartado 2 que los vehículos que transporten mercancía peligrosas y ciclomotores la velocidad máxima permitida será de 40 km/h. Habrá que tener presente los márgenes de error tanto en los cinemómetros fijos como en los móviles que establece la Orden ITC3699/2006 de 22 de noviembre. En el plano policial, cuando se detectara la conducción por las vías reseñadas de algún conductor sobrepasando la velocidad máxima permitida penalmente, estaríamos ante un ilícito penal cuyo tramite procesal se ajusta a la Ley 38/2002 de los Juicios Rápidos. Se elaboraría el correspondiente atestado, preferentemente se optaría por la formula de imputado no detenido, la particularidad de este proceder radica en que la vía pública se deben hacer un número mínimo de diligencias, como son: la lectura de derecho como imputado no detenido, citación para Juicio Rápido del mismo, averiguación de antecedentes, inmovilización de vehículo si procede. A tener en cuenta que para elaborar las diligencias anteriores primero y fundamental se debe detener la marcha del vehículo infractor para determinar la identidad del infractor y de la plena identificación del vehículo. Lo que conlleva que todo control móvil de velocidad deberá realizarse con al menos dos patrullas. 6

7 Una vez en las dependencias policiales se complementaria el atestado, con la comparecencia de los agentes responsables del radar, comparecencia de los agentes que detienen la marcha del vehículo infractor, comunicación al Colegio de Abogados de la incidencia, fotografía de la infracción realizada, certificado de homologación de los cinemómetros empleados, indicación del tipo de vía y de la velocidad máxima permitida para el vehículo en cuestión En los casos de cinemómetros fijos, cuando se tenga constancia de una infracción constitutiva de delito, a falta de instrucciones más especificas de la Fiscalía, se deberá remitir el atestado al juzgado, acompañado de la identificación de la titularidad del vehículo y del domicilio que figure en el registro de vehículos, además de los reseñados anteriormente en los referente a la identificación del cinemómetro, fotografía etc... La formula de la imputación sin detención, es una decisión personal de los agentes actuantes, debiendo valorar las circunstancias de cada caso en concreto. Articulo 379. Apartado segundo. Párrafo primero. 2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. El párrafo primero del apartado segundo no modifica en nada a la regulación anterior. 7

8 Estamos en presencia de un delito de peligro abstracto, que significa que no requiere para su consumación la presencia de ningún resultado lesivo, ni ninguna tasa predeterminada. El tipo penal sólo exige el desarrollo de la conducción de un vehículo a motor bajo los efectos de las sustancias citadas, debe tenerse en cuenta que el núcleo de la conducta lo constituye demostrar la influencia y sus consecuencias negativas para la seguridad vial. Conviene recordar -Como sujeto activo se precisa la intervención de un conductor. -El vehículo a motor o ciclomotor constituye el medio comisivo del delito. -En cuanto a la conducta típica, consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. -La conducción debe discurrir generalmente por vías públicas. -Como cuestión primordial en este tipo de conductas, consiste en dilucidar donde se separan la infracción administrativa de la infracción penal atendiendo a las exigencias del Derecho penal que impone el principio de intervención mínima. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, se requiere no sólo la presencia de determinada concentración alcohólica, sino además que esta circunstancia influya en la conducción, lo que habrá de valorarse por el Juzgador lo que se denomina la cuestión de legalidad ordinaria. Circunstancias que pudieran acreditar que el conductor conduce influenciado por bebidas alcohólicas o drogas: A) Signos somáticos externos: halitosis alcohólica, ojos brillantes, conversación pastosa, impertinencia o arrogancia hacia los agentes actuantes...etc.. B) Características de la conducción: velocidad inadecuada, circulación zigzagueante, infracciones graves a las normas de tráfico... 8

9 C) Reconocimiento de la ingesta de alcohol: ante la autoridad policial por parte del sospechoso de que había ingerido alcohol u otro tipo de sustancias que influyen en la conducción. En cuanto a la circulación bajo los efectos de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes o psicotrópicas, resulta especialmente importante la práctica de la correspondiente prueba analítica, además de la concurrencia de las circunstancias enumeradas en el apartado anterior. Como criterio no reflejado tenemos que es opinión mayoritaria de la Fiscalía la no de abrir diligencias penales en aquellos supuestos donde la tasa de alcoholemia este por debajo de 0.25 mlg. de alcohol por litro de aire espirado, argumentando que si no es infracción administrativa difícilmente pudiera considerarse ilícito penal. Si concurrieran todos los elementos del ilícito penal, el procedimiento a seguir seria el mismo que en el apartado anterior, Juicio Rápido elaborando el correspondiente atestado policial Art Apartado segundo. Último párrafo. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Es parte novedosa e importante en el sentido que se produce una objetivación de las tasas de alcoholemia, estableciendo de forma imperativa que conducir superando estos niveles será castigado como conducta delictiva, sin ningún otro condicionante. 9

10 Con esta nueva redacción se establece un criterio genérico que abarca a todos los conductores sin que pueda establecerse diferenciación respecto a conductores de mercancías peligrosas, transporte de menores o conductores noveles, etc... El hecho de sobrepasar la tasa es condición necesaria y suficiente para la imputación del delito, lo que en un plano práctico nos lleva a posibles y múltiples imputaciones en los numerosos controles preventivos de alcoholemia. Condición necesaria antes de la imputación del delito es que los etilómetro con lo cuales se realice la prueba estén oficialmente autorizados (de acuerdo con la legislación vigente y especialmente con la Orden ITC/3707/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado, en la que se exige un examen administrativo. Los etilómetros digitales no cumplen los requisitos fijados anteriormente por lo que las pruebas que realicen no reúnen todas las garantías y no son aptas, para servir de prueba en un procedimiento judicial. Los resultados de las pruebas de los etilómetros evidenciales, junto con los comprobantes de los resultados, los datos de identificación del aparato empleado y su certificado verificación oficial habrán de remitirse en el atestado que se elabore. Hay que tener presente que se debe informar al imputado de las pruebas a efectos de contraste de análisis de sangre, orina u otro análogos, esta información debe ser clara y comprensible y hacer constar su respuesta en el atestado; igualmente debe hacerse constar la información del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones y observaciones tenga por conveniente, por si o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuvieses, las cuales se consignarán por diligencia. Igual que en el apartado primero de este artículo, en los casos de superación de la tasa de alcoholemia, se estaría en un supuesto claro de Juicio Rápido. En el caso de una intervención en control preventivos de alcoholemia, donde la persona sometida a la prueba supere la tasa mencionada se deberán hacer una serie de diligencias en vía pública, con el objeto de evitar traslados innecesarios hasta las dependencias policiales, debido principalmente a las pautas de intervención con imputados no detenidos. 10

11 Estas diligencias y actas son: -Parte de Alcoholemia y tiques justificativos. -Lectura de derechos como imputado no detenido. -Citación para Juicio Rápido. -Averiguación de antecedentes -Acta de inmovilización si procede. Una vez en las dependencias policiales el atestado deberá completarse con las siguientes diligencias: -Comparecencia de los actuantes. -Comunicación al Colegio de Abogados, para la asistencia letrada. -Relación de boletines de denuncias. -Verificación del Etilómetro empleado. Las diligencias mencionadas son las más habituales que se producen en este tipo de atestado, pero el mismo podría contener diligencias diferentes a la enumeradas anteriormente. Igual que en el apartado anterior la formula de la imputación sin detención esta sujeta a la valoración de los hechos por los agentes actuantes. 11

12 Artículo 380. Conducción temeraria. Apartado primero 1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. El apartado primero es igual que el anterior art. 381, párrafo primero, en cuanto a redacción y punibilidad. Nos encontramos con un delito de peligro concreto no abstracto, donde habrá que tener en cuenta que significa temeridad y se requiere siempre una conducta dolosa por parte del conductor. Temeridad, es un concepto jurídico indeterminado sometido a valoración judicial, supone la conducción prescindiendo de las más elementales normas que regulan el tráfico automovilístico, de modo que el número de probabilidades de que se produzca un accidente es elevado. Como hemos dichos en los puntos anteriores, al ser un delito de peligro concreto, tendremos que individualizar en la medida de los posible y aportado el mayor número de datos, a quien se ha puesto en peligro realmente. Igual que el artículo anterior, estos ilícitos penales se tramitan de acuerdo a la Ley 38/2002 de Juicios Rápidos, procediendo en todo caso la detención del infractor. Hay que destacar que aquí las penas no son alternativas. 12

13 Articulo 380. Conducción temeraria. Apartado segundo. 2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. La nueva reforma introduce una nueva cuantificación numérica de lo que se debe considerar conducción manifiestamente temeraria. A diferencia de la regulación anterior donde se hacia referencia a una conducción con altas tasas de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad respecto a lo límites establecidos, la L.O. 15/2007 nos dice que se reputará manifiestamente temeraria aquella conducción en las que concurriese las dos premisas siguientes: a) Conducir sobrepasando la velocidad permitida reglamentariamente de acuerdo con los límites del apartado primero del art. 379 y además b) Con unas tasas de alcohol por aire espirado de más de 0.60 mlg. Esta definición de temeridad manifiesta nos evita, en muchos casos, que los agentes, bien por su propia declaración o por la que manifiesten los testigos, tengan que definir la conducta punitiva. A la hora de confeccionar el atestado policial en base a este párrafo se deberán aportar todos los elementos que prueben la temeridad manifiesta como son el parte de alcoholemia correspondiente, así como la toma fotográfica de la velocidad. Los mismos que en el apartado anterior se procederá a la detención del infractor y la tramitación se hará de acuerdo a la Ley de Juicio Rápidos. 13

14 Articulo 381. Conducción suicida 1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior. 2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior. 3. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el presente precepto se considerará instrumento del delito a los efectos del artículo 127 de este Código. Las novedades que presenta el artículo 381 actual en relación al 384 anterior, son: a) Se aumentan las penas de prisión hasta los cincos años y la multa hasta los 24 meses. Son penas no alternativas. b) Se cambia la palabra consciente por la palabra manifiesto (significa claro) c) El vehículo se considera instrumento del delito. Vemos claramente que el mencionado artículo contempla una forma agravada en su primer apartado y un tipo básico en el segundo apartado, en función de que no se haya puesto en peligro concreto la vida o la integridad de las personas. Se exige en ambos casos un manifiesto desprecio por la vida de los demás. 14

15 En el atestado policial que se confeccione se deberá dejar de forma clara bien a través de la comparecencia de los agentes actuantes o bien a través de manifestaciones de testigo, la temeridad manifiesta, el concreto peligro y el manifiesto desprecio por la vida de los demás. El párrafo tercero del mencionado artículo contempla la posibilidad del comiso de vehículo como instrumento del delito, salvo que perteneciera a un tercero de buena fe. El comiso puede implicar la pérdida de los efectos, bienes, medios o instrumentos que provengan de la comisión del delito. En el atestado policial se dará cuenta al Juez de la inmovilización del vehículo y puesta a su disposición. Articulo 382.Concurso de normas Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. El artículo contiene una cláusula concursal, aplicable en aquellos supuestos en que, a raíz de la comisión de cualquiera de las conductas descritas anteriormente, se ocasionará un resulto lesivo, más allá del peligro inicialmente causado. Las novedades que introduce la nueva normativa se pueden resumir en: a) Es necesario que la lesión producida sea constitutiva de delito, lo que excluye las lesiones de carácter leve. b) Se aplicara la pena en su mitad superior, lo que en la práctica obliga a sentencias judiciales bastantes más duras que las actuales. c) Posibilidad de ir a prisión cuanto el resultado lesivo sea fruto de una imprudencia grave. 15

16 Para ver hasta donde puede llegar la aplicación de la pena en su mitad superior pondremos un ejemplo práctico. Ejem: Imaginemos un conductor que bajo la influencias de bebidas alcohólicas provoca la muerte de un peatón que cruza correctamente la calzada; -Con la legislación anterior la pena de homicidio imprudente lleva aparejada un pena de 1 a 4 años, dejando libertad al Juzgador para establecer la pena dentro de estos márgenes. -Con la legislación actual aplicando la pena en su mitad superior, tendríamos que el Juez debe partir de 2,5 años a 4 años para establecer la condena, con lo cual no es posible dejarla en suspenso. La aplicación es una cuestión puramente judicial. Artículo 383. Negativa El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Se establecen las siguientes novedades legislativas: a) La negativa se configura como un delito autónomo dentro de los delitos contra la seguridad vial, desaparece la remisión al art. 556 del CP ( la embriaguez deja de ser atenuante ) b) Recoge expresamente que la negativa con lleva la privación del derecho de conducir vehículo a motor, cosa que el art. 556 no contemplaba. c) La negativa en controles preventivos pierde su condición de infracción administrativa para convertirse en un ilícito penal. 16

17 En un primer momento y a tenor de ciertos comentarios sobre las dudas que pudieran plantearse a la hora de la imputación un delito contra la seguridad vial por un negativa en control preventivo de alcoholemia, despejaremos las dudas en base a: a) El artículo hace referencia al conductor que se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, pues bien todos los controles preventivos tienen la característica de establecerse de forma legal bien por una Orden de la Jefatura en cuestión o bien de la J.P.T.; quedando obligados todos los conductores requeridos para ello. b) Continuando con la lectura del precepto tenemos comprobación de las tasas... a que se refiere los artículos anteriores.. ; donde se encuentra el art.379.2, donde como ya hemos dicho en su momento la superación de una determinada tasa se considera un ilícito penal, si no fuera así sería muy difícil perseguir este delito ( ya que la mayoría de los conductores con síntomas se negarían a realizar la prueba al ser más beneficiosa la negativa). En el plano practico el presente artículo tiene aparejada un pena superior a la de conducir bajo la influencia o con tasas superiores a las estipuladas, lo que obliga a los agentes actuantes cuando un conductor se niegue a informarle y diligenciar esta circunstancias antes de proceder a la imputación por este precepto legal. En definitiva, se elaborará un atestado en todos los casos de negativa injustificada a someterse a las pruebas, con independencia de que haya o no síntomas de embriaguez o el conductor se encuentre implicado en un accidente o haya cometido una infracción administrativa. (Párrafo copiado literalmente de la instrucción emitida por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia). La tramitación del correspondiente atestado se ajustara a lo establecido para los artículos anteriores, en lo referente a los Juicios Rápidos. 17

18 Artículo 384. Párrafo primero. Perdida de puntos y conducción sin permiso. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Tanto el párrafo primero como el segundo constituyen una novedad legislativa en nuestro ordenamiento penal. Con la entrada en vigor de la ley 17/2005, conocida como la ley del carné por puntos, se hacia necesaria reforzar la actuación administrativa mediante la tipificación de la conducta descrita. Para que se produzca el ilícito penal es necesario que la sanción impuesta por el organismo competente sea firme y quede constancia de la notificación al interesado para que sea consciente de que se encuentra conduciendo habiendo perdido la vigencia del permiso o licencia. En el atestado que se instruya debe quedar reflejado que método se ha utilizado para obtener la referida información. Si lo fue por medios informáticos deberá figura el agente que comprueba la infracción referida, adjuntando el documento informático. Con la información facilitada o comprobada mediante terminales propios, es posible imputar el delito descrito, auque será el órgano judicial o en su defecto la unidad policial actuante la que solicite una certificación a la Jefatura Provincial de Tráfico y si la misma fue notificada al interesado oficialmente. Siempre que fuera posible se tramitara por Juicio Rápido, salvo en aquellos supuestos en donde la certificación oficial se dilatara en el tiempo. Actualmente la comprobación de la información sobre pérdida de puntos, está concentrada en las Direcciones Generales de Tráfico, no teniendo las Policías Municipales formas de comprobación directa. 18

19 Art Párrafo segundo. Quebrantamiento Las mismas penas se impondrán al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción El presente párrafo entrará en vigor el día 01 de Mayo de 2008 según determina la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 15/2007. El párrafo comentado supone la inclusión dentro de los delitos contra la seguridad vial de un supuesto especial de quebrantamiento de condena referido a la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor habiendo sido privado cautelar o definitivamente por decisión judicial. Este supuesto especial de quebrantamiento supone un endurecimiento en relación con el art.468 actual. Hasta la entrada en vigor de párrafo en cuestión se seguirá tramitando de acuerdo con el art.468 del Código Penal. La segunda conducta sancionada es conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido NUNCA permiso o licencia de conducción, hasta la fecha indicada se seguirá denunciando como infracción administrativa. Esto implicara seguramente el aumento de intervenciones con menores. A falta de instrucciones más precisas serán los órganos judiciales y la aplicación practica de este párrafo los que delimiten el termino nunca. Igualmente el atestado se tramitara de acuerdo con la Ley de Juicios Rápidos si fuera posible. 19

20 Artículo 385. Colocación de obstáculos Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. Este artículo era el anterior 382, con algunas modificaciones semánticas, donde antes decía originar un grave riesgo para la circulación alterando la seguridad del tráfico mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevisibles... ; la redacción actual dice originar un grave riesgo...colocando en la vía obstáculos imprevisibles.... Desaparece la palabra alterando, lo que supone que la simple colocación o derramar sustancias etc..., dará lugar a la imputación del delito siempre y cuando la conducta se haya efectuado con dolo y produzca una situación de riesgo para la circulación. Como novedad punitiva tanto en el primer apartado como en el segundo, se establecen como sanción los trabajos en beneficio de la comunidad. 20

21 2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. La Ley de Seguridad Vial determina la obligación para los usuarios de la vía que se vean implicados en un accidente de tráfico de prestar su colaboración para evitar males mayores y restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación. Así mismo si por causa de un accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizaran la calzada, los conductores adoptarán las medidas necesarias... Para la imputación de este delito debe existir dolo por parte de quien tiene obligación de restablecer la seguridad de la vía y no lo hace a sabiendas de que origina un grave riesgo para la circulación. Artículo 47. Penas privativas de derechos. Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectivamente. El artículo 47 se encuadra dentro de las penas privativas de derecho y supone que, la condena de un conductor por un tiempo superior a dos años de privación del permiso implica la perdida de vigencia del mismo desde el momento que la sanción es firme. El Reglamento General de Conductores determina que el permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido no autoriza a su titular a conducir y dará lugar a su intervención inmediata por la autoridad o sus agentes. 21

22 Igualmente señala dicho reglamento de que de no solicitarse la prorroga de vigencia en el plazo indicado el permiso perderá su eficacia, el plazo para solicitar la prorroga es de cuatros años desde que perdió su vigencia. Todo esto se traduce en el que el permiso o licencia de un conductor que ha sido condenado por un tiempo superior a dos años pierde su vigencia en el momento que la sanción es firme. Después tendrá que solicitar su prorroga dentro del plazo máximo de cuatro años que habrá empezado a computarse desde que la sentencia es firme y produce la perdida de vigencia. Es decir que si es condenado a tres años de privación del permiso de conducir le quedaría uno para solicitar la prorroga. En casos de condena superiores a cuatro años el conductor que quiera recuperar su carne deberá efectuar las pruebas de conocimientos y las de control de aptitudes y comportamientos que fije J.P.T. 22

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