Según el anuario del Stockholm International Peace Research Institute

Transcripción

1 El comercio de armas en España Javier Alcalde Saber qué se vende, a quién se vende y en qué manos cae finalmente el armamento exportado es el objetivo de la ley que el Congreso prevé aprobar antes del final de la legislatura. La ONU y la UE buscan un marco global para dar transparencia a un comercio con muchas sombras. Según el anuario del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), España se sitúa entre el 10º y el 15º puesto en la lista de los principales exportadores de armamento pesado. Ello supone un descenso respecto a la década anterior. Así, en 1997 ocupó el quinto lugar en el ranking mundial y entre se había situado en la 10ª posición. Del total de las exportaciones realizadas entre 1991 y 1997, solo el 36 por cien tuvo como destino países industrializados, mientras el 64 por cien fue a parar a países en vías de desarrollo. Cabe destacar la construcción de un portaaviones fabricado por la empresa Bazán para la marina real tailandesa (que supuso un 30 por cien del total de las exportaciones), así como material aeronáutico a Turquía (10 por cien del total). Respecto al material exportado, más de la mitad correspondía a productos de aeronáutica; en menor medida se encontraban el sector naval, la electrónica, el transporte y, finalmente, las municiones y armas cortas. El 80 por cien de las exportaciones militares españolas las realizaron cuatro empresas de titularidad pública: Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA), Bazán, Indra y Santa Bárbara, como punta de lanza de una industria que desde la década de los noventa ha sufrido una profunda reestructuración. Así, CASA está hoy fusionada con el consorcio europeo EADS; Bazán se llama en la actualidad Navantia y se ocupa de la cuestión naval; Indra es el resultado de la evolución de la empresa de componentes electrónicos Inisel, tras su fusión con Ceselsa; y Santa Bárbara se encarga de los armamentos y municiones del ejército de Tierra, hoy adquirida por General Dynamics. Javier Alcalde es investigador en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS) de Madrid y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (IUE). POLÍTICA EXTERIOR, núm Septiembre / Octubre 2007

2 2 Política Exterior En la última década, los datos de exportación de material de defensa y doble uso han cambiado ligeramente. Cabe recordar que se considera material de defensa aquél que tiene un carácter exclusivamente militar, mientras que el material de doble uso puede destinarse tanto a usos civiles como a militares. En 2005, España se situó en el 15º lugar de los exportadores mundiales, según el Sipri. Entre 1998 y 2005, el material más vendido seguían siendo las aeronaves militares. Aunque en menor medida, hay que destacar los equipos de formación de imagen o de contramedida (cámaras, radares), los vehículos terrestres y, por último, las bombas y cohetes. En cuanto a los destinos, el 37 por cien de las exportaciones españolas de material de defensa y doble uso en estos ocho años fueron en 2005 a países en vías de desarrollo, mientras el 63% lo hacía a países desarrollados, principalmente de la Unión Europea. En concreto, las exportaciones a la UE empiezan a ser significativas a partir de 2001, cuando comienza la entrega del ala derecha del Eurofighter. Éste es un ejemplo de la participación cada vez mayor de las empresas de armamento españolas en las grandes inversiones en desarrollo de nuevas armas europeas, como el programa Eurofighter, el futuro avión de transporte A-400-M y el helicóptero de combate Tigre (los tres principales contratos de armamento vigentes en 2007). Otros programas europeos incluyen el carro blindado Leopard, los misiles Meteor e Irtis-T y el programa de comunicaciones electrónicas MIDS. El último informe remitido al Congreso parece anunciar un cambio de tendencia. Las exportaciones españolas de armamento sumaron 845,07 millones de euros durante 2006 (de los cuales 239,36 millones correspondieron a la UE y 269,90 a Noruega), lo que supone un incremento del 101 por cien respecto a 2005 y del 500 por cien en comparación con 1999 y Los buques de guerra de Navantia acapararon el 52,8 por cien del total, con 445,9 millones de euros, seguido por el capítulo de aeronaves (14,6 por cien), electrónica (10,8), combustible (8,3), bombas y cohetes (6,0), vehículos terrestres (4,7) y armas y explosivos (2,8). Dónde van las armas? Respecto a las armas ligeras y pequeñas, la Small Arms Survey afirma que la relevancia de España es menor. El gobierno español hace público su informe sobre exportaciones de armas ligeras y pequeñas a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), a modo de anexo de su informe sobre exportaciones de armamento. El informe contiene datos sobre licencias concedidas (por país y tipo de arma) y sobre la realización de dichas exportaciones (también por país y tipo de arma). El problema es que estos datos solamente cubren a los Estados parte de la OSCE, por lo que el

3 PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE ARMAS PESADAS ( ) Exportadores Importadores EE UU 30,2 China 13,7 Rusia 28,9 India 9,5 Alemania 8,6 Grecia 6,8 Francia 8,3 EAU 1 6,6 Reino Unido 4,2 Corea del Sur 3,6 Holanda 3,0 Australia 3,2 Italia 2,4 Israel 3,2 China 2,0 Egipto 2,9 Suecia 1,8 Turquía 2,8 Israel 1,6 Irán 2,4 % del comercio mundial de armamento. 1. EAU: Emiratos Árabes Unidos Fuente: Sipri, Javier Alcalde 3 número de transacciones sobre el que ofrece información es muy limitado. Según el informe, en 2005 las únicas exportaciones de armas pequeñas y ligeras autorizadas fueron, en la categoría de revólveres y pistolas automáticas, dos unidades a Estados Unidos, 56 a Lituania y 22 a Portugal; dos ametralladoras ligeras a Alemania y un mortero de calibre inferior a 100 milímetros a Holanda. Según las estadísticas españolas, en 2004 se exportó solamente un mortero a Holanda. Ante estos datos, algunos investigadores han señalado que los datos económicos de exportación no se corresponden con las unidades exportadas. Es decir, que hay más exportaciones de armas cortas y ligeras de las que se recogen en dichos informes. En este sentido, Intermón Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional presentaron el 14 de marzo de 2006 un informe conjunto en el que se asegura que, en registro de aduanas, constan exportaciones de armas ligeras a República Dominicana y Suráfrica, y de municiones a Malaisia, República Centroafricana y Venezuela. En cualquier caso, lo más relevante de estos datos no es su magnitud, sino la falta de control y de información respecto al comercio español de armas. Por este motivo, existe el riesgo de que las armas españolas acaben siendo utilizadas en países inestables, en situación de guerra, que no respetan los derechos humanos, con problemas de desarrollo o donde hay posibilidades de que puedan ser reexportadas a terceros destinos. Es por ello por lo que se discute en estos momentos en el Parlamento una ley que incluya un procedimiento transparente para la autorización de transferencias, que incorpore un mecanismo de control periódico por parte del Congreso de los Diputados, así como un conjunto de garantías para que este procedimiento se base en la aplicación estricta y la interpretación escrupulosa de los ocho criterios del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas. En la actualidad, se estima que un 30 por cien de los destinos de las armas españolas no superarían la aplicación estricta del Código de Conducta. Desde que se aprobó dicho código, en 1998, se han exportado materiales de defensa y productos de doble uso a países que incumplen sistemáticamente varios de los criterios. En 2006, el último año sobre el que hay datos disponibles, se exportó material de defensa a países como Israel, Pakistán, Marruecos o Venezuela; material de doble uso a Irán, Colombia, China o Israel; material policial a Marruecos y Guatemala; y una enorme cantidad de munición

4 4 Política Exterior para caza y tiro deportivo a Ghana. Finalmente, las ONG han denunciado la ausencia de datos sobre la venta de 15 carros de lanzamiento de obuses al ejército colombiano. Mayor transparencia El principal problema a la hora de tratar estos datos es la dificultad para obtenerlos, debido a la tradicional política de secretismo que rodea a cuestiones que se entienden como de interés nacional. Ello ha motivado una serie de campañas de movilización ciudadana y de presión política desde mediados de la década de los noventa para conseguir un mayor nivel de transparencia y control en el comercio español de armas. La primera de ellas fue Hay secretos que matan, presentada el 12 de diciembre de 1994, que retomaba y concretaba esfuerzos previos como la Campaña Contra el Comercio de Armas de finales de los años ochenta (actualmente reconvertida en el centro de investigación J.M. Delàs), la cual había ya especificado en su nota de prensa de presentación los siguientes objetivos concretos: impulsar la formulación de una legislación más restrictiva para las exportaciones españolas de armas, pedir un control parlamentario sobre estas cuestiones y que se hagan públicos los datos de exportaciones de armas (cantidad, destino y tipo de material), la lista de países objeto de embargo y los desvíos de comercio de que se tenga constancia. A mediados de la década de los noventa, la nueva campaña era promovida por organizaciones con grandes recursos y credibilidad en los ámbitos de derechos humanos, medio ambiente, solidaridad y ayuda humanitaria (Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin Fronteras) y coordinada por el centro Unesco de Cataluña y posteriormente por la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona (actualmente Escuela de Paz). Tras una serie de acciones mediáticas y de contactos con periodistas y parlamentarios, el 25 de marzo de 1997 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al gobierno a publicar semestralmente los datos esenciales sobre exportaciones de armas, así como a incorporar y desarrollar los criterios sobre transparencia y control de armas aprobados por la UE. En octubre de 1999, se presentó una segunda campaña liderada por las mismas ONG: Adiós a las armas: campaña para el control de las armas ligeras, apoyada también por una amplia representación de la sociedad civil española: Centro de Investigación para la Paz, Cruz Roja, Educación Sin Fronteras, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Asociación España Acnur, Federació Catalana d ONG per la Pau, Fundació per la Pau, Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, Justícia i Pau, Manos Unidas,

5 GASTO MUNDIAL EN ARMAMENTO (2006) Gasto total 1 Gasto militar per cápita 2 EE UU 528, Reino Unido 59,2 990 Francia 53,1 875 China 49,5 37 Japón 43,7 341 Alemania 37,0 447 Rusia 34,7 244 Italia 29,9 514 Arabia Saudí 29, India 23,9 21 Corea del Sur 21,9 447 Australia 13,8 657 Canadá 13,5 427 Brasil 13,4 70 España 12,3 273 Subtotal 888,7 Total mundial 1.158,0 En dólares constantes de En miles de millones de dólares. 2. En dólares. Fuente: Sipri, Javier Alcalde 5 Unesco Etxea, Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza y el Comité Español de Unicef. En esta ocasión, se pretendía mejorar el nivel de transparencia y los instrumentos de control, la promoción de programas de recolección y destrucción de armas ligeras y la aplicación estricta del Código de Conducta de la UE. El principal resultado fue una nueva propuesta no de ley, aprobada por unanimidad en el Congreso el 11 de diciembre de 2001, según la cual el gobierno debía informar con más detalle sobre este tipo de actividades. A nivel europeo, cabe destacar la relevancia de las campañas españolas en la consecución del Código de Conducta en 1998, que consiguieron reconocimiento internacional. En una entrevista el pasado febrero, Geraldine O Callahan, cofundadora de la red internacional contra la proliferación de armas ligeras (Iansa) y experta en armas ligeras para el gobierno británico, señalaba que la campaña española junto con la británica y la francesa, era la más fuerte y coordinada del momento y fue muy importante para la aprobación del Código de Conducta. Volviendo al contexto español, en los últimos 10 años se ha producido un avance respecto a la información facilitada por los informes gubernamentales de exportación de material de defensa y de doble uso, en parte a consecuencia de la movilización de la sociedad civil. En 1997, por primera vez, se añadió el total de exportaciones de productos de doble uso al total de exportaciones de material de defensa. Ambos datos se ofrecían únicamente por país de destino. En 1998 se incorporó un cuadro con la desagregación del total de exportaciones por seis categorías básicas de productos, que en 2000 se ampliaron a 30. En 2001 se adjuntó una tabla de cruce entre países destinatarios y siete categorías de productos exportados, que en 2003 se ampliaron a 23 de material de defensa y 10 de productos de doble uso. En 2004 se comienza a informar sobre el valor de lo exportado por cada categoría de producto y país de destino. También se facilita información sobre la cifra de licencias autorizadas al año por país de destino y el valor total de la suma de todas ellas. En 2005 se incluyeron en las estadísticas oficiales los aviones de transporte militar. Finalmente, en el

6 6 Política Exterior PRINCIPALES FABRICANTES DE ARMAMENTO Ranking Empresa País Total de ventas (mill. dólares) 1 Boeing EE UU Northrop Grumman EE UU Lockheed Martin EE UU BAE Systems Reino Unido Raytheon EE UU General Dynamics EE UU Finmeccanica Italia EADS Europa (varios países) L-3 Communications EE UU Thales Francia United Technologies Corp. EE UU SAIC EE UU DCN Francia Rolls Royce Reino Unido Computer Sciences Corp. EE UU ITT Industries EE UU General Electric EE UU Honeywell International EE UU Halliburton EE UU SAFRAN Francia Dassault Aviation Groupe Francia Mitsubishi Heavy Industries Japón Saab Suecia Alliant Techsystems EE UU Harris EE UU Fuente: Sipri, informe presentado en mayo de 2007, se ofrece por primera vez información sobre el destinatario (fuerzas armadas, armería o particular), así como sobre el uso final del producto (público o privado). La ley española de comercio de armas El gobierno cumplió con 15 días de retraso su compromiso de presentar un proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, adquirido con la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley en el pleno del Congreso en diciembre de Las entidades que lideran la campaña Armas bajo control Amnistía Internacional e Intermón Oxfam y Greenpeace, entre otros han publicado informes y notas de prensa muy críticos con el proyecto de ley. En concreto, se ha criticado el hecho de que la industria de defensa tuviese acceso al borrador del texto y no así las ONG. Pese a suponer algunos avances respecto a la legislación actual, como el hecho de elevar a rango de ley el hasta ahora real decreto, la obligación de comparecencia anual del gobierno en el Congreso para explicar sus decisiones sobre la materia (hasta ahora voluntaria), así como de informar sobre la naturaleza del usuario final de las ar-

7 mas y la inclusión de las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones en el material sujeto a control, el proyecto de ley es considerado un texto de mínimos, ya que no incluye algunas de las principales demandas de la sociedad civil. En primer lugar, se pide aumentar la precisión (disposiciones poco claras y definiciones ambiguas) e incrementar los controles (los requisitos de las solicitudes de exportación y que se incluyan en todo caso documentos de control). La idea es determinar con precisión el ámbito de aplicación de la ley, estableciéndose claramente qué tipo de operaciones y actividades están sometidas a control. Además, es preciso garantizar el destino y el uso final del producto, reforzando a su vez la capacidad del Parlamento para controlar la acción del gobierno en esta materia. En segundo lugar, se pide un menor nivel de discrecionalidad (que no sea decisión del órgano regulador del comercio exterior de armamento la exigencia o no de los documentos de control y que se elaboren informes previos sobre la legalidad y oportunidad de una transferencia de armas) y un mayor nivel de transparencia (que el gobierno remita al Congreso información sobre exportaciones realizadas y también sobre las autorizadas). El fin último debería ser, cuando así fuese necesario, poder evitarlas. Tras estas valoraciones, el gobierno español incorporó nuevos avances en el ámbito de la transparencia en el informe sobre transferencias Javier Alcalde 7 El trabajo de las ONG españolas fue fundamental en la aprobación del Código de Conducta de la UE de armas de 2006, remitido el 30 de mayo al Congreso. En concreto, se ofrece información sobre si el destinatario son las fuerzas armadas, armería o un particular, así como si el uso final del producto es público o privado. Se trata de las principales novedades en materia de transparencia previstas en el proyecto de ley presentado por el gobierno, que actualmente se halla en proceso de discusión parlamentaria. Este avance es considerado insuficiente por las organizaciones de la sociedad civil y por algunos investigadores, que señalan que, de no incluirse la descripción detallada del producto exportado y los datos sobre las transferencias autorizadas y no realizadas, no será posible realizar un control previo de las transferencias de forma efectiva y evitar así que lleguen armas a destinos preocupantes por su incumplimiento de los criterios del Código de Conducta de la UE. El plazo de presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios se cerró el 29 de mayo. Cabe destacar el reconocimiento al trabajo realizado por las ONG, algo señalado en todas las intervenciones de los grupos parlamentarios durante el debate del 10 de mayo de 2007, cuando se discutieron las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos políticos. Dichas enmiendas, presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya

8 8 Política Exterior Verds y por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), fueron acompañadas de un texto alternativo más cercano a las propuestas de las ONG. Ambas fueron rechazadas por una amplia mayoría de los votos. Como aspectos más destacados de las intervenciones, el representante de Izquierda Unida hizo suyo el lema del informe presentado por la campaña Armas bajo control, Hagamos que esta ley no sea un colador, ERC propuso la creación de un consejo de control y seguimiento del comercio exterior de armas y productos de doble uso (similar al existente sobre seguridad nuclear) y Convergència i Unió defendió la modificación de la ley de minas antipersona para incluir la prohibición de las bombas de racimo. El grupo parlamentario vasco EAJ-PNV se abstuvo en la votación. Coalición Canaria y el Partido Socialista defendieron el texto presentado por el ministro de Industria, Joan Clos, mientras el Partido Popular pidió trabajar para que el Código de Conducta de la UE sea jurídicamente vinculante para los países miembros. En estos momentos, la discusión ha sido retomada por los diputados de la comisión de Defensa. El referente exterior En el ámbito europeo, las legislaciones más avanzadas de algunos países, incluidos grandes exportadores de armas como Reino Unido, Alemania, Italia o EE UU, bien podrían entenderse como buenas prácticas a adoptar en la futura ley española. En concreto, Reino Unido mantiene una actualización trimestral de las licencias concedidas, mientras en España es sólo trimestral. EE UU facilita información detallada de las operaciones autorizadas y de las ya realizadas. Alemania, EE UU y Finlandia ofrecen una descripción detallada del producto que ha sido objeto de la autorización de exportación. Dinamarca y Finlandia especifican si el usuario final es una compañía privada, las fuerzas armadas o la policía del país de destino, fuerzas armadas extranjeras en misiones de paz u otro tipo de destinatario. Alemania, Holanda y Suecia explican con detalle el tipo de operaciones no autorizadas, el país de destino de las armas y las razones por las que se ha denegado la licencia de exportación. Respecto a las armas pequeñas y ligeras, Alemania ofrece información detallada sobre las licencias autorizadas y sobre las transferencias, incluidas aquéllas cuyo destino es un país no miembro de la OSCE. Italia exige estrictos requisitos en la solicitud de licencias. Documentos de control y verificación son exigidos en todos los casos en Reino Unido, Bélgica, Suecia e Italia. Respecto al control de las actividades de intermediación, EE UU es el país con las disposiciones más exigentes, seguido por Bélgica, Finlandia, Alemania y Holanda. Finalmente, Suecia y Reino Unido demuestran que el Parlamento puede desempeñar un papel más relevante de seguimiento y asesoramiento de la política del gobierno en este ámbito.

9 En segundo lugar, existe desde hace unos años un proceso según el cual el Parlamento Europeo pide al Consejo la adaptación del Código de Conducta a los cambios registrados en el actual tráfico de armas (lo que supondría la inclusión de criterios adicionales respecto al control de los intermediarios y al envío de armas vía terceros países), y su transformación en un elemento jurídicamente vinculante, reemplazando el código voluntario existente desde Formalmente, ello tiene lugar con motivo de la presentación (y posterior aprobación) de la evaluación que el Parlamento Europeo lleva a cabo cada año acerca de la aplicación del Código de Conducta, cuyo relator es el diputado español Raül Romeva, del grupo de los Verdes catalanes. El último informe (aprobado el 18 de enero de 2007 con 504 votos a favor, 24 en contra y 34 abstenciones) pone de manifiesto el volumen de las exportaciones de armas europeas con relación a las del resto del mundo (aproximadamente un Javier Alcalde 9 Un tratado internacional podría prohibir las bombas de racimo a finales de 2008 tercio del total). Pero de nuevo lo más preocupante es que entre los compradores de armas europeas se encuentran países como China, Colombia, Etiopía, Eritrea, Indonesia, Liberia, Sierra Leona, Israel o Nepal, lo cual, según afirma el informe, supone una flagrante contradicción con el contenido mismo del Código de Conducta. Sin embargo, el citado código no es todavía vinculante, debido a la oposición de unos pocos países, liderados por Francia, el mayor exportador de armas de Europa y que supedita dicha transformación a que simultáneamente se levante el embargo de armas a China. Este embargo fue impuesto tras los sucesos de Tiananmen, en 1989, donde murieron cientos de manifestantes (en su mayoría estudiantes), y su levantamiento está condicionado a que China tome medidas para acercarse a las normas relativas a los derechos humanos de la UE. En cualquier caso, cabe suponer que, superado el escollo político, el Código de Conducta alcanzará el rango jurídico en toda la UE en el plazo de unos pocos años. En el ámbito internacional, cabe señalar dos procesos relacionados que están teniendo actualmente lugar y que podrían acabar pronto en sendos documentos vinculantes jurídicamente. Por un lado, el proceso de las Naciones Unidas para la adopción de un tratado internacional que regule las transferencias de armamento, mencionado en el III Informe Romeva, así como en las intervenciones de los grupos parlamentarios en el debate de la ley española de Comercio de Armas, y que cuenta con el apoyo por unanimidad del Consejo Europeo, obtenido en junio de La declaración aprobada en el primer comité de la ONU a finales de 2006 prevé la creación de un grupo de expertos que analizará las posibilidades del futuro tratado y deberá presentar un informe a la Asamblea General a finales de Paralelamen-

10 10 Política Exterior te, la red de ONG Iansa está realizando una consulta popular mundial acerca del contenido del texto, que tratará de todas las transferencias de armas convencionales (ligeras y pesadas) y será jurídicamente vinculante. Por otro lado, el foro de desarme para discutir sobre las bombas de fragmentación (racimo) ha sido tradicionalmente la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Sin embargo, el protocolo V de dicha Convención, aprobado en 2003 y que trata de los restos explosivos de guerra, se ocupa únicamente de los efectos posconflicto del uso de estas armas y carece de efectos retroactivos, por lo que es considerado insuficiente por algunos países y por las organizaciones integrantes de la coalición contra las bombas de racimo. Ante esta situación, Noruega organizó una conferencia internacional el pasado febrero para impulsar un proceso más rápido y efectivo que trate específicamente este tipo de armamento. El resultado fue una declaración firmada por 46 países que señala finales de 2008 como fecha límite para tener un tratado legalmente vinculante que prohíba las bombas de racimo. La segunda reunión tuvo lugar en mayo en Lima, con el resultado de que casi una treintena de países se adhirieron al proceso. Esta reunión fue precedida por otra en abril en Suiza, donde un grupo de expertos debatió sobre la utilidad militar de este arma. Con un mapa de ruta que prevé varias reuniones más durante 2007 y 2008, son muchas las señales que apuntan a que, a finales del próximo año, se firme un tratado sobre las bombas de racimo, un arma que produce daños humanitarios elevados, principalmente entre la población civil. Responsabilidad y coherencia España no es una potencia armamentística, razón de más para establecer un control claro y efectivo de las exportaciones que permita que éstas se lleven a cabo de forma responsable. Del mismo modo, se debe señalar la necesidad de una mayor coherencia respecto a la actitud española a nivel nacional e internacional en el terreno del comercio de armas. Las ONG españolas fueron fundamentales en la aprobación del Código de Conducta sobre transferencias de armas de la UE. Por su parte, el gobierno y los distintos grupos parlamentarios se han mantenido a favor de convertir dicho código en vinculante para todas las exportaciones de armas por parte de la Unión. Además, representantes del gobierno español acudieron a la primera reunión de la iniciativa Noruega para la prohibición de las bombas de fragmentación en Oslo y a la segunda en Lima, suscribiendo las declaraciones allí adoptadas. España fue uno de los 125 copatrocinadores del acuerdo de la resolución de la 61ª Asamblea General de la ONU, que inició

11 Javier Alcalde 11 formalmente el proceso hacia un futuro tratado internacional sobre comercio de armas, de 26 de octubre de 2006, algo señalado por el ministro Clos en su intervención en el Congreso el 10 de mayo de Todo ello parece indicar una apuesta del ejecutivo español por un mayor control del comercio de armamento, de modo que puedan evitarse violaciones de los derechos humanos e impedir que las armas españolas contribuyan a exacerbar conflictos armados. La ley sobre comercio de armas que se halla en la recta final del trámite parlamentario es una oportunidad de oro para ponerse a la cabeza de un proceso legislativo internacional tan necesario como ineludible. Ello, a su vez, podría dotar de un mayor peso a los diplomáticos españoles en los futuros procesos de negociación en distintas áreas de las relaciones internacionales, incluyendo ámbitos como el desarme o los derechos humanos.