EL DEBER-DERECHO DE INFORMACIÓN AL USUARIO / PACIENTE

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1 EL DEBER-DERECHO DE INFORMACIÓN AL USUARIO / PACIENTE Guillermo Portero Lazcano Clínica Forense de Bilbao, País Vasco, España RESUMEN En los últimos 40 años la relación médico-paciente ha abandonado paulatinamente el paternalismo médico y hoy día se escucha con mayor énfasis la opinión del paciente. El médico forense debe informar al paciente sobre objetivos y procedimientos ya que este no esta privado de este derecho, consustancial a toda persona, tanto si es autor de un delito como si se es victima. Palabras clave: derecho información, relación médico-paciente, forense. ABSTRACT In the last 40 years the physician-patient relationship has gradually abandoned the medical paternalism model and the opinion of the patient is considered more important. The forensic-physician must inform patients about objectives and procedures because she/he conserves that right, interent to humans, independently of the condition of the patient (victim or defendant). Key words: right to information, physician-patient relationship, forensic. La relación médico-paciente ha experimentado un cambio en los últimos 40 años que se podría caracterizar de revolucionario. Históricamente, venía determinado por una preponderancia de la figura del médico en detrimento del paciente. Es lo que se ha llamado paternalismo médico. El médico es quien decidía lo que era bueno y malo para el paciente. La opinión del paciente no contaba. El paciente no entiende de medicina y, por lo tanto, no puede opinar. El paciente era tratado como un niño que no tiene capacidad de decisión. No es capaz de autodeterminarse. Siguiendo al Prof. Diego Gracia, y desde la perspectiva del médico, es lo que denomina fase de nostalgia : abarca desde el comienzo de la medicina hasta hace unos 50 años, se defendía un tipo de relación médicopaciente de tipo vertical, basada en el binomio mandato-sumisión. Algunos médicos siguen añorando esas épocas, hoy ya superadas en parte. La siguiente fase es la que denomina de confrontación. A su vez la subdivide en dos: A) de agresión. Entre los años 1950 y 1960, los pacientes empiezan a considerar la actitud paternalista del médico como una agresión de la que hay que defenderse. B) de ataque o fase bélica. La iniciativa la tienen los usuarios. Aparece la Medicina Defensiva. En la actualidad estamos en esta fase. Por último, evolucionaríamos hacia una fase de cooperación. Habría que cambiar las reglas del juego basándose en el respeto y la colaboración. Aunque es frecuente vincular la información al consentimiento, hasta el punto de que ya es generalizado el concepto de consentimiento informado, hay que decir que la información no sólo es necesaria para obtener un determinado consentimiento, sino que tiene aspectos que superan ese objetivo como luego veremos. Incluso, Corbella Buch discrepa de la expresión consentimiento informado alegando que es una redundancia ya que el consentimiento implica la obligatoriedad Rev.Latinoam.Der.Méd. Medic. Leg. 6 (2):, Dic (1), Junio 2002 : 63-74

2 Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal una información previa o, de lo contrario, habría que hablar de consentimiento viciado. Además, la información tiene un carácter más general y que abordaremos posteriormente. Va dirigida a usuarios potenciales de los sistemas de salud o a la población en general. Tratar de justificar que la información es un deber de los profesionales sanitarios y a la vez un derecho de los usuarios, es algo que puede parecer obvio en la actualidad, sin embargo, conviene recordar su fundamentación para comprender épocas pasadas donde no existía ese deber-derecho. En primer lugar, podríamos abordar el problema de su justificación basándonos en principios ético-filosóficos, que a su vez son los pilares que sustentan las razones de tipo jurídico. Cuando tratamos la información como medio para obtener el consentimiento del usuario para una determinada intervención, nos basamos en el principio de autonomía y libertad del ser humano, en su capacidad de autodeterminarse (cuando no ha sido declarado legalmente incapaz de obrar). El usuario de la sanidad, o el paciente, es evidentemente un ser humano y, como tal, tiene la capacidad de decisión en cuestiones que le afectan muy personalmente como, por ejemplo, es su salud. El principio de autonomía podríamos definirlo como: La capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin coerción. Matiza el Principio de Beneficencia : lo bueno ya no es objetivo, ni externo a la propia persona, sino que ésta es la que ha de definir lo que es bueno para sí misma. No se puede hacer el bien a otro en contra de su voluntad, aunque sí haya obligación de no hacerle el mal. Para ejercer el principio de autonomía, el usuario tiene derecho: A ser informado sobre su salud/ enfermedad y sobre las alternativas de cuidados y tratamientos, de forma correcta y adecuada, favoreciendo su toma de decisiones A que sus decisiones sean respetadas En el ámbito supranacional, nos encontramos con múltiples Códigos, Cartas, Recomendaciones, que harían imposible una pormenorización de las mismas para los objetivos de esta ponencia. No obstante, y a título de ejemplos voy hacer referencia, muy somera, de las más significativas. Quizás debiéramos de arrancar con el Código Internacional de Nuremberg de 1947, que supuso una llamada de atención sobre la vulneración de los Derechos Humanos, sobre todo a nivel de experimentación a raíz de los desmanes producidos por los nazis. Le han seguido otros Códigos, como la Declaración de Helsinki de 1964, la Declaración de Médicos de la CEE de 1967, la Declaración de Oslo de 1970, el Código de Londres, etc.. Para mayor información, consultar Los Derechos del Enfermo de Moya Pueyo y cols. 2. Mas cercanas en el tiempo, contamos con la Declaración de OMS para la Promoción de los Derechos de los Pacientes 3 en la que se recoge tanto información general como clínica. Así el art. 2.1 dice: La información sobre los servicios sanitarios y cómo utilizarlos de la mejor manera posible, deberá estar disponible al público con el fin de que esté adecuadamente informado. El art. 2.2 establece. Los pacientes tienen derecho a estar perfectamente informados sobre su proceso de salud, incluyendo todos los datos sobre su estado, sobre los procedimientos clínicos que se le proponen, además de los riesgos y ventajas. Sobre las alternativas en su medicación incluidos los efectos que pudieran producir el no tratamiento, sobre su diagnóstico, pronóstico y mejoras o cambios en el tratamiento. Por su lado, el Convenio de Oviedo 4 que ha entrado en vigor el 1 de Enero del 2000 dice en su art. 5: Una intervención en el ámbito de la Sanidad, sólo podrá efectuarse después de 64

3 Guillermo Portero Lazcano / El deber-de información al usuario/paciente que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención así como sobre los riesgos y consecuencias. En cualquier momento, la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento En art. 10.2, establece: Toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser informada A nivel español y comenzando por nuestra actual Constitución, 5 podemos encontrar referencias, aunque indirectas, del deber de información, ya que en varios de sus artículos (10,15,16 y 18) se hace hincapié en el valor fundamental de la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida de las personas. Pero quizás de forma más explícita encontramos un referente en el artículo 51.2 que dice: Los poderes públicos promoverán la información y educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellas en los términos que la ley establezca. En el ámbito penal, el deber de información sanitaria para obtener un consentimiento no se recoge en el Código Penal 6 de forma explícita, a excepción de determinados tipos delictivos como por ejemplo el del aborto (art. 144), o en los delitos sobre la manipulación genética (art ), o en las lesiones que hacen referencia a las derivadas de transplantes de órganos, esterilizaciones o cirugía transexual (art.156), o la invalidez del consentimiento otorgado por un menor o incapaz en los delitos de lesiones (art. 166). Sin embargo, del estudio del mismo se deduce que implícitamente estaba ya recogido desde su implantación inicial. Como dice el Prof. Romeo Casabona El consentimiento del paciente es imprescindible para conferir licitud a la intervención facultativa; imprescindible, porque un tratamiento, por muy beneficioso que sea para la salud del paciente, realizado sin el consentimiento de éste, o mejor, contra su voluntad, constituye un atentado a su libertad sancionado por el Derecho Penal es un elemento (la información) que excluye incurrir en el tipo de las coacciones. La relación médico-paciente es una relación desigual. Quien tiene los conocimientos es el profesional. El usuario o el paciente, en general, es un lego en la materia, encontrándose en clara inferioridad con respecto al médico. La única forma de paliar (nunca igualar) esa relación es compensando la desigualdad con una información amplia y comprensible. En muchas ocasiones, el usuario es además un enfermo, que aún le hace más vulnerable en esa relación. Un mero principio de equidad en la relación justificaría plenamente la obligatoriedad del médico a facilitar la información necesaria para que el usuario / paciente pueda decidir libremente y con conocimiento de causa. Muchos de los defensores del paternalismo médico han argumentado, precisamente, a favor del mismo escudándose en esa desigualdad, como recoge en su libro Llamas Pombo El paciente aparece como inerte y pasivo en esa relación desigual. No como un igual. El consentimiento del paciente es algo inoperante, inútil y artificial, dado que quien lo emite carece de las mínimas condiciones de capacidad. Esta concepción, evidentemente, ha sido contestada y criticada desde todos los sectores con la mayor dureza (y con toda justicia), etiquetándosela de imperialismo médico, ya que vulnera el derecho más fundamental del ser humano, que es el de la libertad. Desde el punto de vista del Derecho Civil, el acto médico en la Medicina Privada, es contemplado, por la mayoría de los autores, como un contrato de arrendamiento de servicios (salvo en casos específicos que se considera como un contrato de resultados o de obra). 65

4 Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, uso y a la ley. (art de Código Civil 9. Un contrato no es sino un encuentro de voluntades que se dirigen a un fin común partiendo de sujetos distintos. Para expresar una voluntad libre es preciso que ésta no haya sido doblegada por la coacción o la falta de información. Además, el contrato de arrendamiento de servicios determina la obligatoriedad de informar. Así se recoge en la STS (Sentencia del Tribunal Supremo) de la sala de lo civil, 10 que es trascendente para este tema, cuando dice: Informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo, siempre, claro está, que resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece; del pronóstico que de su tratamiento puede normalmente esperarse, de los riesgos que del mismo, especialmente si este es de tipo quirúrgico, pueden derivarse; y, finalmente, en el caso de que los medios de que se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento puedan resultar insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de manera que, si resultase posible, opte el paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en otro centro médico mas adecuado Así pues, desde el punto de vista civil, una ausencia de información derivará en una responsabilidad al médico por negligencia, si se demuestra el daño ocasionado y la relación de causalidad entre ambos. En estos casos, la jurisprudencia se inclina por una inversión de la carga de la prueba; es decir, sería el médico quien debiera demostrar que informó al paciente y no al revés (que el paciente demuestre que el médico no le informó), por entenderse que los medios de prueba son más accesibles al médico que al paciente. Sin embargo, es la Ley General de Sanidad (LGS) 11 el cuerpo normativo al que hay que referirse cuando se trata el tema de la información. Esta Ley, que desde un punto de vista formal, sobre todo en cuanto a su redacción, deja mucho que desear por sus múltiples defectos, refleja el espíritu general del derecho del paciente a recibir una información completa, continuada y comprensible y, por otro lado, el deber de los médicos a cumplir con esa obligación. Así, el art establece que todos tienen derecho A que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Hay que mencionar una reciente ley aprobada por el Parlamento Catalán 12 que trata con cierta meticulosidad la información y la historia clínica. Artículo 2 Formulación y alcance del derecho a la información asistencial 1. En cualquier intervención asistencial, los pacientes tienen derecho a conocer toda la información obtenida sobre la propia salud. No obstante, es necesario respetar la voluntad de una persona de no ser informada. 2. La información debe formar parte de todas las actuaciones asistenciales, debe ser verídica, y debe darse de manera comprensible y adecuada a las necesidades y los requerimientos del paciente, para ayudarlo a tomar decisiones de una manera autónoma. 3. Corresponde al médico responsable del paciente garantizar el cumplimiento del derecho a la información. También deben asumir responsabilidad en el proceso de información los profesionales asistenciales que le atienden o le aplican una técnica o un procedimiento concretos. Artículo 3 El titular del derecho a la información asistencial 66

5 Guillermo Portero Lazcano / El deber-de información al usuario/paciente 1. El titular del derecho a la información es el paciente. Debe informarse a las personas a él vinculadas en la medida en que éste lo permita expresa o tácitamente. 2. En caso de incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su representación. 3. Si el paciente, a criterio del médico responsable de la asistencia, no es competente para entender la información, porque se encuentra en un estado físico o psíquico que no le permite hacerse cargo de su situación, debe de informarse también a los familiares o a las personas a él vinculadas. Existen otros cuerpos legislativos que hacen referencia a aspectos más concretos, pero que también abordan el tema de la información, como la Ley sobre Extracción y Transplante de Órganos, la Ley de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Tejidos, Real Decreto 561/1993 que regula la realización de Ensayos Clínicos, Real Decreto 1854/1993 que regula la Hemodonación y los Bancos de Sangre, etc. así como regulaciones múltiples de carácter autonómico. Por último un cuerpo normativo de extraordinaria importancia para los médicos es el Código Deontológico 12 aprobado en En materia de información, el nuevo Código ha introducido aspectos significativos en relación con su homólogo de 1990, así por ejemplo el art. 9.2 deja más claro la libertad del paciente a rechazar una prueba diagnóstica o un tratamiento, previa advertencia de las consecuencias de su negativa: El médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar total o parcialmente una prueba diagnóstica o el tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible de las consecuencias que puedan derivarse de su negativa. En el art también introduce una novedad, que es el derecho del enfermo a no ser informado Respetará la decisión del paciente de no ser informado y comunicará entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que haya designado para tal fin. En ese mismo artículo, en el número 2 se especifica la necesidad de la identificación del médico que le trata Un elemento esencial de la información debida al paciente es darle a conocer la identidad del médico que en cada momento le está atendiendo. Se introduce también el respecto a las decisiones del menor maduro en el nº 6 del mismo art.10 La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. En el art introduce un matiz importante, cuando establece que el titular de la información es el propio paciente, pues sólo él puede pedir un certificado, o en el caso de incapacitados, su representante legal o por imperativo legal. El médico certificará sólo a petición del paciente, de su representante legalmente autorizado o por imperativo legal. Especificará qué datos y observaciones ha hecho por si mismo y cuáles ha conocido por referencia Si del contenido del dictamen pudiera derivarse algún perjuicio para el paciente, el médico deberá advertírselo Por último, refuerza aún mas el derecho de información del paciente cuando en el actual Código desaparece un artículo del de 1990 (art. 11.5) que venía a decir que en beneficio del paciente puede ser oportuno no comunicarle inmediatamente un pronóstico muy grave, aunque esta actitud puede considerarse excepcional con el fin de salvaguardar el derecho del paciente a decidir sobre su futuro. 67

6 Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal Las ampliaciones y alguna retirada en materia de información de las que el actual Código de Deontología se ha hecho eco, no es sino una puesta al día de lo que expertos, Convenios, normativas jurídicas e incluso jurisprudencia venían manteniendo en esta materia. Teniendo en cuenta la regulación legal de la información, sus aspectos deontológicos y jurisprudenciales así como la opinión de expertos, abordaré, aunque someramente, para evitar solapamientos con otras ponencias, las características de la información clínica. A.- Titularidad No cabe duda que el titular de la información es el propio usuario o paciente, o su representante legal en casos de incapacitados o menores sin capacidad. La redacción del art de la LGS, sin embargo, al utilizar la conjunción copulativa y cuando dice que entre los derechos del enfermo está a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información. parece que hace partícipes de esa información tanto al propio usuario / paciente como a sus familiares o allegados. Esta redacción ha sido muy criticada por su imprecisión, qué significa allegado?, y por esa conjunción copulativa. Hay que entender que el derecho de los familiares del paciente a la información, solamente existe cuando el usuario / enfermo admite tal posibilidad, cuando existe grave riesgo para alguno de ellos por causa de su enfermedad, en casos de menores de edad sin la madurez necesaria o cuando el enfermo no puede otorgar consentimiento. En cuanto a los menores, estamos viendo una tendencia deontológica y a través de diversos textos como por ej. el Convenio de Oviedo, a considerar la necesidad de contar con las decisiones de éste en función de su madurez, para lo cual es posible que se necesite una valoración psiquiátrico / psicológica o la intervención de los Comités de Ética. B.- Forma La información ha de ser tanto oral como escrita. Sin embargo, la LGS nuevamente es imprecisa al no especificar en qué casos ha de ser escrita. Su actual redacción, al considerar esta obligación en cualquier tipo de intervención (no sólo las quirúrgicas), vendría a determinar que en cualquier acto médico sería imprescindible una información escrita. Todos los médicos sabemos que este requisito es totalmente imposible de cumplir en esos extremos e, incluso, me atrevería a decir que disparatado. No obstante lo anterior, no cabe duda que la exigencia de información escrita en los casos de certificación o informes médicos (información postclínica) es innegable. Es la Historia Clínica el lugar donde debe quedar reflejada la información. La información previa al consentimiento es objeto de otras ponencias, por lo que no entraré en su exposición. C.- Aspectos relevantes Continuada Completa (algunos autores prefieren el término adecuada ) Específica para cada enfermo. No es correcta la información generalizada Veraz. No es correcta la mentira piadosa y menos contemplarla como un derecho Asequible al enfermo. Ha de ser comprensible empleando un lenguaje que el enfermo comprenda D.- Extensión. Como es completa debe abarcar: Diagnóstico Pronóstico Tratamiento y sus beneficios Riesgos de las pruebas diagnósticas Riesgos del tratamiento y del no tratamiento Alternativas del tratamiento Medidas y estilos de vida saludables Posibilidad de revocación del consentimiento Será mas detallada cuanto menos curativa y más se pueda demorar la intervención E.- Límites Situaciones de urgencia donde la demora puede suponer lesiones irreversibles o peligro de fallecimiento (art (c) de la LGS) 68

7 Guillermo Portero Lazcano / El deber-de información al usuario/paciente Riesgos atípicos, entendiendo por tales no sólo aquellos que se producen con escasa probabilidad estadística sino combinando este criterio con la importancia de los mismos. Información desconsiderada: Hay una tendencia en algunos profesionales en no informar de los pronósticos fatales, por creer que esto puede perjudicar al enfermo. En mi opinión, aunque el pronóstico sea irreversible y fatal, el enfermo tiene derecho a esa información, bien es cierto, que la información no debe de ser brusca ni desconsiderada. Por otro lado, no se especifica cuál es el momento en que deba darse la información ( nunca en posible hacerlo a posteriori). En este sentido, el buen arte del médico debe valorar la graduación de la información, la preparación previa del enfermo a recibir una información sobre un pronóstico letal (información soportable de algunos autores) y su derecho a no ser informado. En todo caso, una información desconsiderada es contraria al principio de beneficencia que debe regir toda actividad médica e, incluso, si se produjera algún daño (por ej. suicidio del paciente o depresión) y se demostrara su relación causal, podría ser causa de exigencia de responsabilidad al médico. La información clínica se vincula generalmente a la obtención del consentimiento, sin embargo, la obligación de informar supera ese objetivo. Hemos de distinguir claramente entre la información que se da al paciente para que al final éste pueda consentir en que se intervenga sobre él, y que se traduce en un documento que el paciente ha de firmar (consentimiento informado), de la información como un deber-derecho en un sentido más amplio. La información clínica, aunque inicialmente pueda parecer que tiene un carácter unidireccional (del médico al paciente), es un proceso diádico. Intervienen tanto el médico como el paciente. No es concebible una información tipo monólogo, donde el médico es el único que habla, en el mejor de los casos, sobre los aspectos del proceso del enfermo, el diagnóstico, las posibilidades, riesgos y alternativas del tratamiento, etc., sino que el paciente, hace preguntas, expone dudas, exige ampliaciones, etc. Es un proceso dinámico y continuo entre dos personas (médico-paciente). Si los médicos perdemos esta perspectiva y nos limitamos a cumplir con una información unidireccional para obtener un consentimiento y poder así evitar posibles reclamaciones judiciales por su incumplimiento, no estaremos cumpliendo con el deber ético de informar. Evidentemente todo lo que se informa no puede aparecer con detalle en el documento que se le da al paciente para que firme el consentimiento. Es la historia clínica 12, el lugar donde las pormenorizaciones de la información deben quedar reflejadas. De igual modo, que se reflejan día a día las incidencias sintomáticas del enfermo, las pruebas diagnósticas, sus resultados, los tratamientos con sus pautas, etc. deben aparecer las informaciones que el médico proporciona, así como las preguntas o inquietudes del enfermo. Esta práctica es difícil encontrarla en las historias. Lo frecuente, en caso de existir algún comentario sobre la información, es que éste sea de carácter general e inespecífico. Hay que resaltar que la información posee en sí misma, en la mayoría de los casos, un valor terapéutico. No olvidemos que las psicoterapias obtienen gran parte de sus éxitos en el carácter informativo que llevan consigo. Sin embargo, del mismo modo que defendemos el derecho del paciente a la información, por las mismas razones, hay que admitir el derecho del paciente a no ser informado si así lo desea el mismo. Otro aspecto de la información clínica que no se relaciona con el consentimiento, es la que hace referencia a aquella que en sí misma es el objetivo de la relación médico-cliente. Por ejemplo, aquellas personas sanas que acuden al médico para hacerse una revisión o un chequeo. No hay una demanda clínica, no hay dolencia, no hay a priori enfermedad, el objeto de la visita al médico es conocer su estado de salud. Aquí, la información es el objeto del acto médico. En este tipo de casos nadie dudaría de la obligación del médico a informar. Si el médico descubriera algún proceso patológico, con 69

8 Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal pronóstico, incluso, fatal, no podría obviar la información ya que no sólo incumpliría con el deber del que estamos hablamos, sino que en el caso de la medicina privada, habría un incumplimiento de contrato. Otro tipo de información clínica no vinculada al consentimiento, es la conocida como información terapéutica, que Seoane Prado 13 la define como aquellas recomendaciones que han de hacerse al paciente que es dado de alta a fin de asegurar la eficacia del tratamiento o intervención o de mantener bajo control el desarrollo de una enfermedad crónica una vez superada una fase aguda de la misma. En todo tratamiento se ha de procurar abarcar los cuatro aspectos siguientes: Género de vida Alimentación Medicación Cuidados concretos Sobre todas estas cuestiones se debe informar al paciente. Este tipo de información es precisa porque se requiere que el paciente colabore, entendiendo las pautas que son necesarias que observe, a fin de llevar a buen término el tratamiento prescrito o para evitar complicaciones. Blanco Cordero 14 en su ponencia sobre Una nueva Responsabilidad: La Información Terapéutica? presentada en el IV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde recoge jurisprudencia nacional e internacional en esta materia, especifica que el médico está obligado a informar sobre: Efectos secundarios de los tratamientos. Sobre todo con los medicamentos Medios necesarios para que la enfermedad evolucione favorablemente. Caso paradigmático lo constituye la STS de 25 de Abril de 1994, Sala de lo Civil, en la que en un caso de vasectomía, el médico no le informó al paciente de que debía practicarse un seminograma a las 6 semanas de la intervención y mientras tanto no debía tener relaciones sexuales sin la utilización de otros medios anticonceptivos. Como consecuencia de la omisión de esas precauciones, la esposa quedó embarazada. El tribunal consideró la actuación del médico como negligente. Actividades de riesgo que suponen determinados tratamientos como por ejemplo, la disminución de las facultades para conducir vehículos, pilotar aviones, etc. De los riesgos sobre la negativa del enfermo a someterse a una intervención de diagnóstico o terapéutica Información a terceros. El titular de la información es siempre el enfermo, pero ante el riesgo para terceras personas, como por ejemplo, una enfermedad contagiosa, el médico está obligado a informarles para que tomen las medidas necesarias. También, si así lo autoriza el paciente, es aconsejable la información a terceros (familia) ya que en las medidas coadyuvantes a la eficacia del tratamiento, se encuentran los estilos de vida, alimentación, etc, sobre los que otras personas tienen un cierto control. Regulaciones implícitas en información terapéutica las encontramos en la LGS, el Código Deontológico, Convenio de Oviedo, etc. Por último y siguiendo nuestra exposición, nos queda por abordar otro tipo de información no relacionada con el consentimiento y que hace referencia a la información postclínica. Nos referimos con este término a la información escrita (informe médico o certificado) a la que tiene derecho el paciente cuando finaliza la intervención médica en una etapa para pasar a otra, por ejemplo tras la hospitalización y pasar a ser controlado a nivel ambulatorio, o cuando es dado de alta de forma definitiva de su proceso. Sería aquella información documental o certificados que el paciente puede necesitar posteriormente, bien para su presentación ante otras instancias oficiales, o para la continuidad del proceso asistencial en otro centro. Tiene dos formatos: el informe que representa un resumen de la historia clínica donde se recogen los datos más significativos. Abarca aspectos sobre el motivo de la consulta, el diagnóstico, pruebas realizadas y sus resultados, tratamientos aplicados y recomendaciones posteriores (como por ejemplo, estilos de 70

9 Guillermo Portero Lazcano / El deber-de información al usuario/paciente vida saludables que debe de seguir el paciente), y el certificado donde el médico acredita extremos concretos solicitados por el paciente. La LGS, en el caso de los certificados, recoge esta obligación, aunque su redacción parece poco afortunada ya que la limita a una disposición legal o reglamentaria. Así, el art dice que entre los derechos de los enfermos están: A que se le extienda un certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria Esta limitación entra en contradicción con el mismo art. en su punto 5, que establece que la información es continuada, verbal y escrita. Sin embargo, cuando emplea el término informe, aparece claramente la obligación por parte del médico de su entrega al paciente. El art de esta LGS dice:..el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su Informe de Alta El Código Deontológico, por su parte, también establece esta obligación ética de los médicos y ese derecho de los pacientes (art y 11.2) Sin embargo, el llamado informe médico no es sólo postclínico, sino que existe obligación de emitirlo aún cuando el paciente se encuentre en plena fase tratamiento. La LGS así lo entiende cuando emplea los términos información continuada, verbal y escrita.. Aparte de esta información, que podríamos calificar de individualizada, ya que va dirigida a la persona específica (enfermo o usuario), existe otra información que también responde al binomio deber-derecho (aunque el titular del deber, en este caso, corresponda a las Instituciones). Esta información tiene un carácter general. Podemos clasificar esta información en: Información en materia de educación sanitaria. La Constitución Española establece en el art. 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Por lo tanto, es obligación de la Administración facilitar información sobre la salud en aras a obtener estilos de vida saludables. Por su lado, la LGS en el art dice: Las Administraciones Públicas desarrollarán: La adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria El art. 6.2 de la misma ley establece que las Administraciones Públicas Sanitarias están orientadas a: Promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población El problema que plantea la redacción de este articulado de la LGS es que no se reconoce de forma expresa como derechos subjetivos de los ciudadanos, por lo que la reclamación ante los Tribunales por su incumplimiento es prácticamente imposible. Información epidemiológica. La LGS en el art impone: La obligación de desarrollar actuaciones sobre la difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud Nuevamente nos encontramos con que no aparece recogido ese derecho subjetivo del ciudadano, sin embargo, la nueva Ley de reciente aprobación por el Parlamento Catalán, a la que ya hemos hecho referencia, la recoge como un derecho subjetivo, por lo que un incumplimiento de la misma con resultado de lesión en algún ciudadano daría lugar a una responsabilidad de la Administración. En el art. 4 establece: 71

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