Bienes aportados a una sociedad: Procede su deducción para efectos fiscales?

Transcripción

1 ANÁLISIS Y OPINIÓN Bienes aportados a una sociedad: Procede su deducción para efectos fiscales? 56 En la actualidad, resulta importante comprender las repercusiones fiscales derivadas de las aportaciones de capital en bienes durante la constitución y operación de una sociedad, para no perder los beneficios que ofrece su deducción, debido a que, en ocasiones, las sociedades no aprovechan éstos por una incorrecta aplicación de las leyes de la materia C.P.C. Eladio A. García Prada, Autor C.P. Elida T. Salmerón Haro, Coautor C.P. y Lic. César Gámez Rodríguez, Coautor

2 ANTECEDENTES La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) señala que para constituir una sociedad anónima es necesario, entre otros requisitos, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos de numerario. En la práctica, al constituir una sociedad, en la mayoría de los casos las aportaciones al capital inicial se realizan en efectivo. Sin embargo, los accionistas adicionalmente llegan a aportar bienes inmuebles o de activo fijo. Una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas son sus propios accionistas, siendo común que durante el transcurso de las operaciones de la sociedad éstos incrementen su participación mediante la aportación de bienes. Por otra parte, las disposiciones fiscales aplicables para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), así como de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), no son del todo claras en relación al tratamiento de esas aportaciones. INTRODUCCIÓN Derivado de que las disposiciones fiscales no establecen expresamente el tratamiento aplicable a las aportaciones de capital en bienes como deducción para las sociedades, resulta necesario interpretar los elementos que justifican la aplicación de este beneficio, tanto para efectos de la LISR como de la LIETU. Para efectos fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación (CFF), se entiende por enajenación de bienes las aportaciones a una sociedad o asociación. Eso significa que existe una transmisión de propiedad de tales bienes por parte de los accionistas que los aportan a la sociedad. Este hecho queda confirmado dentro de la misma disposición, la cual señala: Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. Aunado a lo anterior, el artículo 11 de la LGSM establece que: Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. En virtud de las disposiciones señaladas, se puede concluir que existe adquisición de bienes por parte de la sociedad no solamente desde la perspectiva legal sino también para efectos fiscales, cuando los accionistas aportan bienes, por lo que la sociedad toma el carácter de adquirente y, por tanto, se considera propietaria de los bienes que le fueron aportados. Resulta evidente que, en este caso, los accionistas que aportaron los bienes deberán calcular los impuestos que les correspondan por la transmisión de la propiedad realizada, lo que hace suponer que la sociedad podrá deducir los bienes recibidos, cumpliendo los requisitos señalados en las disposiciones fiscales aplicables. Por lo expuesto, es importante determinar las repercusiones fiscales para la sociedad que recibe bienes por aportaciones de sus accionistas, ya sea en su constitución o bien, posteriormente, como un aumento de capital. ANÁLISIS DE LA LISR Este ordenamiento citado establece en su artículo 29 la mecánica para deducir la adquisición de mercancías mediante la determinación del costo de lo vendido, así como por la adquisición de activos fijos, sin distinguir la forma en que estos bienes sean adquiridos. Para efectos de definir si la sociedad adquiere los bienes que le fueron aportados, resulta necesario remitirse nuevamente a lo dispuesto por el artículo 14 del CFF, el cual establece que existe enajenación en la aportación de bienes a una sociedad, señalando también que: Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. Adicionalmente, como se había mencionado, el artículo 11 de la LGSM establece lo siguiente: Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. De acuerdo con lo anterior y en una interpretación armónica de las disposiciones fiscales, los bienes adquiridos por las sociedades por medio de la aportación de sus accionistas, podrán deducirse de sus ingresos acumulables siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos que resulten aplicables conforme a la propia ley. 57

3 58 En efecto, al considerarse la sociedad como adquirente y, por tanto, propietaria de los bienes, los mismos deberán considerarse como deducibles para efectos del cálculo de ese impuesto. Lo anterior tiene sustento por virtud de que los mismos, al amparo de lo establecido en el Título II De las personas morales, Capítulo II De las deducciones, Sección II De las inversiones de la LISR, calificarían como una inversión en activo fijo, la cual se utilizará en las actividades de la empresa, y cuyo monto original de la inversión sería el equivalente al valor aportado a la sociedad. 1 En ese sentido, podría surgir la inquietud sobre si el precio al que se refiere el segundo párrafo del artículo 37 de la LISR, necesariamente se refiere al hecho de que exista una contraprestación y, por tanto, únicamente bajo este hecho se estaría ante la presencia del concepto conocido como monto original de la inversión. 2 En nuestra opinión, el hecho de recibir bienes como aportación de capital, no implica que no se esté ante la presencia de un valor para efectos fiscales y, por lo mismo, ante una adquisición deducible. Así, adquirir un bien por virtud de una aportación de capital implica que la sociedad emisora 3 emita acciones las cuales transmiten la calidad y representan los derechos del socio, entre otros, los económicos, por lo que en esta situación se está claramente ante la presencia de un acto jurídico cuyo valor no sólo está representado en un bien propiedad de la sociedad emisora, sino también en las acciones emitidas por ella. 4 Es importante recordar que los bienes recibidos por la aportación de los accionistas, en este caso deberán ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la sociedad, así como que el monto de operación se realice a valor de mercado. ANÁLISIS DE LA LIETU En cuanto al tratamiento en materia del impuesto empresarial a tasa única (IETU), primeramente es conveniente señalar que los ingresos por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad se deberán acumular conforme se cobren efectivamente las contraprestaciones. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, quienes aportan tales bienes lo hacen con la intención de participar en la sociedad, y no de enajenarlos como parte de una actividad de comercio. Por ello, no existe contraprestación pactada. No obstante, para tales efectos acudiremos a lo señalado en el artículo 2 de la ley de la materia, que a la letra cita: Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, por la prestación de servicios independientes o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considera ingreso el valor de mercado o en su defecto el de avalúo de dichos bienes o servicios. Cuando no exista contraprestación, para el cálculo del impuesto empresarial a tasa única se utilizarán los valores mencionados que correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcionados, respectivamente. Lo antes señalado deja en claro el reconocimiento del ingreso por parte de los accionistas que aportaron los bienes, cuando no existe contraprestación pactada. Ahora, es conveniente analizar lo procedente a la deducción por parte de la sociedad que recibe los bienes, como parte de su capital social. El artículo 5 de la LIETU establece las deducciones para efectos de ese impuesto, al señalar lo siguiente: 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes: I. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley o para la administración de las actividades mencionadas o en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. Por su parte, el artículo 6 de la LIETU establece los requisitos que deben cumplir las deducciones: 1 Artículos 37 y 38 de la LISR 2 El segundo párrafo de ese artículo establece que: El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos 3 En ese sentido, nos referimos a una sociedad mercantil en su especie de sociedad anónima 4 Artículo 111 de la LGSM

4 6. Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes requisitos: III. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso para el caso de los pagos provisionales. Tratándose de pagos con cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. Igualmente, se consideran efectivamente pagadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente pagado cuando la obligación se extinga mediante compensación o dación en pago. Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente, diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada. En estos casos, se entenderá efectuado el pago cuando éste efectivamente se realice o cuando la obligación quede satisfecha mediante cualquier forma de extinción. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. De las disposiciones transcritas, se puede concluir lo siguiente: 1. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes que se utilicen para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1 de la LIETU, son deducibles para efectos de ese impuesto, cumpliendo ciertos requisitos. 2. Uno de los requisitos para deducir las erogaciones señaladas, es que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción. En ese orden de ideas, con la finalidad de analizar si se cumplen los requisitos para que la sociedad pueda deducir, para efectos de la LIETU, el valor de los bienes que le fueron aportados, al igual que en materia del impuesto sobre la renta (ISR), resulta necesario definir si existe adquisición de bienes, situación que desahogamos en el apartado anterior. Ahora bien, adicionalmente, en materia del IETU es necesario definir si existe erogación, y si ésta se considera efectivamente pagada. Con el propósito de definir el término erogaciones, se deben consultar fuentes diversas a las disposiciones fiscales, en virtud de que éstas no contienen tal definición. 5 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, vigésima segunda edición Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 5 señala lo siguiente: Erogación: Acción y efecto de erogar. Erogar: Distribuir, repartir bienes o caudales. Por su parte, el Diccionario Jurídico de María Laura Valleta (Valleta Ediciones, primera edición, 1999), define el término erogación de la siguiente manera: Dinero en efectivo o bienes entregados en pago de un servicio o de un bien de activo adquirido. Cualquier gasto o costo cuyo beneficio pueda extenderse más rápido del periodo contable presente. Distribución de bienes. Gasto. Atendiendo a las definiciones citadas, se observa que erogación es la acción de entregar, distribuir o repartir bienes (ya sea dinero u otro tipo) como pago de un servicio o de un bien de activo adquirido. Si se considera lo anterior, es importante destacar que si bien ocurre una transmisión de propiedad de los bienes aportados en favor de la sociedad que los recibe como parte de su capital social, lo cierto es que esa transmisión de propiedad no implica para esta última la realización de una erogación precisamente por tal adquisición. En otras palabras, la adquisición que hace la sociedad respecto de los bienes aportados a su favor, en la medida que proviene de una aportación o aumento de capital, no genera una erogación a favor de la misma. Por esa razón, no existiría, de momento, la posibilidad para esa sociedad de deducir el importe del valor de los bienes recibidos por parte de los aportantes, pues la causa u origen de esa transmisión de propiedad es una aportación o aumento de capital en especie, lo cual, por definición, no permite que exista una erogación por parte de quien la recibe. Sin embargo, existe una disposición particular al respecto, la cual deberá prevalecer sobre la regla general señalada en el artículo 5 de la LIETU: Esa regla particular es la citada previamente, misma que se encuentra contenida en el artículo 2 de esa ley, la cual señala que: cuando no exista contraprestación, para el cálculo del impuesto empresarial a tasa única se utilizará el valor de mercado o en su defecto el de avalúo de los bienes o servicios. 59

5 60 es importante resaltar que el texto del artículo 2 de la LIETU establece claramente que cuando no exista contraprestación, se utilizarán los valores ya sea de mercado o en su defecto el de avalúo de los bienes o servicios de que se trate. Si bien es cierto que no existe una erogación por parte de la sociedad en favor de los aportantes con motivo de la aportación o aumento de capital, no es menos cierto que sí existe una disposición que regularía tal supuesto, sustituyendo esa contraprestación por el valor de mercado o de avalúo de los bienes recibidos. En caso de que se pretendiera discutir que por las aportaciones o aumentos de capital en especie no procede la deducción de esos bienes, es importante resaltar que el texto citado del artículo 2 de la LIETU establece claramente que cuando no exista contraprestación, se utilizarán los valores ya sea de mercado o en su defecto el de avalúo de los bienes o servicios de que se trate. De la lectura de esa disposición se desprende que la misma le es aplicable al enajenante o prestador de servicios. No obstante lo anterior, se puede también afirmar que la citada norma, al referirse al cálculo del tributo, a contrario sensu, le resulta aplicable al adquirente de los bienes y, por tanto, éste estaría en posición de tomar la deducción de los mismos. De no ser así, se estaría ante la presencia de una clara violación al principio de proporcionalidad tributaria. Finalmente, respecto a este punto y, con el objetivo de soportar la procedencia de la deducción de los bienes aportados, resulta conveniente citar la siguiente tesis aislada en materia del IETU: EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCU- LOS 3, FRACCIÓN IV, Y 6, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PRE- VER SIMETRÍA FISCAL ENTRE EL MOMENTO EN QUE UN MISMO CONTRIBUYENTE DEBE RECONOCER EL INGRESO Y AQUÉL EN QUE PUEDE TOMAR LA DEDUCCIÓN RESPECTI- VA EN FUNCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE EXTINGA LA OBLIGACIÓN RESPECTIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD TRI- BUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLA- CIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). En materia del impuesto empresarial a tasa única, encuentra aplicación el principio de simetría fiscal cuando menos en dos casos: a) En cuanto a los conceptos deducibles: conforme al artículo 6, fracción I, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la mecánica del tributo condiciona la deducción de determinadas erogaciones, al hecho de que sean efectuadas a favor de otras personas, causantes del propio tributo, y como pago por la realización de las actividades contempladas en su artículo 1, de lo que deriva que la realización de una erogación deducible se traducirá en la vinculación de estos terceros al pago del impuesto; y b) En la suscripción de títulos de crédito distintos al cheque: el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de ese mismo ordenamiento, contempla dicho supuesto en que se presume que tal suscripción constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada, caso en el que el pago se entenderá efectuado cuando efectivamente se realice o cuando la obligación quede satisfecha mediante cualquier forma de extinción, lo cual implica que tanto el efectivo cobro de la percepción que constituye el ingreso, como el efectivo pago del concepto que da lugar a la deducción, se actualizan en el mismo momento, toda vez que la legislación hace referencia al hecho de que la obligación quede satisfecha por cualquier forma de extinción. Ahora bien, excluido el segundo supuesto aludido, de los artículos 3, fracción IV, párrafo primero, y 6, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, deriva que mientras para el reconocimiento del ingreso debe atenderse a que la contraprestación se entienda efectivamente cobrada, lo cual depende de su recepción en efectivo, en bienes o en servicios, o bien, de que el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, para el reconocimiento de la deducción debe atenderse a que el concepto respectivo esté efectivamente pagado, lo que se determina siguiendo un criterio más restringido, que alude a que la obligación se extinga únicamente mediante compensación o

6 dación en pago, y no por cualquier otra forma de extinción. Esta última regulación puede apreciarse como una falta de simetría fiscal limitada al momento en que debe reconocerse el ingreso, frente al momento en que se puede tomar la deducción correspondiente, y sin alcanzar a las definiciones de los conceptos que deben considerarse ingreso, ni a la de las erogaciones que el legislador señala como deducibles pero, en principio, no es viable su análisis de constitucionalidad a partir de las garantías de legalidad tributaria y de seguridad jurídica porque, por una parte, el alcance de estas garantías no tutela que la debida definición de los elementos esenciales del tributo o que un suficiente desarrollo normativo se haga bajo un entorno proporcional y equitativo; y, por otra, porque la simetría fiscal no es una garantía constitucional, sino un mero enunciado de política fiscal, cuya ausencia no tiene como consecuencia necesaria y automática la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, el esquema del que deriva la asimetría fiscal prevista por los artículos 3, fracción IV, párrafo primero, y 6, fracción III, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se establece con un nivel de claridad y concreción razonables, que no deja margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras y otorga certeza jurídica a los contribuyentes en cuanto a la amplitud y alcances de su obligación de contribuir al gasto público. El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXVIII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez. No. de registro Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII. Novena Época. Pleno. Materia constitucional. Tesis P. LXXVIII/2010. Tesis aislada. Enero, Pág. 41. A mayor abundamiento, de lo anterior se puede concluir que existe un reconocimiento de la simetría fiscal en materia de deducciones, toda vez que será necesario que las erogaciones en nuestro caso, el valor de los bienes aportados sean entre contribuyentes obligados al pago del IETU. Esto resulta evidente, pues la ley señala que se deberá considerar, para el cálculo del IETU, el valor de mercado o en su defecto el de avalúo de los bienes o servicios cuando no exista contraprestación. Al margen del anterior análisis, existe una postura alterna consistente en considerar que en la aportación o aumento de capital sí existe contraprestación, y que la misma se encuentra representada por la entrega de acciones representativas del capital social, por la aportación de los bienes. Esta postura se soporta bajo la idea de que existe un acuerdo de voluntades, en el cual el accionista se obliga a entregar bienes a cambio de acciones que representen sus derechos como accionista de la sociedad que los recibe y, por tanto, esta última se compromete a la entrega de tales acciones. Para ello, resulta conveniente atender a lo dispuesto por el artículo 2062 del Código Civil Federal (CCF), el cual establece como definición de pago, la siguiente: Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Por su parte, el artículo 2078 del citado CCF establece que: El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. De las disposiciones transcritas se concluye que pago es el cumplimiento de una obligación, mediante la entrega de la cosa o cantidad debida, y debe hacerse del modo que se hubiera pactado. Al respecto, cabe citar lo que señala Ernesto Gutiérrez y González, doctor en Derecho, en su libro Derecho de las obligaciones: 6 para los efectos legales se deben tomar como términos sinónimos, los vocablos cumplimiento y pago, pues de esa manera se tiene la noción jurídica exacta de lo que es éste; normalmente y en un medio vulgar, se entiende por él, la entrega de una suma de dinero, y si bien es cierto que en lo jurídico ésa es una forma del pago, lo es también que resulta equivocado identificarlo siempre con la entrega de una suma de dinero. Toda entrega de una suma de dinero para cubrir una obligación que tiene por objeto entregar ese bien, es pago; pero no todo pago consiste en entregar una suma de dinero. 6 Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones. Editorial Porrúa, Décima quinta edición. Pág

7 62 La obligación se paga cumpliéndola, y por lo mismo si el objeto de la obligación consiste en dar una cosa, se paga dando la cosa; si es el objeto es una prestación de hacer, se paga haciendo, y por último, si el objeto es de abstenerse o de no hacer, se paga absteniéndose, o no haciendo. En el caso que nos ocupa, la sociedad tiene la obligación de expedir los títulos representativos de las acciones correspondientes al capital social que le fue aportado (mediante los bienes), en favor de las personas quienes realizaron esa aportación, con la finalidad de que éstas puedan acreditar la calidad y los derechos de socio, conforme lo señalan los artículos 111 y 124 de la LGSM: 111. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente Ley Los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de éste, en que se formalice el aumento de capital. Para apoyar lo anterior, se cita la siguiente tesis de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA): AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE DE UNA PERSONA MORAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES, ES UNA FORMA DE PAGO PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 1-B DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. El artículo 1-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que para los efectos de dicho ordenamiento, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones; por tanto, si una persona moral adquirente de derechos fideicomisarios de unidades de tiempo compartido, pactó en el contrato que formaliza tal operación como contraprestación por dicha cesión de uso, goce, explotación y administración sobre las unidades de tiempo compartido, objeto del fideicomiso, la aportación en especie a la parte variable del capital social a favor de la enajenante constituye una dación en pago, pues tal figura jurídica implica que el deudor se libera de la cosa debida, mediante una cosa distinta o una conducta realizada que se consiente por el acreedor. Por tanto, para efectos del artículo aludido, se entiende efectivamente cobrada la contraprestación derivada de la cesión de derechos fideicomisarios, en la fecha en que se celebra la asamblea general de accionistas de la empresa moral adquirente, en la que se dé el cumplimiento al contrato respectivo. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 891/ Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de abril de 2007, por unanimidad de votos. Magistrado Instructor: Nicandro Gómez Alarcón. Secretaria: Lic. Dulce Guadalupe Canto Quintal. Si bien es cierto que la tesis anterior es en materia del impuesto al valor agregado (IVA), también lo es que la LIETU expresamente remite a las reglas aplicables de ese impuesto. Por ello, no sería extraño utilizar tal argumento para soportar el tema en análisis. Asimismo, aunque esa tesis se refiere a la dación en pago y no al pago en sí, lo importante de la misma es el reconocimiento de los efectos fiscales mediante la emisión de acciones, por el aumento de capital recibido por la persona moral. CONCLUSIONES De conformidad con lo anteriormente expuesto, aunque las disposiciones fiscales no establecen expresamente el tratamiento aplicable a las aportaciones o aumentos de capital en bienes como deducción para las sociedades, es posible concluir que de una aplicación armónica y sistemática de las mismas, esas aportaciones o aumentos son considerados como adquisición de bienes para efectos de la LISR, así como de la LIETU, por lo cual el importe de los bienes adquiridos podrá considerarse deducible de esos impuestos. Adicionalmente, para efectos del IETU es claro que la adquisición no deberá considerarse una erogación per se; sin embargo, existen reglas particulares las cuales permiten su deducción, aunque también podría existir la disyuntiva de considerar que no existe contraprestación.