CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE FISCALES ESPECIALISTAS EN SINIESTRALIDAD LABORAL.

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1 CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE FISCALES ESPECIALISTAS EN SINIESTRALIDAD LABORAL. ÁVILA, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2005 Los días 26 y 27 de junio de 2006, se celebró en Ávila, organizada por el Centro de Estudios Jurídicos y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, una reunión de los fiscales especialistas en siniestralidad laboral, bajo la dirección del Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral. El objeto de este encuentro era mantener un primer contacto con la red de Fiscales de Siniestralidad Laboral ya constituida en todas las Fiscalías del territorio nacional, así como diseñar los canales de comunicación entre el Fiscal de Sala y los Fiscales de las Secciones Territoriales de Siniestralidad Laboral y establecer las pautas de actuación uniforme tanto en cuestiones procesales como sustantivas que previamente se habían seleccionado como prioritarias. Tras la remisión por los Fiscales integrantes de las Secciones de Siniestralidad Laboral de las principales cuestiones al Fiscal de Sala y teniendo a la vista el apartado de las memorias de las Fiscalías dedicado a la materia, se seleccionaron aquellas de las que participaban la mayor parte de las Fiscalías, elaborando un documento de trabajo que fue distribuido con anterioridad a la celebración de la reunión entre todos los asistentes. En cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 11/2005 de la FGE que encomienda al Fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado contra la Siniestralidad Laboral la función de Elaboración de criterios para la unificación de actuaciones entre los fiscales-coordinadores de siniestralidad laboral (o en las secciones que pudieran crearse) basándose, fundamentalmente, en reuniones periódicas, cursos especializados

2 eminentemente prácticos se han recogido en el presente documento las conclusiones a las que se llegaron en la reunión de fiscales especialistas en siniestralidad laboral, cuyo contenido, previamente comunicado al Fiscal General del Estado, es trasladado a las distintas Fiscalías, a través de los Fiscales Jefes respectivos, para su conocimiento y difusión. A efectos de conseguir una elemental sistemática de trabajo se elaboraron cuatro grupos de cuestiones que responden a los siguientes epígrafes y contenidos: A) Cuestiones organizativas B) Relaciones con Instituciones y agentes sociales C) Cuestiones procesales D) Cuestiones sustantivas C.- CUESTIONES PROCESALES 16. Necesidad de inmediatez en las primeras actuaciones: Se considera necesaria la inmediata o lo más pronta posiblepresencia de la Policía Judicial y de la Inspección de Trabajo en el lugar del siniestro para evitar que las pruebas, vestigios o indicios queden desvirtuados. Respecto a la Inspección de Trabajo, se ha dictado por la Dirección General la Instrucción 3/06 sobre organización de servicio de guardias incluidos fines de semana que, en principio, permitirá la rápida intervención del Inspector de Trabajo de guardia en el lugar del suceso. En relación a la Policía Judicial, se fomentará la inmediatez en su actuación mediante protocolos de actuación, y en su caso, impartiendo las instrucciones oportunas respecto a sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

3 17. Control de los autos de archivo: Los Fiscales de Siniestralidad Laboral prestarán especial atención a los vistos a los autos de archivo o declarativos de falta en procedimientos incoados a raíz de partes de accidentes laborales, comprobando que se hayan practicado las diligencias necesarias para la averiguación de las circunstancias del hecho e interpondrán, en su caso, los recursos procedentes. A efectos de facilitar esta labor de despacho y control de estos trámites, se instará de los Juzgados de Instrucción que hagan constar en la carátula de las Diligencias Previas que las lesiones son causadas en accidente laboral. Los fiscales recurrirán siempre, salvo que se refieran a lesiones leves, aquellos autos que acuerden el archivo en tanto se formule denuncia en el plazo de seis meses. 18. Impulso de la tramitación de los procedimientos judiciales. Los fiscales integrantes de las Secciones de Siniestralidad Laboral impulsarán y procurarán agilizar los procedimientos relativos a la siniestralidad laboral, constituyéndose (o promoviendo la constitución del Fiscal) desde primer momento en las actuaciones y aportando sus conocimientos especializados en sus distintas fases, evitando que la tramitación de estos procedimientos se dilate más del tiempo estrictamente necesario. 19. Escritos de Acusación: En los escritos de Acusación que se formulen en las causas seguidas por delitos relativos a la Siniestralidad Laboral, se deberá alegar con carácter general en la conclusión segunda la norma extrapenal infringida, aún cuando su no inclusión, conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, no suponga vulneración del principio acusatorio ni del derecho de defensa.

4 Los Fiscales considerarán que, conforme a la jurisprudencia mayoritaria existente sobre el tema, los tipos de los art 316 y 317 del CP son homogéneos, por lo que formulada acusación por el delito del art 316 C.P. es posible una eventual condena por el delito del art 317 C. P. Por este motivo no se considera preciso la formulación de conclusiones alternativas salvo en aquellos territorios en los que en las correspondientes Audiencias Provinciales se sostenga un criterio contrario que, cuando sea posible, será recurrido en casación ante el Tribunal Supremo en aras a la consecución de unidad de doctrina legal sobre esta cuestión. De todos los escritos de acusación se remitirá copia al Fiscal de Sala. 20. Sobre la cuestión de la relativización de la responsabilidad penal cuando se han satisfecho las responsabilidades civiles: Debe ser guía fundamental de la actuación del Fiscal en el ámbito de la siniestralidad laboral, que frente a la tendencia a la privatización de estas infracciones penales, siempre latente y que puede llevar a que la persecución penal quede subordinada a no haberse alcanzado un pacto indemnizatorio entre empresario y trabajador, el Fiscal debe ejercitar la acción penal superando la posición de inferioridad estructural en la que por la propia naturaleza de la relación laboral se sitúa el trabajador, por lo que los pactos transaccionales no pueden llevar a degradaciones a falta ni a retiradas de acusación. Únicamente, tras celebrar el juicio oral y en supuestos muy excepcionales, valorando el resultado de dicho acto y ponderando los intereses en presencia, especialmente los que impliquen la absoluta desprotección civil del perjudicado o perjudicados, podrá plantearse la degradación de la infracción imprudente a falta, dando cuenta de la modificación y su motivación al Fiscal Jefe y al Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral.

5 Se considera muy conveniente que, en una futura Ley Integral de Protección a las Víctimas o en una reforma de la Ley 35/1995, se concediera a las víctimas de accidentes laborales motivados por una conducta tipificada como delito, el derecho de percibir las ayudas que la citada Ley establece para las víctimas de delitos dolosos y violentos. De este modo se garantizaría que las víctimas de estos hechos o sus familiares cobraran una indemnización cuando los acusados fueran insolventes. 21. Intervención en el juicio oral de los Inspectores de Trabajo y los Técnicos de los organismos autonómicos: Los Inspectores de Trabajo y los Técnicos de los correspondientes Organismos Autonómicos pueden intervenir en procedimiento penal en la doble condición de testigo y perito de modo análogo a la figura regulada del testigo-perito regulado en el art de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En las calificaciones y escritos de acusación se propondrá la citación al juicio oral de los Inspectores de Trabajo y los Técnicos de los correspondientes Organismos Autonómicos en su doble condición de testigos y peritos, concretando en esta condición, el objeto de la pericia. Se acuerda asimismo que, al proponer la citación de los Inspectores de Trabajo, se identifique el acta de infracción de la que derive su actuación. 22. Juicio de faltas: Se considera que el juicio de faltas no es procedimiento idóneo ab initio para la averiguación de las circunstancias de los hechos causantes de accidentes laborales, por lo que, ante la posible concurrencia de los delitos de riesgo de los art 316 o 317 del CP, todas las imprudencias de orden laboral con

6 resultado de muerte o lesiones deben dar lugar a la incoación de diligencias previas, para la correcta investigación y tipificación de los hechos acaecidos. 4.- CUESTIONES SUSTANTIVAS: 23. Problemática en la concreción de la imputación: Se acepta como punto de partida la no conveniencia de establecer un listado de posibles responsables penales, ante la diversidad y disparidad de supuestos que puedan darse en la práctica. No obstante, la expresión legal que utiliza el art. 316 del Código Penal los que estando legalmente obligados debe servir de especial referencia a tales efectos, completada por las previsiones de imputación personal del art. 318 C.P. En todo caso, la LPRL establece como premisa que el legalmente obligado a actuar preventivamente en el ámbito laboral es el empresario, contra quien, en principio, deberá dirigirse la acción penal. La responsabilidad del empresario, en principio, será compartida en los casos de contratas y subcontratas, derivando en estos supuestos, normalmente, una imputación o responsabilidad en cascada. La imputación penal de los Técnicos en sentido estricto (arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores, ingenieros e ingenieros técnicos) se rige por sus propias normativas, conforme a los criterios reiterados sentados por la doctrina del Tribunal Supremo. Normalmente, cuando proceda, compartirán responsabilidad penal con el empresario o empresarios. Habrá que valorar asimismo la actuación de los coordinadores en materia de seguridad y salud (especialmente) durante la ejecución de la obra (arts. 9 y 7.2 p. 1º RD. 1627/97 de 24 de octubre), como posibles responsables penales.

7 La imputación de los Servicios de Prevención, tanto externos como internos, solo será posible cuando haya habido una auténtica delegación de poder, con las siguientes exigencias: 1. Capacitación formación- información. 2. Disposición de los medios necesarios y adecuados. 3. (esencial) Poder y capacidad efectivos de acción y decisión cedidos por el empresario. A efectos de comprobar la concurrencia o no de estos presupuestos se solicitará la incorporación al procedimiento del contrato celebrado entre empresario y servicio de prevención. Excepcionalmente la responsabilidad de los Servicios de Prevención también puede traer causa del Estudio de Evaluación de Riesgos cuando su carácter incompleto o la imprevisión del riesgo pueda serle imputable. Quedarán fuera de la imputación personal los delegados de prevención de riesgos laborales y los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como representantes de los trabajadores que son, sin ningún poder de decisión o mando, y los Capataces (en sentido estricto), por la misma razón. Habrá que estar a los casos concretos, en los supuestos del promotor y de las Empresas de Trabajo Temporal, que excepcionalmente podrán incurrir en responsabilidad penal. En ningún caso, los supuestos analizados agotan las posibles imputaciones personales de otros intervinientes. 24. Inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio: Se acuerda solicitar en los escritos de acusación por delitos de riesgo de los art 316 y 317 del CP, con carácter general, la pena de inhabilitación de especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o

8 cualquier otro derecho, cuando estos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, de conformidad con el art 56 CP. Se considera que la eventual suspensión de la ejecución de la pena principal privativa de libertad no lleva consigo la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación. (STS núm. 950/1999, de 19 julio) 25. Concepto de medios necesarios en el delito de riesgo del art 316 CP: Se estima que el concepto de medios necesarios incluye no sólo los medios materiales, sino todos aquellos que conforman e integran el genérico deber de prevención y de tutela inherente a la condición de empresario: deber general de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, acondicionamiento de los lugares de trabajo, control periódico de la salud de los trabajadores, obligaciones de proporcionar información y formación, etc. Quedan incluidos, por tanto, los medios personales, intelectuales y organizativos, entre los que destaca muy especialmente el deber de información sobre el riesgo. 317: 26. Delimitación de los tipos doloso e imprudente de los art 316 y Al ser el tipo del art. 316 C.P. doloso, se requiere que el dolo abarque tanto la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales como la creación del peligro, pero no tiene que extenderse a un eventual resultado lesivo. Cabe la posibilidad de dolo eventual -y con frecuencia concurrirá en la práctica,- al abarcar la creación del peligro por quien conoce que está

9 infringiendo las normas de prevención dictadas precisamente para evitar las situaciones de peligro. El tipo del art 317 se aplicará cuando se infrinja gravemente el deber de cuidado por omisión por parte del garante de la seguridad y salud de los trabajadores, de las previsiones elementales establecidas en la normativa de prevención laboral, o cuando, excepcionalmente, el resultado de peligro previsible no esté abarcado por el dolo ni tan siquiera en su modalidad de dolo eventual. 27. Concurrencia de imprudencia de la propia víctima: Debe distinguirse entre los delitos de resultado lesivo y los delitos de riesgo. Respecto de los primeros, se pone de relieve que, habida cuenta la doctrina constante del Tribunal Supremo, sólo con carácter excepcional la imprudencia del trabajador puede excluir la de los otros posibles intervinientes. En cualquier caso, es esta una cuestión que afecta al tipo objetivo, concretamente a la imputación objetiva del resultado, y más concretamente al segundo requisito de la imputación objetiva referido a que el riesgo creado, jurídicamente desaprobado, sea el que se concreta en el resultado lesivo. Por tanto, únicamente en los casos, en que la realización del resultado sea concreción exclusiva de la conducta peligrosa de la propia víctima (normalmente, a título de imprudencia grave) que ha tenido una intervención decisiva y, además, excluyente (autopuesta en peligro o principio de la propia responsabilidad) de los posibles riesgos creados por otros intervinientes, la actuación de estos debe reputarse accidental y fortuita, con una salvedad que el empresario (u otro interviniente creador asimismo de riesgo) conozca y tolere esa imprudencia ( aún grave) del trabajador, en cuyo caso no procederá su exculpación total, aunque si podría producirse la degradación de su responsabilidad penal y, en su caso, la modificación del quantum indemnizatorio, solución ésta última que será asimismo de aplicación, en

10 Principio, en los supuestos de concurrencia de culpas, a valorar con extremo cuidado habida cuenta la consolidada doctrina del Tribunal Supremo. Por otra parte, y en lo que a los delitos de riesgo se refiere, la imprudencia que podríamos llamar sobrevenida- del trabajador no debe afectar al delito de riesgo ya previamente cometido antes de la producción del accidente con resultado lesivo. 28. Concurso entre los delitos de riesgo y los imprudentes: Para la resolución del concurso entre los delitos de riesgo y el delito imprudente de resultado se aplicarán los criterios establecidos en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, es decir, cuando el peligro concreto sólo haya afectado al trabajador víctima del delito de resultado se aplicará el artículo 8.3 CP resolviendo el concurso de normas a favor del delito de resultado; pero cuando el peligro haya afectado además a otros trabajadores existirá un concurso de delitos a resolver conforme a las reglas establecidas en el art. 77 CP. (Instrucción 1/2001 Fiscalía General del Estado). No obstante, cuando la infracción de resultado sea calificada como falta, no se estimará que la falta de resultado absorbe el previo delito de peligro, porque no puede entenderse que la falta de imprudencia sea un precepto más amplio o complejo que el delito de riesgo de los art 316 o 317 CP, por lo que, en el supuesto de afectar el peligro únicamente al trabajador víctima del resultado, se deberá resolver aplicando el principio de alternatividad del art 8.4 CP.

11 29. Consecuencias penales: Se considera conveniente una futura reforma del art 317 del Código Penal en la que se incluyera como pena alternativa para este delito la de trabajos en beneficio de la comunidad. Ávila, 27 de Junio de

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