Respuesta de la Generalitat de Catalunya a la

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1 Respuesta de la Generalitat de Catalunya a la CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL SERVICIO UNIVERSAL: PROCESO DE DESIGNACIÓN DE OPERADOR U OPERADORES PARA SU PRESTACIÓN Y OTROS ASPECTOS. del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Tel

2 Índice Resumen ejecutivo...3 Antecedentes...4 Consulta de la Comisión Europea en Pasos tomados desde entonces: El plan Catalunya Connecta...4 Reapertura del debate sobre el Servicio Universal a finales del Relevancia del servicio universal...7 Sobre los servicios públicos y las comunicaciones electrónicas...7 Sobre los servicios de emergencia y el servicio universal...8 Sobre las necesidades de las redes de alta capacidad...9 Sobre el acceso a la cultura...9 Sobre la contribución de las TIC a la reducción de las emisiones de CO2...9 El servicio universal desde la realidad catalana a Periodicidad de la revisión del servicio universal...10 Sobre la simetría en los accesos a y de la red...10 Sobre la inclusión del servicio de Banda Ancha entre los considerados de servicio universal...11 Sobre la inclusión del servicio de Televisión entre los considerados de servicio universal 13 Sobre la equiparación de la VoIP al servicio de telefonía fija...13 Sobre la necesidad de la proximidad en el control del servicio universal...13 Sobre la intervención directa de las administraciones públicas...14 Sobre los despliegues de infraestructuras de comunicaciones electrónicas por parte de las administraciones públicas...14 Sobre las obligaciones impuestas por el servicio universal a los agentes...15 Sobre la definición de mercados...16 Sobre la inclusión de la movilidad en el servicio universal...17 Sobre la obligación de cobertura territorial y elementos a cubrir...18 Sobre el acceso en las zonas no rentables a las redes de los diferentes operadores a través de la del designado como prestador del servicio universal en movilidad...20 Sobre la política de las tarifas y cánones radioeléctricos y el servicio universal...20 Sobre los operadores móviles como prestadores del servicio universal ampliado con banda ancha...21 Sobre los teléfonos públicos...21 Sobre las guías telefónicas...21 Tel /21

3 Resumen ejecutivo La Generalitat de Catalunya ya indicó en la consulta de la Comisión Europea de 2005 su posición en la línea de ampliar el servicio universal para adaptarlo tanto a las expectativas de la ciudadanía como a las necesidades de los servicios públicos y de la competitividad de las empresas. En coherencia con dicho posicionamiento, y a través de los mecanismos disponibles (en concreto, a través del plan Catalunya Conecta), la Generalitat optó por la actuación concertada con los agentes y la ayuda al despliegue de los servicios de televisión digital, telefonía móvil y banda ancha, que a finales de 2010 serán ya accesibles a la práctica totalidad de la población catalana (núcleos de más de 50 habitantes). Es partiendo de esta realidad que ante la consulta abierta consideramos muy necesaria e inaplazable una reformulación del servicio universal para adecuarlo a la realidad del siglo XXI y a las necesidades demandadas de la ciudadanía. Por todo ello proponemos fijar un objetivo, ambicioso pero realista, que permita al mercado disponer de claras líneas de actuación a largo plazo, así como poder planificar correctamente sus acciones. En concreto, proponemos que en 2020 se incluya en la definición del servicio universal el acceso a Internet a 100 Mbps con garantías de servicio (calidad, disponibilidad, simetría, etc.). Planificando revisiones periódicas anuales para los servicios y tal vez de dos o tres años para los requerimientos de cobertura, atendiendo a las diferentes necesidades de planificación de ambos requerimientos. A corto plazo (proponemos 1 de enero de 2011), creemos necesario incluir en la definición del servicio universal: La neutralidad tecnológica (en particular, equiparar la VoIP al servicio de voz tradicional). El servicio de televisión (digital) entre los considerados de servicio universal. La banda ancha a 2 Mbps, con revisiones anuales donde adecuar: o o Velocidades de acceso (upload y download) Calidad (de servicio, disponibilidad, simetría, etc.) o Precios (en primera instancia, defendemos la necesidad de una tarifa mínima sin límite de descarga dentro del servicio universal) La movilidad, atendiendo a requerimientos de servicio de voz y datos y cobertura que se irían ampliando en sucesivas revisiones. Además, aportamos consideraciones que deberían favorecer el despliegue y la prestación de los servicios considerados, como son: La necesaria implicación de las administraciones públicas (en todos sus niveles) siendo proactivas, mediante su obra pública, en la ayuda al despliegue de los servicios de comunicaciones electrónicas. En particular, y como agente facilitador para la necesaria ampliación de cobertura territorial del servicio universal, involucrarlas en la necesidad de ayudar a la prestación del servicio universal. La compartición con las administraciones públicas que actúan en el territorio de los datos de las intervenciones de la CMT en el marco del Fondo Nacional del Servicio Universal. De este modo creemos que el conjunto de acciones propuestas redundaría en un claro avance del concepto de servicio universal. Tel /21

4 Antecedentes Consulta de la Comisión Europea en 2005 Ya en 2005 la Comisión planteó la inclusión de la banda ancha en la definición del servicio universal. En aquella ocasión, lamentablemente, no se consideró oportuno, ya en la argumentación de su respuesta la Generalitat de Catalunya destacaba: La importancia de considerar el servicio universal como un concepto evolutivo, que debía revisarse periódicamente, La necesidad de abogar por la neutralidad tecnológica, La inclusión del acceso a Internet en banda ancha, aunque en aquel momento la Comisión no planteaba fijar una velocidad concreta, desde la respuesta catalana se indicaba la necesidad de ir más allá de los 56 Kbps y fijar los mecanismos de definición de dicha velocidad, así como su revisión anual; La posibilidad de incluir el acceso en condiciones de movilidad, La importancia de apostar por la accesibilidad para personas con discapacidad, punto en el que se consideraba necesario armonizar a nivel europeo las medidas tomadas, La consideración de que ya no se justificaban en aquel entonces las guías telefónicas (en papel) dentro del servicio universal, Y, finalmente, también se abogaba por la necesidad de la inversión pública para la creación de infraestructuras básicas entre las que se incluían las de telecomunicaciones, para fomentar la competencia entre operadores, asegurar la cohesión territorial, la dinamización empresarial y la accesibilidad a los servicios, y se citaba el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Generalitat. Tras aquel planteamiento básico se profundizaba en un análisis del estado de los servicios en Catalunya y sus deficiencias, así como los planes del Gobierno Catalán para remediarlas (enmarcadas en el Plan Director citado). Con ello se pretendía mostrar la necesidad de actuar con urgencia, necesidad que podía ser resuelta aprovechando la oportunidad para incluir la banda ancha en la definición del servicio universal. Pasos tomados desde entonces: El plan Catalunya Connecta Desde dicha respuesta, y ante la imposibilidad de modificar la definición del Servicio Universal, el Gobierno de Catalunya decidió avanzar por la vía de los hechos y, en colaboración con los agentes del sector, a través de actuaciones destinadas a enmendar las deficiencias y fomentar el equilibrio territorial y la disponibilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas. Dichas actuaciones se articulan a través del plan Catalunya Connecta. Ya en 2004, cuando se concibe el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones (plan enmarcado en el período ) se es consciente del coste necesario para hacer llegar los servicios de comunicaciones electrónicas al territorio. Dada la disponibilidad presupuestaria, y ante la posibilidad de poder solventar más de un servicio sobre la misma infraestructura se optó por fomentar las infraestructuras de radiocomunicaciones (torres de comunicaciones). Tel /21

5 De este modo, una única infraestructura puede sustentar diversos servicios, como la TDT, la telefonía móvil o la banda ancha, a la vez que mejorar la cobertura de las redes de emergencia basadas en TETRA. El plan Catalunya Connecta parte del conocimiento detallado del estado de los servicios, las carencias, el aprovechamiento de infraestructuras existentes (compartición) y la planificación de nuevas infraestructuras cuando sea necesario. Todo ello basado en simulaciones y posteriores estudios radioeléctricos sobre el terreno. La gestión de dicho plan plantea diversas soluciones atendiendo a los servicios y su regimen regulador. Así, en el caso de la radiodifusión, en particular de los canales nacionales (los de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), la actuación se basa en recursos públicos. Para los servicios de banda ancha se fomenta la red rural en régimen de concesión para los operadores licenciados (de los que actualmente sólo opera Iberbanda en el territorio catalán). Por otro lado, para los servicios de telefonía móvil se opta por pactar actuaciones conjuntas en base a la voluntad de los operadores licenciados (Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo), pues no se dispone de capacidad normativa alguna en el mercado. Dichas actuaciones se concretan en los siguientes resultados por servicio considerado 1 : Cobertura TDT Población % Población 66,46% 95,82% 97,81% Tabla 1. Cobertura de TDT Cobertura TDT 2004 Cobertura TDT 2008 Cobertura TDT Cobertura TM Población % Población 97,52% 97,69% 97,83% Tabla 2. Cobertura de TM Se toma como referencia el censo de población de Tel /21

6 Cobertura TM 2004 Cobertura TM 2008 Cobertura TM Cobertura BAR+ADSL Población % Población 82,96% 91,96% 97,80% Tabla 3. Cobertura de BAR + ADSL Cobertura BAR Cobertura BAR+ADSL 2008 Cobertura BAR+ADSL 2010 Polígonos Industriales Total Polígonos Cobertura BAR+ADSL % BAR+ADSL 7,97% 96,55% 100,00% Cobertura TM % TM 91,18% 94,18% 100,00% Tabla 4. Cobertura de Polígonos En 2004 los datos sólo incluyen BAR, sin ADSL. Tel /21

7 Cabe destacar, también, el esfuerzo del Plan EGSM del Estado, que en Catalunya se planificó conjuntamente con los operadores para que resultara un esfuerzo territorialmente complementario, esto es, que dos operadores no acudiesen al mismo núcleo de población, quedando otros de similares características desatendidos, sino que maximizaran sus esfuerzos territorialmente. Asimismo, la gestión de la Generalitat, mediante la interlocución con los operadores móviles, ha llevado a políticas de compartición de infraestructuras ya desde 2004, lo que ha posibilitado llegar a 2009 con políticas probadas de compartición y una cultura entre los agentes más madura que en otras zonas de la península. Reapertura del debate sobre el Servicio Universal a finales del 2008 Cuando en septiembre de 2008 la Comisaria Reding reabre el debate del Servicio Universal el Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat se pone en contacto con ella para mostrar su respaldo y posicionarse sobre la necesidad de incluir no sólo la banda ancha en el servicio universal sino también: Equiparar la telefonía IP al nivel de la telefonía fija en la definición del servicio universal. Incluir de la movilidad en el servicio universal a través de la telefonía móvil. Incluir de la banda ancha con neutralidad tecnológica, pero con unos servicios mínimos garantizados que se refirieran a velocidad real, evitando la publicidad engañosa en las ofertas. Incluir el acceso a la recepción de la TDT en el servicio universal. En noviembre del 2008 la postura del Govern de la Generalitat de Catalunya difiere de la de 2005 en que la política de hechos consumados ha hecho evolucionar las coberturas territoriales como se ha mostrado en las tablas anteriores. Ello implica que las ambiciones del territorio van más allá de las iniciales en la consulta pública de 2005, elevando los postulados de entonces a nuevos horizontes y con objetivos más concretos. Relevancia del servicio universal Sobre los servicios públicos y las comunicaciones electrónicas La sociedad europea establece la universalidad de determinados servicios tales como la asistencia social, la sanidad o la educación 3 (en sus etapas obligatorias, en grados medios y universitaria). Incluso algunos de ellos son de recepción obligatoria para los ciudadanos como es la educación primaria y la secundaria (bajo el esquema educativo del estado español). La prestación de tales servicios se realiza mediante el uso de diversos instrumentos como pudieran ser los edificios (hospitales o escuelas), el personal sanitario o docente y muchos otros. En la medida que estos instrumentos sean mejores y más eficientes y ofrezcan más y mejores posibilidades, la prestación de aquellos servicios universales, algunos de ellos obligatorios, redunda en beneficio del ciudadano y el de la propia administración que deba prestarlos, ya sea directa o indirectamente. 3 La educación figura como derecho fundamental en la Constitución Española en su artículo Tel /21

8 Actualmente, el progreso en las redes de comunicaciones electrónicas y su disponibilidad generalizada (que no absoluta), especialmente en cuanto se refiere a ancho de banda o a movilidad, está provocando que estas redes sean ya usadas profusamente como instrumento para la prestación de aquellos servicios universales. La sanidad y concretamente las pruebas diagnósticas, exploraciones, tratamientos o la asistencia remota se están apoyando en la disponibilidad de banda ancha, representando esto un salto cualitativo en la prestación de los servicios asistenciales y sanitarios y, también muy especialmente, evitando costosos y arriesgados desplazamientos (cohesión territorial) o mejorando la calidad de vida del paciente cuando puede recibirlos en su propio hogar gracias a la teleasistencia o supervisión remota. Estas mejoras deben ser también cuantitativas, alcanzando a la universalidad de sus destinatarios (cohesión social). Del mismo modo sucede en la educación. En etapas no obligatorias, bachillerato y universidad, una vez un alumno ha sido matriculado, la administración está obligada a prestarle tal servicio. En la educación primaria y secundaria la obligación de la administración resulta intrínseca. Siendo esta educación un servicio universal, la administración debe procurarlo en todo el territorio y para todos los ciudadanos inclusive a las personas con necesidades especiales. En los casos de personas con movilidad reducida, los instrumentos que la administración debe activar para una suficiente prestación y no discriminación de dicho servicio resultan ingentes y alcanzar grados de prestación equiparables al resto de los ciudadanos resulta dificultoso y de dudosa viabilidad económica. La magnitud de tales medios pone en riesgo el trato no discriminatorio para esos ciudadanos. El uso de las tecnologías de la información y, especialmente, de la comunicación mediante el uso de redes de banda ancha representan un instrumento altamente eficaz de cara a la universalidad de la enseñanza a lo largo del territorio (cohesión territorial) y cara a no discriminación de la personas con necesidades especiales (cohesión social). Así, quedan manifiestas las mejoras en términos de cohesión social y territorial que específicamente aportan las redes de comunicaciones de banda ancha sobre unos servicios que tienen indudablemente la consideración de servicios universales, siendo incluso algunos de ellos obligatorios. Tales mejoras resultan difícilmente alcanzables si dichas redes (o bien sus mínimas prestaciones relativas a tales servicios) no son consideradas igualmente como servicio universal. De otra manera, las mejoras asistenciales o educativas que puedan derivarse del uso de redes de banda ancha sólo alcanzarían a una parte del territorio (a los ciudadanos que residan en zonas "rentables") lo que podría representar una discriminación hacia colectivos con necesidades especiales o alejados de las grandes ciudades, a pesar de existir tecnología suficiente para resolver tal discriminación de manera altamente eficaz. Sobre los servicios de emergencia y el servicio universal Actualmente el servicio paneuropeo 112 es considerado servicio público y se presta tanto por las redes de comunicaciones de voz fijas como móviles. En este sentido, la posibilidad de ubicar al llamante en un mapa es un recurso cada vez más usado por los servicios de emergencias y seguridad e incrementa su eficacia de forma muy relevante. En este sentido, poder incorporar la movilidad en el servicio universal, así como cualquier iniciativa que mejore las coberturas de los servicios en movilidad, tiene un impacto directo en la eficacia de los servicios de emergencia y seguridad. Por otro lado, cabe destacar la limitación del servicio 112, que permite a cualquier ciudadano realizar una llamada de emergencia en movilidad sobre cualquier red, pero no permite a los servicios de emergencia llamar a dicho ciudadano si no dispone de cobertura de su red. Tel /21

9 Sobre las necesidades de las redes de alta capacidad Por otro lado, las misma evolución de la sociedad, las nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, la necesidad de incrementar la productividad y la competitividad empresarial, o la ayuda que representan las redes al crecimiento personal de los ciudadanos también merecen una reflexión, pues están configurando una nueva realidad donde las redes comunicaciones de alta capacidad se perciben como imprescindibles. Sobre el acceso a la cultura El derecho fundamental de libertad de expresión o el principio rector del acceso a la cultura figuran en la Constitución 4, por lo que la difusión de la televisión, como mínimo de sus canales públicos, bajo nuestro punto de vista debiera también ser parte del servicio universal. Sobre la contribución de las TIC a la reducción de las emisiones de CO2 Finalmente, pero no por ello menos importante, se calcula que el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuye entre un 1 o 2% al conjunto de emisiones de CO2, pero que su adopción puede repercutir en un descenso global del 20% 5 del total de emisiones, con lo que la inclusión de la banda ancha en el servicio universal favorecería también estas nuevas aplicaciones que posibilitan profundizar en el respeto medioambiental. El servicio universal desde la realidad catalana a 2009 Tal y como ya se ha comentado, la realidad catalana se ha transformado por la vía de la colaboración entre los agentes y la actuación de la administración, tanto de la Generalitat como local, en el territorio. En este sentido, la definición del servicio universal reformulado no puede dejar de contemplar las expectativas de avanzar un paso más y apoyarse en la reformulación de un servicio concebido para el siglo XXI y con expectativas de revisión periódica, teniendo en cuenta tanto la demanda social como el ritmo de los avances tecnológicos que pueden cubrirla. 4 Derecho Fundamental de libertad de expresión 20.1.d (derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión) y Principio Rector asumido en el Artículo 44.1 (promoción y tutela por parte de los poderes públicos del acceso a la cultura). 5 Informe SMART 2020: Enabling the Low Carbon Economy in the Information Age, publicado en junio por GeSI (Global e-sustainability Initiative), la aplicación de las TIC al modo en el que las personas desempeñan su actividad diaria (tanto personal como laboral) podría reducir las emisiones globales debidas al hombre en al menos un 15% para 2020 y arrojar ahorros por eficiencia energética superando los 500 millones de euros. Otros estudios estiman que con las políticas adecuadas podría alcanzarse por el efecto de las TIC el objetivo de reducción del 20% de las emisiones para 2020 propuesto por la Unión Europea y hasta el 30% deseado en un primer momento. Otros estudios difieren de este porcentaje de reducción y lo sitúan por encima. Sobre la aportación de emisiones del sector TIC, véase Cris Pettey. Gartner Estimates ICT Industry Accounts for 2 Percent of Global CO2 Emissions, por ejemplo. Tel /21

10 Periodicidad de la revisión del servicio universal Si bien la política en comunicaciones debe tener un horizonte amplio que favorezca las inversiones de los operadores, la realidad tecnológica y social requiere una periódica revisión del servicio universal, debiendo hallarse una solución de compromiso entre los diferentes intereses sociales y de mercado. Se considera adecuado que las políticas relativas a despliegue de red puedan tener una revisión en períodos más largos que las relativas a capacidades de los servicios, ya que la planificación de nuevos despliegues requiere de una importante inversión y tiempo de ejecución que, en determinados casos, puede verse dificultada con revisiones a corto plazo. En este sentido, sería conveniente fijar objetivos orientativos al mercado que permitieran conocer las líneas de actuación generales y luego se concretaran dentro de espacios de tiempo razonables. Así, a modo de ejemplo, los objetivos podrían, en base a realidades de mercado, concretarse a la vez que se dispone de una clara estrategia global. Sería coherente, por tanto, fijar una orientación de objetivo de 100 Mbps en el servicio universal a 2020, que no se contradice con iniciar el proceso a 1 de enero de 2011 en 2 Mbps y avanzar con el desarrollo del mercado, siempre manteniendo claro el mensaje de objetivo global para el servicio universal Fijar un objetivo de 100 Mbps en 2020 parece los suficientemente ambicioso a la vez que posibilista. Otras experiencias como la TDT o los objetivos de Lisboa nos demuestran que debemos fijarnos unos objetivos claros y que, en función de la evolución, deben ser revisados e incluso avanzados según la evolución del mercado. Así, y atendiendo a nuestro entorno y iniciativas como la finlandesa, que propone los 100 Mbps para 2015, se considera que, en primera aproximación, el objetivo de 100 Mbps en 2020 es realista a la vez que ambicioso. Cabe mencionar también la necesidad de acotar la asimetría en las redes. Conforme se avanza en el despliegue de las redes de nueva generación y se buscan nuevos objetivos como los 100Mbps, cabe cuestionarse la asimetría entre las velocidades de upload y download de información de la red. Conforme se profundiza en la sociedad de la información, el usuario pasa a ser productor de contenidos y tomar un papel activo (web 2.0), por lo que también debería avanzarse en converger las velocidades de descarga o subida de información a la red. Así, en las primeras revisiones, se podría plantear la reformulación del objetivo de banda ancha anualmente, mientras que el de acceso al servicio de voz en movilidad en todos los núcleos de población podría tener revisiones o períodos de adaptación a los nuevos requerimientos cada dos o tres años atendiendo a los plazos de despliegue involucrados en el proceso. Sobre la simetría en los accesos a y de la red Durante la década de los 80 y 90 los sistemas de grabación de imágenes gozaron de un alto grado de penetración en el sector doméstico. A finales de la década de los 90 y durante la actual década, tales sistemas se digitalizaron y además se introdujo la revolución de la digitalización del sector de la fotografía. Todo ello ha provocado que dichos dispositivos generen una gran cantidad de información en soporte digital. Al inicio de este proceso, la compartición de documentos audiovisuales de carácter personal se realizaba mediante la prestación de soportes físicos, cintas de video o álbumes de fotografías hecho que limitaba en gran medida el alcance de dicha distribución. La confluencia del soporte digital de tales documentos con la disponibilidad de redes de transmisión de gran velocidad lleva a que se supere con creces las dificultades de la distribución de los soportes físicos. Otros documentos digitales de carácter no audiovisual contribuyen a incrementar el volumen de este tipo de información en propiedad de usuarios individuales susceptibles de ser transferidos por Tel /21

11 las redes de comunicaciones electrónicas. Todos estos documentos son de carácter personal y tienen autoria pero no son susceptibles de propiedad intelectual por su propia naturaleza ni por el mecanismo de distribución que, aun pudiéndose considerar como comunicación pública en algunos caso tal comunicación es a instancias de sus legítimos autores. Las redes de comunicaciones de datos se comercializaron en nuestro mercado mayoritariamente como redes asimétricas entendiendo que el mercado era en gran medida unidireccional, desde grandes proveedores de contenidos hacia usuarios domésticos. En otros países de la Unión Europea ello no fue así y, aun existiendo redes asimétrica, no lo fueron tanto como en España. La disponibilidad hoy día de un gran volumen de contenidos en poder de una gran cantidad de propietarios individuales y su puesta a disposición a otros usuarios representa un elemento clave de progreso de la Sociedad de la Información, tanto en volumen de contenidos como de usuarios. Pero requiere velocidades de subida comparables a las de bajada siendo necesario, por tanto, un límite en la asimetría en las velocidades de las redes. Junto al parámetro de velocidad mínima revisable periódicamente se propone que se incorpore un límite a la asimetría de velocidades igualmente revisable regularmente. Sobre la inclusión del servicio de Banda Ancha entre los considerados de servicio universal La realidad catalana ya configura un acceso de banda ancha de 1Mbps para la casi totalidad de los núcleos de población, por lo que las aspiraciones del servicio universal reformulado a 2009 son de avanzar y profundizar en esta realidad y fijar el nuevo mínimo en 2 Mbps. Atendiendo además a la realidad de nuestro entorno, donde los gobiernos ya están redefiniendo sus servicios universales o planificando límites más ambiciosos de banda ancha. Suiza revisó su servicio universal e incluyó desde 1 de enero de 2008 el acceso a banda ancha a velocidades de 600 / 100 Kbps (600 Kbps de bajada y 100 Kbps de subida), planteándose la revisión en 2010 de dichas velocidades (precio de CHF 69, sin IVA, incluyendo el servicio de voz, tarificado por uso). Finlandia ha revisado también su servicio universal y ha fijado el mínimo de 1Mbps que deberá ser efectivo a partir de julio de 2010, como paso intermedio para los 100 Mbps en 2015, además, se está en proceso de decisión para incluir las redes móviles de alta capacidad como prestadoras del servicio universal. Como ya se menciona en el texto de la consulta, en el Reino Unido la última revisión ya ha impuesto los 2 Mbps, pero lo más destacable del caso británico es su informe del análisis de ahorro de costes i ingresos derivados de dar acceso a Internet a toda su población 6. Partiendo de las actuales redes, de la penetración de las tecnologías DSL, de las actuaciones del plan Catalunya Connecta extendiendo la cobertura de la Banda Ancha Rural, los esfuerzos del PEBA o la adenda de infraestructuras del Plan Avanza, parece factible a poder llegar con 2Mbps a aquellos territorios donde hasta ahora sólo se ofrece el servicio mínimo de 1Mbps. Atendiendo a que es posible que en todo el territorio del Estado dicha realidad pueda no ser equiparable a la catalana, podría establecerse un período transitorio de 1 o dos años para adecuar las redes a dichas necesidades, lo que en cualquier caso redundaría en una clara mejora de la competitividad empresarial y del desarrollo personal de los ciudadanos. En cualquier caso, se 6 Cabe destacar los resultados del grupo de trabajo impulsado por el ejecutivo británico para la inclusión digital, que calcula en millones de libras anuales el ahorro en servicios al consumidor (por ejemplo, información o reclamaciones) y supondría unos ingresos de más de millones de libras para la economía del país el dar acceso a Internet a todos los británicos en El informe completo puede consultarse en: Tel /21

12 considera que, en el caso catalán, dicho servicio universal reformulado debería ser de obligatorio cumplimiento a 1 de enero de 2011, para proceder a revisiones anuales que pudieran elevar dichos requerimientos en el futuro. En cualquier caso, lo que no puede es esperarse a que las zonas que no han sido tan proactivas en redes de comunicaciones electrónicas frenen el desarrollo de las más proactivas. Por ello, debería tanto incentivarse a los más proactivos para poder continuar su ritmo como dar tiempo a los más desfavorecidos para alcanzar unos estándares mínimos. En la medida en que avancen los despliegues de redes de acceso de nueva generación, incrementando las capacidades tanto de las redes de transporte como las de acceso, sería posible elevar el umbral de los 2 Mbps, eliminando posibles tramos de red de transporte que usan tecnología radio, ya que se considera que la limitación actual radica en las redes de transporte más que en las tecnologías de acceso. Si bien cabe destacar que con las redes de nueva generación el acceso puede ser por múltiples tecnologías (fijas o inalámbricas), con lo que debería reformularse la política de cánones radioeléctricos tal y como se comentará en el apartado posterior Sobre la inclusión de la movilidad en el servicio universal. Sobre la definición de la velocidad nominal adecuada, cabe recordar que en su momento el MITyC, en una de las versiones borrador de la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, incorporó la condición de que la oferta comercial garantizara el 80% de la capacidad teórica del bucle (o acceso por la tecnología que fuera) 7. Finalmente dicha condición no fue incorporada al texto definitivo, pero según nuestro criterio sería una buena aproximación para asegurar una velocidad mínima global (basada en la capacidad teórica del bucle instalado, bien fijo, o bien inalámbrico) en el servicio universal (independientemente de que el porcentaje sea el 80% o el que finalmente se decida, aunque consideramos que debería ser superior al 50%). También creemos conveniente conveniente, tal como ya se hacía en el servicio telefónico fijo, imponer unas condiciones de garantía de servicio (por ejemplo, una determinada disponibilidad anual y otra a corto plazo) que debería revisarse en períodos cortos atendiendo a la evolución de las redes (con límites revisables anualmente). Además, la incorporación de la banda ancha a los servicios incluidos en la definición del servicio universal implica también adecuar y repensar las estructuras de precios por servicio. Si bien en el servicio de voz, hasta ahora, podía tener sentido el proporcionar el servicio básico y facturar posteriormente por consumo, dicha estructura, por lo que respecta al tráfico de datos, pierde su razón de ser. Especialmente teniendo en cuenta que el ciudadano/usuario no dispone de capacidad de control sobre el tráfico cursado, la no percepción de lo que representa 1Mbit o la inexistencia de información previa a la descarga de su peso en bits o si se rebasará el límite de descarga dentro de la tarifa del usuario. Por lo tanto, consideramos necesaria una tarifa mínima sin límite de descarga disponible en todo el territorio. Por otro lado, según nuestro criterio, la tarifa mínima supone un importante incentivo para derribar barreras de acceso a la Sociedad de la Información y para apoyar la incorporación de un mayor porcentaje de la población en la cultura digital. 7 Borrador de Real Decreto por el que se aprueba la Carta de derechos del usuario de telecomunicaciones. Comisión Permanente de 18 de julio de Capítulo II, Artículo 5. ( ) Además, el operador no podrá aplicar al usuario una oferta en la que la velocidad teórica del bucle del abonado, con la tecnología empleada, no alcance el 80 por 100 de la velocidad máxima publicitada en la oferta. Tel /21

13 Sobre la inclusión del servicio de Televisión entre los considerados de servicio universal Como ya se ha comentado, el Derecho Fundamental de libertad de expresión (Constitución Española, artículo20.1.d) contempla el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el acceso a la cultura se define como principio rector en la Constitución, lo que fundamenta que la televisión, entendida como servicio público y como servicio cultural, debe ser accesible al ciudadano. En este sentido, es nuestra opinión que sería necesario fomentar el acceso a la televisión digital mediante sus múltiples tecnologías para garantizar dicho principio rector, reforzando las iniciativas públicas tomadas ya por las administraciones, como por ejemplo el plan Catalunya Connecta o los proyectos enmarcados en el Plan Avanza. Así pues, se debería garantizar, incluyendo en el servicio universal, el acceso a todos los canales públicos que emiten en cada una de las diferentes zonas territoriales previstas en la legislación, tanto los canales estatales, los autonómicos como los locales. Sobre la equiparación de la VoIP al servicio de telefonía fija La evolución tecnológica también debería tener cabida en la reformulación del servicio universal, planteando revisiones periódicas (preferiblemente anuales), incorporando la neutralidad y equiparando la Voz sobre IP a la telefonía fija. La actual formulación dentro del servicio universal del servicio telefónico fijo ya no obliga a su independencia del suministro eléctrico del hogar, lo que permite la equiparación de la VoIP al servicio descrito entre los del servicio universal. Se admite que en caso de corte del suministro eléctrico no estén disponibles determinados dispositivos (desde el ordenador personal hasta la televisión) y dicho requerimiento de independencia de la red eléctrica del hogar ha sido superado, además, la VoIP se puede equiparar ya en el servicio prestado (en calidad de servicio especialmente) al servicio telefónico fijo. Por otro lado, la incorporación de la VoIP en la definición del servicio universal puede reducir los costes de prestación del servicio, siendo estos asumidos en el conjunto de datos y voz, como en la mayoría de ofertas comerciales actuales, lo que evita el despliegue de redes paralelas en el ámbito rural. Sobre la necesidad de la proximidad en el control del servicio universal La experiencia catalana nos ha mostrado una disparidad de realidades territoriales, bien por zonas de difícil accesibilidad, tanto por dispersión de la población como por dispersión de núcleos como por realidades socioeconómicas bien dispares en un mismo territorio. Por ello consideramos muy relevante la necesidad de políticas de proximidad tanto en la determinación de servicios ofertados, de los servicios reales prestados, como en cobertura de los mismos. La evolución tecnológica también conlleva la aparición de operadores locales con mucha relevancia en micromercados territoriales especialmente con infraestructuras de banda ancha que, a través de la VoIP, pueden ser candidatos a la prestación del servicio universal en zonas de difícil accesibilidad gracias a su conocimiento del mercado y del territorio. Si bien hasta ahora el mercado considerado siempre se ha definido como estatal, las nuevas tecnologías permitirán la definición de nuevos mercados territoriales a los que los grandes operadores Tel /21

14 difícilmente pueden dar respuesta (por dificultad en el acceso, dispersión de la demanda y/o bajo retorno). En estos casos, el servicio universal proporcionado por un operador de proximidad puede potenciar la competitividad del mercado y/o el equilibrio territorial. En este sentido, creemos que las políticas de compensación a nivel de estado serán poco efectivas, debiéndose experimentar con un acercamiento parcial, un paso inicial en el que creemos que las Comunidades Autónomas pueden jugar un papel relevante y deberían ser consideradas en el proceso. En este sentido, será necesario delimitar las diferentes realidades del territorio. Si bien hasta ahora sólo se definía una única realidad y un único mercado, el estatal, se debería avanzar hacia un conocimiento más en profundidad del mercado para poder abrir el abanico de prestadores del servicio universal a más de un único proveedor. Sobre la intervención directa de las administraciones públicas Si bien el uso del fondo de financiación del servicio universal aplicado hasta el momento, con el que se ha subvencionado a un operador privado la prestación de servicios en zonas económicamente no rentables, ha obtenido un buen resultado cuando se ha tratado de aprovechar (ampliando, en su caso) las redes de cobre existentes, la inclusión de la banda ancha en la definición de servicio universal, junto al principio de neutralidad tecnológica que las administraciones públicas deben aplicar, abre la puerta a la participación directa de las administraciones públicas en el despliegue de infraestructuras y, por lo tanto, a una mayor cooperación público-privada. Sobre los despliegues de infraestructuras de comunicaciones electrónicas por parte de las administraciones públicas Debe destacarse que la Comisión Europea, en sus Directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas de estado al despliegue rápido de redes de nueva generación, establece medidas para garantizar el uso compartido de aquellas infraestructuras construidas mediante ayudas públicas. En este sentido, debe tenerse en cuenta la total garantía de compartición efectiva de infraestructuras y redes que ofrece un despliegue directo por parte de una administración pública. La Generalitat, en aplicación del artículo a del Estatut d'autonomia de Catalunya 8, y a través del plan Catalunya Connecta, está promoviendo la inclusión de la banda ancha, la telefonía móvil y la televisión digital terrestre como servicios mínimos para el ciudadano en Catalunya. A la vista de los buenos resultados obtenidos con el plan Catalunya Connecta, debe tomarse en consideración la oportunidad que las infraestructuras construidas en el marco del plan ofrecen para la prestación de servicios de telefonía IP y banda ancha a través de tecnologías inalámbricas, especialmente en entornos rurales. A través de diferentes acuerdos del Gobierno de la Generalitat se respalda y fomenta la construcción de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en conjunción con la obra pública catalana. En concreto, en el acuerdo de Gobierno de Medidas para fomentar la Extensión de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Catalunya (MEITel 9 ) se describen las fases de los proyectos de telecomunicaciones que deben ir asociados a toda obra de la Generalitat (ejercida directamente, 8 Article 140. Infraestructures del transport i de les comunicacions; 7.Correspon a la Generalitat, d'acord amb la normativa de l'estat, la competència executiva en matèria de comunicacions electròniques, que inclou en tot cas: a) Promoure l'existència d'un conjunt mínim de serveis d'accés universal. 9 /meitel.htm Tel /21

15 mediante sus organismos, entidades y empresas públicas o mediante consorcios en que participe mayoritariamente). Durante el presente año se han publicado ya las instrucciones técnicas para su desarrollo y se han ido aplicando a los nuevos proyectos 10. También la LISI 11, en su disposición adicional quinta, establece la obligación de que en la elaboración de los proyectos de obras de construcción de carreteras o de infraestructuras ferroviarias se prevea la instalación de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas a lo largo de toda la longitud de las mismas; así como del equipamiento para asegurar la cobertura de comunicaciones móviles en todo su recorrido. Dichas medidas, que deberían impulsarse para ser compartidas por el resto de las administraciones públicas (Diputaciones y Administraciones Locales), redundarán en la disponibilidad de infraestructuras (canalizaciones, reservas de espacios) que deben servir de refuerzo a los despliegues privados, especialmente en áreas rurales. También queremos destacar la iniciativa que tomó el Plan Avanza en el año 2008 promoviendo una adenda para el despliegue de infraestructuras en colaboración con las Comunidades Autónomas. Esa iniciativa, aunque no suficiente ya que se basaba en créditos a las Comunidades Autónomas, fue un buen inicio que debería tener continuidad anual y debería hacerse el esfuerzo y la apuesta estratégica para que parte de esas aportaciones del Estado fueran no únicamente créditos, sino también traspasos de fondos para inversión. Así pues, insistimos en que es una buena iniciativa que debería tener continuidad dentro del Plan Avanza. En nuestra opinión, allí donde existan ya infraestructuras, bien construidas o planificadas, que permitan ofrecer los servicios incluidos en la definición de servicio universal, el uso del fondo de financiación del servicio universal en nuevas infraestructuras redundantes supondría una ineficiencia en el empleo de los recursos disponibles. En cambio, dicho fondo podría emplearse en la ampliación de iniciativas como el plan Catalunya Connecta, o incluso a la cobertura de telefonía móvil y la TDT, especialmente en las infraestructuras viarias y ferroviarias complementando así la acción de los operadores privados y ampliando su impacto. Sobre las obligaciones impuestas por el servicio universal a los agentes Si bien el servicio universal en su actual formulación suscribe obligaciones sobre el prestador de dicho servicio (operador de telecomunicaciones) y el receptor del servicio (ciudadano que recepciona 10 Instrucció tècnica telecomunicacions carreteres; Instrucció tècnica per a la redacció de l àmbit de telecomunicacions en projectes d infraestructures ferroviàries de la Generalitat de Catalunya; Instrucció tècnica per a la redacció de l àmbit de telecomunicacions en projectes de camins rurals de la Generalitat de Catalunya; Instrucció tècnica per a la redacció de l àmbit de telecomunicacions en projectes de canals de reg de la Generalitat de Catalunya; Recomanació tècnica per a la redacció de l àmbit de telecomunicacions en projectes de noves zones de planejament urbanístic; Instrucció tècnica per a l elaboració de l àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de carreteres de la Generalitat de Catalunya; Instrucció tècnica per a la redacció de l àmbit de telecomunicacions, consistent en la reserva d espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions, en projectes d infraestructures ferroviàries de la Generalitat de Catalunya; Instrucció tècnica per a l elaboració de l àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de camins rurals de la Generalitat de Catalunya; Instrucció tècnica per a l elaboració de l àmbit de telecomunicacions consistent en la reserva d espais adequats per a equipaments de telecomunicacions i per a emplaçaments de radiocomunicacions en projectes de canals de reg de la Generalitat de Catalunya. 11 LISI, Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Tel /21

16 el servicio), no suscribe obligaciones sobre los diferentes niveles administrativos implicados en los despliegues de las infraestructuras para poder prestar el servicio. Tanto la administración estatal como la Generalitat han demostrado su voluntad de apoyar firmemente el despliegue de infraestructuras de comunicaciones electrónicas (Plan EGSM o Plan Avanza del MITyC, plan Catalunya Connecta o impulso con la obra pública en el caso de la Generalitat). La inclusión de la movilidad en el servicio universal puede ser una buena oportunidad para la eliminación de posibles barreras de entrada en el desarrollo de la Sociedad de la Información imponiendo la obligación a las administraciones públicas de velar por facilitar la prestación, en especial, de las obligaciones del servicio universal. Si bien las administraciones locales disponen de determinadas competencias en urbanismo, ello no obsta para que desde el ejercicio de dichas competencias, puedan también favorecer al desarrollo de las infraestructuras de prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, especialmente de las comunicaciones en movilidad. Pese a todo, reconocemos que la percepción de que los servicios en movilidad favorecen la seguridad y el desarrollo de la economía local va abriéndose paso y crece la conciencia que, con la debida planificación y control, son un beneficio para la comunidad. Por ello, serán las bondades de los servicios en movilidad los que ayudarán a derribar dichas barreras de entrada, pese a que se demuestra que acciones de concienciación y control, como el proyecto de Sistema de Monitorización de Radiofrecuencia 12 de la Generalitat o la obligación de favorecer el despliegue de la movilidad en el entorno del servicio universal, pueden ser factores catalizadores para resolver algunas situaciones. Sobre la definición de mercados La evolución de las políticas públicas (a nivel europeo) ha avanzado hacia análisis más próximos al territorio, la definición de mercados concretos: zonas blancas sin prestación de servicios-, grises con una única infraestructura prestadora de servicios o más de una, pero con deficiencias-, y negras con competencia en infraestructuras y en la prestación de servicios-. Dicha definición de mercados debe guiar las actuaciones públicas y permitir un control sobre los prestadores del servicio universal, acercando el cálculo de compensación, dotándolo de más detalle y fomentando la transparencia en el proceso. Ahora bien, todo esto debe realizarse alejándonos de posiciones maximalistas, y una posible primera aproximación sería acercar a nivel de Comunidad Autónoma la gestión y el análisis de los mercados para la prestación del servicio universal. Actualmente es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que, a la vista de los datos de inversión y costes proporcionados por los operadores, decide la parte imputable del fondo de financiación del servicio universal para cada uno de los prestadores de los diferentes servicios. Ello implica que dicha Comisión evalúe cada una de las actuaciones de los operadores y decida qué parte es imputable al fondo y qué parte no lo es. Así, por ejemplo, en el caso de tener que desplegar nueva infraestructura para atender una petición de alta de servicio telefónico, la inversión en nueva red podrá ser imputada (total o parcialmente) a dicho fondo sólo si la CMT considera que está motivada para dar respuesta a las necesidades del servicio universal. Por todo ello, la CMT dispone de información muy relevante sobre las actuaciones que han sido consideradas como prestación de servicio universal y cuáles se consideran actuación bajo la lógica 12 Tel /21

17 de mercado, definiendo así un mapa de zona blanca y gris/negra detallado en el territorio 13. Las administraciones públicas que actúan sobre el territorio deberían poder disponer de dicha información para la correcta planificación de sus próximas actuaciones. En concreto, y para poner un ejemplo ilustrativo, al remodelar un camino rural determinado, a la vista de que la CMT hubiera considerado actuaciones imputables al servicio universal en aquella zona, podría plantearse incluir en la remodelación del camino rural canalización para fibra óptica o reserva de espacios para torres de radiocomunicaciones y así facilitar a los operadores sus futuros despliegues en esas zonas. En este sentido, creemos que una de las conclusiones de las reflexiones llevadas a cabo en el marco de la presente consulta, debería ser la de buscar los mecanismos necesarios para que la CMT compartiera con las administraciones públicas que actúan en esos territorios los datos de sus intervenciones en el marco del Fondo Nacional del Servicio Universal. Sobre la inclusión de la movilidad en el servicio universal Si bien hasta el momento la movilidad no se ha incluido entre los servicios definidos en el contexto del servicio universal, la percepción de la ciudadanía es la de que la movilidad es, cada día más, una necesidad o, cuando menos, aporta una mejora significativa a su calidad de vida, más allá de un mero valor añadido. Desde la Administración seria oportuno tener en cuenta que la telefonía móvil es de facto un servicio universal puesto que cumpliría con los requisitos para ello: adquirir un terminal móvil i contratar el servicio a cualquier operador alcanza a la universalidad de los ciudadanos con independencia de su ubicación geográfica y se presta en unas determinada condiciones. De su estrecha vinculación con la telefonía fija surge la concepción errónea de que la universalidad comporta su prestación en cualquier punto del territorio o cuando menos en los domicilios particulares. Ello no es así. Tomemos por ejemplo dos servicios sin duda universales: la educación obligatoria y los servicios sanitarios. En el primer caso, tal servicio exige obligatoriamente de los destinatarios (los alumnos) su presencia en determinados puntos del territorio, las escuelas. En casos muy excepcionales tal servicio se puede prestar en los domicilios, pero en ningún caso se presta en bibliotecas o parques públicos por poner un ejemplo. Ello no resta universalidad a la educación obligatoria. En cuanto a los servicios sanitarios, éstos son prestados básicamente en los centros hospitalarios o centros de atención primaria perfectamente concretos y localizados y excepcionalmente se prestan tales servicios en los domicilios (urgencias). Sentado este matiz importante en cuanto al concepto de universal e independiente de la localización geográfica. Debemos admitir que la telefonía móvil es de facto un servicio universal. Todos los ciudadanos pueden contratar tales servicios con independencia de la ubicación geográfica de su residencia. El otro factor importante en la definición de servicio universal se refiere a las determinadas condiciones con las que deba prestarse tal servicio. En el caso de la telefonía móvil debemos admitir que la cobertura del servicio es una de tales determinadas condiciones que alcanza a un determinado territorio, de forma muy irregular y más o menos continuo. Y notemos que estas condiciones son exactamente las mismas para todos los usuarios, residan dónde residan. Los residentes en Barcelona (supuestamente zona de cobertura del operador X) no dispondrán de servicio en Biure (224 habitantes, Alt Empordà, Girona) donde el operador X no proporciona el 13 En el Informe de los servicios de la CMT en relación con la aprobación del coste neto de prestación del servicio universal en el año 2007 propuesto por Telefónica de España S.A.U. (AEM 2009/763) se definen las zonas no rentables (páginas 4 y 5) y que TESAU entrega la información correspondiente a 546 zonas, de las cuales se aceptan por parte de la CMT como con déficit 57. Tel /21

18 servicio. Pero los ciudadanos de Biure se encuentran exactamente en la misma situación (no sería formalmente discriminatoria, por tanto) de poder disponer de servicio de telefonía móvil en las misma zonas que los ciudadanos de Barcelona. Así, aunque pueda haber razones para no contratar un servicio de telefonía móvil muchos de los residentes en Biure dispondrían de contrato de telefonía móvil, aunque (sólo) sea para usarla en sus desplazamientos laborales, de ocio o de cualquier otra índole. Por tanto desvinculamos la telefonía móvil del lugar de residencia del usuario en razón a la propia esencia de la telefonía móvil: la movilidad, y ésta no se refiere ni a su domicilio ni tampoco a sus inmediaciones. Con todo ello, lo realmente importante acaban siendo las determinadas condiciones con las que se presta el servicio que ya cumple con el requisito de independencia de la ubicación geográfica. Llegados a este punto, las Administraciones Públicas pueden jugar un papel importante, de la misma manera que procuran que la sanidad o la educación se preste en las mejores condiciones posibles, en concreto a aquellas que afectan a la proximidad al usuario. Por ello, es razonable elevar el techo de las determinadas condiciones en razón de cobertura territorial. Más allá de la cobertura poblacional y toda vez que tales servicios han adquirido un notable grado de madurez, la característica de movilidad nos lleva a una exigencia de naturaleza territorial. Ahí, la lista de zonas candidatas a elevar el techo resulta dispar y cabe considerar determinadas prioridades. En primera instancia se deberían atender los grandes y medianos núcleos de población, aspecto ya considerado en el momento de las concesiones. Actualmente deberían considerarse todos los núcleos de población, vías de comunicación terrestres que tengan una movilidad significativa o grandes estaciones o intercambiadores de transporte de viajeros. Otro aspecto a considerar en las características de movilidad es la disponibilidad del servicio con independencia del operador al que esté abonado el usuario. Así, aun cuando cada operador deba disponer de redes propias, exigirles que tales redes alcancen el confín extremo del territorio puede ser ineficiente en términos económicos. Por ello se sugiere que el servicio de cualquier operador esté disponible allá dónde algún operador disponga de red y mediante sus propios acuerdos comerciales decidan cómo hacerlo. Es evidente que en pequeños núcleos de población el escaso tráfico a cursar no justifique la inversión por parte de diversos operadores en infraestructura propia. Actualmente hay diversas herramientas y configuraciones de red que permiten que los usuarios de un operador sean servidos por las infraestructuras de otro operador. Por todo ello sugiere que sea considerada la extensión de las zonas de servicio como una obligación de servicio público así como la equiparación de las diversas zonas entre operadores, esto es, si hay cobertura, la haya de todos, en los núcleos rurales objeto de dicha obligación, no donde las reglas del mercado definan una rentabilidad del servicio per se. Sobre la obligación de cobertura territorial y elementos a cubrir Desde el punto de vista de la administración, la importancia de la telefonía móvil radica en sus capacidades de localización y su importancia en áreas como la seguridad y las emergencias. No sólo el servicio paneuropeo de emergencias 112 en movilidad es muy necesario sino también la capacidad de identificar al llamante y poder posicionarlo en un mapa. Por lo tanto, combinando tanto las necesidades del ciudadano como las propias de las administraciones públicas, sería necesario disponer del servicio en todo el territorio. Las administraciones públicas están obligadas en sus actuaciones a la eficacia y ponderación. Dicho principio debería igualmente regir cuando determinadas actividades ejercidas por operadores privados sean objeto de obligaciones de servicio público. Por tanto, la disponibilidad de redes (privadas) a lo largo y ancho del territorio debe ajustarse a ese principio de eficacia y ponderación. Así, la extensión de redes vendrá limitada por el grado de eficacia (cambiante a lo largo del tiempo) Tel /21

19 que pudiera alcanzarse modulándose con ello la correspondiente obligación de servicio público, en este caso de extensión sobre el territorio, una extensión que, en cualquier caso, debe ser creciente. La presente consulta abre las puertas a nuevos planteamientos para buscar cómo avanzar en el fin deseado, respetando los legítimos intereses de mercado y de la acción pública. La evolución del mercado ha llevado desde la competencia en cobertura de los años noventa a la competencia en servicios actual y la compartición de infraestructuras. Así pues, la cobertura ha dejado de ser uno de los drivers del mercado. Por todo ello, por el momento económico en que nos encontramos y por haber ya agotado las alternativas de despliegue, cabría plantearse la necesidad de aumentar la eficiencia de explotación de los recursos disponibles fomentando un acuerdo global de compartición de infraestructuras entre operadores en zonas no objetivo de competencia entre ellos (núcleos con población inferior a determinado umbral, por ejemplo). De hecho, estas políticas ya se han fomentado desde las administraciones públicas, por ejemplo mediante el Plan EGSM del MITyC o el ya mencionado plan Catalunya Connecta. Todas ellas actuaciones públicas de fomento del despliegue y aumento de cobertura de redes móviles en zonas rurales, bien construyendo nuevas infraestructuras o bien fomentando la compartición. Consideramos que deberían ser objeto de obligación de servicio público determinadas condiciones de la prestación de los servicios de telefonía móvil acordes con las legítimas expectativas de la ciudadanía y las necesidades de la Administración Pública incluyendo el concepto de movilidad circunscrito a áreas determinadas. Así, creemos que inicialmente se podría dar un primer paso en el sentido de considerar como obligación de servicio público la telefonía móvil en los núcleos de población y los equipamientos considerados estratégicos en movilidad. Se consideran equipamientos estratégicos des del punto de vista de la movilidad aquellas vías de comunicación terrestres o emplazamientos con una movilidad intensiva por parte de la ciudadanía o por su relevancia en materia de seguridad (las zonas de centrales nucleares, por ejemplo). La lista, elaborada con el consenso del sector, debería contemplar las vías de comunicación, los itinerarios de transporte, los intercambiadores, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, centros administrativos, emplazamientos culturales, de ocio con afluencias masivas estaciones de esquí, por ejemplo-, etcétera. Parecería razonable, en una primera formulación, considerar, por ejemplo, las vías de comunicación principales (autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales), dejando carreteras locales y caminos rurales para futuras revisiones de dicha obligación. La lista de equipamientos objeto de cobertura de movilidad debería también irse ampliando en sucesivas revisiones del servicio universal, estableciendo mapas de movilidad en el territorio cada vez más ambiciosos que fomentaran el aumento de cobertura de los servicios en movilidad. Ello redundaría también en el apoyo directo a las nuevas directrices comunitarias, como la de incorporar el ecall en la fabricación de automóviles a partir de Para que dicha medida sea útil, para que el servicio ecall sea efectivo, se debe disponer de cobertura móvil en las vías de comunicación (a efecto que los nuevos dispositivos puedan realizar la llamada de emergencia correspondiente en caso de colisión o apertura del airbag). También se prevé que el ecall pueda incorporar información relacionada con la localización geográfica del vehículo, tipo de colisión, posición, violencia del choque, dirección o trayectoria del vehículo, con lo que se sugiere para futuras revisiones la inclusión también de datos en movilidad. Sería oportuno dar un tiempo al mercado para atender a la petición y después realizar un análisis detallado de la cobertura alcanzada. Así, por ejemplo, después de un año, podría analizarse qué núcleos de población disponen o no de cobertura de voz y datos en movilidad y a qué nivel de servicio (cuántos operadores, qué velocidad de acceso). Tel /21

20 Sobre el acceso en las zonas no rentables a las redes de los diferentes operadores a través de la del designado como prestador del servicio universal en movilidad Si bien inicialmente no proponemos requerimientos de datos en movilidad (aunque sería adecuado para futuras revisiones del servicio universal), es de esperar que cualquier nueva instalación disponga, por lo menos, de cobertura con tecnología UMTS/HSPA, pues es la práctica del mercado no instalar ya otras tecnologías anteriores. Por lo que la inclusión de datos en movilidad será simplemente una cuestión de renovación tecnológica de las redes de los operadores y de la adecuación de su capacidad en las redes de transporte. El análisis de cobertura actual de los núcleos de menor población mostraría dos situaciones: núcleos menores donde existe cobertura (como mínimo un operador); y núcleos sin cobertura, es decir, donde se incumpliría el servicio universal en movilidad. A partir de dicha realidad se podría designar los operadores obligados a prestar tal servicio público, ya sea mediante soluciones de Roaming Rural (esto es, aceptando llamadas de las redes de todos los operadores en la red del operador prestador del servicio), bien con técnicas de RAN Sharing (equipos de estación base que sintetizan las frecuencias de varios/todos operadores, como en el caso de la parte catalana del AVE). Las dos soluciones permiten cursar llamadas por parte de los usuarios de cualquier operador y permitirían a los equipos de emergencia posicionar a los llamantes al 112, por ejemplo, o llamarlos (pues dispondrían de cobertura de su red. Actualmente, en caso de emergencia se puede acceder al 112 se disponga de cobertura de la red del ciudadano o no, pero no permite a los servicios de emergencia llamar al ciudadano si no tiene cobertura de su propia red). En base a un análisis de costes detallado (contemplando tecnología y dimensionado) y la opinión del mercado (en un caso, el roaming rural, se accede mediante la red del prestador del servicio universal, mientras que en el RAN Sharing se accede mediante la red del operador con el que se mantiene relación contractual, pudiendo ser relevante para las comerciales la identificación de red que aparece en el terminal del ciudadano), debería optarse por una u otra solución. Sobre la política de las tarifas y cánones radioeléctricos y el servicio universal El uso de tecnologías inalámbricas para la prestación del servicio universal debe también hacer replantear las tarifas o cánones radioeléctricos, tal y como la Generalitat ya ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones. En particular, en la respuesta a la consulta pública sobre la definición y análisis del mercado de transmisión de señales de televisión, la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas (Mercado 18) de la CMT, ya destacábamos que la política de equiparar los costes de una infraestructura de radiocomunicaciones en una ciudad o en un entorno rural obstaculizaba el fomento de las comunicaciones electrónicas en entornos rurales. Ya en ese contexto planteamos la redefinición de las políticas de tarifas o cánones radioeléctricos y la definición de diferentes áreas (blancas, grises o negras) dependiendo de la ubicación y función de los sites o infraestructuras de radiocomunicaciones. Creemos que para poder proveer a un núcleo rural de un servicio universal (banda ancha, voz o televisión) con fondos públicos no tiene sentido aplicar cánones añadidos al prestador del servicio. Por todo ello, consideramos necesario, especialmente en la reformulación del servicio Tel /21

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