Reg.: A y S t 244 p En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de junio del año dos mil doce, se reunieron en acuerdo los señores

Transcripción

1 Reg.: A y S t 244 p En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de junio del año dos mil doce, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia doctores, Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la presidencia de la señora Ministra doctora Maria Angélica Gastaldi, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados BONI, María Pía -Licenciassobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. Nro. 344, año 2010). Se resolvió someter la decisión a las cuestiones siguientes: PRIMERA: es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso es procedente? TERCERA: en consecuencia, qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Falistocco, Gastaldi, Erbetta, Gutiérrez, Spuler y Netri. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Por resoluciones de la Secretaría de Gobierno de esta Corte nros. 214 ( ), 396 ( ) 439 ( ), 626 ( ), 810 ( ), 1155 ( ), 1298 ( ), 1539 ( ), 1782 ( ) y 1922 ( ) se le fueron concediendo licencias por razones de salud a la recurrente sin goce de haberes con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de Licencias del Personal del Poder Judicial y artículo 17 del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1919/89 -Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal de la Administración Pública-. Interpuestos recursos de revocatoria contra las decisiones mencionadas (fs. 216, 227, 243, 257, 270, 305, 330, 352, 370 y 391) con fundamento en que se encuentra en condiciones de trabajar pero no desarrollando las tareas que se le impusieron en el amplio ámbito de su designación, solicitando una asignación de funciones diversas a las que venía desarrollando, éstos fueron desestimados por este Cuerpo por Acuerdos de fecha (f. 267), (f. 320), (f. 359) y (f. 396). Contra dichos pronunciamientos deduce Boni recursos de inconstitucionalidad (fs. 285, 332, 377 y 405) agraviándose de que las resoluciones que desestiman las revocatorias exhiben los siguientes vicios: a) arbitrariedad por escasa e insuficiente motivación ya que se le concede licencias por razones de salud, sin decir cuáles son ni de qué modo inciden a los efectos de no poder trabajar; b) el Tribunal se desentiende de los efectos perniciosamente injustos de lo que decide, al realizar una hermenéutica rígida en desmedro del legítimo interés del trabajador para no asignarle tareas diferentes; c) se prescinde de prueba dirimente e incurre en auto contradicción al no considerar el dictamen médico que aconseja el reintegro laboral de la actora con tareas diferentes; y, d) la delegación de funciones en la Secretaría de Superintendencia viola el principio sentado en el artículo 31 de la Constitución Nacional ya que la ley atribuye las decisiones a la Corte en pleno o a la Presidencia del Cuerpo. Ordenada la remisión de las actuaciones a esta Secretaría Técnica (fs. 321, 360, 397 y 421), cumplida la misma y oído el señor Procurador General (fs. 446/448) corresponde efectuar en este estadio el examen de admisibilidad del recurso que prescribe el artículo 11 de la ley En este orden cabe recordar que en autos la Corte desestimó las revocatorias planteadas confirmando las decisiones de la Secretaría de Gobierno que consideró que los decisorios cuestionados se ajustan a las previsiones normativas aplicables al caso (artículo 17 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal de la Administración Pública Provincial -(decreto 1919/89- aplicable por la remisión prevista en el artículo 30 del Reglamento de Licencias para el Personal del Poder Judicial). 3. Habiéndose deducido recurso extraordinario local contra esta resolución, el examen de la causa permite concluir en que el mismo no suscita cuestión idónea para el franqueo de la instancia reglada por la ley 7055, toda vez que la recurrente ha omitido aportar razones que demuestren siquiera en grado liminar la efectiva falta o carencia de motivación del acto que cuestiona, ni que se haya configurado un supuesto de menoscabo a derechos de raigambre constitucional que deba ser reparado por la vía intentada, por lo que en definitiva el recurso sólo deja traslucir la mera disconformidad o discrepancia de quien lo plantea con la solución que esta Corte adoptó en el ejercicio de funciones administrativas propias derivadas de la competencia que en materia de Gobierno del Poder Judicial le atribuyen la Constitución y las leyes, extremo ajeno al recurso de inconstitucionalidad conforme reiterada jurisprudencia. Ello es así pues, conforme resulta del relato efectuado, la impugnante se ha limitado, en general, a insistir en los mismos planteos oportunamente esgrimidos en sede administrativa, proponiendo a partir de ellos la solución que a su criterio correspondía adoptar en el presente caso, sin demostrar siquiera prima facie que este Tribunal haya incurrido en autos en las alegadas violaciones a principios de jerarquía constitucional o efectuado una ponderación irrazonable de las constancias del expediente, que determine que la decisión final deba ser vista como el resultado de la sola voluntad de quienes decidieron. En tal sentido, cabe destacar que la recurrente ha omitido hacerse debidamente cargo de que todas las licencias por razones de salud fueron concedidas previo el dictamen de la Junta Médica, que determinó que según la documentación adjuntada, Boni se encuentra en atención médica por transtorno de la esfera psíquica aconsejando otorgarle licencia por

2 enfermedad de largo tratamiento. Por otro lado, también la resolución impugnada le dio respuesta al pedido de que se le otorguen funciones diferentes. En efecto, en las decisiones cuestionadas se remitió a lo resuelto en decisión firme de fecha (Acta nro. 6) en cuanto ahí se sostuvo que la reubicación en otras funciones diferentes a las que por mandato legal les son propias, resulta improcedente. Para ello consideró que la doctora Boni fue designada por decreto nro. 270 del Poder Ejecutivo de la Provincia del , como Jefe de Despacho para desempeñar tareas relacionadas con la necesaria coordinación de las relaciones institucionales, información y difusión de las actividades desplegadas por la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del Cuerpo, sus estructuras dependientes y demás miembros del Poder Judicial y toda otra tarea que la Corte Suprema de Justicia le encomiende. Como así también, que las mismas funciones fueron las que oportunamente se establecieron en el llamado a concurso para la cobertura de dicho cargo -dispuesto por resolución de Secretaría de Gobierno del al que se le dio debida publicidad -Circular nro. 64/2001- y en la página web de este Poder Judicial-. Por último, y en relación al agravio referido a que la delegación de funciones en la Secretaría de Superintendencia viola el principio sentado en el artículo 31 de la Constitución Nacional ya que la ley atribuye las decisiones a la Corte en pleno o a la Presidencia del Cuerpo, también debe desestimarse por carecer de decisividad. Ello es así, ya que el acto recurrido por la vía extraordinaria fue dictado por esta Corte al rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por Boni contra la decisión del Secretario de Gobierno. Frente a ello, no puede sino concluirse que el agravio de la quejosa -en cuanto cuestiona la competencia del Secretario de Gobierno- se desvanece desde que su planteo -como se adelantó- carece de decisividad, lo que determina que no resulta atendible en la instancia de excepción, sobre todo si no se advierte lesionado derecho alguno de índole constitucional. Por ello, y al no advertirse que los derechos que se dicen vulnerados guarden relación directa e inmediata con lo resuelto, ni tampoco que las tachas de arbitrariedad genéricamente esbozadas encuentren asidero en las concretas circunstancias de la causa, corresponde desestimar los planteos propuestos. 4. No obstante ello, las particularidades del presente caso imponen el siguiente orden de consideraciones Surge de las actuaciones venidas en recurso, y en lo que ahora es de interés, que a la agente dependiente de este Poder Judicial María Pía Boni a partir del se le ha concedido en numerosas oportunidades licencia por razones de salud (art. 30, Reglamento de Licencias el Personal del Poder Judicial). Que concedida -por razones idénticas- nueva licencia por resolución nro de la Secretaría de Gobierno de este Cuerpo (f.108) y por el término de 30 días a partir del hasta el , la agente mencionada interpone recurso de revocatoria contra dicha decisión solicitando se deje sin efecto y se disponga su reintegro al trabajo con las modalidades aconsejadas por los profesionales que la asisten y en criterio avalado por la Junta Médica Especial ( ). Dichas modalidades consistían en el reintegro laboral con tareas diferentes que implicaran: horario reducido a 6 horas con desvinculación total de su trabajo entre una jornada y otra, y de ser posible, en otro ámbito administrativo laboral (ver f. 102). Por resolución de fecha (Acta nro 6) este Cuerpo rechazó -entre otros- el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución nro del Secretario de Gobierno resolviendo -con citas de precedentes propios- que la reubicación en otras funciones diferentes a la que por mandato legal les son propias, resulta improcedente. Para ello consideró que la doctora Boni había sido designada por decreto nro. 270 del Poder Ejecutivo de la Provincia del , como Jefe de Despacho para desempeñar tareas relacionadas con la necesaria coordinación de las relaciones institucionales, información y difusión de las actividades desplegadas por la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del Cuerpo, sus estructuras dependientes y demás miembros del Poder Judicial y toda otra tarea que la Corte Suprema de Justicia le encomiende. Como así también, que las mismas funciones fueron las que oportunamente se establecieron en el llamado a concurso para la cobertura de dicho cargo -dispuesto por resolución de Secretaría de Gobierno del al que se le dio debida publicidad -Circular nro. 64/2001- y en la página web de este Poder Judicial-. Por otro lado, también surge del expediente que la Junta Médica Especial de la Dirección de Higiene y Salud del Trabajador después de evaluar a la doctora Boni determinó una incapacidad del 40%; en consecuencia derivó -a los fines que correspondieran- dichas actuaciones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (f. 158). Recibido el expediente, la Junta Médica establecida en la ley Decreto Reglamentario N 922/96- constató una incapacidad parcial y permanente del 10% no imputable al servicio y posterior al ingreso, con posibilidad de realizar tareas habituales. A pesar de ello, la Junta Médica Judicial sostuvo que la agente no se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas habituales, aconsejando otorgarle licencia por enfermedad de largo tratamiento por el término de 30 días (f. 207). Habiendo informado la Prosecretaria de la Corte que la licencia por enfermedad de

3 larga duración otorgada a la agente ha sido de 729 días, pudiendo hacer uso de 1 día más (f. 208), se le concede licencia por 30 días a partir del hasta el La misma se otorga con goce de haberes por un día y los demás sin su percepción (fs. 201/212), situación que se mantiene hasta la actualidad. En conclusión, la doctora Boni -quien ingresó a cumplir funciones en este Poder Judicial- se encuentra en uso de licencia por razones de salud sin goce de haberes por haberse agotado el plazo establecido reglamentariamente para ello; no puede acceder a la jubilación por incapacidad en virtud de no reunir los requisitos legales para ello, en tanto la Junta Médica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia dictaminó una incapacidad parcial y permanente del 10%, lo que determinó que la Directora Provincial de dicha Caja resolviera no hacer lugar al beneficio de Jubilación por Invalidez de Boni; y se encuentra ante una reiteración de licencias sin goce de haberes con una duración que sobrepasa -a esta altura- el lapso de dos años, con posibles consecuencias trascendentes para la suerte de su carrera administrativa, puesto que Boni es agente del Poder Judicial, aplicándose, por ende, las disposiciones de la ley , entre ellas, la inhabilitación para el ejercicio de su profesión fuera del ámbito público (incompatibilidad dispuesta por dicho ordenamiento, art. 208) Esta situación descripta en donde la agente se encuentra dependiendo de este Poder Judicial y sin goce de haberes por aplicación de la normativa vigente impone ponerle coto, teniendo en cuenta como marco referencial los derechos e intereses comprometidos entre ellos, sobresalen el derecho a la estabilidad en la carrera (artículo 14 bis CN), la tutela de su estado de salud (arts. 33 y 75 inc. 22 CN y art. 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y de la seguridad social (art. 14 bis CN) que, a su vez, deben compatibilizarse con el interés público que la Administración debe satisfacer y con el ajuste en su obrar al principio de legalidad que rige para los actos del poder público. Siendo ello así corresponde que este Tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en ejercicio de sus facultades de gobierno, analice y decida la concreta y actual situación de la agente en cuanto a si corresponde o no su permanencia en el servicio de la administración de justicia y, en su caso, a la posibilidad de reubicarla en tareas diferentes a las asignadas. Previo a ello, teniendo el cuenta el tiempo transcurrido y surgiendo de autos que el estado de salud de la doctora María Pía Boni ha ido evolucionando conforme consta en los dictámenes de fojas 158/159, 204/205 y certificaciones médicas expedidas a partir de fojas 223, se debe requerir a la Junta Médica Especial (Dirección de Higiene y Salud del Trabajador) dependiente del Ministerio de Salud que, en el término de veinte días, dictamine sobre su estado actual de salud. Por todo ello corresponde, declarar inadmisible el recurso interpuesto y disponer la remisión de estas actuaciones a Gobierno de este Cuerpo a los fines expresados en los considerandos. Así, voto. A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler adhieren a las consideraciones expuestas por el señor Ministro doctor Falistocco en los puntos 1, 2 y 3 por lo que entienden que el recurso deducido es inadmisible. Así votaron. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri dijo: La negativa a dicha pregunta surge a poco que se analice que tales decisiones han encontrado fundamento en los dictámenes de las Juntas Médicas Forenses, y en las facultades para disponer las licencias sin goce de haberes habida cuenta que el plazo de dos años de licencia con goce había sido ya agotado por la recurrente. Y frente a ello, los agravios de la compareciente no demuestran la carencia de motivación de los actos que cuestiona, ni que se haya configurado un supuesto de menoscabo a derechos de raigambre constitucional que deba ser reparado por la vía intentada, por lo que en definitiva el recurso sólo deja traslucir la mera disconformidad o discrepancia de quien lo plantea con la solución que esta Corte adoptó en el ejercicio de funciones administrativas propias derivadas de la competencia que en materia de Gobierno del poder Judicial le atribuyen la Constitución y las leyes, extremo ajeno al recurso de inconstitucionalidad conforme reiterada jurisprudencia. Ello así pues, conforme resulta del relato efectuado, la impugnante se ha limitado, en general, a insistir en los mismos planteos oportunamente esgrimidos en sede administrativa, proponiendo a partir de ellos la solución que en su criterio correspondía adoptar en el presente caso, sin demostrar siquiera prima facie que este Tribunal haya incurrido en autos en las alegadas violaciones a principios de jerarquía constitucional o efectuado una ponderación irrazonable de las constancias del expediente, que determine que la decisión final deba ser vista como el resultado de la sola voluntad de quienes decidieron.

4 En tal sentido cabe destacar que los fundamentos dados por esta Corte a la hora de resolver los recursos de revocatoria interpuestos contra las resoluciones que otorgaban licencia por enfermedad sin goce de haberes -en tanto se apoyaban en la normativa que establece el límite temporal para el goce de licencia por enfermedad con goce de haberes y a la vez, en los informes de la Junta Médica que afirmaban que la agente no se encontraba en condiciones de retornar a sus tareas habituales y aconsejaban dichas licencias- no han sido conmovidos por los argumentos de la impugnante. Por último, y en relación al agravio referido a que la delegación de funciones en la Secretaría de Superintendencia viola el principio sentado en el artículo 31 de la Constitución Nacional ya que la ley atribuye las decisiones a la Corte en pleno o a la Presidencia del Cuerpo, también debe desestimarse por carecer de decisividad. Ello es así ya que lo actos recurridos por la vía extraordinaria fueron dictados por esta Corte al rechazar los recursos de revocatoria interpuestos por la agente contra la decisión del Secretario de Gobierno, con lo cual, no puede sino concluirse en que el agravio de la recurrente -en cuanto cuestiona la competencia del Secretario de Gobierno- se desvanece desde que su planteo carece de decisividad -se itera- y no logra acreditar que se lesione derecho alguno de índole constitucional. Ahora bien, lo expuesto pone de manifiesto que, si bien lo hasta aquí resuelto por el Tribunal en funciones de gobierno no logra -a la luz de los reproches esgrimidos- configurar cuestión que habilite la instancia excepcional, lo cierto es que, en adelante, la situación de la agente (quien todavía revista en los cuadros de la Administración -Poder Judicial-) deberá ser resuelta en términos jurídicos por el Alto Cuerpo en ejercicio de las mencionadas facultades de superintendencia. Ello es así, en tanto, si bien la situación concreta puede resultar no comprendida en la normativa específica aplicable al personal administrativo de este Poder del Estado provincial, lo cierto es que la solución no puede distar en gran medida de la que en el resto de los ordenamientos para agentes públicos estatales rigen en la Provincia (y que, por cierto, reflejan principios unánimes en las múltiples jurisdicciones locales). De otra manera, lo que fuera jurídicamente válido hasta aquél momento podría tornarse, por el paso del tiempo y la inhabilitación que pesa sobre la reclamante para el ejercicio de sus profesiones fuera del ámbito público (incompatibilidad dispuesta por ley orgánica, art. 212, inc.7), en una medida en extremo gravosa para ella, que no encontraría sustento jurídico suficiente. Así, la Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y en ejercicio de sus facultades de gobierno, habrá de analizar la concreta situación de la agente en cuanto a si corresponde o no su permanencia en el servicio de la Administración de Justicia en atención a la posibilidad de reubicarla en tareas diferentes de las asignadas. Cierto es que tales cuestiones no resultan de poca complejidad, atento la doble obligación del Estado, por un lado, atender las necesidades de los particulares y por el otro, la de propender al bien común. Por lo tanto, es necesario que el Estado evite cuidadosamente chocar con ese doble escollo, ya que si mira excesivamente al hombre y olvida a la sociedad, corre el grave riesgo de caer en el individualismo. Por otro lado, si se olvida del individuo, y vuelca su mirada especialmente en la comunidad, se precipitará hacia el colectivismo. Por ello, la posición de la Administración debe ser ecuánime, mirando a la sociedad sin olvidarse del individuo (Altamira Gigena, Responsabilidad del Estado, Astrea, Bs. As, 1973, pág. 88). En este sentido, es dable recordar que lo relativo a la modificación escalafonaria o reencasillamiento o reubicación de los agentes públicos es prerrogativa del Estado empleador, y a ese respecto, calificada doctrina ha sostenido invariablemente que no puede hablarse de un interés personal de quien ostenta un cargo, sino una causa de interés público que la Administración debe ineludiblemente satisfacer. Sostener lo contrario implicaría sobrevaluar el interés privado en desmedro del general desnaturalizando la causa o motivo o presupuestos que determinan a la Administración Pública a contratar. Y ello es así, en atención a que nadie mejor que la institución que emplea el agente para conocer las funciones que aquéllos ejecutan y las necesidades y características de la organización administrativa en general, con lo cual el control judicial es procedente cuando, a través del ejercicio de dicha facultad, se incurra en la toma de decisiones irrazonables, conculcando así derechos subjetivos o intereses legítimos tutelados por la Constitución Nacional. Del mismo modo, la garantía contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, a la luz de los especiales criterios que han sido recientemente vertidos por la Máximo Tribunal de la República (Fallos: 333:311; 333:335; 334:398; entre otros) habrá de ser ponderada en manera particular por el Estado al resolver -en este caso, ejerciendo la Corte sus facultades constitucionales de superintendencia y en la instancia que corresponde- a fin de ajustarse en su obrar al principio de legalidad que rige para los actos del poder público. En efecto, la sujeción de la Administración Pública en todas sus esferas de actuación, al orden jurídico, imponiendo de ese modo una vinculación positiva de la estructura estatal al principio de juridicidad, sigue siendo el precepto constitucional de mayor relevancia en

5 este tipo de relación de sujeción especial, de tipo estatutaria, en la que ejerce sus prerrogativas estatales. Estos caracteres definen la vinculación jurídica que une a la Administración en sus diversas esferas de gobierno, con los agentes o funcionarios públicos con estabilidad. Esta peculiaridad tiene su fundamento en el interés público que pretende alcanzarse a través de la actuación administrativa y que responde a la especial naturaleza de la actividad estatal atinente a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes personales de los agentes, lo que constituye materia no justiciable. En efecto, se ha reconocido a la Administración Pública para el ejercicio de esas facultades una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentos en juego en aras de lograr un buen servicio (Fallos: 302:403). La accionante, en el caso, no ha demostrado que el ejercicio de estas potestades públicas reservadas al órgano de gobierno del Poder Judicial, exorbite los estándares que emanan de los principios de proporcionalidad, razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad, únicos supuestos en los que cabría la posibilidad de un control jurisdiccional del ejercicio de las mismas. Y esto es así, en atención a lo sostenido ya por pacífica jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional al señalar que no incumbe a los jueces el control de las razones de oportunidad, mérito o conveniencia, tenidas en cuenta por otros poderes del Estado en orden a decisiones que le son propias (Fallos: 293:173; 303:1029; 304:2335; 308:2246; entre muchos otros), afirmando que de no ser así, se sustituiría la legítima discreción de tales órganos por la discrecionalidad de los jueces, sobre la base de una distinta opinión que estos últimos pudieran sustentar. Estas consideraciones permiten que, al analizar las constancias de la causa, a la luz de los agravios esgrimidos por la ahora recurrente, surja que no puedan ser acogidos los planteos referidos a la arbitrariedad fundada en falta de motivación suficiente, ni en prescindencia de prueba decisiva. Lo dicho importa declarar inadmisible los recursos de inconstitucionalidad interpuestos y remitir los actuados a la Superintendencia de este Cuerpo para que, de conformidad con las consideraciones antes vertidas, resuelva -en ejercicio de su facultad de gobierno- la situación de la agente peticionante. Voto, pues, por la negativa. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta. Así voto. A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Erbetta, Gutiérrez, Spuler y Netri expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto y disponer la remisión de estas actuaciones a Gobierno de este Cuerpo a los efectos enunciados en el presente pronunciamiento. Así voto. A la misma cuestión, la señora Presidenta doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Erbetta, Gutiérrez, Spuler y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Disponer la remisión de estas actuaciones a Gobierno de este Cuerpo a los efectos enunciados en el presente pronunciamiento. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmado el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.: GASTALDI-ERBETTA-FALISTOCCO-GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)