LOS HONORARIOS JUDICIALES Y LOS PRIVILEGIOS

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1 TÍTULO: Los honorarios judiciales y los privilegios AUTOR/ES: Caeiro, María C. PUBLICACIÓN: Compendio Jurídico TOMO/BOLETÍN: 70 PÁGINA: 159 MES: Enero/Febrero AÑO: 2013 MARÍA C. CAEIRO LOS HONORARIOS JUDICIALES Y LOS PRIVILEGIOS I - LOS HONORARIOS Se denomina honorario a la retribución que recibe por su trabajo quien ejerce o practica una profesión o arte liberal. Lleva implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor, dada la jerarquía de quien realiza la tarea específica que debe ser remunerada (1). Conforme viene sosteniendo la jurisprudencia en la materia, el auto que regula honorarios tiene carácter de sentencia respecto del monto de la retribución y no importa pronunciarse sobre quién es el obligado a pagarlos, por lo que no cabe aceptar discusiones previas acerca del derecho a percibirlos o de quién está obligado a su pago. Dicho auto tiene carácter declarativo y fija el monto del crédito, pero no lo origina, pues este preexiste y, en tanto se mantenga vivo y jurídicamente exigible, debe reconocerse al profesional el derecho a obtener su liquidación (2). Hay que destacar también como premisa básica que la actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso en la medida de su oficiosidad. Esta presunción ya se encontraba fijada en el texto originario del artículo tercero de la ley reguladora de los honorarios profesionales de abogados y procuradores-. No obstante, cabe advertir que entre las reformas introducidas a esta norma por la ley 24432, se encuentra en este punto el agregado de una frase en la medida de su oficiosidad, que condiciona de alguna manera tal presunción legal. Se ha considerado que aquellos actos que no han sido idóneos no pueden generar honorarios. En definitiva: cuando un abogado lleva a cabo una tarea completamente inconducente e inoficiosa, carece de derecho a que le regulen honorarios. Un ejemplo sería el supuesto de que una persona fallece y, toda vez que carece de herederos forzosos (soltero, sin descendientes y cuyos padres fallecieron con anterioridad), deja un testamento a favor de un matrimonio amigo y de una sociedad de beneficencia por partes iguales. Se presenta un sobrino y plantea la nulidad de ese testamento, pero dirige la acción solamente respecto del matrimonio omitiendo hacerla extensiva a la sociedad. Dictada la sentencia, se advierte el error incurrido, toda vez que esa acción de nulidad no es oponible a esta última, con lo cual no puede quedar operada sin más la nulidad del testamento, ya que este no es divisible. Todo este proceso que tramitó generó costas y, por ende, honorarios, pero la labor desarrollada resultó inoficiosa para el mandante por cuanto no pudo cumplir el objeto para el que estaba iniciado el proceso. En lo que concierne a la presunción de onerosidad, es un índice claro que testimonia el derecho de los letrados a que su labor sea recompensada, regla que también es mantenida en el artículo 7 de la ley de aranceles, donde se determina el piso con el cual la remuneración debe ser otorgada y sin poder regular sumas interiores a esos porcentajes explícitamente determinados. También debe considerarse la norma agregada por la ley 24432, donde también se establecen los mínimos regulatorios. Ya en un antiguo fallo, se sostuvo que la labor profesional de los letrados y procuradores que han hecho de la profesión no solo un medio de vida, sino un instrumento de eficiente colaboración con la justicia, debe ser remunerada con el alto concepto que ello inspira y reclama de los magistrados (3). Por su parte, el artículo 47 de la ley de honorarios hace referencia a la obligación de los jueces de regular los honorarios de los letrados o procuradores de ambas partes (es decir, no solo a la vencedora) al dictar sentencia, siendo exigible aun cuando no mediara petición expresa en ese sentido. Este mismo se encuentra contemplado en el artículo 163, inciso 8), del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), donde se dispone que entre los requisitos que debe contener una sentencia se encuentra el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios, pudiéndose solamente diferirse la regulación en el único supuesto previsto en la norma y que se produce cuando fuere necesario establecer previamente el valor de los bienes y con anterioridad a la sentencia no se hubiese producido su determinación mediante el procedimiento fijado en el artículo 23 del citado ordenamiento legal (estimación y/o estimación por el perito). Esto es así, por cuanto el monto de los honorarios tiene relación directa con el monto del proceso. Esto último tiene por objeto determinar dicho monto mediante la estimación del valor de los bienes por parte del profesional y del obligado al pago de los honorarios procurando que para la regulación se tengan pautas reales y actuales. En general, el obligado al pago de los honorarios es el litigante que resulta perdedor en el proceso como consecuencia del principio general que rige en materia de costas, sin embargo, dicha norma deja abierta la

2 posibilidad a los abogados y procuradores para cobrar sus honorarios al propio cliente al cesar en su actuación. Por supuesto que, de darse este último supuesto, una vez que exista condena en costas, el cliente puede ejercer la acción de repetición contra este último. En definitiva, el acreedor de los honorarios tiene dos caminos: reclamar el pago al condenado en costas y si este no cumple, podrá reclamarlo a su propio cliente, quien a su vez tendrá derecho luego de promover la correspondiente acción de repetición contra aquel. Si bien los dos no incurren en mora simultáneamente, la mora del primero hace nacer el derecho a la actualización y los intereses que el otro debe afrontar. No obstante lo expuesto, es importante destacar que la responsabilidad del cliente no condenado en costas por los honorarios de su profesional está excluida del artículo 509, primera parte, del Código Civil (CC), por lo que debe existir una interpelación previa de requerimiento de pago (cfr. primera parte del art. 50 de la ley). El honorario del abogado, en su interpretación actual, consolida un derecho de propiedad a favor de quien es titular de él, siendo que todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley integra el concepto constitucional de propiedad, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce. Desde esta perspectiva, toda sentencia ejecutoria (la que fija el emolumento) implica la existencia de un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia y que, desde el punto de vista constitucional, reviste el carácter jurídico de propiedad amparado por la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional (CN) (4). Estos mismos principios son, sin duda, aplicables a todos aquellos supuestos en que el honorario aún no ha sido fijado, pero se encuentra ya devengado como consecuencia de la tarea profesional realizada. Asimismo, hace ya algunos años comenzó a abrirse paso en la doctrina y la jurisprudencia la tesis que consagra la naturaleza alimentaria del honorario de los abogados, entendido como contraprestación directa de su trabajo personal. Ello fue el fruto de una nueva visión del desempeño letrado como profesión. Con criterio más actual y realista, el cariz aristocrático de que estaba revestida en la antigüedad fue cediendo paulatinamente, por obvias razones, hasta ubicar hoy su práctica en el marco general de las diversas profesiones liberales, cuyo desenvolvimiento se erige materialmente en el modus vivendi de quien las ejerce (5). Es en virtud de la garantía que tiene con respecto al pago de sus honorarios por parte de su cliente que el abogado puede oponerse a la entrega de fondos a este o al levantamiento de medidas cautelares, como medida tendiente a la protección de sus honorarios y, de esa forma, posibilitar su cobro, ya que -como veremos seguidamente- tiene privilegio respecto al crédito de su parte porque fue ese trabajo el que le posibilitó la satisfacción de su acreencia a esta última. Ahora bien, para el cobro de estos honorarios, hayan sido devengados en una ejecución de sentencia o en un juicio ejecutivo, no será necesario realizar un nuevo juicio, puesto que, cuando lo embargado fuese dinero o cuando los fondos estén disponibles, aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare y al abogado de sus honorarios. Ello se debe a que en el juicio ejecutivo lo embargado responde a capital y se reserva una suma prudencial para responder a intereses y costas, encontrándose comprendidos en este último los honorarios de los abogados. En cambio, cuando se trata de honorarios regulados en un proceso de conocimiento, es necesario acudir al procedimiento de ejecución de sentencia (art. 499 y ss., CPCCN) para el cobro de aquellos. En el caso de tener que iniciar ejecución de sus honorarios por falta de pago, esta ejecución generará nuevos gastos y honorarios que deben ser a cargo de los obligados que dieron lugar al trámite. De lo contrario, se habría producido un verdadero enriquecimiento sin causa, en tanto los incumplidores obligaron al profesional a emplear no solo su tiempo y sus conocimientos jurídicos en el proceso tendiente a cobrar sus honorarios regulados y firmes, sino también a sufragar de su bolsillo los gastos necesarios para promover e impulsar trámites como, por ejemplo, aranceles por traba de embargos, confección de cédulas y escritos, entre otros. En cuanto a los honorarios por tareas extrajudiciales, a los efectos del cobro de los honorarios (art. 57, ley de arancel), en caso de no haber acuerdo entre el profesional y el obligado al pago, existen dos vías: 1. Si la gestión extrajudicial es paralela o previa a juicios formalizados, debe tramitar mediante el procedimiento aplicable a los incidentes contemplados en el artículo 175 y siguientes del Código Procesal, salvo que el juez en función de las prerrogativas del artículo 319 del CPCCN determine otro tipo de procedimiento. 2. En cambio, si se trata de una gestión que goza de autonomía e individualidad propia, deberá recurrirse al trámite previsto para los juicios ordinarios (de acuerdo con el principio establecido por el art. 319, CPCCN) o sumarísimos (art. 321), según el monto reclamado. II - CARACTERES DE LOS PRIVILEGIOS Debemos partir de dos premisas básicas: la primera, que ante el incumplimiento de nuestro deudor podemos poner en marcha el procedimiento de ejecución del crédito a fin de lograr su satisfacción actuando de manera compulsiva sobre su patrimonio. La segunda, que este último constituye la prenda común de los acreedores. Ahora bien, no siempre esta fórmula funciona de una manera tan simple, puesto que muchas veces viene a colisionar con un sinnúmero de situaciones complejas, como que, en oportunidades, este patrimonio resulta insuficiente para cubrir la cantidad de situaciones crediticias a afrontar.

3 Justamente, el sentido de los privilegios es la insuficiencia del patrimonio del deudor. Según el artículo 3875 del CC, el derecho dado por la ley a un acreedor, para ser pagado con preferencia a otro, se llama en este Código privilegio. En otras palabras, podemos decir entonces que, frente a la regla general de que todos los acreedores están en igualdad de condiciones ante el deudor común, existen diversas excepciones por las cuales la ley otorga prerrogativas a algunos acreedores. En estos supuestos, se quiebra la igualdad. El privilegio como tal y en el marco del proceso significa que alguien estará delante de los otros. Objetivamente, entra en juego esta figura jurídica cuando el patrimonio del deudor no alcanza para satisfacer sus deudas, lo que permite a través del privilegio que algunos cobren antes o que directamente los excluyan. Determina, entonces, este instituto el derecho que tiene un acreedor a ser pagado antes que otro. Es una ventaja. Por la desigualdad que trae aparejada, se ha pregonado la idea de una interpretación restrictiva de ellos y, en caso de duda, deben negarse, pues si se acepta una extensión mayor a la admitida por la ley, se menoscaba el derecho de terceros (6). Se plantea, además de la insuficiencia de patrimonio del deudor, que concurran mínimamente dos acreedores. Esta cualidad que presenta a un crédito como preponderante podrá dar sus frutos en el marco de la ejecución individual a través de la tercería de mejor derecho, pero despliega toda su virtualidad en el ámbito del concurso, donde el patrimonio se presume impotente para atender a su cartera pasiva, y esa insuficiencia para satisfacer las deudas da relevancia al hecho de que algunos acreedores puedan cobrarse antes que otros. Ante aquellos casos de insuficiencia es donde el privilegio se verá en su pompa operativa, ya que, al venderse una cosa del deudor para pagar a los acreedores, algunos de estos se echarán antes que otros sobre el producido (7). Así, varios juristas como Salvat, Molinario y otros señalaron que el privilegio es una cualidad del crédito distinta del derecho real de garantía, diferente del contrato que ese derecho real garantiza y del derecho de persecución que es propio de ese derecho real. Tan diferente es, que resulta posible derogar el privilegio atribuido a los créditos con derecho real de garantía sin que ello suponga de forma alguna alterar los restantes elementos constitutivos del citado derecho real (8). Los privilegios en nuestro ordenamiento tienen su concepción en la ley, de manera tal que así como la hipoteca, la prenda, el warrant y todos los demás derechos reales de garantía tienen fuente convencional, los privilegios strictu sensu son siempre de fuente legal (9). Su fundamento reposa en una incuestionable seguridad jurídica y además, de aceptarse un criterio distinto, el cobro de los créditos quedaría a merced del deudor, siendo este en definitiva el que decidirá quién debe cobrar primero, situación que traería aparejada una clara desigualdad. De manera tal que el principio rector en el tema es que no existe privilegio allí donde la ley no lo establece en forma precisa, sin que se pueda aplicar un criterio analógico de manera de hacer extensivo un privilegio previsto para una situación determinada a otra distinta. Siguiendo este lineamiento, nuestra legislación detalla que los privilegios son sobre los muebles y los inmuebles, o solo sobre los muebles o solo sobre los inmuebles (art. 3878, CC). Pero más importante es aquella que establece la diferencia entre los privilegios especiales, que recaen sobre una cosa determinada, y generales, en tanto no existe una cosa afectada especialmente al privilegio. El privilegio no es un derecho real ni personal, sino un efecto secundario de ciertas obligaciones (10). Entre sus caracteres, se mencionan: 1. es de origen legal, es decir, debe surgir de la ley; 2. es accesorio de un crédito, aparece y toma razón a raíz de la ejecución de un crédito; 3. es excepcional, es decir, es de interpretación restrictiva y, en caso de duda, debe tenerse por no existente. También es importante destacar que el conflicto entre acreedores atinente al alcance de la preferencia de sus créditos deberá establecerse cuando se haya realizado la subasta, momento en el cual tendrán conocimiento cierto del precio ofrecido y de la existencia de remanentes (11). De forma tal que, una vez obtenido el precio de la venta en subasta y abonado este por el comprador, se despeja cualquier incertidumbre acerca del monto a distribuir, es decir, si alcanza para desinteresar a todos. Luego, solo quedaría la citación de los acreedores para que se presenten a reclamar el pago de sus créditos. Por supuesto que, en este último caso, no es que se presenta directamente el acreedor en el proceso donde se subasta el bien, sino que mínimamente se requerirá que haya habido un proceso donde se haya determinado la legitimidad del acreedor con las garantías defensivas del ejecutante. Con esto queremos decir que no es que se presenta en una ejecución de alquileres el acreedor hipotecario y se lleva el dinero, sino que el juez transferirá ese dinero al proceso donde ejecutó su acreencia para que no queden dudas de que el deudor no le pagó o no existieron excepciones a su reclamo, es decir que tiene una sentencia que lo legitima. Distinto es el supuesto de la presentación del acreedor para el aumento de base de subasta, hipótesis planteada en el artículo 575 del CPCCN, donde allí sí el magistrado puede prescindir del proceso en trámite y darle entidad a su petición, pero no así en ocasión de disponer del dinero de la subasta. III - CLASIFICACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS EN NUESTRO CC Como vimos anteriormente, en nuestro ordenamiento existen dos clases de privilegios: los privilegios de carácter especial y los privilegios generales. a) Privilegios generales

4 Los privilegios generales son aquellos que confieren un derecho de cobro preferente al acreedor beneficiado con relación a un conjunto de bienes que componen el activo liquidado. Es decir, recaen sobre la totalidad de los bienes, sean muebles e inmuebles del deudor. Tenemos los siguientes: 1. gastos de justicia [art. 3879, inc. 1)]; 2. créditos del Fisco [art. 3879, inc. 2)]; 3. gastos funerarios [art. 3880, inc. 1)]; 4. gastos de última enfermedad [art. 3880, inc. 3)] y 5. alimentos [art. 3880, inc. 6)]. b) Privilegios especiales Los privilegios especiales son aquellos que confieren un derecho de cobro preferente al acreedor beneficiado con relación al producido de bienes determinados sobre los que recae el privilegio. Es decir, recae sobre un bien mueble o sobre un bien inmueble. Tenemos los siguientes: b.1) Sobre muebles Encuadra en este supuesto el privilegio referido al locador, al vendedor de cosa mueble, al posadero, al acreedor prendario, al depositante. b.2) Sobre inmuebles Comprende el supuesto del crédito de la construcción, del vendedor de una cosa inmueble y, por supuesto, del acreedor hipotecario. IV - PRIVILEGIO DE LOS GASTOS DE JUSTICIA De lo expuesto hasta aquí, el interrogante que se plantea es quién tiene prioridad siempre frente a todos los demás acreedores y puede de esta manera anticiparse a ellos y cobrar de su crédito con anterioridad a los demás. La respuesta la encontramos en diversas normativas del CC, es decir, en los artículos 3879 y 3900 del CC, que muestran una clara directriz al respecto. Ella consiste en determinar como regla clara que los gastos de justicia hechos en interés común de los acreedores tienen privilegio respecto de los demás créditos. Dentro de los gastos de justicia, tenemos en el lugar más importante los honorarios profesionales. El privilegio que el ordenamiento reconoce a los gastos de justicia se fundamenta en el beneficio que los trabajos profesionales generan a los otros acreedores respecto de los cuales son preferidos. Nuestro CC, siguiendo la orientación del sistema latino, ha otorgado a los gastos de justicia -entre ellos, los honorarios- un privilegio de carácter general que recae sobre la totalidad de los bienes muebles o inmuebles del deudor. Asimismo, la ley determina claramente en el artículo 3111 del Código citado que las costas y gastos participan como accesorios del crédito principal, de las seguridades hipotecarias constituidas para este, teniendo además los gastos de justicia, conforme el artículo 3900 del plexo normativo de mención, preeminencia sobre todos los demás privilegios sin exclusión alguna, y las costas judiciales generadas en la ejecución de la hipoteca tienen privilegio aun sobre esta. Por su parte, el artículo 590 del Código Procesal concede preferencia sobre las sumas depositadas al cobro de las costas de la ejecución, aun con relación al crédito del ejecutante (12). La nota del artículo 3879 del CC define los gastos de justicia como aquellos ocasionados por los actos que tengan por objeto poner a los bienes del deudor y a sus derechos bajo la mano de la justicia. Agrega el privilegio establecido para todos los gastos que los acreedores, a efectos de gozar de estos derechos, no habrían de dispensarse a pagar si otros no hubieren hecho la anticipación o los trabajos indispensables a ese fin. De esta manera, el privilegio de los gastos de justicia siempre puede oponerse a determinados acreedores a quienes esos gastos han sido útiles. Se ha establecido que para ser calificado como gasto de justicia el crédito debe reunir los siguientes requisitos: a) corresponder a un trabajo o gasto necesario para el cuidado o la realización del bien de que se trata, b) provenir de un gasto efectuado en el interés común de los acreedores, c) tener conexión con el proceso judicial y d) tender a la realización de los bienes del deudor o prepararla (13). Cuando los gastos de justicia se hicieron en el interés común de todos los acreedores, goza de privilegio sobre todo el patrimonio del deudor; cuando son originados en juicios individuales y solo aprovechan a algunos acreedores, tienen privilegio especial sobre los bienes obtenidos en razón de dichos gastos y con respecto, únicamente, a los acreedores beneficiados con ellos. En la medida en que dichas tareas profesionales permitan a otros acreedores cobrar su crédito, es justo que se retribuya en primer lugar a quienes ayudaron a lograr ese objetivo. Este fundamento es relevante a la hora de interpretar la legislación y definir si una tarea profesional en concreto merece el trato preferente que la ley reserva para los honorarios profesionales, en tanto dicha tarea no se encuentre específicamente mencionada en la norma (14). Si bien se cuestiona si realmente puede considerarse a los honorarios profesionales gestados en el marco de un proceso judicial un privilegio respecto de los demás acreedores, lo cierto es que más allá de la terminología legal que se adopte, aun cuando no se los considere estrictamente un privilegio, es unánime el criterio de que constituyen una preferencia a ser pagados antes que los acreedores, siempre que los créditos hayan sido útiles para los que se oponen. Esta última concepción se condice con lo expuesto por Vélez Sarsfield en la nota al artículo 3575 del CC, donde comenta en ese sentido que los gastos de justicia -y obviamente incluimos, como venimos diciendo hasta aquí, los honorarios profesionales devengados- más que un privilegio son un pago anticipado y necesario hecho del conjunto de los valores destinados a los acreedores.

5 V - SUPUESTOS DE PRIORIDAD DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES: PRINCIPIOS GENERALES De lo reseñado hasta aquí, sabemos que los honorarios profesionales gozan de preferencia frente a los demás acreedores en la medida de su utilidad. Esto significa que si solo fueron útiles frente a algunos acreedores, es frente a ellos que gozan de esta ventaja, no así respecto de los demás. Tal directriz sería, por ejemplo, que tanto los letrados como el perito gozan de igual rango, desde que sus créditos por honorarios se encuentran comprendidos en los artículos 3879, inciso 1), y 3900 del CC como gastos de justicia que son. Asimismo, de acuerdo con el artículo 218 del CPCCN, el acreedor que ha obtenido embargo sobre bienes de su deudor tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito con preferencia a otros acreedores, salvo que dichos bienes se encuentren afectados a los créditos privilegiados; esto es, que la preferencia del primer embargante desaparece frente a la existencia de privilegios especiales o generales (art. 218 cit.) (15). Es decir, ante sucesivos embargos, prevalece en cuanto a la prioridad del pago el antecedente (primus tempore, prior in iure) y, de existir acreedores privilegiados según las disposiciones de la ley sustancial, tienen preferencia en primer lugar respecto del propio ejecutante y, en segundo lugar, en relación con los terceros embargantes. De igual prioridad, naturalmente, gozan las costas de la ejecución (art. 590, párr. 1, CPCCN), aun frente a los demás privilegiados, ya que los gastos para liquidar el bien han sido útiles para percibir el crédito (16). De esta forma, el orden de prelación sería el siguiente: 1. Gastos de justicia: comprenden todos los gastos ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la justicia [nota e inc. 1), art. 3879, CC]. Abarca los honorarios de los abogados de la parte ejecutante, de los peritos y/o de otros auxiliares. También se refiere a cualquier otro gasto que debió efectuarse para la tramitación del pleito. Por ejemplo: aranceles que debieron abonarse para un pedido de informes, entre otros. 2. Tasa de justicia: ley Créditos hipotecarios: sin duda, el privilegio especial por excelencia de conformidad con los artículos 3934 a Créditos por expensas comunes en propiedades sometidas a propiedad horizontal, en función de lo establecido en el artículo 17 de la ley Créditos impositivos posteriores a la hipoteca. No obstante, tienen prelación inclusive al acreedor hipotecario los anteriores a su constitución. Ello, toda vez que el acreedor en la escritura de constitución del gravamen debe cerciorarse de la no existencia por tal concepto. Si son posteriores, quedan en este orden (17). 6. Créditos del artículo 43 del decreto-ley 15348/1946, esto es, prenda con registro. 7. Prenda: decreto-ley 15348/1946, artículo Embargos: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código Procesal, en orden al lugar en que fueron trabados. Aquí, comprenden los honorarios del abogado del ejecutado. El crédito preferente o privilegiado tiene que estar totalmente cubierto y, luego de esto, según el orden de preferencias, el ejecutante y los que sigan en orden a él. Por desinteresamiento total se entiende la deuda aun aumentada por cualquier concepto, como si fuera, especialmente en estos tiempos, por la desvalorización monetaria. Así, si el embargo no cubriera totalmente el monto de la deuda, no sería necesario un nuevo embargo que tuviera una prelación distinta (18). Como afirma el doctor Gozaíni, de esta manera podemos establecer que en los juicios ejecutivos comunes al embargo, y especialmente su fecha, interesan al acreedor a los efectos de establecer prioridades en el cobro (art. 218, CPCCN), mientras que en el juicio hipotecario esta consideración es irrelevante, pues el acreedor tiene el privilegio emanado del CC (cfr. art y ss.). La preferencia del primer embargante cede ante los privilegios especiales, pues la prioridad de cobro que se crea cuando el acreedor se encuentra en primer lugar de los ordenados y efectivamente trabados (prior in tempore, patior in iure) no constituye un verdadero privilegio, aunque de hecho produzca similares efectos. Ahora bien, si la competencia se suscita entre acreedores de la misma calidad, no hay prelación entre ellos y, por lo tanto, concurren sobre los bienes que constituyen el asiento de sus preeminencias a prorrata de sus créditos (19). El privilegio de los gastos de justicia se extiende a los créditos en cuyo interés se devengaron (art. 3900, CC). Incluso, la prioridad en el pago del acreedor hipotecario respecto del producido en remate de la cosa afectada es de grado tal que, siendo superior a todos los demás acreedores del deudor, solo cede ante los gastos de justicia, no siendo aplicable el artículo 590 del CPCCN si los honorarios de los profesionales revisten el carácter de gastos de justicia y rige, entonces, la excepción que aquella norma prevé, que es lo que sucede en el caso de que las tareas de aquellos beneficiaron a la acreedora, ya que por su realización esta pudo cobrar su crédito. Es claro que para la ley siempre deben ser objeto de protección, más allá de los créditos garantizados con un privilegio especial, los gastos que demandaren la efectivización de ese privilegio, dando así un valor supremo a los honorarios de los abogados que ayudaron a consolidar ese derecho del acreedor y que lograron que este pueda concretar su derecho. Por su lado, la parte final del mencionado artículo 590 del CPCCN establece que los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación

6 de la ley sustancial, como sería la hipótesis contemplada en el artículo 264 de la ley De esta manera, no puede el letrado del ejecutado que tiene honorarios regulados a su favor anteponer dicho crédito al del propio ejecutante o, en su caso, de los demás acreedores; deberá sí trabar el embargo correspondiente para que nazca así el derecho consagrado en el artículo 218 que antes analizáramos. Ello es así, puesto que es de suponer que dicho letrado nunca podría haber colaborado en la obtención del resultado final de la causa. De cualquier modo, y en orden a la configuración sustantiva del privilegio, es importante tener en cuenta que el crédito por honorarios se va formando y adquiere entidad a medida que los servicios profesionales se realizan (20). Es decir, el solo hecho de iniciar un proceso, con los rasgos de oficiosidad que marca la ley de aranceles, ya hace nacer el derecho de honorarios en orden a la etapa cumplida y el consiguiente privilegio. VI - HONORARIOS SOBRE LOS QUE RECAE EL PRIVILEGIO Hemos dicho hasta aquí que los gastos de justicia tienen privilegio respecto de los créditos que ostenten los acreedores. Luego, también, que dentro de esta categoría corresponde enrolar los honorarios de la parte ejecutante y de los demás auxiliares. Finalmente, que el Código de Procedimientos sienta una premisa básica, a saber, que gozan de privilegio respecto de los acreedores en la medida de que su trabajo les haya sido útil y, de esta manera, se hayan podido beneficiar con esa labor profesional. En otras palabras, si el abogado de un acreedor quirografario inició un proceso de ejecución, obtuvo la subasta del bien y, por ende, la venta de ese bien, con el consiguiente pago del precio; el acreedor con privilegio, evidentemente, se benefició con la subasta ya que, de lo contrario, no hubiese cobrado su crédito. Debemos tener en claro con lo expuesto hasta ahora que: 1. El privilegio del acreedor hipotecario: cede ante los gastos de justicia necesarios para la venta del inmueble como lo son los gastos y honorarios hechos y devengados a ese fin. De tal forma, en materia de privilegios en la ejecución hipotecaria, de conformidad con el principio general contenido en el artículo 3900 del CC, los honorarios correspondientes a la realización de la subasta son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido en el inmueble. En la ejecución hipotecaria, resulta por demás manifiesto el privilegio de los honorarios del letrado de la parte actora, habida cuenta de que sin su intervención no se hubiera beneficiado el adquirente del inmueble subastado (21). No obstante, es importante destacar que los privilegios sobre inmuebles en las ejecuciones individuales son todos especiales, pues se asientan sobre el producido de determinado bien. Es decir que la preferencia al pago se agota una vez realizado el bien. 2. Honorarios devengados en el concurso general del deudor: el acreedor por gastos de justicia devengados en el concurso general del deudor es preferido al acreedor hipotecario solo en la medida del beneficio que pueda haber obtenido este último de ellos por ser indispensables para el ejercicio de su derecho, extremo que debe determinarse en cada caso con arreglo a sus circunstancias particulares. Corresponde resaltar que, en el supuesto del juicio ejecutivo, los gastos y los honorarios correspondientes a la realización de la subasta son privilegiados frente a todos los acreedores que pretendan cobrar sobre el precio allí obtenido, independientemente de qué acreedor de los diversos embargantes haya llegado a hacerlo. Por el contrario y como principio general, no son privilegiados frente a otros, sino frente al respectivo acreedor, los gastos necesarios para llevar el reconocimiento de su derecho. Solo benefician a determinado acreedor esos gastos, entre los que se encuentran los que se realizaron para llegar a la propia sentencia (22). Por ejemplo, si el remate se lleva a cabo en uno de los juicios correspondientes a alguno de los acreedores quirografarios que llega primero a ese estado (cfr. art. 568, CPCCN), cobra en primer lugar el abogado del acreedor quirografario por sus honorarios regulados en ese proceso, luego cobra el acreedor hipotecario su crédito completo por gastos de justicia, capital e intereses y, luego, los restantes acreedores sobre lo que queda, ante los que prevalecen sus propios gastos de justicia por reconocimiento de su crédito. Inclusive puede suceder que, en función del orden de los privilegios, el acreedor quirografario que inició el proceso y logró la subasta del bien quede sin cobrar su deuda al cobrar en primer lugar, como dijimos, su letrado y, luego, los diferentes acreedores con un privilegio mayor al suyo. En el caso de los acreedores hipotecarios de igual grado, si inician separadamente los juicios ejecutivos, el orden de los privilegios es el siguiente: 1. gastos de justicia devengados en el proceso en el que se llevó a cabo la subasta por el trámite que comprende la ejecución de sentencia; 2. a prorrata, gastos de justicia de los respectivos juicios ejecutivos hasta la sentencia de remate; 3. capital e intereses; 4. gastos de justicia de los créditos de grado ulterior y 5) capitales e intereses de los referidos créditos de grado posterior. Lo expuesto permite inferir que la prioridad de gastos establecida en los artículos 3879, inciso 1), y 3900 del CC comprende exclusivamente los honorarios y los gastos producidos durante la etapa de ejecución de sentencia, por cuanto ninguno de los actos procesales cumplidos durante el trámite en el juicio de conocimiento benefician a la masa de acreedores. A título de ejemplo y a la luz de la nota al artículo 3979 del CC, se debe recordar que por gastos de justicia se entienden los ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la justicia, encontrándose entre ellos los honorarios únicamente en la parte o proporción relativa al cumplimiento de la sentencia ejecutiva que culminó en el remate (23). Es decir, el privilegio del gasto de justicia es de primer orden, siempre que se trate de un gasto que beneficie al acreedor. Esto significa que los gastos y honorarios correspondientes a la realización de la subasta son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del inmueble, independientemente de qué acreedor de los diversos embargantes haya llegado a hacerlo. Por el contrario, y como principio general, no son privilegiados frente a todos, sino frente al respectivo acreedor, los

7 gastos necesarios para llevar al reconocimiento de su derecho; solo benefician a determinado acreedor estos gastos, entre los que pueden incluirse: gastos para llegar a la propia sentencia, tasa de justicia, gastos de embargo, etc. (24). Se aduce, según este criterio, que los trámites cumplidos por el acreedor para obtener el reconocimiento de su derecho por intermedio de un veredicto de mérito serían de su exclusivo interés y que solo benefician a los demás en cuanto se relacionan específicamente con el cumplimiento de esa condena en el proceso posterior de ejecución de sentencia. También se ha sostenido que el codificador, en su nota al artículo 3879 que antes comentáramos, hace referencia a los gastos de inventario, conservación, liquidación y realización de los bienes del deudor (25). Es decir, partiendo de esta idea rectora, los honorarios del letrado que llegó a la subasta del bien posibilitando, de esta manera, que los acreedores puedan percibir su deuda por la etapa que comprende desde el inicio del proceso hasta la sentencia de venta o de trance y remate no pueden tener privilegios, puesto que solo sirven a los intereses del ejecutante, mientras que los devengados por la etapa de cumplimiento de remate o de ejecución de sentencia, teniendo como finalidad liquidar el bien, deben caer con privilegio respecto de todos los acreedores. Sin embargo, existen opiniones jurisprudenciales en contrario, a las cuales adhiero, que consideran gastos de justicia y, por ende, tienen privilegio, las labores desarrolladas durante el período que va hasta la sentencia de trance y remate, ya que son nacidas con motivo del procedimiento que lleva a la liquidación judicial del bien (26). Es decir que el privilegio comprende no solo los gastos y honorarios generados a partir de la ejecución de la sentencia, sino también los producidos desde el comienzo del proceso, en el cual luego se realizó la subasta. Lo cierto es que si el juicio de conocimiento o el ejecutivo no se hubieran desarrollado en su totalidad, jamás se podría haber llegado al dictado de una sentencia de venta o de remate y, por ende, a una subasta del bien. Ello impide, entonces, segmentar la labor asignando a una porción el carácter de inútil y a la otra de útil, porque si la primera no se hubiera cumplido, nunca se habría arribado a la segunda, que constituye el coronamiento natural de una globalidad. En definitiva, todo el trabajo efectuado por el letrado o el procurador sirvió para alcanzar el resultado final (27). En resumidas cuentas y tal como ya se expusiera, con respecto al objeto sobre el que versa el privilegio de los gastos de justicia, vale la pena efectuar la siguiente diferenciación: a) Si el cometido del abogado benefició a todos los acreedores, la preferencia recae sobre la generalidad de los bienes del deudor. b) Si dicho trabajo estuvo referido a una parte del patrimonio del deudor, el privilegio solo puede ser ejercido respecto de esa fracción. c) Si la tarea del letrado fue de interés para algunos acreedores, pero no para todos, el privilegio no afecta ni posterga a aquellos que no han obtenido ventaja alguna. d) Si la actuación profesional benefició nada más que a su propio cliente, la preferencia existe solo a su respecto. La ley de concursos -L , por su parte, establece que deben ser satisfechos en primer lugar los privilegios especiales, pero con el producido de los bienes que en cada caso se indica y con la pertinente reserva de gastos regulada en el artículo 244. Estos últimos comprenden los honorarios de los abogados que correspondieron exclusivamente a diligencias sobre los bienes del deudor. Luego, la ley establece que, en segundo lugar, se abona a los acreedores del concurso o de la masa y, en tercer lugar, concurren los créditos contra el fallido con privilegio general. En otros términos, los acreedores hipotecarios o prendarios deben soportar los gastos originados en el concurso especial y contribuir a los gastos del concurso general, solo en la medida en que han sido necesarios para la seguridad y realización del asiento del privilegio (28). El pago a prorrata, ante la insuficiencia del activo para pagar todos los créditos de la misma categoría, corresponde respecto de los créditos con privilegio general, los quirografarios y los acreedores del concurso entre cada uno de tales categorías. Entre los privilegios especiales no cabe una solución generalizada; por ejemplo, cabe el pago a prorrata de los créditos por sueldos, salarios, etc. si las mercaderías o materias primas no alcanzaren para cubrirlos totalmente. Contrariamente, concurriendo varias hipotecas, serán abonadas en el grado de prelación. No obstante, de tratarse del mismo grado de prelación, se abonan los créditos a prorrata entre los diversos acreedores. Por ejemplo, entre una hipoteca de primer y segundo grado, concurre la de primer grado y luego la segunda, y dentro de aquella en el caso de insuficiencia, se distribuye el dinero existente a prorrata según el porcentaje aportado por cada uno de esos acreedores. Obviamente, debemos partir del supuesto de que existe dinero a distribuir como producto de la realización del bien gravado, pero si se da el caso de que el acreedor compensó su acreencia con el precio del bien obtenido en subasta, habiéndose consentido tal situación por los profesionales con preferencia en el pago de sus honorarios, estos últimos ya no gozan del privilegio mencionado. Con esto queremos señalar que es perfectamente válida la oposición efectuada por parte del letrado acreedor de los honorarios respecto de la compensación que pretenda formular la parte acreedora en ocasión de la subasta del bien, puesto que, como intentamos reflejar en este trabajo, los gastos de justicia son preferidos a los créditos en el interés de los cuales se han causado, de lo que se deriva que, revistiendo tal carácter, el crédito por honorarios del letrado que asistiera a una de las partes en el juicio no puede ser pospuesto en aras de facilitar a esta la posibilidad de compensar su crédito, pues precisamente aquellos constituyen gastos que la actora, a los efectos de gozar de tal derecho, no habría podido dispensarse de pagar si aquel no hubiera realizado los trabajos indispensables a ese fin (29).

8 VII - PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO Partiendo de la idea de que se subastó el bien del deudor a tenor de la ejecución de uno de sus acreedores, quien lo adquiere deberá depositar el dinero resultante en el expediente. Una vez cumplido ello, comienza la parte final del cobro de la acreencia, por cuanto aquí los acreedores se reunirán para hacer valer sus derechos. El bien ya dejó de ser la prenda común de los acreedores y las medidas cautelares trabadas sobre aquel se trasladan al saldo del precio. De hecho, una vez abonado el saldo de precio, el magistrado deberá ordenar el levantamiento de las medidas trabadas sobre él y, consiguientemente, la inscripción del bien a nombre del nuevo adquirente, libre de todo gravamen. Ahí es donde comienza a regir el instituto de los privilegios. Corresponde ahora que todos los acreedores se presenten para reclamar el pago de sus deudas si es que no se presentaron antes en la oportunidad prevista en el artículo 575 del CPCCN. Reunidos ellos y efectuadas las alegaciones pertinentes, deberá el magistrado que intervino en la subasta del bien determinar el destino de los fondos. Sin embargo, a tenor de lo antes expuesto y más allá de que se haya presentado un acreedor con privilegio especial que pretenda cobrarse toda su deuda del producido de la subasta aun en desmedro del propio ejecutante, lo cierto es que el abogado de ese ejecutante verá saldada su deuda con anterioridad a los demás. En definitiva, cuando los gastos de justicia se hicieron en el interés común de todos los acreedores, gozan de privilegio sobre todo el patrimonio del deudor; cuando son originados en juicios individuales y solo aprovechan a algunos acreedores, tienen privilegio especial sobre los bienes obtenidos en razón de dichos gastos y con respecto a los acreedores beneficiados con ellos. Así, en el caso de un acreedor que inicia la ejecución y logra la subasta de un bien del deudor, se presentan los demás embargantes y el letrado que tendrá privilegio será el que tramitó el expediente. No obstante, el letrado del otro acreedor que se presentó a fin de hacer valer sus derechos tendrá privilegio respecto de la acreencia de su propio cliente. Este no podrá cobrar su deuda hasta tanto no desinterese a su letrado. VIII - CONCLUSIÓN Conforme vimos a lo largo de todo este artículo, se ha destacado la importancia de la labor profesional del abogado en todo proceso judicial, extrajudicial o administrativo y la necesidad de utilizar las herramientas para hacer efectivo el cobro de sus honorarios. La legislación acompaña esta valorización acordándole la escala jerárquica superior para su cobro. La retribución del abogado no solo es importante para el profesional que actuó en el proceso y que se convirtió en acreedor de los honorarios, sino que debe serlo para todos los que pregonamos por una dignificación de la Justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que las disposiciones arancelarias referentes a la actividad de abogados y procuradores trascienden el mero interés de los profesionales y clientes de que se trata en cada caso particular, para satisfacer mediante un estricto cumplimiento fines de orden comunitario y de justicia general (30). Notas [1:] Ossorio: Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales - Ed. Heliasta - pág. 355 [2:] Popea SCA c/consorcio de Prop. Libertad 1350/2/4 - CNCiv. - 29/3/1999 [3:] Moschini y Cía. SRL - Cám. Fed. Capital - 12/4/1950, LL [4:] Ibarra, Hilario c/gonzález, Emilio - CSJN - 27/6/1956, LL y Fallos: , , [5:] Ure, Carlos E.: Honorarios de los profesionales del derecho - LexisNexis - pág. 31 [6:] Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/asoc. Cooperadora de Permisionarios s/ejec. hipotecaria - CSJN - 2/8/1988. [7:] Cáceres, Martín E.: Gastos de conservación y justicia - Revista de Derecho Privado y Comunitario - Privilegios - Año págs. 223/52 [8:] Cit. por Maffía, Osvaldo J.: La ley de concursos y quiebras - Depalma - Bs. As. - T. II - págs. 236/7 [9:] Rivera, Julio C.: Derecho concursal - LL - Bs. As T. III, Quiebra [10:] Villanueva, Julia: Privilegios - Rubinzal - Culzoni Editores - Santa Fe pág. 16 [11:] Doria SACyC c/luksemberg, Eduardo s/cumplimiento de contrato - CNCiv. - Sala A - 2/9/1996 [12:] Gruska, Enrique c/vera, Silvio s/ejec. hipotecaria - CCiv. y Com. San Martín - Sala II - 14/12/2005 [13:] Salas y Trigo Represas: Código Civil anotado - Depalma - T. III - pág. 250 [14:] Ferrer, Patricia: Privilegio del crédito por honorarios profesionales en los procesos concursales - Revista de Derecho Privado y Comunitario - Privilegios - Año págs. 121/53 [15:] Acosta c/taborda - CNCiv. y Com. de San Isidro - Sala II - 5/10/2004 [16:] Fenochietto y Arazi: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Ed. Astrea - T. II - pág. 901 [17:] CSJN, 271:96, LL También Peralta Mariscal, Leopoldo: Tratado de derecho hipotecario - Rubinzal - Culzoni Editores - Santa Fe pág. 393 [18:] Falcón, Enrique: Procesos de ejecución - Rubinzal - Culzoni Editores - T. I, Juicio ejecutivo - vol. B - pág. 193 [19:] Gozaíni, Osvaldo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - LL - T. III - pág. 310 [20:] Podetti, J. Ramiro: Tratado de las ejecuciones - Ed. Ediar - Bs. As pág. 500 [21:] Insúa, Alberto Ernesto c/villalba, Leopoldo y otro s/ejecución hipotecaria - CNCiv. - Sala E - 22/6/1995 [22:] Cerda c/fernández Madeiro - CNCom. - Sala A - 12/4/1999; Cooperativa Dorada de Crédito y Consumo s/ejecución - Sala C - 30/9/1996; Quintana J. c/plaza D. s/ejecutivo - Sala C - 29/11/1987; Falasconi, H. c/maselli - Sala B - 23/11/1989 y López E. c/piana, R. s/sumario - Sala E - 21/9/1990 [23:] Castro Hernández: Privilegio de ciertos gastos de justicia en relación al crédito con garantía hipotecaria - ED - T págs. 107/9 [24:] Highton, Elena: Cuestiones de privilegios en el juicio ejecutivo, con especial referencia al privilegio del Fisco - ED - T

9 [25:] Consorcio Edificio Ibiza c/durso, María - Cám. Civ. y Com. Mar del Plata - Sala II - 15/5/2003 [26:] Guerriero c/maglieri s/ejecutivo - Cám. Civ. y Com. Mar del Plata - Sala II - 12/6/1990; Citibank c/arias - Cám. Civ. y Com. Mar del Plata - Sala I - 23/11/1995; Automóviles San José de Flores c/nigro, Domingo s/ejecutivo - CNCom. - Sala E - 11/10/1987 y Ros Garese c/blanco - Sala D - 31/7/1981 [27:] Ure, Carlos E.: Honorarios de los profesionales del derecho - Lexis-Nexis - pág. 360 [28:] Cfr. Trigo Represas y Caseaux: Derecho de las obligaciones - T. III - pág. 946 [29:] Argentaria c/herrera - CNCom. - Sala E - 18/12/1991 [30:] Cinelli, Oscar c/decurgez Cortés - CSJN - 16/6/1993

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