DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MAURICIO ZULUAGA RUIZ DIRECTOR MARÍA PATRICIA BARAYA DÍAZ SUBDIRECTORA GENERAL CARLOS EMILIO GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HERNANDO HENAO MORENO DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SECTORIAL GILBERTO GIRALDO BUITRAGO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL JORGE IGNACIO MONTOYA MORENO DIRECTOR GENERAL DEL TALENTO HUMANO ESTATAL PATRICIO GAVIRIA PATIÑO JEFE OFICINA JURÍDICA GUILLERMO ARISTIZÁBAL GARZÓN JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO JORGE ARANGO ARREDONDO JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEPTIEMBRE DE 2000

3 Diseño y Portada Víctor Hugo Puentes Castañeda Diagramación Gabriela Osorio Valderrama 2

4 CARTILLA JURÍDICA Índice Estructura y Plantas de Personal Normas... 7 Jurisprudencia Conceptos emitidos por la Oficina Jurídica Prima Técnica Normas Jurisprudencia Conceptos emitidos por la Oficina Jurídica Departamento Administrativo de la Función Pública 3

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6 CARTILLA JURÍDICA Estructura y Plantas de Personal Departamento Administrativo de la Función Pública 5

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8 CARTILLA JURÍDICA Normas Nomenclatura, Clasificación, Funciones y Requisitos empleos nivel territorial Decreto Ley 1569 de 1998 Estructura entidades Territoriales Constitución Política, artículos 300,7 305, 8 (Departamental) Constitución Política, artículos 313, 1, 6 (Municipal) Ley 136/94, artículo 91 Funciones y requisitos generales de empleos del orden nacional Constitución Política, artículo 122 Decreto 2503 de 1998 Decreto 861 de 2000 Decreto 2759 de 1979 Planta de personal Contraloría Departamental Constitución Política, artículo 300 Ley 330 de 1996 Departamento Administrativo de la Función Pública 7

9 Planta de Personal Alcaldía Municipal Constitución Política, artículos 313, 315 Ley 443 de 1998 Decreto Ley 1569 de 1998 artículo 34 y 1572 de 1998 artículos 154,155,156 Trámite Estructura y Planta de Personal entidades nacionales y territoriales Ley 443 de 1998, artículo 41 Decreto 1572 de 1998 Clasificación servidores del municipio Ley 11 de 1986 Decreto 1333 de 1996 Requisitos del Jefe de Control Interno Ley 87 de 1993 Homologación o convalidación de Títulos en el Exterior Ley 30 de 1992 Decreto 861 de 2000, artículo 12 Clasificación de Empleos Sector Salud Nivel Territorial Ley 10 de 1990, parágrafo del artículo 26 (ver sentencia C-432 de 1995) Prohibición de nombrar servidores públicos que no reúnan requisitos Ley 200 de 1995, artículo 41 Ley 190 de 1995, artículo 5 Empleos Clasificación nivel nacional Decreto 3135 de 1998, artículo 5 (ver sentencia C-484 de 1995) Funciones de las UMATAS Ley 101 de 1993 Estructura de la Administración Pública Nacional Ley 489 de 1998, artículos 38 y 39 Servicios Públicos Domiciliarios Ley 142 de 1994 Ley 143 de

10 CARTILLA JURÍDICA Transformación de CAJANAL de Establecimiento Público a Empresa Industrial y Comercial del Estado Ley 490 de 1998 Calidad de ciudadano en ejercicio para desempañar cargos públicos Constitución Política, artículos 40 y 99 Ley 43 de 1993 Derechos civiles de los Extranjeros Constitución Política, artículo 100 Limitaciones para ejercer cargos públicos Ley 43 de 1993 artículos 28 y 29 Corporaciones Autónomas Regionales Ley 99 de 1993 (ver sentencia C-423 de 1994) Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Decreto 356 de 1994 Servicio Social Obligatorio Ley 50 de 1981 Decreto 2396 de 1981 Departamento Administrativo de la Función Pública 9

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12 CARTILLA JURÍDICA Jurisprudencia Criterio para distinguir un empleado público de un trabajador oficial Consejo de Estado. Sentencia de marzo 25 de 1983: El criterio utilizado por la ley para distinguir a un empleado público de un trabajador oficial no es el de la naturaleza del acto de su vinculación, sino que se apoya en la naturaleza de la entidad en donde presta los servicios y, excepcionalmente, tiene en cuenta la clase de actividad que desempeña el servidor, como en el caso de la construcción y del sostenimiento de obras públicas. Así, por ejemplo, un empleado público no perderá su condición de tal por el hecho de haber sido vinculado mediante un contrato de trabajo o quien desempeñe una actividad de construcción y de sostenimiento de obra pública, no dejará de tener la calidad de trabajador oficial por haberse vinculado mediante una relación Departamento Administrativo de la Función Pública 11

13 legal y reglamentaria, pues no es el vínculo jurídico el que determina la condición de empleado o de trabajador sino, por el contrario, es aquella condición la que determina el vínculo. Estructura Nivel Municipal y Territorial Corte Suprema de Justicia. Sentencia septiembre 4 de 1996: ( ) corresponde a los Concejos la facultad constitucional, de que no puede privarlo la ley, pero ésta puede reglamentar su ejercicio, que determine la estructura, es decir, la distribución orden y organización general de la administración del municipio, podrá en consecuencia crear las distintas dependencias administrativas, sus divisiones o secciones, por ejemplo atribuir las respectivas funciones generales que han de cumplir para el servicio público, finalmente podrá señalar las diferentes categorías de empleos ( ). En cuanto a la competencia de los gobernadores y las asambleas departamentales, la Constitución Política, en su artículo 300, numeral 7º, dispone que corresponde a las asambleas departamentales, mediante ordenanza, dictar o reformar a iniciativa del gobernador determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Reestructuración Entidades Corte Constitucional. Sentencia C- 262 de 1995: La facultad de suprimir y fusionar entidades comprende la de reestructurar tales entidades. Asignación de funciones Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1996: 12

14 CARTILLA JURÍDICA ( ) Nada impide que mediante reglamentos se asigne por parte del jefe de la entidad respectiva inclusive de los jefes inmediatos o de cualquier otra autoridad competente del mismo organismo, funciones a los empleados de un determinado ente publico ( ) siempre y cuando no se desconozcan los lineamientos generales señalados en el manual general de funciones y no se desvirtúen los objetivos de la institución y la finalidad para el cual se creo el empleo. Reclasificación de los empleos Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de abril 7 de 1976: La reclasificación es un procedimiento técnico para la adecuación de la planta de personal de cada entidad a las modalidades y variaciones del servicio a su cargo, mediante la modificación de funciones de los empleos, independiente de la política salarial de esos organismos. O sea, que la reclasificación de empleos es un mecanismo ordinario de reajuste de la planta, en razón de las necesidades del servicio, distinto a la reorganización total o reestructuración de una entidad. Aunque, es lógico, que toda reorganización tiene repercusiones en el sistema de retribución de los servicios de los empleados, pues éste está montado con base en la clasificación de los empleos. En realidad, si nos atenemos al texto que legalmente define la reclasificación, nos encontramos que ella es producida por la necesidad de variar fundamentalmente y en forma permanente, las funciones de un empleo, lo que no implica un simple cambio de ubicación de un empleo entre las varias clases de una serie de grados de ésta, sino una transformación en la naturaleza de la tarea en que consiste un empleo, o un cambio, sustitución o reemplazo por otro enteramente distinto No hay reclasificación por la mera circunstancia del cambio de nombre de un empleo si no se han cambiado sustancialmente sus funciones, como tampoco lo habría porque se modifique su retribución. Lo hay tan sólo cuando coinciden las variaciones de funciones que conlleva cambio en la naturaleza del trabajo y la Departamento Administrativo de la Función Pública 13

15 forzosa variación de las calidades para ejercer las impuestas por ese cambio. Cambio que no sólo debe ser sustancial sino permanente en el sentido de definitivo e indefinido al menos. La asignación ocasional, el encargo transitorio de funciones especiales o distintas a las ordinarias de un empleo no implica por sí solo reclasificación. En definitiva, la reclasificación es un medio para mejorar el servicio público actualizándolo. Es un instrumento funcional; no un dispositivo para mejorar económicamente a los servidores de la administración sino al servicio. Por esto, no parece acertado utilizarlo para elevar las condiciones salariales en forma general o masiva (Resaltado nuestro) Homologación o convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior en el exterior Corte Constitucional. Sentencia C-050 de 1997: (...) Esta disposición (artículo 64 del Decreto 2150 de 1995) es violatoria del principio de igualdad contenido en el citado inciso del artículo 13 de la Carta, porque, sin una clara justificación, permite que personas con preparación inferior a la impartida en las universidades colombianas, puedan, por el simple hecho de exhibir un título expedido por un centro educativo extranjero, ejercer su profesión en nuestro país, en igualdad de condiciones con los profesionales formados en Colombia. Lo dicho se evidencia con el siguiente ejemplo, traído a colación por el Procurador: (...) en muchos casos, las denominaciones del título otorgado en el exterior, aun cuando la institución que lo confiera esté reconocida por el Estado de que se trate, no se identifican con las de los otorgados en nuestro país; así, a manera de ejemplo, se puede citar el caso de Rusia, en donde al título de pregrado se le da la denominación de magister, o de otro lado, en el caso de Estados Unidos, se confiere un 14

16 CARTILLA JURÍDICA título genérico y no particular como sucede en Colombia. Acudiendo a un ejemplo extremo pero posible, podría suceder que un albañil que hubiera realizado algún curso en el exterior con una duración mínima, quisiera ejercer su profesión como arquitecto o ingeniero. En resumen, puesto que el artículo impugnado viola el derecho a la igualdad, por este motivo también será declarado inexequible. d) Unidad de materia con la versión anterior del artí culo 2o. de la Ley 72 de Como esta providencia, conforme a las anteriores consideraciones, va a declarar la inexequibilidad del artículo 64 del Decreto 2150 de 1995, y, en consecuencia, el derogado artículo 2º. de la Ley 72 de 1993 volvería a regir, la Corte no puede prescindir del examen de esta última norma, en razón de su similitud con la disposición que se declarará inexequible. Efectivamente, el artículo 2º. de la Ley 72 de 1993 dice lo siguiente: Para ejercer la profesión o la cátedra universitaria no se requerirá homologar el título de pregrado o postgrado obtenido en una institución de educación superior del exterior, cuando ésta tenga la aprobación del Estado donde esté localizada y existan convenios de intercambio educativo y cultural con el Estado colombiano. Se excluyen de lo anterior las ciencias de la salud y el derecho. Se aprecia que la diferencia con el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995, consiste simplemente en que el artículo 2o. de la Ley 72 de 1993, para eliminar la obligación de homologación y convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, no sólo exige que la institución extranjera esté aprobada por el Estado al cual pertenezca, sino que además existan convenios de intercambio educativo y cultural con el Estado colombiano. Para la Corte, de cara a la necesidad de garantizar la idoneidad de los profesionales titulados en el ex- Departamento Administrativo de la Función Pública 15

17 tranjero, y frente al respeto que se debe a lo dispuesto por el artículo 13º (derecho a la igualdad) de la Constitución, la diferencia anotada es irrelevante, porque, como lo señala el Ministerio Público, la sola existencia de convenios culturales no es aval suficiente de la igualdad de títulos y, por consiguiente, de la idoneidad de quienes los obtuvieron, pues es necesario que se verifique en cada caso concreto las materias y el tiempo requerido para su otorgamiento. Con esta medida, regirá nuevamente el literal i) del artículo 38 de la Ley 30 de 1992, el cual ordena: Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), son: (...) i) Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior. Errores de la Administración Corte Constitucional. Sentencia Nº T-332 del 19 de julio de 1994: Los particulares no pueden asumir ni hacerse cargo de los errores de la administración, cuando estos se producen como consecuencia de un descuido de sus propios funcionarios, de la desorganización interna, ni mucho menos de sus actividades negligentes y omisivas. Principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades Corte Constitucional. Sentencia C-023 de enero 27 de 1994: El derecho opera en la realidad, y tiende exclusivamente hacia ella. Lo real siempre tiene prima- 16

18 CARTILLA JURÍDICA cía, pues de no ser así, jamás se concretarían en el mundo jurídico las libertades del hombre. No es posible que las formalidades establecidas por los sujetos lleguen a obstruir los beneficios reales para el trabajador y la realidad misma del derecho al trabajo. Y es lógico que así suceda, pues nunca lo sustancial puede subordinarse a lo accidental, sino todo lo contrario: los accidentes deben definir cada vez más lo sustancial, en lugar de anular la realidad. De no ser así operaría un desorden jurídico, contrario al orden jurídico que inspira la Carta Política. Clasificación de los empleos en la administración pública Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 1995, que declara inexequible el inciso 1º del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968: Como lo ha definido la Constitución Política de 1991, corresponde a la ley señalar las principales reglas relacionadas con la Carrera Administrativa y en general con la función pública, y así lo ha entendido esta corporación en su interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales relacionadas con este tema, pero, si la nueva Carta Política emplea varios elementos para configurar los conceptos de carrera, de función administrativa y de servicio público, dice menos acerca de los elementos subjetivos, funcionales y orgánicos que sirvan para configurar las dos nociones que ocupan la atención del demandante y de la Corte, como son las de empleado público y trabajador oficial. De otra parte, lo que dice el artículo 125º al respecto del régimen general de la Carrera Administrativa, es que todos los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera y que todos los servidores públicos quedan comprendidos bajo sus regulaciones, salvedad Departamento Administrativo de la Función Pública 17

19 hecha de los trabajadores oficiales, los empleos de elección popular, los servidores de libre nombramiento y remoción y los demás que determine la ley, pero no se ha establecido en aquella disposición constitucional cuáles actividades pueden ser desempeñadas o no por trabajadores oficiales, y cuáles pueden ser atendidas y cuales no por los empleados públicos. La actividad relativa al sostenimiento de las obras públicas construidas, es decir, su conservación y reparación, está expresamente calificada en la definición legal, al contrario de lo que ocurre en la relación laboral de carácter particular, en que no se entienden por obras o actividades de construcción las relativas a conservación o reparación de casa o edificios. Cabe asimismo aclarar que la condición de trabajador oficial dedicado a la construcción y sostenimiento de las obras públicas puede darse en cualesquiera de los organismos a los que se refiere el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, a saber: ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, y no solamente por ejemplo en las entidades destinadas a construir las obras públicas. Apartes del concepto ya citado sobre este particular expresan: Otra precisión en cuanto a la calidad de trabajador de la construcción y sostenimiento de obras públicas conduce a concluir, que aquel no deriva de la vinculación a una entidad exclusivamente encargada de ejecutarlas, sino de la actividad específica que el trabajador desarrolló. Quienes, en consecuencia realizan actividades propias de la construcción y sostenimiento de obras públicas, deben considerarse trabajadores oficiales, aunque estén vinculados a una entidad cuya actividad específica no se limite a construirlas. De conformidad con el artículo 125º de la Carta Política, solamente la ley puede determinar qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo y por consiguiente, quienes pueden tener la calidad de empleados públicos o de trabajadores oficiales en los 18

20 CARTILLA JURÍDICA establecimientos públicos, sin que dicha facultad pueda ser delegada a estos, en sus respectivos estatutos. Esta disposición resulta contraria a juicio de la Corte, a los preceptos constitucionales citados, ya que constituye una potestad propia del Legislador, no susceptible de ser trasladada a los establecimientos públicos, como lo señala el demandante, ya que por mandato constitucional corresponde exclusivamente al Congreso a través de la ley determinar la estructura de la administración en lo nacional, a las Asambleas en lo departamental, y a los Concejos en los Municipal y Distrital. (Tomada concepto 3335 de 23 de marzo de 1999) Competencia del legislador para expedir el Manual General de Funciones y Requisitos de los empleos a nivel municipal Corte Constitucional. Sentencia C-570 de 1997: A partir de las consideraciones expuestas, la Corte concluye que el régimen de los requisitos y calidades que deben reunir los empleados públicos municipales es competencia del Congreso de la República. Facultad que no puede delegar en otro órgano estatal, a excepción del Presidente de la República de manera transitoria, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 150º numeral 10 de la Constitución para la concesión de facultades extraordinarias. En lo que respecta a los cargos municipales de libre nombramiento y remoción, también corresponde al legislador señalar sus requisitos y calidades, pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 150 de la Carta, es el Congreso el encargado de expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Así las cosas, la Corte procederá a retirar del ordenamiento positivo el artículo 192º de la Ley 136 de 1994, Departamento Administrativo de la Función Pública 19

21 materia de acusación, por vulnerar los artículos 125º y del Estatuto Superior. Eliminación de la tarjeta de periodista Corte Constitucional. Sentencia C-087 de 1998, declaró inexequible la Ley 51 de 1975: Parece claro que no se trata de una potestad arbitraria conferida al legislador, sino de una competencia que debe ser ejercida razonablemente en vista de una finalidad que el Constituyente juzga plausible (y aun inaplazable): impedir que el ejercicio torpe de un oficio (arte o profesión), produzca efectos nocivos en la comunidad. Y el motivo se hace explícito en el aparte 2, al aludir de modo inequívoco al riesgo social. Se desprende entonces, sin dificultad alguna, que el ejercicio de un arte, oficio o profesión, no está condicionado por la posesión de un título académico sino cuando lo exige la ley, y que ésta sólo puede exigirlo para precaver un riesgo social. Inevitable pensar, a modo de ejemplos que ilustran casos en que la restricción parece pertinente, en prácticas profesionales como la ingeniería y la medicina. Es claro que un puente mal construido o un edificio torpemente calculado constituyen un riesgo social. Y ni qué decir del tratamiento clínico o quirúrgico de un paciente, por quien carece de conocimientos médicos. El legislador, entonces, no sólo puede sino debe exigir títulos de idoneidad académica a quienes vayan a dedicarse al ejercicio de esas profesiones. Libertad de opinión - No implica riesgo social Implica un riesgo social la libertad de opinión? La respuesta es ésta: la libertad de opinión, en tanto que derecho fundamental, lo mismo que el sufragio universal, son riesgos (así entre comillas) ínsitos al sistema. El debate acerca de si deben o no precaverse es más bien materia de una controversia extrasistemática que puede formularse en estos términos: Debe la sociedad, para 20

22 CARTILLA JURÍDICA evitar ciertos peligros latentes en la libertad de opinión (en tanto que derecho fundamental) y en el sufragio universal (que parece su consecuencia obligada), sustituir a la democracia otra forma de organización política? La posibilidad, desde luego, está abierta. Pero no tiene sentido, desde un punto de vista intrasistemático, preguntar si un régimen democrático puede mantenerse como tal, renunciando a postulados que le son inherentes. Sería algo así como proponer que la trigonometría (por definición la ciencia del triángulo), cambiara de objeto, manteniéndose como tal, en vista de las dificultades que el triángulo plantea. Libertad de información - No implica riesgo social / Censura - Prohibición Entre el eventual daño social que pudiera seguirse de una información inadecuada, consecuencia de la libertad de informar, y la restricción general de ésta para precaverlo, la sociedad democrática prefiere afrontar el riesgo del primero. Y es que no hay duda de que impedirle a alguien que opine o informe habitualmente ( en forma permanente, dice la ley), oponiéndole su incompetencia intelectual para hacerlo, es una modalidad de censura, así se la maquille con razones de conveniencia, incompatible con un sistema democrático y específicamente con una Constitución como la colombiana, que la rechaza incondicionalmente, en términos categóricos:... no habrá censura. El legislador carece de potestad para reducir el ámbito de validez personal de las normas constitucionales. En consecuencia, donde el Constituyente dijo: Toda persona, el legislador no puede agregar... siempre que esté provista de tarjeta (y, por tanto, haya satisfecho ciertas condiciones para obtenerla). Es por eso que del ejercicio de un derecho fundamental (universal por naturaleza) no puede hacerse una práctica profesional a la que sólo pueden acceder unos pocos. Ley del periodista - Inconstitucionalidad La Ley 51 de 1975, expedida con anterioridad a la vigencia de la Constitución actual, resulta incompatible con ésta, y por eso debe ser retirada del ordenamiento colombiano. Departamento Administrativo de la Función Pública 21

23 Estudiantes de periodismo - Habilidad para ejercer el oficio Los estudios académicos en el área de las comunicaciones habilitan, sin duda, para ejercer un oficio, en el que pueden competir quienes tengan formación universitaria en el campo mencionado, y los que no la tengan. Cabe esperar razonablemente que los primeros, por su mejor preparación y mayor destreza, cumplan una labor más eficaz que los segundos, al menos en la generalidad de los casos. Pero han de ser los resultados los que hablen, pues no parece lógico que sean vallas artificialmente dispuestas las que determinen el éxito o el fracaso de alguien, en un ámbito de trabajo como el que se ha descrito. Deberes y obligaciones del periodista Desaparecen tales obligaciones por el hecho de que se remuevan las condiciones hasta ahora exigidas para ejercer el oficio? La respuesta, claramente, es no. Porque los deberes no se originan en la posesión de un título o de una tarjeta profesional, sino en la naturaleza de la actividad que se cumple. Tarjeta de periodista / Secreto del periodista / Reserva de la fuente Cuando el artículo 73 de la Constitución protege de modo explícito la actividad del periodista para garantizarle su libertad e independencia profesional es claro que lo hace en función de la tarea específica que tal profesional cumple, y no de la simple circunstancia de poseer un documento oficial, consecutivo a una experiencia anterior o al cumplimiento de ciertos requisitos académicos. Resulta pertinente afirmar, sin el más leve asomo de ambigüedad, que los derechos, de cualquiera índole, los privilegios (prestacionales, de seguridad social como los previstos en la ley 100/93, o los de alguna otra especie) y aún los deberes éticos y jurídicos que al periodista incumben, como se indicó más arriba, derivan del 22

24 CARTILLA JURÍDICA ejercicio de su actividad (acreditable por cualquier medio probatorio) y no del hecho contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia oficial. Dicha consideración resulta especialmente aplicable a la llamada reserva de la fuente, aludida en el artículo 11 del estatuto que será retirado del ordenamiento, pues ella no es más que el corolario obligado del sigilo profesional que hoy ostenta rango superior, según el aparte transcrito del artículo 74 de la Constitución, válido para todo aquél que ejerza la actividad periodística. Autoridad competente para fijar la Estructura de la Administración a nivel Nacional, Departamental y Municipal Corte Constitucional. Sentencia C- 484 del 30 de octubre de por mandato constitucional corresponde exclusivamente al Congreso a través de la ley determinar la estructura de la administración a nivel nacional, a las Asambleas en lo departamental y a los Concejos en lo Municipal y Distrital. Empleos de confianza Consejo de Estado. Sentencia de octubre 26 de 1994: Más esta clase de confianza no es la que, ( ) permite sustraer de la clasificación general de trabajadores oficiales a algunos servidores de las empresas industriales y comerciales del estado, para otorgarles el rango de empleados públicos, sino aquella particular que se requiere en los servidores que actúan en función no simplemente ejecutiva, sino de concepción, coordinación de políticas empresariales, que ostentan facultades jerárquicas usualmente superiores a las del trabajador ordinario y que muchas veces lo colocan en posibilidad de recibir delegación de quienes representan la dirección de las empresas. Departamento Administrativo de la Función Pública 23

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26 CARTILLA JURÍDICA Conceptos Emitidos por la Oficina Jurídica Empleos - Clasificación - Nivel Territorial QUÉ CALIDAD TIENE EL SÍNDICO TESORERO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL, ANTIOQUIA? RAD /98.CONCEPTO NO DE ABRIL DE La clasificación de los empleos no depende de la naturaleza del vínculo que une a una persona con la entidad oficial, ni está determinada por la voluntad de las partes o por la clase de acto mediante el cual se hizo la vinculación, sino que esta clasificación sólo le está permitida a la ley. Para el caso de los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades prestadoras de salud, como es el caso del Hospital San Juan de Dios del Municipio del Peñol, la clasificación entre empleados públicos y trabajadores oficiales lo hace la Ley 10 de 1990, en donde se determina que sólo tendrán el carácter de trabajadores oficiales Departamento Administrativo de la Función Pública 25

27 quienes realizan las actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales. En tal virtud, el cargo de Síndico Tesorero, no puede considerarse como de trabajador oficial, sino que corresponde a un cargo de empleado público. Empleos Clasificación CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL? RAD / 98. CONCEPTO NO DEL 20 DE ABRIL DE La calidad de servidores públicos de las Empresas Públicas municipales, depende de la naturaleza que haya adoptado, si se constituyeron como Empresas de Servicios Públicos de carácter Oficial, adoptando la forma de Empresa Industrial y Comercial del Estado, sus servidores tienen el carácter de Trabajadores Oficiales, vinculados mediante contrato de trabajo, y de Empleados públicos, aquellos que desarrollan actividades de dirección y confianza, tal como lo determina el artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968, y su vinculación es legal y reglamentaria. Si por el contrario están constituidas como una Empresa de Servicios Públicos de carácter Mixto o Privado, las personas que presten sus servicios a esta entidad tienen el carácter de trabajadores particulares y están sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. La calidad de trabajador oficial no se da por la naturaleza del acto de vinculación, sino que además de tener en cuenta la entidad donde se presta el servicio, se apoya en la clase de actividad que desempeña el servidor. Por tal razón, si un funcionario se vinculó a través de una relación legal y reglamentaria, pero las funciones y la categoría del empleo son propias del trabajador oficial, ésta será su calidad. Por el contrario, si la vinculación se hizo a través de una relación contractual, pero el cargo y las funciones desempeñadas son propias de las de un empleado público, ésta es su calidad, y no podrá tenerse en cuenta la categorización que se haya 26

28 CARTILLA JURÍDICA hecho a través de acuerdos o convenciones colectivas, contrariando el ordenamiento legal. Empleos - Nomenclatura ES APLICABLE EL DECRETO 1569 DE 1998, SOBRE NOMEN- CLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS, A LAS ENTIDADES DES- CENTRALIZADAS INDIRECTAS A NIVEL TERRITORIAL? RAD CONCEPTO NO DEL 12 DE ABRIL DE Si las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado están creadas como establecimientos públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta asimiladas a éstas, hacen parte de la Rama Ejecutiva Departamental y por tanto se les aplica el Decreto 1569 de Empleos, Requisitos, Equivalencias PUEDE UN PROFESIONAL PRESENTARSE A UN CONCURSO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SIN TENER EL CORRESPONDIEN- TE TITULO DE ESPECIALIZACIÓN? RAD /99. CONCEP- TO NO DEL 8 DE ABRIL DE La convocatoria a un concurso fija las funciones y requisitos para presentarse al mismo, por lo que si en dicha convocatoria se hace equivalencia entre titulo de especialización y experiencia, de acuerdo a la naturaleza de las funciones a desarrollar, sí es posible presentarse al concurso correspondiente. Empleos, Requisitos, Equivalencia PUEDEN EQUIVALER SEIS MESES DE POSTGRADO A UN TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA? RAD /99. CONCEPTO NO DEL 8 DE ABRIL DE Los seis semestres de derecho no tienen equivalencia alguna como especialización para el desempeño de un cargo de carrera administrativa del nivel nacional. Departamento Administrativo de la Función Pública 27

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