Sección I - Administración Local Municipio

Transcripción

1 Sección I - Administración Local Municipio Ayuntamiento de Belvís de Monroy EDICTO. Notificación pública de expediente sancionador. No habiendo sido posible notificar a DOÑA VILMA RAMÍREZ TINCO, con NIE X B, la incoación de expediente administrativo sancionador de infracción administrativa en materia de medio ambiente, iniciado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Belvís de Monroy (Cáceres) con fecha , cuya parte dispositiva dice: DECRETO DE ALCALDÍA D. NIEVES ENCINAS GONZALEZ, EN CALIDAD DE ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BELVÍS DE MONROY (CÁCERES): VISTA la denuncia del agente TIP L58153R de la Patrulla Seprona Jarandilla de la Guardia Civil (Compañía de Navalmoral de la Mata) de fecha 2 de noviembre de 2016 en relación al abandono de un vehículo. VISTO que los hechos recogidos en la citada denuncia son: Vehículo con claros síntomas de abandono en un descampado próximo a la población. VISTO que los hechos recogidos en tales denuncias son constitutivos de infracción administrativa prevista en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; incursa en el artículo 46.3.c). CONSIDERANDO que puede ser presunto/a responsable de la infracción indicada Doña Vilma Ramírez Tinco con NIE X B según lo señalado en los artículos 42 y 45.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Pág. 12

2 CONSIDERANDO que corresponde a esta Alcaldía la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con el artículo 43 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y los artículos 21.1.s y 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. CONSIDERANDO que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fija en sus artículos 25 a 31 los principios básicos a los que debe someterse el ejercicio de la potestad sancionadora, mientras que Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas integra el procedimiento sancionador como una especialidad del procedimiento administrativo común para la regulación de los procedimientos sancionadores concretos remite a cada Administración Pública en ejercicio de sus competencias, limitándose en este ámbito a establecer los principios que han de regir todo procedimiento sancionador. CONSIDERANDO que la citada infracción puede tener la consideración de grave pudiendo ser sancionada de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47 de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. VISTO que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 y 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para asegurar la eficacia de la resolución NO es necesario adoptar medidas de carácter provisional De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con el artículo 43 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y los artículos 21.1.s y 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. HE RESUELTO Pág. 13

3 PRIMERO: Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de medio ambiente, por los motivos expuestos anteriormente y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos. Expediente del que se presume responsable a Doña Vilma Ramírez Tinco con NIE X B. SEGUNDO: Nombrar Instructor del expediente a D. Miguel Ángel Godino Pérez y Secretario a D. Juan José Sánchez Núñez. Contra estos nombramientos podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. TERCERO: Una vez redactado el pliego de cargos por el Instructor, se notificará al sujeto presuntamente responsable al objeto de que en el plazo de quince días hábiles pueda formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos. CUARTO: Los presuntos responsables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pueden reconocer en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. QUINTO: Comunicar que se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, si el ingreso de ésta se produce en el plazo de un mes a contar desde la Resolución definitiva de este expediente y siempre antes de la interposición de cualquier recurso contra esta Resolución definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. SEXTO: Indicar a los interesados que disponen de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndoles que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un Pág. 14

4 pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de esta Ley. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. SÉPTIMO: Notificar el presente acuerdo a los interesados y, entre ellos, al inculpado. Incorporando en la misma copia de la denuncia del agente TIP L58153R de la Patrulla Seprona Jarandilla de la Guardia Civil (Compañía de Navalmoral de la Mata) de fecha 2 de noviembre de OCTAVO: Comunicar la presente Resolución al Instructor y al Secretario del expediente sancionador, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, a los efectos oportunos. NOVENO: Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre. Belvís de Monroy, a 23 de noviembre de 2016 Visto Bueno El Alcalde, El Secretario-Interventor Fdo. Doña Nieves Encinas González Fdo. D. Juan José Sánchez Núñez Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hallado y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41.5 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se efectúa la presente notificación a fin de que surta los efectos prevenidos en la Ley y al objeto de que en el plazo de quince días hábiles pueda formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos. Se ponen a disposición del interesado copia de los documentos referidos en el Pág. 15

5 resuelto SEPTIMO de la Resolución notificada. Que podrá obtenerlos solicitándolos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: administracion@belvis.org o en dependencias municipales del Ayuntamiento de Belvis de Monroy sito en Plaza España, Belvís de Monroy, Cáceres. Se le comunica que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Todo lo anterior sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos. A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga resolución el de tres meses contados desde la fecha del presente acto de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.2 de la citada Ley. Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 LPACAP. Asimismo, podrá promover recusación del Instructor/a y/o del Secretario/a del expediente, por los motivos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-. Belvís de Monroy, 13 de diciembre de 2016 Juan José Sánchez Núñez Pág. 16

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