Panorama de los plaguicidas en México

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1 Pág/1 Carta al editor Panorama de los plaguicidas en México 7 Congreso de Actualización en Toxicología Clínica Servicios de Salud de Nayarit y Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios Tepic, Nayarit, 1 y 2 de septiembre del 2005 Dra. Lilia A. Albert Consultora en Toxicología Ambiental, Ap. Postal 474, Xalapa, Veracruz, Correspondencia a:

2 Pág/2 Antecedentes históricos En México se han usado plaguicidas agrícolas desde fines del Siglo XIX; hasta mediados del siglo pasado se utilizaban cerca de 40 compuestos de tipo botánico o inorgánico, entre éstos, arseniato de plomo, aceto-arseniato de cobre (Verde de París) y una mezcla de sulfato de cobre y cal conocida como Caldo Bordelés. La aplicación intensiva de plaguicidas sintéticos se inició en el país hacia 1948, con la introducción del DDT y, posteriormente, de otros plaguicidas organoclorados. Después se agregaron diversos organofosforados, carbamatos y una gran variedad de herbicidas y fungicidas, todo lo cual estuvo relacionando con la llegada de la Revolución Verde, que México fue uno de los primeros países en adoptar. Esta tecnología contó con fuertes inversiones internacionales para convencer a las autoridades de que era un camino rápido y seguro para modernizar la agricultura mexicana. Entre estos apoyos destaca el que dio la Fundación Rockefeller para que las principales escuelas de agronomía del país hicieran énfasis en los principios básicos de esta Revolución como la base de la productividad agrícola, entre ellos, el monocultivo de especies híbridas de alto rendimiento, la mecanización de la agricultura y el uso intensivo de plaguicidas sintéticos y fertilizantes. Como resultado, muchas generaciones de agrónomos mexicanos se formaron conociendo, de manera exclusiva, o preferente, estos métodos. El gobierno mexicano contribuyó de manera eficaz otorgando fuertes subsidios a los insumos para convencer a los grandes agricultores que las variedades de alto rendimiento y la tecnificación de los distritos de riego les darían más ganancias que aumentar el área bajo producción.

3 Pág/3 Aparte del control de vectores, en el cual México fue país piloto desde 1956 y por muchos años siguió fielmente las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, al inicio, el principal uso de los plaguicidas sintéticos en México fue en el cultivo del algodón que, en esa época, aportaba el 25 % de las divisas del país. Por ejemplo, según datos oficiales, en 1960 se aplicó al algodón el 62.5 % del total de plaguicidas; este uso excesivo causó que rápidamente se generara una importante resistencia de las plagas del algodón, la que, en pocos años, causó que prácticamente este cultivo se tuviera que abandonar por incosteable. Eventualmente se tuvo que reconocer que los supuestos beneficios de esta Revolución -una mayor producción agrícola, alimentos más baratos y una reducción de la pobreza rural- no se concretaron, y que sus beneficios reales fueron: en México, para los grandes agricultores dedicados a los cultivos de exportación; en Estados Unidos, para los consumidores de alimentos producidos en México y, en el mundo, para las grandes industrias multinacionales especializadas en la fabricación de plaguicidas. De hecho, en México la introducción de la Revolución Verde causó un aumento de la pobreza rural, en lugar de su disminución. En síntesis, tuvieron que pasar casi cuarenta años antes de que se empezaran a formar agrónomos más conscientes de los problemas asociados con estos productos y menos convencidos de las bondades de dicha Revolución y para que las autoridades empezaran a reconocer los riesgos que sus métodos presentan para el ambiente y para la salud de aplicadores y consumidores, sin contar con que la gran mayoría de los plaguicidas se han usado para cultivos de exportación, o no alimentarios como algodón y tabaco.

4 Pág/4 Inicialmente, todos los plaguicidas sintéticos se importaban en el país, pero poco a poco se fue obteniendo la tecnología para fabricar los más sencillos. El gobierno mexicano llegó a tener una de las industrias más fuertes de plaguicidas, pero ésta se especializó en insecticidas organoclorados, que ya están prohibidos en casi todo el mundo, y organofosforados de primera generación que van por el mismo camino. En este momento, la industria propiamente nacional está formada por empresas relativamente pequeñas, cuyos productos en general son ya obsoletos o están en vías de desaparecer del mercado mundial, mientras que en la industria de plaguicidas prevalecen las compañías multinacionales, las cuales dominan más del 80 % del mercado, en especial, de productos tecnológicamente complejos o relativamente recientes. Tendencias del uso de plaguicidas En México, la tierra disponible para la agricultura es de unos 23 millones de hectáreas, o sea, cerca del 12 % de la superficie total del país; los cultivos más importantes son maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada, papa y hortalizas. En gran medida, la estructura agraria todavía está basada en el ejido y la pequeña propiedad; de acuerdo con cifras oficiales, en este año la población dedicada a la agricultura es alrededor de 7 millones de personas; sin embargo, a esta cifra habría que agregarle la población rural en su conjunto que también puede estar expuesta a los plaguicidas y que se calcula en 25.4 % de la población del país. La contribución del trabajo agrícola al Producto Interno Bruto pasó de cerca de 5% en 1995 hasta 3.5% en 2003, lo que prueba que esta actividad no está aportando al desarrollo del país una proporción equivalente a la población que participa en ella.

5 Pág/5 De hecho, la agricultura mexicana ha estado en crisis por largo tiempo y México es cada día más dependiente de la importación de alimentos; al mismo tiempo, hay evidencias importantes, aunque escasas, de una grave contaminación derivada de los plaguicidas, que no sólo afecta al ambiente, sino a la salud de jornaleros y consumidores, y eventualmente puede tener un impacto negativo sobre las exportaciones de alimentos hacia países con regulaciones estrictas y mecanismos de verificación eficientes. Salvo el caso del algodón, históricamente el uso de plaguicidas ha estado concentrado en los estados del noroeste del país, en donde prevalece la agricultura dedicada a cultivos de exportación; sin embargo, los estados del sur y centro del país se han ido uniendo poco a poco a esta tendencia. En la agricultura mexicana de exportación se han tenido que incorporar avances tecnológicos para que sus productos puedan seguir siendo competitivos y aceptados en otros países, pero estos cambios, entre ellos la sustitución de plaguicidas persistentes por no persistentes, han dado por resultado un mayor riesgo inmediato para los jornaleros. Según los datos disponibles, actualmente los regiones con mayor uso de plaguicidas son: Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco-Nayarit-Colima, Sonora-Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México y Puebla-Oaxaca. Se calcula que en ellas se aplica el 80 % de total de plaguicidas usados en el país, lo que comprueba que el uso de plaguicidas tiene una fuerte concentración en algunas regiones y algunos cultivos. Aunque esto varía según el cultivo, en términos generales los plaguicidas de mayor uso son los herbicidas, seguidos de insecticidas y fungicidas. Así, los herbicidas ocupan los lugares 1, 2, 4 y 7 de los 9 plaguicidas de mayor venta;

6 Pág/6 entre ellos, destacan paraquat y glifosato que desde hace años se disputan el primer lugar de ventas. Entre los insecticidas, los más usados son los organofosforados, en especial, paratión metílico, metamidofós y malatión. También tienen importancia algunos fungicidas como mancozeb y clorotalonil. En las zonas noroeste y centro (Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Jalisco) se consumen cantidades importantes de plaguicidas de todo tipo para producir granos y una gran variedad de hortalizas de exportación, entre ellas, tomate, cucurbitàceas y chile. Por su parte, en las zonas cañeras se aplican grandes cantidades de herbicidas e insecticidas, las zonas de plátano consumen principalmente fungicidas y en la zona de Villa Guerrero, en el Estado de México, se utilizan cantidades importantes de diversos plaguicidas para la producción de flores, mientras para el maíz se aplican sobre todo herbicidas. En este momento se puede afirmar que prácticamente no hay un agricultor en México que no use uno o más tipos de plaguicidas, usualmente en un contexto de falta de asesoría técnica y de medidas de protección insuficientes, inadecuadas, o nulas. No hay datos claros sobre la cantidad de plaguicidas que se usa actualmente en el país, pero hace unos 6 años se decía que se consumían alrededor de 50,000 toneladas anuales de ingrediente activo. El valor actual del mercado se calcula que está entre 400 y 600 millones de dólares US, si bien es posible que este valor subestime la realidad. Aunque en el cultivo de maíz se usan cantidades importantes de plaguicidas, tomando en cuenta la superficie dedicada a éste, en comparación con la dedicada a otros cultivos, se encuentra que la relación plaguicidas/ha es mayor para las hortalizas (aproximadamente 35 Kg./ha), que para el maíz

7 Pág/7 (aproximadamente 3.5 kg/ha). Aunque habría que tomar en consideración el tipo de plaguicidas que se usan en uno y otro caso, esta diferencia en las relaciones significa que la exposición y el riesgo de los trabajadores de los cultivos de hortalizas puede ser hasta 10 veces más que para los que cultivan maíz. Como dijo un escritor estadounidense: En México, la salud de los trabajadores ha sido subordinada a la salud de los tomates. Dicho de otro modo, para proteger a los consumidores de Estados Unidos se ha puesto en riesgo grave a los jornaleros y los consumidores mexicanos. Contribuyen a este riesgo las tasas elevadas de analfabetismo y el bajo nivel educativo que prevalecen en el medio rural, lo que impide que los jornaleros se informen directamente de los riesgos a los que los expone su trabajo. Por otro lado, muchas veces estos trabajadores son migratorios, carecen de seguridad social o la tienen sólo durante los meses en que trabajan, lo que dificulta que se identifiquen los síntomas tardíos de las intoxicaciones. Un problema relacionado con el uso de plaguicidas, y que también plantea un riesgo ambiental y de salud importante, es el de los envases vacíos; algunos datos indican que el total de estos envases puede ser de unas 7 mil toneladas anuales, la gran mayoría de las cuales queda dispersa en los campos y es fuente de riesgo ambiental y de salud. Consecuencias conocidas por el uso de plaguicidas En general, los datos sobre los daños derivados del uso de plaguicidas en México son parciales y definitivamente insuficientes. Hay varias razones para esto, pero entre ellas destaca el hecho de que evaluar los riesgos de cualquier tipo no es atractivo para los gobernantes, quienes probablemente piensan que hablar de riesgos puede perjudicar la imagen internacional del país, reducir la

8 Pág/8 llegada de nuevos capitales, o afectar el turismo. Esto, sin contar con que los intereses de la industria y la agroindustria contribuyen a que no exista un diagnóstico correcto de esos problemas. Una consecuencia directa es que, por lo común, no hay fondos para realizar estudios que permitan documentar estos riesgos o, cuando los hay, son insuficientes, por lo que las investigaciones sobre la presencia de plaguicidas en México, y sus efectos adversos sobre la salud y el ambiente, son parciales y de poco alcance y no permiten contar con una imagen adecuada de la situación. De hecho, no existen datos suficientes sobre la presencia de plaguicidas en los diferentes sustratos ambientales del país; tampoco hay estadísticas confiables de las intoxicaciones por plaguicidas en las zonas rurales ni, mucho menos, se han realizado estudios epidemiológicos para detectar los efectos crónicos de los plaguicidas, los que deberían existir al menos para los jornaleros agrícolas. Cualquier revisión bibliográfica muestra que la gran mayoría de las investigaciones que se han realizado en México no se han dedicado a los productos de uso actual en el país y se han limitado a determinar los residuos de plaguicidas persistentes en alimentos, tejidos humanos o el ambiente, sin evaluar las consecuencias adversas para la salud pública o el equilibrio ambiental, sobre todo a largo plazo, que pueden derivar de esos datos. Muy pocos estudios han evaluado las condiciones reales de uso de plaguicidas y las consecuencias adversas para la salud, el ambiente, la economía y la estabilidad social que pueden estar asociadas con dicho uso. A pesar de ser escasos, sus resultados permiten documentar que las declaraciones oficiales carecen de credibilidad.

9 Pág/9 En cuanto a la investigación que se realiza en México sobre los plaguicidas y sus efectos existe un círculo vicioso: Debido a que no hay datos suficientes y confiables, el gobierno no considera que los problemas derivados del uso de estos productos sean prioritarios, no le asigna recursos suficientes a su control ni establece una política pública explícita al respecto. Debido a que no hay recursos, los investigadores carecen de incentivos para dedicarse a este campo, lo que redunda en que los datos disponibles sean poco representativos y no justifiquen un cambio de actitud en las autoridades. Por lo tanto, el dilema más importante en este caso podría residir en cómo romper este círculo vicioso. Si se estableciera un programa de seguimiento epidemiológico de las intoxicaciones derivadas del mal uso de plaguicidas en las zonas de uso intensivo de plaguicidas, esto es, en aquéllas donde se cultivan algodón, jitomate, papa, chile, melón, sandía y pepino, se podría empezar identificar los problemas, llegar a conclusiones útiles para otras zonas y para el país en general e iniciar algunas acciones para reducir la exposición y los riesgos. Mecanismos legales de control Varios sectores deberían ser responsables de que el uso y manejo de los plaguicidas fuera correcto. Estos sectores incluyen a las autoridades de todo nivel, productores e importadores, comercializadores, agricultores grandes y pequeños, trabajadores y consumidores. Las deficiencias en el control surgen cuando uno o más de estos sectores no reconocen su responsabilidad, o la evade. Un factor importante respecto al control de los plaguicidas es que, hasta el momento, este tema no ha sido una prioridad oficial y, prácticamente sin excepción, las acciones en este campo han derivado de presiones internacionales y no del reconocimiento local de la importancia de proteger la salud de la

10 Pág/10 población y la estabilidad del ambiente de los riesgos asociados con el uso de estos productos. Aunque en todos los países ha habido un retraso entre el momento en que se conocieron los riesgos de los plaguicidas, y aquél en que se emitieron leyes y reglamentos para reducirlos, en México este retraso ha sido aún mayor, puesto que, aunque estos productos se usan ampliamente en el país desde fines de los años cuarenta y sus riesgos ambientales se conocen desde 1962, más de 40 años después todavía no se cuenta con una legislación para regular su uso que sea integral, congruente y eficaz. México ha ido siempre a la retaguardia de las tendencias internacionales en este tema. Por ejemplo, hacia 1968, cuando en Estados Unidos ya se reconocía la peligrosidad del DDT para el ambiente y, por lo tanto, se estaba cerca de prohibir su uso, México le compró a ese país la tecnología para fabricar dicho producto con la justificación de que se ahorrarían divisas. Esta tendencia sigue vigente en el país; por ejemplo, algunas medidas de control para el uso de plaguicidas se han puesto en práctica como resultado de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), o tratados como el de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), y no por decisión propia, por lo que, con frecuencia, además de inadecuadas por responder a las necesidades e intereses de otros países, han sido parciales y tardías. Sin embargo, es esencial reconocer que los escasos avances en la materia han sido, en gran medida, resultado de la presión de otros países, ya sea porque les enviamos alimentos con cantidades de residuos de plaguicidas que consideran inaceptables o porque la contaminación ambiental que se genera en México es

11 Pág/11 dispersada por los vientos y llega a sitios muy remotos en donde causa daños que otros países no están dispuestos a aceptar. El marco legal sobre plaguicidas se ha ido integrando con lentitud, prácticamente en un proceso sobre la marcha en el cual se emiten reglamentos y normas para resolver un problema en particular pero se deja intacto el problema principal. Como resultado, además de complejo, dicho marco es insuficiente e ineficaz. En realidad se trata de un conjunto de reglamentos y normas, no siempre congruentes entre sí, con vacíos legales y yuxtaposiciones en las competencias que, en lugar de controlar eficazmente el uso de los plaguicidas y proteger la salud humana y el ambiente, en el mejor de los casos logran regular la importación y venta de estos productos desde el punto de vista administrativo. Los sucesivos cambios legales hubieran requerido que, de forma paralela, se desarrollara la infraestructura técnica, se formaran los recursos humanos necesarios y se dotara a las instituciones de los recursos financieros para que la gestión de los plaguicidas estuviera acorde con la normatividad. A falta de estos cambios, la normatividad es poco más que letra muerta, mientras que las acciones oficiales se han centrado en la parte administrativa y han postergado la gestión práctica de estos productos. Por ejemplo, la NOM 003-STPS, que es la norma más importante para la protección de los jornaleros agrícolas, tiene importantes deficiencias. Entre ellas: Incluye a los bandereros, que ya están prohibidos en la mayoría de los países, incluso de desarrollo similar al nuestro. Basa la protección en las hojas de datos de seguridad de materiales, las que muy probablemente sea muy difícil obtener en el medio rural, sin contar con que su contenido puede no ser claro o, incluso, completo o correcto.

12 Pág/12 En los conceptos manejo y personal ocupacionalmente expuesto, la NOM no incluye la cosecha ni ninguna otra actividad en el campo fuera de las relacionadas directamente con la mezcla y aplicación de plaguicidas; esto deja legalmente desprotegidos a los jornaleros que puedan estar expuestos a los plaguicidas o intoxicarse al realizar labores no consideradas en la norma. No protege a las mujeres en edad reproductiva. Responsabiliza al patrón de la protección y capacitación de los trabajadores sin tomar en cuenta que, en las condiciones actuales, el patrón puede ser un ejidatario o un pequeño agricultor, cuya información sobre los riesgos de los plaguicidas muy probablemente es similar a la de los jornaleros que, en teoría, debe proteger. A pesar de esto, hay que reconocer que la sola existencia de esta Norma marca una diferencia apreciable respecto a etapas previas. Desafortunadamente, la vigilancia de su cumplimiento dista mucho de ser la mínima necesaria. A este respecto, México ha firmado varios instrumentos internacionales que han contribuido a que las autoridades reconozcan, al menos teóricamente, la peligrosidad de los plaguicidas. Entre estos convenios destacan el Código Internacional de Conducta de la FAO, los acuerdos para el manejo adecuado de plaguicidas que se gestaron en la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC y, más recientemente, el Convenio de Estocolmo para eliminar los plaguicidas persistentes. Sin embargo, por lo común nuestro país cumple estos compromisos de manera parcial, limitada a lo más obvio de esos tratados, o a lo que no es posible dejar de cumplir. Respecto al control en el uso de los plaguicidas y la protección de los aplicadores deben reconocerse las iniciativas de la industria que, aunque se pudiera argumentar que son de poco alcance y han estado motivadas por su

13 Pág/13 interés en el mercado, han sido positivas y han suplido, aunque sea parcialmente, lo que el gobierno debería hacer en este tema. Algunos ejemplos son el programa de capacitación de individuos que intervienen en el manejo de agroquímicos y el plan de manejo de envases vacíos conocido como Campo Limpio que, a pesar de sus limitaciones, por lo menos ha favorecido que se hable de un tema antes inexistente en las declaraciones oficiales y ha auspiciado la coordinación entre agricultores, industria y gobierno para generar programas de recolección de envases vacíos y crear centros de acopio para ellos. Al no haber, en los hechos, una política pública específica para el control de los plaguicidas, su falta es sustituida con medidas ocasionales, descoordinadas y parciales. Como consecuencia, falta mucho para que los esfuerzos oficiales, los de la industria y las presiones internacionales logren una reducción real de los riesgos que los plaguicidas presentan para la salud y el ambiente en México, en especial, los que afectan a los sectores más vulnerables de la población o al ambiente de las zonas de alto uso de estos productos. Los factores ya señalados: deficiencias graves en el marco legal, carencia general de información sobre los riesgos de los plaguicidas entre las autoridades y la sociedad y acciones oficiales insuficientes y tardías, se potencian en México por la escasa percepción social sobre la magnitud y gravedad de los problemas asociados con el uso de estos productos; como resultado, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, no hay hacia las autoridades una presión social informada, comprometida y continua, que pueda catalizar y apoyar los cambios que se requieren en el control de los plaguicidas.

14 Pág/14 Conclusiones Respecto a los plaguicidas en México se pueden hacer las siguientes conclusiones: Su uso intensivo se concentra en relativamente pocos estados y pocos cultivos. Por su toxicidad intrínseca y su forma de uso, estos productos presentan riesgos importantes para la salud humana y el ambiente, tanto a corto como a largo plazo, que no siempre se conocen o se reconocen. Las medidas legales de control: 1. han sido lentas y tardías, 2. se centran en aspectos administrativos, 3. a pesar de ser relativamente complejas, y de que en ellas interviene un número elevado de dependencias, son poco eficaces para proteger a los más expuestos o a quienes se encuentran en mayor riesgo por motivos de edad, nutrición u otros, y 4. a su ineficacia contribuye de manera determinante la falta de una vigilancia adecuada y de infraestructura científico-técnico especializada. Los jornaleros y campesinos carecen de las medidas de protección más elementales y de información correcta que sea adecuada para su nivel educativo. Las instancias y mecanismos para proporcionarles dicha información y protección, así como la normatividad vigente al respecto, distan de poder cumplir con lo mínimo deseable. Además del uso agrícola y para fines pecuarios de los plaguicidas, también es importante su uso para fines de salud pública, lo cual con frecuencia se olvida

15 Pág/15 cuando se trata de establecer los riesgos de estos productos para el ambiente y la salud. Las principales restricciones a la importación y uso de plaguicidas se han desarrollado internacionalmente y no siempre funcionan de manera adecuada en nuestro país. No hay suficiente apoyo oficial para realizar los estudios epidemiológicos y ecotoxicológicos que permitan fundamentar los cambios necesarios a los mecanismos de control. No existe un sistema eficiente que permita conocer la magnitud y características de los daños de los plaguicidas para la salud, ni se cuenta con estadísticas completas y confiables al respecto. Tampoco existe uno para documentar los daños al ambiente que se pueden atribuir a estos productos. Todo esto contribuye a que la situación de los jornaleros sea muy vulnerable, lo que no tiene visos de cambiar mientras no haya interés suficiente de parte de las autoridades, la industria y los comerciantes. Los programas existentes, aunque valiosos, no llegan a todos los que los requieren, ni en la forma en que se requieren. Recomendaciones Entre los puntos más importantes para mejorar el uso de plaguicidas en México, si en realidad se desea proteger eficazmente a la población expuesta y el ambiente, están: Sobre el marco legal Revisar y complementar la normatividad del caso, de tal modo que proteja realmente a los aplicadores y, en general, a todos los que intervienen en el

16 Pág/16 manejo de plaguicidas; si es posible, modificarla para que se pueda sancionar a quienes incumplan con lo que establece. Requerir que los jornaleros cuenten con una licencia de aplicador, para obtener la cual deban aprobar un examen sobre seguridad de los productos y los riesgos que representan para ellos y sus familias; esta licencia la deben emitir las autoridades de trabajo y salud y debe renovarse anualmente, mediante un nuevo curso y examen. Dar la mayor difusión posible al marco legal, para que todos los que intervienen en el proceso conozcan sus responsabilidades y sus derechos. Mejorar la vigilancia del cumplimiento de la normatividad. Sobre los jornaleros Ampliar su capacitación, tal modo que incluya la interpretación de las etiquetas y de las hojas de datos de seguridad de materiales, más lo relativo al manejo, cuidado e importancia del equipo de protección y el de seguridad mediante ejercicios prácticos. Mejorar su nivel educativo general, para que puedan obtener e interpretar directamente la información disponible, por ejemplo, leer las etiquetas y las hojas de datos de seguridad de materiales, o entender los letreros. Facilitar el acceso de los jornaleros a los equipos de protección personal y capacitarlos para que entiendan las razones por las que deben usarlo. Sobre las autoridades y la industria Fortalecer la infraestructura técnica y administrativa relacionada con el control de los plaguicidas.

17 Pág/17 Mejorar la preparación del personal de salud, dándole incentivos para que se capaciten en todo lo relacionado con la protección de los trabajadores. Mejorar las condiciones de los centros de salud en las zonas rurales para que puedan participar activamente en la protección de la salud de los expuestos. Difundir lo más ampliamente posible la cultura del uso responsable de estos productos. Vigilar que el servicio técnico que ofrecen la industria y los distribuidores esté menos centrado en los aspectos comerciales y haga énfasis en la información sobre seguridad y buen manejo de estos productos. Sobre la investigación Apoyar la obtención de datos confiables sobre los efectos adversos de los plaguicidas para la salud y el ambiente del país de tal modo que eventualmente se cuente con un mapa de riesgos que permita identificar las regiones y los grupos humanos para los que es urgente establecer medidas correctivas y fundamentar las acciones de control y las modificaciones a la normatividad. Realizar las investigaciones necesarias para determinar si la protección que actualmente marca la ley es efectiva frente a los nuevos productos micronizados, cuyas pequeñas partículas es probable que puedan absorberse a través de la ropa de protección. Fecha de recepción: 12/09/2005 Fecha de aceptación: 14/09/2005

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