SEMINARIO INTERNACIONAL NUEVOS ENFOQUES EN POLÍTICAS DE DROGAS EN EL SIGLO XXI

Transcripción

1 SEMINARIO INTERNACIONAL NUEVOS ENFOQUES EN POLÍTICAS DE DROGAS EN EL SIGLO XXI Los desafíos de América Latina hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas Ungass 2016 y después Montevideo, 19 de agosto de 2015 Antesala de Cámara de Representantes Palacio Legislativo BLOQUE II UNGASS 2016 y después. Presente y futuro de la Región en materia de Políticas de Drogas Senador de México, Alejandro Encinas En primer lugar, quiero saludar y agradecer a la República Oriental del Uruguay, representada por la Presidencia de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Nacional de Drogas, y a la Fundación Friedrich Ebert por este seminario. Asimismo, quiero saludar a quienes me acompañan en la mesa, al diputado uruguayo Luis Gallo Cantera, al senador mexicano Alejandro Encinas, y a todos los representantes de los distintos países que concurrieron a este seminario. Antes de comenzar mi exposición, quiero presentarme. Mi nombre es Alberto Robles, soy diputado de la República de Chile -es mi cuarto período-, representante de la región de Atacama -ubicada al norte de Chile-; soy padre de cinco hijos de dos matrimonios y médico de profesión. Soy miembro del Partido Radical y, por lo tanto, social demócrata. Voy a tratar de hablar no desde mi posición y mi visión, sino de lo que estamos haciendo en Chile, tratando de ser lo más objetivo posible. Al escuchar a los distintos exponentes me doy cuenta de que en Latinoamérica todos somos muy parecidos y que en gran parte estamos pensando en lo mismo; los diagnósticos son muy similares, las visiones y dificultades que tenemos son muy parecidas. Latinoamérica debe unir mucho más sus visiones para tener más presencia,

2 sobre todo cuando el mundo es tan global. No voy a reiterar lo ya se ha dicho, sino que voy a hablar de la realidad de Chile. En mi país tenemos una ley que data de hace varios años y que requiere modificaciones. Actualmente, el microtráfico de drogas en mi país está presente en todos lados. Es cierto que hace años era un problema principalmente de las áreas urbanas, pero hoy el microtráfico está presente hasta en las comunas más pequeñas y rurales de Chile, circunstancia que se ha convertido en un problema no solo desde el punto de vista sanitario, sino también social, que es muy importante. Según el Servicio Nacional de Drogas de Chile -esto datos son de hace dos o tres años-, en nuestro país hay consumidores de cannabis y de cocaína y pasta base; esas cifras se obtuvieron de una población de 18: de habitantes, aproximadamente. Desde el punto de vista de la delincuencia y de cómo está afectando el problema a los usuarios, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó una encuesta que arrojó que en 2012 se realizaron detenciones por infracciones a la ley de drogas, y que aproximadamente el 75% de ellas fue por porte y consumo. Es decir que en Chile tres de cada cuatro personas que son detenidas por infracciones a la ley de drogas es por consumir o por portar, no por ser delincuentes o narcotraficantes. Son usuarios básicamente de marihuana, que es la principal razón por la que se detiene a las personas en mi país. Hace algunos años el cannabis estaba entre las drogas más blandas, pero fue elevada a la categoría de droga dura, lo que determinó que se penalizara más a las personas que la consumieran. Este es un problema importante; Chile tenemos una discrepancia muy seria entre aquellos que desarrollan la academia, los que están en la dirección de las políticas de drogas, la ciudadanía y nosotros, los legisladores. En mi país hay una diferencia importante en cuanto a cómo enfrentar este tema, y así lo ven los movimientos sociales; una gran cantidad de organizaciones de la civilidad, como la Fundación Daya, Mamá Cultiva, la revista Cáñamo y la fundación Cultiva tus Derechos han realizado un fuerte intento por visibilizar los problemas que tienen que ver con el cannabis y su uso en Chile. Este año se llevó a cabo la sexta o séptima marcha -no recuerdo bien- por el derecho de las personas a consumir cannabis. Hace años la marcha solo contaba con quinientas u ochocientas personas, pero este año más de personas se juntaron en el centro de Santiago, sin mayores temores, para expresar su posición y hacer valer su derecho de cultivar cannabis.

3 Se inició la visibilización de casos de uso del cannabis de forma medicinal. En la prensa y en la televisión chilena se expusieron casos bastante dramáticos respecto a cómo el cannabis puede ayudar a las familias, inclusive a niños menores de un año con epilepsia refractaria. En muchos casos, esos niños no podían salir de las crisis epilépticas y de las convulsiones con los medicamentos normales, pero con el uso del cannabis, particularmente con su aceite, habían podido terminar con sus convulsiones y tener una vida racional desde el punto de vista de la salud. La Municipalidad de La Florida, impulsada por una de estas fundaciones, logró que se la autorizara a cultivar cannabis a través del municipio, y ya comenzó con la primera producción de cannabis medicinal, que será consumido por un grupo importante de chilenos y chilenas que requieren del uso de esta sustancia de manera medicinal, ya que fue prescripta por un médico, con receta. Por supuesto que se siguen algunos protocolos desde el punto de vista sanitario con el objeto de que esta sustancia, efectivamente, se emplee para uso medicinal. También hay otros municipios de mi país como el de Concepción y otros más que están siguiendo este ejemplo. Esto llevó a que muchos de nosotros, que desde hace algún tiempo trabajamos con algunas organizaciones de este tipo, presentáramos ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular y permitir el autocultivo y el porte de cierta cantidad de cannabis con fines recreacionales, medicinales y espirituales. El objetivo del proyecto es considerar los derechos esenciales de las personas, sobre todo de los adultos, entendiendo que estos pueden determinar qué quieren consumir y qué no, sabiendo que las drogas producen adicción y algunos efectos contradictorios negativos. Reitero que es decisión de la persona qué consumir; está dentro de las libertades esenciales, así como está permitido el consumo de otras drogas en mi país que producen un daño bastante mayor, como el tabaco o el alcohol. Lo cierto es que consideramos que es un derecho de la persona la libre determinación con relación a lo que consume. Como se ha planteado por otros expositores, la ley en Chile es bastante contradictoria: no prohíbe el consumo pero cualquier acto que posibilite a una persona obtener el producto para su consumo, es penalizado. Se penaliza el autocultivo y el porte. Las personas de más bajos recursos son las más criminalizadas en este sentido. Por eso el proyecto se basa en la descriminalización del usuario de cannabis y en la relación en términos sanitarios. Por cierto, se prohíbe el consumo en adolescentes y menores, dado que la evidencia científica ha demostrado mayor problemática en esos sectores.

4 El proyecto sobre el cual estamos avanzando en Chile tiene que ver con la regulación del autocultivo en todas sus formas. Sabemos que en varios lugares se está avanzando en el tema medicinal, que en Chile no es lo más relevante, sino lo recreacional, las personas que utilizan el cannabis como simplemente porque quieren. Por lo tanto, lo que estamos planteando desde el Poder Legislativo -no desde el Poder Ejecutivo- es permitir y despenalizar el autocultivo con el objetivo de que la producción del cannabis sea hecha por quien la va a consumir, obviamente, con algunas regulaciones desde el punto de vista penal, pero con el objetivo de brindar a la persona la potestad de que puedan autocultivar su producto. Con relación al estado actual, hace muy poco la Corte Suprema de nuestro país, en un caso específico, reconoció lo que estoy planteando, es decir, el derecho de la persona a consumir. Como la ley permite que la persona consuma, la Corte Suprema entendió que los procesos para poder efectuar el consumo no podían ser penalizados y, por lo tanto, absolvió a quien estaba siendo procesado por autocultivo. Es decir, entendió que el autocultivo es un paso para el consumo personal. Este es un paso realmente inédito en la justicia chilena, sobre todo de la Corte Suprema, que siempre ha sido bastante conservadora en sus veredictos. El proyecto se encuentra en el segundo trámite de la Cámara de Diputados. Nuestro sistema legislativo prevé que los proyectos de ley se analicen en una de las dos Cámaras -en este caso en la Cámara de Diputados- y en la comisión respectiva. Este proyecto lo elaboramos en la comisión de Salud, donde fue aprobado, y pasó a la Sala, donde se aprobó la idea de legislar, de que Chile avanzara en una regulación de este tipo. Se hicieron indicaciones a los distintos artículos del proyecto, y hoy en día está de nuevo en la comisión de Salud para su segundo trámite en la Cámara de Diputados. Esperamos que en el mes de octubre podamos aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados. Asimismo, la comisión de Salud está abocada a un proyecto muy importante para nuestra sociedad: aborto terapéutico. Chile es uno de los pocos países en el mundo que no permite el aborto terapéutico. Creemos que hay temas relevantes que deben ser abordados en una perspectiva más progresista. Este proyecto deberá pasar por el Senado, que es bastante más conservador, por lo que esperamos que podamos resolver también esa coyuntura Si bien esto está avanzando desde el punto de vista legislativo, el problema es que no tenemos la incorporación del gobierno a través de las instituciones gubernamentales en la discusión del proyecto. El gobierno de Chile todavía tiene una clave conservadora bastante importante en algunas áreas. En el área de la salud, particularmente drogas, es

5 muy conservador. El Servicio Nacional de Drogas no está en el ámbito del ministerio de Salud sino en el ministerio del Interior. El director de Senda obedece a las políticas del ministerio del Interior, y está orientado a la delincuencia no a aspectos sanitario. Tenemos un gran problema para avanzar en ese sentido porque la mirada es extraordinariamente restrictiva, no es pensando en cómo ha evolucionado la sociedad del siglo XXI. Por eso me parece extraordinariamente importante este seminario. Creo que tenemos la obligación con el resto de los países latinoamericanos de luchar para que la posición de nuestro país en la próxima reunión internacional del año que viene esté en línea y coordinada con el resto de los países latinoamericanos. Tenemos una tarea importante. No podemos dar la nota disidente con el resto de los países, sobre todo, con la República Oriental del Uruguay, que lidera con un avance sustantivo en la materia.

6 Diputado de Chile, Alberto Robles En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Fundación Friedrich Ebert para participar de este seminario internacional y al Parlamento de la República Oriental del Uruguay por su hospitalidad y acogida a través de este muy bello recinto. Asimismo, agradezco compartir esta mesa con los diputados Gallo Cantera y Robles. Me han invitado a hablar sobre los problemas de la violencia, la corrupción y las iniciativas legislativas de mi país. Antes de dar las cifras del terror -que voy a brindar para ubicar la dimensión del problema- quiero compartir algunas reflexiones sobre este tema. Me pregunto si el problema del crecimiento de la delincuencia organizada, de la diversificación de los grupos criminales, del debilitamiento y descomposición del estado mexicano y de las instituciones públicas es privativo de mi país o es de carácter regional, donde muchos países de América Latina enfrentan este proceso de debilitamiento del Estado y sus instituciones y el fortalecimiento de la delincuencia organizada. Estoy convencido de que no es un problema privativo de mi país, sino de la región. De qué región? De la región norteamericana, donde tradicionalmente los problemas de tráfico de drogas, violencia, inseguridad y delincuencia se ven como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, o es más bien un problema de la región del sur de nuestro continente? Si bien Estados Unidos tiene consumidores de distintas drogas, y una gran impunidad y corrupción con la que se hace su distribución, lejos está de convertirse en un problema del norte de nuestro continente, sino que se ha convertido en un problema del sur del continente americano. Partimos de la idea de que hay que reconocer que el problema ha crecido tanto, que la delincuencia y el fortalecimiento económico, patrimonial y financiero del narcotráfico han sido tan grandes, que ya no alcanza con combatir el tráfico de drogas o avanzar en su regulación. El posicionamiento de la delincuencia organizada ha sido tan grande que se ha diversificado hacia otro tipo de delitos, en ocasiones más rentables que el propio tráfico de drogas. La regulación del mercado de las drogas no necesariamente resolverá muchos de los problemas estructurales de los Estados, así como tampoco los problemas que han llevado al actual nivel de deterioro en que se encuentran las instituciones públicas. Lamentablemente, la lucha contra las drogas en mi país -esta guerra que se inició en el año lo militarizó y llevó a un aumento de la violencia e inseguridad. En el momento en que empezó el descabezamiento de los principales cárteles también comenzó su multiplicación. Originalmente teníamos seis cárteles, y ahora tenemos trece que controlan

7 casi todo el territorio nacional. Esa fragmentación de los cárteles de la droga ha llevado a que se perdiera rentabilidad en el mercado. Inclusive, el cierre de fronteras que se produjo como consecuencia de los actos del 11 de setiembre, en Estados Unidos, obligó a que mucha de la droga que pasaba por nuestro país se distribuyera en el mercado local, pero con otro tipo de prácticas por parte de los narcotraficantes. De aquella práctica de corrupción de autoridades en la que regía la ley de plata o plomo -te dejabas corromper o eras asesinado-, ahora se pasó a la extorsión, al cobro de derecho de piso, en el que los grupos delictivos no solo se imponen a los policías municipales o estatales, sino que imponen un impuesto a la autoridad municipal o se encargan de desarrollar las obras públicas en distintos municipios de mi país. Por otro lado, al cerrarse el mercado de los Estados Unidos, mucha de la droga que tradicionalmente se vendía al menudeo dio origen a otro tipo de distribución, pasando al mediomayoreo -por decirlo de alguna forma- y a que los grupos delictivos, en lugar de pagar en efectivo por la distribución de la droga, comenzaron a pagarla con droga. Esto no solo significó un aumento en el consumo de droga en mi país, sino que, además, hizo que cayera de manera significativa la calidad, porque ahora se la mezcla con otras sustancias, inclusive, con veneno para ratas, lo que genera un mayor problema de salud pública. Si bien el enfoque que debemos darle tiene que ver con el marco regulatorio y la despenalización del uso para fines medicinales, industriales o autoconsumo de drogas, debemos poner atención, sobre todo, en la frontera sur entre México y Centroamérica, que se ha convertido en una de las regiones más violentas y peligrosas del mundo. Hace dos meses estuvimos en El Salvador y nos reunimos con el secretario de seguridad pública. En esa ocasión, nos señalaban que la principal preocupación era la conformación del triángulo norte de Centroamérica -integrada por El Salvador, Honduras y Guatemala- como una de las zonas más violentas. Yo les decía que ya no podemos hablar de un triángulo en el norte de Centroamérica, sino de un pentágono conformado por la frontera sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, donde la violencia ha llegado a niveles insospechados. Quizá esa sea la zona más violenta y peligrosa del mundo. Esto habla no solamente de que a través de la frontera sur de mi país pasa el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, sino también el 20% de las armas que circulan ilegalmente en nuestro país. A pesar de los aproximadamente kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos, con un mercado muy significativo, el tráfico de armas ha ido cayendo gradualmente en esa zona y ha ido creciendo en la frontera sur de mi país. Los resultados son realmente preocupantes, porque en la medida en que el Estado

8 ha fortalecido las acciones punitivas de combate a la delincuencia organizada, se ha incrementado la violencia. Para demostrar esto voy a poner algunos ejemplos. Durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón se registraron alrededor de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. En la actual administración, hasta finales del mes pasado, llevábamos más de asesinatos en menos de tres años. En el municipio de Acapulco, hasta el último día de julio se registraron homicidios. Además, se ha producido una expansión de la violencia que alcanza no solamente al ámbito de la distribución de drogas, sino también al electoral. Durante las pasadas elecciones del 7 de junio llevadas a cabo en mi país, se registraron, por lo menos, 105 homicidios de carácter político, vinculados al proceso electoral. La violencia está tomando nuevas dimensiones y no solo hacía jóvenes vinculados con actividades delictivas, sino también contra las mujeres. En México el feminicidio está creciendo de manera significativa. Mientras que a nivel internacional la tasa de feminicidio es de 2,7 por cada cien mil mujeres, en México es de aproximadamente 5 por cada cien mil. Entre 2010 y 2013 se asesinaron mujeres, y solo 613 casos fueron clasificados como feminicidios. Se estima que este año en México se asesinan 6,4 mujeres por día. En el estado de México es asesinada una mujer cada treinta y tres minutos. Muchas de ellas están vinculadas a la actividad del narcotráfico, pero también a la diversificación del crimen que se ha dado en nuestro país. Se pasó del tráfico de drogas al secuestro, al robo de vehículos y ahora, de manera muy significativa, a la extorsión, al cobro de derecho de piso, a la trata de personas, al tráfico de personas e, inclusive, al secuestro de muchos emigrantes centroamericanos que trabajan esclavizados para los grupos delictivos del país. Junto con la militarización se produjo un significativo incremento en la violación a los derechos humanos y a las desapariciones forzadas. El caso más conocido es el de los cuarenta y tres muchachos normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Este hecho da cuenta del poder corruptor del narcotráfico, que ha penetrado en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes del Estado, en los órganos de seguridad pública e, inclusive, en los partidos políticos. Es lamentable que en un municipio gobernado por la izquierda -por el Partido de la Revolución Democrática- se haya impuesto a un delincuente como presidente municipal, con la complicidad no solo del gobierno local emergido del mismo partido, sino también de los dirigentes partidarios. Esto da cuenta del nivel de penetración que se tiene por ese poder económico y financiero del narcotráfico. Junto con violaciones como la desaparición forzada, hoy tenemos ejecuciones extrajudiciales -la más conocida es la de las veinte ejecuciones en Tlatlaya, en el estado de Guerrero- y también un incremento de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas; de

9 los últimos 250 actos de tortura acreditados, solamente se han sancionado 7. Junto con esto, también se ha dado un aumento significativo del número de desaparecidos. Desde 2012 (inicio de esta Administración) hasta mayo de 2014 ha habido desaparecidos. Hemos llegado a cifras que muestran que en más de hogares, al menos un integrante de esas familias ha sido víctima de algún delito en México. Se calcula que entre 2007 y 2012 fueron asesinados en el territorio nacional inmigrantes centroamericanos y mexicanos. El número de personas que ingresan por la frontera sur a nuestro país se ha incrementado de manera significativa. Por ejemplo, el año pasado ingresaron a México de personas, y el 50% -aproximadamente lo hicieron por la frontera sur. La mayoría de ellos estaban indocumentados y muchos de ellos eran niños no acompañados. La trata de personas, la pornografía infantil y el tráfico de personas se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la delincuencia organizada que, además, los vinculan con actividades ligadas al narcotráfico. Les voy hacer llegar a todos un documento sobre el que estamos trabajando, con todas estas cifras. Evidentemente, el primer paso para resolver esta situación es entrar en la regulación del mercado de las drogas y recuperar la presencia del Estado. En el caso de México, no solo se debe llevar a cabo a nivel territorial. Allí hay muchas zonas en las que no domina la autoridad legítimamente constituida, sino los grupos delictivos, los poderes fácticos. Es necesario que se den prácticas distintas, ya que la penalización que existe en nuestro país, establecida en el código de política de persecución fortalecida en 1996 por la ley federal contra la delincuencia organizada-, ha traído mayor violencia e incremento de la población penitenciaria. Esta situación se dio porque se partió de un concepto equivocado al pensar que a mayor población penitenciaria, menor índice delictivo. Lo cierto es que el endurecimiento de las penas no solamente saturó los penales, sino que no tuvo los efectos esperados. Hoy tenemos presos en las cárceles de nuestro país. El 60% de ellos son jóvenes que tienen entre dieciocho y veintinueve años. La mayoría han sido detenidos por delitos patrimoniales, por robos menores a los US$ 20. Como ya se ha dicho, de los presos, están vinculados a delitos contra la salud, en operaciones a US$ 100. También en este aspecto se ensañan los problemas con la mujer. Entre 30% y 60% de las mujeres que se encuentran detenidas por delitos contra la salud están en las cárceles de la zona central del país; sin embargo, en la zona norte ese porcentaje alcanza el 80% de las mujeres internas en los penales por este tipo de delitos. Insistimos en que tenemos que avanzar para eliminar esta política prohibicionista.

10 En nuestro país urge una regulación adecuada; se deben distinguir los distintos tipos de drogas y separar al cannabis de las prohibiciones. Se debe permitir la producción, el cultivo y la distribución para usos medicinales, recreativos e industriales. La producción de la amapola y de la marihuana está profundamente arraigada en nuestra cultura. Muchas de las restricciones del gobierno mexicano están basadas en encuestas, ya que se rige por ellas. Tanto es así, que cuando solicitamos las encuestas a la Presidencia de la República nos las negaron argumentando que se trataba de un tema de seguridad nacional. Yo no sabía que tenía esa importancia. En el caso de México, hay un rechazo social de cerca del 63% a la legalización de las drogas. Al mismo tiempo, también hemos perdido la batalla cultural. El arraigo de la amapola y la marihuana en México lo encontramos desde en los cantos -"La cucaracha, la cucaracha / ya no quiere caminar; / porque le falta, porque le falta / marihuana que fumar"- hasta en las calles y los parques que hasta los años setenta estaban plantados con amapolas. En México, hay condiciones para avanzar en un debate que permita esta reglamentación. Hemos presentado nueve iniciativas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y no prosperó la regulación porque las drogas son un asunto de competencia federal, a pesar de que en la ciudad de México -de la cual me precio de haber sido jefe de gobierno- hemos ampliado las garantías y derechos civiles respecto del resto del país con el matrimonio igualitario, el derecho de las parejas gay a la adopción o la interrupción temprana del embarazo. Queríamos dar el paso sustantivo en la regulación del cannabis, pero hubo un impedimento. Pienso que si empujamos juntos para que México tenga una redefinición de su política hacia la Ungass, el próximo año estoy seguro de que conformaremos un bloque latinoamericano que dé marcha atrás a esta política prohibicionista en donde, como aquí lo han dicho, nosotros ponemos los muertos, mientras que Estados Unidos, aparte de comerciar las armas con las que matan a los mexicanos y a los latinoamericanos, consumen la droga que dicen combatir. Muchas gracias.

11 Secretario general de la OEA, Luis Almagro La nueva estrategia de combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a la violencia está basada en un enfoque de salud pública centrado en el individuo. Respaldamos este nuevo enfoque como parte de la lucha para lograr cada vez más derechos para más gente. En el año 2013, por mandato de los presidentes de la región, que un año antes se reunieron en la cumbre de Cartagena, Colombia, la OEA publicó el informe "El problema de las drogas en las Américas", que marcó un antes y un después en el debate sobre las drogas en el continente, provocando un cambio de paradigma y poniendo como foco de interés al consumidor de drogas y a las drogas como un problema de salud pública y no de seguridad pública. Este informe logró un debate abierto, sin temas tabú y con una gran participación de la sociedad civil. Desde entonces, se parte de que no existe uno, sino múltiples problemas relacionados con las drogas que, a su vez, dan cuenta de la diversidad de características de nuestros países. La constatación de esta diversidad es determinante a la hora de establecer que el problema de las drogas debe ser abordado de manera diferenciada y flexible en función de la forma en que nuestros países son afectados. Entre los principales hallazgos del informe, que ha tenido repercusión en nuestro hemisferio, se destacan los siguientes: el problema de las drogas afecta a todos los países, pero por diferentes causas y con diferentes impactos; es necesario un abordaje desde la salud pública para enfrentar los desafíos del consumo de drogas, lo que implica, entre otras cosas, el derecho de los individuos y las obligaciones de los Estados de defender e impulsar el concepto de salud pública que se pretende; es importante examinar con cuidado la discriminalización cuando refiere a uso personal y alternativas al encarcelamiento como parte de un enfoque de derechos humanos; se debe tener en cuenta la complejidad de la relación drogas-seguridad y las diferencias según el país y la subregión, ya que la inseguridad tiene un mayor impacto en las sociedades en las que el Estado no está en condiciones de ofrecer soluciones efectivas. Entre las principales conclusiones del informe destacan la necesidad de un enfoque múltiple de gran flexibilidad y comprensión por realidades diferentes y, sobre todo, el convencimiento de que para ser exitosos debemos mantener la unidad en la diversidad. Es preciso aplicar métodos de generación de evidencia, análisis y evaluación que permitan aprender de los éxitos y los errores y adaptar las normas a las necesidades y características de cada país y del conjunto de nuestros países. Una mayor flexibilidad podrá permitir transformaciones de las legislaciones nacionales y de la legislación internacional. En el terreno de las legislaciones nacionales no parecen aconsejables

12 cambios drásticos o dramáticos, pero corresponde evaluar los signos y tendencias existentes que se inclinan a que la producción, venta y consumo de marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Por otra parte, no se encuentra apoyo significativo en ningún país para la despenalización o legalización de las demás drogas ilegales. Entre 2013 y 2014, como seguimiento al informe se realizaron en las Américas una serie de reuniones que tuvieron las siguientes conclusiones: la defensa de los derechos humanos tiene que ser un principio inamovible y transversal a cualquier política de drogas; es necesario un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario que incorpore políticas de acceso igualitario y universal a la educación y al desarrollo social con inclusión, y se debe promover la cooperación hemisférica e internacional. En la declaración de Antigua y Barbuda, aprobada en 2013 en la Asamblea de la OEA, se acordó la necesidad de iniciar un proceso de consultas, teniendo en cuenta no solo la declaración, mandatos y resoluciones derivadas, sino también el informe sobre el problema de las drogas en las Américas. Varios países ya han llevado a cabo ese debate a nivel regional y, obviamente, esta reunión forma parte de ese proceso. En dicha declaración también se subraya como prioridad la reducción del hacinamiento carcelario con la promoción de mayor acceso a la justicia para todos, respetando la proporcionalidad entre el daño y la pena, y se apoyan las alternativas al encarcelamiento cuando corresponda, particularmente mediante el aumento del acceso a la rehabilitación, el cuidado integral de la salud y los programas de reintegración social, incluyendo un enfoque de género. Desde entonces, en los últimos tres años, se han realizado una serie de reuniones en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (Cicad), que han marcado el comienzo de las iniciativas que buscan lo siguiente: profundizar el enfoque de salud pública a través de la colaboración entre la Cicad y la Organización Panamericana de la Salud; avanzar en el enfoque de una reforma judicial y de sentencias, en la proporcionalidad de las penas, la despenalización y en alternativas al encarcelamiento para la población adulta y adolescente; lograr una cooperación más intensa en el área del lavado de activos y administración de bienes incautados y decomisados; promover un debate más activo sobre nuevas políticas hemisféricas sobre drogas, incluyendo los cambios en los marcos regulatorios respecto del cannabis; aplicar un enfoque más intensivo respecto a las nuevas sustancias psicoactivas y al control de precursores químicos, y lograr un papel más destacado para la sociedad civil en nuestros debates. Finalmente, en la próxima Cicad 58, que tendrá lugar en Trujillo, Perú, en el mes de noviembre, habrá un espacio dedicado al debate sobre temas de consenso con vistas a la

13 Ungass Todos estos temas forman parte de la discusión de los grupos de trabajo que están preparando el próximo plan de acción de la Cicad, OEA. En los últimos tres años, hemos logrado abrir en el hemisferio un debate franco, honesto y largamente demorado sobre las políticas de drogas en nuestros países. Hemos dejado atrás los viejos prejuicios que dominaron el debate durante los últimos cuarenta años y debatido estrategias enfocadas en el ser humano, especialmente en la juventud. Solo juntos podremos avanzar en el combate al flagelo del narcotráfico y a los daños que causa a nuestros pueblos. Es por esto que, en la búsqueda de posiciones de consenso rumbo a la Ungass 2016, cuentan con el firme compromiso de la Organización de Estados Americanos. Gracias.

14 Secretario nacional de drogas, Milton Romani En la intervención de esta mañana omití dar la bienvenida a todos los amigos y compañeros que nos están acompañando en este seminario internacional que, de alguna manera, forma parte del proceso de debate que se ha abierto en la región y que tiene varios escenarios, creo que todos complementarios y que suman a la posibilidad de contar con insumos de diferente calidad y naturaleza. Como dije esta mañana, el proceso de diálogo y de debate respeta uno de los principios que estamos defendiendo, no solo como Presidencia Pro Témpore de Unasur, sino desde el proceso de consolidación de un punto de vista común de Unasur en la región suramericana ante Ungass 2016, que es el principio que ya recogió la declaración de Brasilia del Mercosur, que acaba de citar el Secretario General de la OEA y que es este concepto tan sencillo pero que, a veces, cuesta hacer entender en política de drogas, que es la unidad en la diversidad. Esto, que dicho así parece muy sencillo, dentro de ciertos cánones dogmáticos del pensamiento único que ha dominado esta concepción prohibicionista, es un principio de gran importancia, porque está dentro de la naturaleza del fenómeno social complejo del problema de las drogas. Y es que las peculiaridades y las singularidades, el respeto por las decisiones individuales y las tradiciones culturales tienen que ser un principio ineludible cuando uno acude a la cooperación internacional, a la unidad de acción para acometer algunos temas que, obviamente, son comunes. La denominación de "problema mundial de las drogas" no es una denominación retórica, sino que, como muchos problemas complejos, este es un fenómeno trasnacional, por el que la comunidad internacional y la región están preocupadas, interesadas, definen estrategias y necesitan contar con acciones coordinadas. Esta mañana me referí a un hito muy importante que, de alguna manera, fue la partera de la creación del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de Unasur, que fue la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de Unasur celebrada en el año 2009, en Bariloche. Los invito a leer las diferentes intervenciones que hubo en aquella oportunidad; hay intervenciones realmente interesantes que se pusieron en debate. Recuerdo perfectamente las intervenciones del presidente Rafael Correa y del entonces presidente Chávez. Allí se abrió un verdadero debate entre los jefes y jefas de Estado sobre la problemática del narcotráfico y la presencia de equipos y bases militares extrarregionales, fundamentalmente, de Estados Unidos, en suelo suramericano. Además de definir que había que fortalecer a Sudamérica como una zona de paz y rechazar la presencia de bases extranjeras en nuestro territorio, se dio una instrucción y un mandato a lo que en ese momento se denominaba Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, encomendándosele desplegar, redactar y confeccionar un estatuto y un plan de acción.

15 Recuerdo que en la Presidencia pro témpore de Ecuador empezamos a desarrollar las primeras actividades. Una de ellas fue cambiar el nombre al Consejo Suramericano porque no queríamos incorporar el concepto de lucha. Ya existía un debate previo y un consenso bastante generalizado en la región de remontar este concepto de guerra, de lucha, de enfrentamiento punitivo y de incremento de la violencia. Ha pasado mucho tiempo. Ha habido avances, discusiones y debates, situaciones nacionales -y no me estoy refiriendo solamente a Uruguay; hoy escuchábamos perfectamente a nuestra amiga, la parlamentaria ecuatoriana, hablando sobre las reformas en Ecuador-; ha habido cambios en Argentina, a partir de una resolución de la Suprema Corte, también en Brasil. En el día de ayer nos enteramos de la descriminalización, en Colombia, de hasta veinte plantas de cannabis. Son pasos que se están dando, a veces, paulatinamente, pero con un sentido innegable, que es el cambio de mentalidad y de concepción para encarar y avanzar en esto que hemos dado en llamar problema mundial de las drogas, en los casos en que existen problemas, porque hay situaciones en que las drogas no generan problemas, como muy bien afirmaba nuestra colega ecuatoriana. También estamos empezando a descubrir con gran energía que el manto prohibicionista cubría algunas oportunidades de uso científico y medicinal del cannabis y de otras drogas que estaban ocultos. Asimismo, corrido el velo del prohibicionismo, hemos visto -lo he hablado con muchos colegas caribeños- que hay posibilidades en materia de desarrollo económico y social sustentable, más allá de lo que llevan a cabo nuestros amigos y colegas andinos, en el desarrollo alternativo y preventivo. Estoy hablando de utilizar la oportunidad que nos dan los mercados regulados para un desarrollo económico de otras características, una oportunidad para algunos productores. En lugar de bombardearlos, como durante mucho tiempo se hizo en Bolivia, lo que no generó un detenimiento del narcotráfico, sino el fortalecimiento del sindicato de productores cocaleros. Hoy, con el gobierno de Evo Morales y la redignificación de la hoja de coca, se puede instrumentar una regulación de la producción consensuada y una erradicación consensuada; están logrando a pasos agigantados lo que no lograron los bombardeos que se hacían con aquellas operaciones que se realizaban con fuerzas combinadas con Estados Unidos. Estamos en un proceso de consolidación de una posición común en Unasur. Estamos haciendo un excelente intento, en un grupo especial que se ha formado y que ha dirigido la señora Elena Lagomarsino en forma brillante, para la consolidación de un consenso, de una posición común -como ya lo hicimos en otros ámbitos ya relatados por el compañero Almagro, en la OEA-, reclamando una oportunidad para los nuevos enfoques que tengan evidencia científica y evaluación de buenas prácticas, la valorización de los instrumentos internacionales no solamente de las Convenciones, sino también del

16 derecho internacional de los derechos humanos, no solo con debida integración, sino como un instrumento privilegiado para formular políticas de drogas. Por último, una política criminal que sea respetuosa de un concepto de proporcionalidad, que no nos abarrote las cárceles de consumidores de drogas o de tenedores de pequeñas cantidades, porque en el caso de los consumidores, son sujetos de derecho a la salud. Sobre estos aspectos -nuevos enfoques, derechos humanos, salud, recomendaciones de descriminalización-, tenemos una base en común muy bien consensuada que creo será un aporte y un insumo fundamental para el debate que tendremos en abril de En Viena estaremos presentando todos los insumos y todos los aportes de la región: los de la Celac, los del Mercosur, los de Unasur, los de OEA. Queremos que todos los insumos que ha producido esta región sean componentes de los insumos que estarán en la Asamblea General extraordinaria de Naciones Unidas. El prosecretario Juan Andrés Roballo recordaba hoy las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el sentido de que en esta Asamblea tenemos la oportunidad de considerar todas las opciones. No dijo una opción, sino todas las opciones. Y la región está presentando varias experiencias, varios insumos. Todas las opciones serán debatidas. Vuelvo a reiterar un concepto que señalé en Buenos Aires. Y lo voy a decir en criollo: a lo mejor, en Ungass nos llenan la cara de dedos, pero es seguro que se terminará el pensamiento único y el mundo sabrá que hay otro punto de vista posible sobre el tema de las drogas. Eso por sí solo ya es muy saludable. Muchas gracias.

17 Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador, señor Rodrigo Velez Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Estado uruguayo y a la FES Uruguay por organizar e invitarnos a este seminario. Es un altísimo honor. La reflexión que me propongo en torno a los "Nuevos enfoques en política de drogas en el siglo XXI", en particular, lo que pensamos los ecuatorianos sobre el tema, supone, previamente, reconocer el marco que condiciona la situación actual y, consecuentemente, los enfoques que en política de drogas planteamos hacia el siglo XXI. Los países de la Celac coinciden plenamente con que las políticas de drogas deben estructurarse tomando en cuenta al ser humano como el centro de la atención estatal, con pleno respeto a sus derechos y libertades, trastocando el fracasado enfoque de la sustancia al que estaba atada la funesta "lucha contra las drogas". Esa es, a mi juicio, la base ideológica esencial que debe primar en las políticas de drogas. En la declaración emitida por los Ministros de Relaciones Exteriores durante la Asamblea General de la OEA realizada en Guatemala en julio de 2013, se resalta que las políticas sobre drogas deben ser implementadas desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Es conocido que en el contexto de la implementación de las diversas políticas de control de drogas a nivel internacional se han violado los derechos humanos en nombre del mundo libre de drogas. Estos tienen que ejercitarse con plena libertad, sin restricción ni limitación de ninguna naturaleza, y los Estados deben respetarlos obligatoriamente, no solo porque están escritos y son mandatorios, sino porque pertenecen a la inmanencia de nuestro ser. Me quiero referir, con todo respeto, a dos uruguayos ilustres. En primer lugar, al defensor de "los nadie", al eximio Eduardo Galeano, quien sentenció que "Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de Derechos Humanos pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más derecho que ver, oír y callar". En segundo término, quiero referir al expresidente José Mujica, quien repetidamente explicó, con claridad meridiana, los fundamentos que lo impulsaron a proponer una nueva política de drogas. Decía: "Lo que me asusta es el narcotráfico, no la droga. Y por la vía represiva es una guerra perdida: se está perdiendo en todas partes". En efecto, diferenciar entre narcotraficante y usador es tan importante como reconocer que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo y que es necesario abrirse a la posibilidad de nuevos enfoques y nuevas miradas, en correspondencia con las realidades de cada país. En el contexto de los derechos humanos están las alternativas al encarcelamiento y

18 otras medidas de justicia penal que son fundamentales en el ámbito de las políticas de drogas, y por cierto es un tema que cada vez más va ganando terreno en la visión de los países de la región. El informe elaborado en 2013 por la OEA "El problema mundial de las drogas en las Américas" evidencia la creciente tendencia en América Latina a invocar la descriminalización del consumo de drogas o la posesión. En otras palabras, el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública, no como un delito, lo que se traduce como un reconocimiento del derecho de los consumidores a las drogas. La Comisión Global de Políticas de Drogas, en su informe 2014, manifiesta: "Criminalizar a las personas por la posesión y el uso de drogas es un despilfarro que resulta contraproducente. Aumenta los daños a la salud y estigmatiza a poblaciones vulnerables, además de contribuir a una enorme población carcelaria. Acabar con la criminalización es un requisito previo de cualquier política de drogas realmente centrada en la salud". Los países con las más duras sanciones contra los usuarios tienen los más altos niveles de consumo, así como los más altos niveles de encarcelamiento. Las leyes represivas contra delitos de mera posesión de sustancias controladas, se traducen en condenas sociales que se cargan para toda la vida y producen una exclusión social, cuyo costo es inconmensurable. De lo dicho se establece, sin lugar a dudas, que la alternativa idónea al encarcelamiento debe sustentarse en la implementación de políticas que descriminalicen el consumo de drogas y respeten los derechos humanos, políticas que contemplen la proporcionalidad de las penas con relación al delito cometido, a fin de evitar que millones de personas sigan encarceladas por la posesión o el uso de drogas fiscalizadas. Exhortamos a reflexionar sobre los recursos invertidos en la interdicción y en la prevención, en términos de costo beneficio Lo que se observa -lo decimos partiendo de la propia experiencia- es una absoluta desproporción en beneficio de la interdicción. Si miramos Ungass 2016, uno de sus propósitos tiene que ser lograr la motivación de todos los países del mundo a poner fin a la pena de muerte y a la criminalización de las personas que usan drogas, así como la posesión de drogas para uso personal. Al mismo tiempo, implementar políticas de drogas basadas en la salud y el respeto irrestricto a los derechos humanos, con preeminencia en la prevención integral. En nuestra realidad ecuatoriana hemos venido construyendo una nueva política de drogas, comenzando por indultar a las denominadas "mulas" del narcotráfico. Eran

19 personas de bajos recursos económicos condenadas a penas desproporcionadas por el tráfico de pequeñas cantidades, en su mayoría mujeres. Posteriormente, y como resultado de la aparición de un nuevo Código Orgánico Integral Penal, se consagró el principio de proporcionalidad de las penas, determinándose, además, que "la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible". Aquella normativa se refiere a la tabla de umbrales, aprobada en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Consep, entidad rectora de la política de drogas en Ecuador. Hace un año que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal y desde entonces un total de personas recuperaron su libertad, acogiéndose al principio de favorabilidad, por el cual se aplica la sanción menos rigurosa cuando hay dos normas que contemplan penas diferentes para el mismo delito. El 99% de ese total purgaba condenas por droga y de este porcentaje 21% eran mujeres. En definitiva, esta norma penal castiga severamente al gran traficante, diferenciándolo del pequeño expendedor y ratifica la descriminalización del consumo, como lo determina nuestra Constitución. A pocos meses de Ungass 2016, parecerían delinearse diversas posiciones, considerando el hecho esencial de que se ha roto el Consenso de Viena, que dominó la política de drogas los últimos veinte años. Lo que señalamos son hechos tangibles y evidentes. Por una parte, hay un importante número de países con la aspiración de que se mantenga el actual statu quo y, consecuentemente, Ungass 2016 ratifique las políticas que se vienen implementando, especialmente el Plan de Acción aprobado en 2009, que busca lograr "una reducción significativa o eliminar la oferta y la demanda de drogas". Por otra parte, otro grupo de países, especialmente los del continente americano, se propone sugerir cambios significativos a la actual política de drogas, con ciertos matices, aun reconociendo mantener las convenciones vigentes. Como se ha dicho reiteradamente, la región americana ha sido la más golpeada por el tráfico internacional de drogas con altísimos costos en violación a los derechos humanos, el medio ambiente, la economía sustentable y la estabilidad política. A lo anterior se agrega un número no menor de países que oportunamente se alinearán en torno a una posición que, sin ningún desmerecimiento nuestro, podemos calificarla de intermedia en términos de reconocer la actual crisis aunque, al mismo tiempo, pueden establecer una rigurosa gradualidad en los posibles cambios.

20 Un hecho incuestionable es que la geopolítica es parte del entramado de la actual discusión. Si no reflexionamos desde la Realpolitik nada de lo que propongamos tendrá el necesario sustento. Por lo mismo, un nuevo enfoque supone efectivamente evaluar, sugerir y proponer, en definitiva, cambios al diseño vigente. En la región, en los últimos años, hemos ido generando importantes aproximaciones en la política de drogas, a pesar de nuestra diversidad geográfica, humana y económica, y la pluralidad de problemas que los países enfrentan. Específicamente me refiero a los acuerdos en el marco de la Celac de Santiago de Chile, en 2013, La Habana, en 2014, la Declaración Especial de Belén, Costa Rica, en 2015, y recientemente a la Declaración de Quito, en mayo de En dichos eventos se emitieron declaraciones de las que es posible extraer aspectos esenciales y concordantes que reflejan la posición de la región en el abordaje del fenómeno socioeconómico de las drogas y, consecuentemente, que van a trascender hacia la Sesión Especial Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en abril de 2016, los cuales se contraen en los siguientes contenidos: "1.- Las políticas públicas de drogas deben mirar al ser humano en forma peeminente, con pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo medidas legislativas y administrativas en el ámbito de la salud, la educación e inclusión social para prevenir el uso indebido de drogas, sustancias psicotrópicas y de nuevas sustancias psicoactivas Reconocer que el consumo de drogas es un problema de salud pública y social y que su manifestación extrema, la dependencia o la adicción, requieren abordar este fenómeno socioeconómico y cultural a través de la implementación de políticas de atención integral Las políticas de drogas deben tomar en cuenta las diferentes realidades de cada uno de los Estados, así como el pleno respeto de su soberanía e integridad territorial Reconocer la urgente conveniencia de buscar alternativas al encarcelamiento de los consumidores, considerando particularmente la atención, rehabilitación e inclusión social y productiva Coinciden en la necesidad de alcanzar una mejor comprensión de la naturaleza económica que subyace y anima el tráfico ilícito de drogas para fortalecer la respuesta estatal contra este fenómeno Los Estados miembro debemos desarrollar esfuerzos, conjuntamente con la sociedad civil, la academia y con los actores sociales involucrados, para avanzar en el abordaje integral, equilibrado y multidisciplinario sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas, alentando un amplio y abierto debate basado en el conocimiento y la evidencia científica e inspirados siempre en el principio de la unidad en la diversidad Destacar la importancia de fortalecer, en el marco de sus políticas nacionales, el desarrollo económico local mediante programas de desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido, cuando proceda, aquellos con enfoque preventivo, como un

21 conjunto de medidas importantes orientadas a contrarrestar las consecuencias negativas de este fenómeno socioeconómico Reconocer la necesidad de disminuir el delito y la violencia a través del fortalecimiento del Estado Se hace imperativo contar con una visión de consenso en el marco de la Celac de cara a la 'Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas- Ungass 2016'.- 10).- Los Estados Miembros de la Celac considerarán las contribuciones de todos los órganos del sistema de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, los legisladores y otros actores relevantes cuando corresponda en el marco del proceso hacia Ungass En lo fundamental, este es el acuerdo macro al que la región se está aproximando. Los convoco para que actuemos como una sola voz en Ungass 2016, lo que desde ya es relevante. Los desafíos que nos proponemos en torno a la implementación de la nueva política son enormes y complejos. Suponen una decidida voluntad política por cuanto el diseño propuesto afecta, de forma importante, aspectos estructurales de la economía internacional vigente. Hablemos de los más, menos, US$ declarados que mueven el tráfico ilícito de drogas en el mundo anualmente y el consecuente lavado de dinero. La nueva política exige en los hechos, y no en palabras, cuestionar la actual estructura del sistema financiero internacional, donde sabemos que el gran lavado de dinero se realiza en los países desarrollados y sus paraísos. Esto supone explícitamente objetar los mecanismos de control financiero y de drogas, desarrollados al amparo de las Naciones Unidas. En definitiva, digámoslo claramente: avanzar finalmente hacia un nuevo orden económico internacional. No somos los primeros en decirlo sino que, por el contrario, ya hubo una diversidad de voces del más amplio espectro que lo han venido señalando. Quiero citar al Papa Francisco, quien recientemente visitó Ecuador y que acaba de publicar la Carta Encíclica: "Laudato Sí, mi Signore", en la que habla del cuidado de la casa común. Allí, entre otras cosas, señala: "El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar". También señaló la necesidad de eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. De todos los males que produce el narcotráfico, probablemente la degradación del ser humano es el daño mayor. Por eso sostenemos que la dimensión humana en el abordaje del fenómeno drogas, debe ser el gran cambio que proponemos. En efecto, si queremos avanzar en