Índice. Derecho a una vivienda digna: una asignatura pendiente 4. Vivienda: derecho o mercancía? La vivienda como un derecho humano...

Transcripción

1

2 Índice 4 Vivienda: derecho o mercancía? La vivienda como un derecho humano....4 Agenda y actuaciones prioritarias: lo primero, la gente Rafael Mayoral Pilar Garrido

3 una asignatura pendiente La vivienda es un bien de primera necesidad que ofrece a quien vive en ella un hogar, un lugar seguro para desarrollar su vida personal y familiar y, al mismo tiempo, le sitúa en el entorno. Por ello, su disfrute en unas determinadas condiciones es un requisito imprescindible para el desarrollo de una vida digna en sociedad. Sin casa no hay vida digna, no hay derechos, no hay participación. Vivienda: derecho o mercancía? El marco jurídico español establece el derecho a la vivienda en el artículo 47 de la Constitución, pero este precepto ha resultado ser ineficaz y, en la práctica, papel mojado. La pervivencia de la cultura de la especulación, junto con la falta de intervención y control público sobre el mercado inmobiliario, hacen caer en saco roto, entre otros contenidos constitucionales, la función social de la propiedad (art CE). La garantía del derecho a la vivienda no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoles. Las políticas de vivienda se entienden desde una perspectiva económica y, por ello, se apuesta por el modelo propietario y por la conversión de la vivienda en un activo financiero. Así, el 90% del parque de vivienda lo es en propiedad y España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más reducidos de Europa, donde tan solo un 1,1% es vivienda social. Este modelo genera grandes beneficios para las empresas constructoras y para las entidades financieras, pero ha resultado nefasto y una trampa mortal para muchas familias españolas. La vivienda como un derecho humano En los últimos años, en nuestro país se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la vivienda digna, especialmente tras el estallido de la crisis económica. 3

4 Desde 2008 se han llevado a cabo más de procedimientos de ejecuciones hipotecarias según el Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas). A ello se suma el reiterado incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como la sentencia del caso Aziz de 2013, en el que se concluyó que la legislación española de ejecución hipotecaria no se ajusta a la normativa europea y provoca una situación de indefensión para el deudor; la sentencia del caso Sánchez Morcillo de 2014, que dictamina que la Ley 1/2013 vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva; y la sentencia del caso Peñalva de 2015, que señala que la Ley 1/2013 provoca que los consumidores afectados no puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial. La última sentencia del TJUE ha abierto la posibilidad a declarar nulas las cláusula suelo de los contratos hipotecarios, así como la retroactividad en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por parte de las entidades financieras. La vivienda digna es un derecho humano, tal y como recogen el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité DESC desarrollan el contenido de este derecho, estableciendo las condiciones del derecho a una vivienda adecuada y medidas de protección legal contra el desalojo forzoso, y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) plantea que el derecho a la vivienda se encuentra sujeto al derecho a la inviolabilidad del domicilio. El marco jurídico internacional en materia de Derechos Humanos, ratificado por España, debe ser el marco jurídico en el que encajen todas las normas que dictan las Administraciones, desde el ámbito estatal hasta el municipal. 4

5 Ante el abandono y el incumplimiento de los Derechos Humanos por parte de las instituciones, han sido los sectores populares los que han articulado una amplia organización por medio de la auto-organización y el apoyo mutuo para cumplir la legalidad vigente desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y colectivos y grupos de vivienda surgidos al calor del 15-M en numerosos pueblos y barrios, hasta sectores profesionales de la sociedad civil (abogadas, psicólogos, trabajadoras sociales, etc.)-, disputando el sentido común a las élites y logrando paralizar miles de desahucios, recuperar viviendas acaparadas de manera ilícita por las entidades financieras y plantear soluciones efectivas al problema de la vivienda en nuestro país. Agenda y actuaciones prioritarias: lo primero, la gente La agenda para la defensa del derecho a una vivienda digna pivota en torno a la conexión entre la labor en las instituciones y las lógicas de empoderamiento y protagonismo popular. Los puntos principales son: 1. Reconocimiento y cumplimiento de los derechos habitacionales según el marco jurídico internacional en materia de Derechos Humanos. La tarea más urgente es acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, establecer mecanismos de segunda oportunidad eficaces y justos y regular un proceso garantista que proteja adecuadamente a las familias hipotecadas. Es necesario crear también un observatorio de la vivienda para llevar a cabo un control y seguimiento del cumplimiento del derecho a la vivienda en nuestro país. 2. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo. Limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, para poner fin a las deudas perpetuas derivadas de los contratos y préstamos hipotecarios. 5

6 3. Creación de un parque de vivienda asequible, rentabilizando al máximo el parque de vivienda construido y aprobar una nueva normativa sobre alquiler que asegure una tenencia segura, con garantías y a precios razonables. 4. Acceso garantizado a los suministros básicos, como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. 5. Poner fin al acaparamiento de viviendas por parte de las entidades financieras. Las viviendas vacías deben estar disponibles para paliar las situaciones de emergencia habitacional. Se establecerán además mecanismos para exigir responsabilidades a las entidades financieras ante la grave situación que viven muchas familias. 6

7