s C. B. N 1335, L.xXXVI.-

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1 BAR MIGUEL ANGEL Y OTRO cl BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s C. B. N 1335, L.xXXVI.- Suprema Corte: - I - La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió,a fs.304/306, (folios de los autos principales a los que me referiré de ahora en mas) revocar la sentencia recaída en primera instancia y rechazar la demanda interpuesta por la actora. Para así resolver el tribunal de alzada afirmó que, indudablemente, el inmueble adquirido por los actores cambió de destino al haber sido alquilado y puso de resalto que el primer dictamen de la entidad demandada había aconsejado por dicha razón -con toda corrección a su juicio- la rescisión del contrato. No obstante reconoce que un dictamen posterior fue favorable a disponer la indemnización por incendio, criterio que finalmente fue sostenido por la Gerencia de Asuntos legales. Señaló luego que la resolución administrativa del Banco dispuso abonar una suma de pesos 9.060,84 en virtud de la existencia del seguro contra incendio, suma que fue rechazada por el actor, y dio lugar a que el Banco formulara una nueva propuesta que fue admitida en otra resolución que ampliaba las sumas reconocidas, decisión contra la cual la actora interpuso recurso jerárquico que tuvo dictámenes en distinto sentido respecto de su admisión, hasta que finalmente se decide el rechazo del recurso. Destacó el juzgador que se debía tener en cuenta que antes de que el actor peticionara por primera vez al Banco, ya tenía radicado un expediente en el área "préstamos y adjudicaciones", para estudiar la posible cancelación del mutuo por trasgresión al contrato hipotecario en razón del alquiler no autorizado de la vivienda y recordó también que el origen del siniestro se debió a una explosión por la perdida de gas en un equipo instalado de modo deficiente en una camioneta estacionada en el inmueble; aunque reconoció que a pesar de ello, la entidad sugirió y adoptó una decisión favorable al asegurado. 1

2 Por tales razones, el tribunal concluyó, que habiendo los demandados incumplido la obligación de destinar el inmueble a vivienda permanente, lo cual daba lugar a la rescisión del contrato, tal situación hubiera debido conducir a la perdida de toda pretensión indemnizatoria. Destacó que no obstante que el Banco Hipotecario la otorgó equivocadamente, la doctrina de los actos propios impediría que el demandado pretendiera su reintegro; sin embargo, dicho antecedente, sostuvo, no importa la posibilidad de tomar admisible el incremento posterior de lo ya pactado por error Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario de fs.311/321, el que desestimado a fs.327/328, dio lugar a esta presentación directa. Señala el recurrente que la sentencia es arbitraria y por ello nula, al omitir considerar y resolver acerca del argumento central de la demanda, referente a si medió aceptación del siniestro por la accionada; desconoce también la aplicación de la norma jurídica vigente y conducente para la solución del caso (artículo 56 de la ley ). Agrega que como consecuencia de ello se aparta de las constancias comprobadas de la causa volviendo irrazonable la decisión. Destaca que el tribunal afirmó que el Banco equivocadamente había resuelto indemnizar el siniestro, ignorando que ni en las actuaciones administrativas, ni en el responde de la demanda, o posteriormente tal defensa fue opuesta; tampoco fue argumento incidental en los agravios de la apelación, de lo cual se desprende que el juzgador introduce como fundamento de su decisión una cuestión no propuesta en la litis. Agrega que la sentencia apelada sustenta en el hecho de la locación del inmueble asegurado (del cual afirma constituyó una trasgresión al contrato de mutuo hipotecario, por cambio de destino del bien) el rechazo de la obligación que surge del seguro, lo cual importa una confusión de conceptos, porque tal cuestión tiene que ver con el uso de la vivienda en los términos del contrato de mutuo, pero no se vincula con el contrato de seguro, donde el cambio de destino se relaciona con el agravamiento del 2

3 BAR MIGUEL ANGEL Y OTRO cl BANCO HIPOTECARIO NACIONAL S. C. B. N 1335, L.XXXVI.- riesgo de la cosa. Observa que esta interpretación emana de la propia inspección de la entidad demandada, que fue anterior al siniestro y del dictamen de su Gerencia legal, que fue confirmada en el área de Seguros y da lugar a que se mantuviera la vigencia tanto del contrato de mutuo, como del seguro. Sigue diciendo que por ello, consta que los contratos no fueron rescindidos, aun sabiendo la demandada la locación del inmueble. Es mas fueron reconocidos por el asegurador sus derechos al omitir un pronunciamiento negativo en plazo legal, de lo cual deviene la aplicabilidad el artículo 56 de la ley , aspecto éste que se encuentra ratificado por las resoluciones de la accionada que consolidaron la situación juridica a su favor, generando obligaciones contractuales que se encuentran incorporadas a su patrimonio, y hacen que la resolución impugnada produzca una violación a su derecho de propiedad. Manifiesta que la sentencia al prescindir deliberadamente de la norma aplicable al caso con ajuste a las circunstancias comprobadas de la causa, incurre en notoria arbitrariedad, que se agrava con la atribución de error y equivocación en el asegurador, argumento que no fue introducido por la demandada y trasluce además la violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal. Expresa que el fallo se pliega a una presunta liberalidad y voluntario pago de la indemnización acordada que se alegara por la demandada fuera de la oportunidad procesal correspondiente, no obstante que de los términos expresos de la resolución de la accionada de fecha 14/8/92 surge que se decide indemnizar en virtud de la vigencia del seguro de incendio, donde además requirió subrogarse en los derechos del asegurado a quien le exige la renuncia a todos los derechos y acciones que puedan emerger del contrato de seguro, elementos de juicio acreditados que ratifican que no existió liberalidad, voluntariedad o error. Pone de relieve que por ello, la sentencia es sólo producto de valoraciones subjetivas, que no se compadecen con lo alegado por la demandada, o con sus defensas, ni con la cuestión propuesta a su decisión respecto de la aplicación al caso del artículo 56 de la ley , lo cual -dice- se aparta además de la doctrina 3

4 sustentada por V. E. en diversos precedentes, donde se calificó de arbitrarias a las sentencias cuando se prescinde de la aplicación de la norma vigente y se incurre en omisión de pronunciamiento de cuestiones oportunamente articuladas conducentes a la solución ajustada del litigio Corresponde señalar en primer lugar, que si bien es cierto que el recurso extraordinario, por principio no tiene como fin la revisión en una tercera instancia de decisiones propias de los jueces de la causa, donde se discuta la aplicación de normas de derecho común, o la interpretación que se ha dado a las circunstancias de hecho y prueba incorporadas en el proceso, no lo es menos que V. E ha hecho excepción a tal principio cuando la sentencia impugnada no reúne los requisitos que la sustenten como acto jurisdiccional. Creo que en el caso de autos se verifica tal circunstancia, en orden a que el sentenciador, desconociendo las constancias comprobadas de la causa, -que reseñaré- de modo dogmático, y con el solo apoyo de una valoración subjetiva, sin referencia a norma legal alguna que fundamente la decisión, resuelve omitiendo el tratamiento de la única cuestión litigiosa que dio lugar a la acción judicial de los actores y lo hace alterando el principio de igualdad procesal al incorporar como fundamento decisivo el argumento relativo a un eventual "pago equivocado" no alegado por las partes en la oportunidad procesal pertinente. Pienso que ello es así, ya que lo que se reclamó en la demanda y fue motivo de la falta de acuerdo de las partes en el ámbito administrativo, fue el alcance del monto de la indemnización y del cálculo de los diversos rubros que la integraban en virtud de un siniestro ocurrido en la vivienda y en el marco del cumplimiento de un contrato de seguro, único aspecto que no tuvo solución en la órbita extrajudicial, mas no la existencia de la obligación de la demandada en su calidad de asegurador que había sido expresamente admitida en sede administrativa. No obstante ello, el a-quo resolvió el rechazo de la demanda, aludiendo a la inexistencia de causa de la obligación, al sostener el criterio de que el 4

5 BAR MIGUEL ANGEL Y OTRO cl BANCO HIPOTECARIO NACIONAL S. C B. N 1335, L.xXXVI.- demandado pagó por error lo que no debía, ya que a su criterio, hubiera correspondido rescindir el contrato de mutuo hipotecario y no pagar la indemnización con motivo de la vigencia de un seguro contra incendio, a raíz del incumplimiento de cláusulas contractuales del mutuo (haberse alquilado el inmueble afectado sin consentimiento del acreedor, no obstante prohibición de dicho contrato) aspecto este que extendió también de modo dogmático como una obligación que afectaba el contrato de seguro. Cabe destacar, por otra parte, que el mencionado error y equivocación a que alude el fallo, nunca fue ejercido como defensa puntual en su conteste por la demandada, e ignora las constancias acreditadas de la causa (toda la prueba documental), de donde se desprende con claridad que, al tiempo de resolver sobre el pago de la indemnización, el señalado incumplimiento de los actores de las cláusulas contractuales (por alquilar el inmueble sin autorización) no sólo fue motivo de consideración y dictamen de distintos organismos de la entidad demandada, sino en particular de su departamento de legales, que entendió y dio razones y motivos jurídicos para que luego se resolviera admitir al pago del siniestro en cumplimiento del contrato de seguro oportunamente pactado. Por ello, además de nunca mediar rescisión contractual del mutuo por expreso dictamen y decisión en sede administrativa, la demandada tampoco negó en dicha sede la vigencia del contrato de seguro y aceptó su obligación como asegurador, de modo deliberado, consciente, y fundado, ratificando tal decisión ante nuevas pretensiones de los actores (ver fs.29/42 y 49/65 del expediente administrativo N 2962). En tales condiciones, carece de sustento válido alegar que era de aplicación al caso de la doctrina de los propios actos, y atender a los argumentos traídos por la demandada de que admitió el pago a modo de conducta voluntaria y liberal, fundamento único y relevante de la decisión, en tanto el señalado comportamiento de la accionada en el ámbito administrativo y a la luz del criterio sostenido reiteradamente por V. E. aparece clara, jurídicamente relevante y de plena eficacia a los fines pretendidos por los actores de que se reconozca su derecho al cobro del seguro; ello con 5

6 independencia de la entidad de las sumas que corresponda admitir, materia en discusión, que fue el motivo y objeto del litigio entre las partes, sobre lo cual el tribunal omitió expedirse. Cabe poner de resalto además, que al resolver como lo hizo el sentenciador, de modo indebido, asumió la defensa del demandado, pues utilizó como único argumento, un error o equivocación que nunca fue invocado, con el agravante que lo hace de modo dogmático, sin fundamento alguno, salvo una señalada ausencia de causa en la pretensión, ignorando que en el caso tal causa es la existencia de un contrato de seguro y la obligación del asegurador que se deriva de él, lo cual fue expresamente reconocido en la órbita administrativa y en la contestación de demanda. Con ello, el tribunal vino a alterar la situación de igualdad procesal, con directo agravio a los principios de defensa en juicio y del debido proceso, lo que toma arbitraria su decisión en los términos y alcances de la doctrina de V. E. Por ello opino que V. E. debe hacer lugar a la queja. conceder el recurso extraordinario, dejar sin efecto el decisorio apelado y mandar se dicte nueva sentencia con ajuste a derecho. Buenos Aires, ~ de~~ de 200).- N/COlAS EDUARDO BECERRA C.~~OllNA OLIVA F:,(,W:J.DJl~-~ PROSECRETARIA JEFE P~OC1~O;br;;; t el N 6

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