DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Transcripción

1 Democracia representativa y participacion ciudadana DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCANCES, ESTADO ALCANCES, ACTUAL ESTADO Y CONCLUSIONES ACTUAL Y Y CONCLUSIONES 7

2 Marco conceptual La reforma descentralista trajo consigo la creación de mecanismos de participación directa de la población en la gestión descentralizada y estableció obligaciones concretas que las autoridades descentralizadas deben cumplir para permitir dicha participación y dotar de mayor legitimidad las decisiones políticas de los gobiernos descentralizados. Los derechos que se pueden ejercer en el marco del proceso de descentralización son: Derechos de participación clásicos de la democracia representativa: derecho al voto, a acceder a cargos públicos de elección popular; así como el derecho a conformar y pertenecer a organizaciones políticas. Derecho de participar en los mecanismos que caracterizan la democracia participativa: Mecanismos de carácter decisorio y de control (revocatoria, referéndum); Mecanismos de vigilancia y propuesta (iniciativa legislativa popular, rendición de cuentas y acceso a la información pública), y; Mecanismos de participación en la gestión pública (bajo modalidades de concertación, consulta o cogestión, presupuesto participativo). 7.1

3 Marco normativo Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N Ley de Bases de la Descentralización, Ley N Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, Ley N Modificación a la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N Ley que modifica diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos, Ley N Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, D.S. N EF. Decreto Supremo que dispone que los proyectos priorizados deben contar con la viabilidad correspondiente, de acuerdo a la normatividad del SNIP, para ser considerados por los gobiernos descentralizados, D.S. N EF. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, D.S. N EF. Resolución que aprueba el Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, R.D. N EF

4 Diseño y estado a mayo de 2012 Diseño Consejos de coordinación regionales (CCR) y locales (CCL): espacios de concertación y articulación.. Planes de desarrollo concertado a nivel regional y local. Presupuesto participativo: agentes participantes y comités de vigilancia. Rendición de cuentas: GR: dos veces al año. GL: obligación abierta prevista en la Constitución. Estado actual Subsisten problemas de funcionamiento de CCR y CCL: Problemas de diseño: funciones y obstáculos en los requisitos de acceso. 83% de CCL activos. Asistencia de alcaldes a CCR ha aumentado (62%) asemejándose a la asistencia de la sociedad civil. Planificación concertada y presupuestos participativos vienen siendo implementados con diferente nivel de institucionalización. Presupuesto participativo: Espacio que despierta mayor interés y participación de la ciudadanía. Según MEF, 2651 agentes participantes de nivel de GR (2011). Modificaciones normativas buscan hacerlo más eficaz y técnico, pero limitan las para la participación de la ciudadanía. Rendición de cuentas: : GR han cumplido con realizar con 2 audiencias al año. Problemas: convocatoria, tipo de información y participación. 7.3

5 Principales aspectos 1. Gestión descentralizada participativa: planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos. 2. Concertación Estado-Sociedad Civil: CCR y CCL. 3. Transparencia y rendición de cuentas. 4. Sistema político representativo y normas electorales para la elección de autoridades descentralizadas. 7.4

6 Estado actual 1. Gestión descentralizada participativa: planes de desarrollo concertado (PDC) y presupuestos participativos (PP) El marco legal del PP ha sido reformado con el fin de mejorarlo desde el punto de vista técnico y el MEF ha publicado instructivos destinados a orientar a los GR y GL. Algunas de las modificaciones normativas han sido: Precisión del alcance territorial de los proyectos priorizados. Obligación del titular del pliego de informar sobre el porcentaje del presupuesto a destinar a la programación participativa. Obligación de priorizar proyectos viables o que formen parte del banco de proyectos SNIP. Vinculación entre proyectos priorizados y los programas estratégicos del PpR. Los PP son implementados con distinto nivel de institucionalidad por los 25 GR, así como por la mayoría de GL. Proyectos priorizados no necesariamente tienen relación con los PDC y presentan debilidades en su elaboración, contenido y no siempre incorporan metas e indicadores. 7.5

7 Estado actual Acuerdos adoptados en el PP no siempre son cumplidos por las autoridades: existe acumulación de proyectos priorizados y no ejecutados por razones técnicas o por falta de voluntad política. Los comités de vigilancia del PP no cuentan con recursos económicos ni asistencia técnica para cumplir con sus funciones. Año a año varia el número de participantes en los PP departamentales (GR), por lo que no es posible encontrar una tendencia definida: Año Número de agentes participantes (MEF)

8 Estado actual Los factores que explican las variaciones en la participación son: Falta de real compromiso de las autoridades e incumplimiento de los acuerdos adoptados. Inejecución de los proyectos priorizados. Impacto positivo o negativo que la ejecución de un proyecto priorizado tenga en la satisfacción de necesidades o solución de problemas urgentes de la comunidad. Falta de articulación entre presupuestos participativos de los niveles departamental, provincial y distrital. Los GL destinan montos importantes de sus presupuestos institucionales de inversión al proceso participativo: entre el 2009 y 2010 el monto se ha incrementado en un 145% (INEI RENAMU). A nivel local, en función de la procedencia socioeconómica de los agentes participantes, se priorizan proyectos relacionados con infraestructura destinada a cubrir necesidades. 7.7

9 Estado actual 2. Concertación Estado-Sociedad Civil: CCR y CCL El marco normativo que regula la delimitación y alcance de las funciones a cumplir por los CCR y CCL presenta debilidades. Sus decisiones sobre las principales herramientas de gestión (presupuesto y plan de desarrollo concertado) no siempre son consideradas por las autoridades elegidas. Su institucionalización no es uniforme ni constante: No siempre concurren los mismos actores a todas las sesiones y las autoridades suelen delegar sus responsabilidades en estos espacios. CCR, en algunos casos, ha facilitado la coordinación intergubernamental. CCL tiene mayor dinamismo en su funcionamiento ( : 83% CCL activos). Pérdida de interés de la ciudadanía en estos espacios: Desconocimiento y falta de claridad respecto al rol y funciones del CCR y CCL. No se percibe cuál es la utilidad de participar. Deficiente difusión de convocatorias y pérdida de confianza en los procesos de elección de representantes. 7.8

10 Estado actual 3. Transparencia y rendición de cuentas El acceso a información oportuna, precisa y suficiente sobre la gestión que realizan los GL y GR es básica para la vigilancia ciudadana; de ahí la importancia de las audiencias de rendición de cuentas y la actualización de los portales de transparencia. Sobre las audiencias de rendición de cuentas: Los GR suelen cumplir con el mínimo legal propuesto y son contados los GR que realizan alguna audiencia adicional. En su implementación se han observado debilidades en: La planificación y organización (no se prevé el tiempo para la participación de la ciudadanía y la formulación de preguntas). La oportunidad (fecha y hora) y forma de convocatoria. La calidad de la información y forma no amigable de presentarla. En el Congreso existen propuestas destinadas a reformar la LOGR y superar las debilidades, entre las propuestas de reforma destacan: La obligación de publicar el informe de rendición de cuentas en el portal electrónico del GR. La necesidad de que el CCR emita opinión sobre el Reglamento para la convocatoria y realización de las audiencias públicas que apruebe el consejo regional. Realización de audiencias extraordinarias a solicitud de la población. En el caso de la LOM la propuesta de reforma es establecer la obligación de los GL de rendir cuentas dos veces al año. En algunos casos, se han observado mejoras: Mayor difusión de la convocatoria a través de medios radiales y escritos. Entrega de resúmenes ejecutivos antes de la audiencia; Se entrega información más amigable sobre la gestión y no sólo información presupuestal (presupuesto participativo, banco de proyectos, acceso a información pública, etc). 7.9

11 Estado actual Con relación a la implementación y actualización de los portales de transparencia: De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en el 2010: El promedio general de cumplimiento de los GR fue de 63% y se ubicó por encima del registrado por las municipalidades provinciales de las capitales de departamento (35%). El promedio anual más alto de cumplimiento lo alcanzaron los GR de San Martín (93%) y Lambayeque (82%). El promedio anual más bajo lo obtuvieron el GR de Tumbes (44%) y Junín (45%). El promedio anual más alto de cumplimiento lo alcanzaron las Municipalidades Provinciales de Huamanga (67%) y Chiclayo (66%). Mientras que los promedios más bajos fueron obtenidos por los municipios de Tumbes (12%) y Tambopata (8%). Sobre el año 2011, la Defensoría del Pueblo reportó lo siguiente: El promedio general de cumplimiento de los GR fue de 73% y se ubicó por encima del registrado por las municipalidades provinciales de las capitales de departamento (61%). El promedio anual más alto de cumplimiento lo alcanzaron los GR de San Martín (98%) y Amazonas (95%). El promedio anual más bajo lo obtuvieron el GR de Moquegua (37%) y Apurímac (44%). El promedio anual más alto de cumplimiento lo alcanzaron las Municipalidades Provinciales de Huamanga y Tacna (ambas con 93%). Mientras que los promedios más bajos fueron obtenidos por los municipios de Chachapoyas (34%), y Cusco y Maynas (40%). La Municipalidad Provincial de Tambopata que obtuvo 0% de nivel general de cumplimiento en el año. Durante el año 2011 cabe destacar la aprobación de los Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública. 7.10

12 Estado actual 4. Sistema político representativo y normas electorales para la elección de autoridades descentralizadas El diseño original de las normas electorales sobre la conformación de los consejos regionales no aseguraba la representatividad, por lo que se reformó la Ley de Elecciones Regionales para establecer que: Las provincias que cuenten con más población puedan tener mayor representación en los consejos regionales. Se eliminó el premio a la mayoría en la conformación de los consejos regionales y en las elecciones de 2010 sólo 8 presidentes regionales obtuvieron mayoría en el consejo. Para la elección de la presidencia y vicepresidencia regional se considera ganadora la lista que obtiene una votación mayor al 30% de votos válidos, de lo contrario se realiza una segunda vuelta electoral. En el elecciones de 2010, 15 presidentes regionales fueron elegidos en primera vuelta. Se modificaron diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos con el objetivo de limitar la fragmentación del escenario electoral: Se elevó de 1% a 3% el porcentaje de ciudadanos/as adherentes a la inscripción de partidos, movimientos y organizaciones políticas. Se condicionó la permanencia de las inscripción del partidos o movimientos políticos regionales a la obtención de 5% de votos válidamente. Se incluyeron nuevas reglas sobre financiamiento, democracia interna y control de las agrupaciones políticas. Actualmente los movimientos o partidos políticos departamentales están legalmente impedidos de participar en las elecciones del Congreso de la República: en la práctica no existe articulación entre la representación nacional y las autoridades descentralizadas. 7.11

13 Conclusiones 1. Los mecanismos de participación se han institucionalizado de forma heterogénea en los diferentes niveles de gobierno pese a las limitaciones que enfrentan. Las limitaciones provienen del diseño normativo, el nivel de fortaleza institucional de las organizaciones de la sociedad civil y la disposición de las autoridades hacia la participación de la ciudadanía en la gestión. 2. Los CCR y CCl no se han constituido en sólidos espacios de concertación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. Los problemas de diseño normativo constituyen un factor que ha menguado las expectativas de la ciudadanía en los CCR y CCL como espacios de concertación. En este escenario, en el ámbito local distrital, han surgido algunas propuestas exitosas de espacios de concertación distintos y que plantean la necesidad de repensar cuáles son los mecanismos que requiere cada nivel de gobierno. 3. El presupuesto participativo es el mecanismo de participación en la gestión más valorado y que mayor interés despierta en la ciudadanía aunque su marco legal ha privilegiado el aspecto técnico y limitado la participación El incumplimiento de acuerdos y las limitaciones que tienen los comités de vigilancia no han tenido un impacto totalmente adverso en la participación. 7.12

14 Conclusiones 4. La transparencia y la rendición de cuenta constituyen las bases de la participación por lo que es preciso contar con mejores herramientas legales que faciliten la vigilancia ciudadana 5. Las reformas electores para fortalecer el sistema democrático han tenido un impacto limitado Las reformas normativas de la Ley de Elecciones Regionales han profundizado una visión estática de separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo regional. La eliminación del premio a la mayoría, de acuerdo a los resultados de las elecciones de 2010, no necesariamente ha contribuido a la gobernabilidad regional. La debilidad de los partidos nacionales en los departamentos se manifestó en las elecciones de 2010, donde la mayoría de gobiernos regionales recayó en movimientos o partidos regionales de carácter coyuntural. 7.13