Texto. En Barcelona, a 28 de diciembre de dos mil seis TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

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María Maidana Macías
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1 Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 28 Dic. 2006, rec. 350/2002 Ponente: Abelleira Rodríguez, María. Nº de sentencia: 987/2006 Nº de recurso: 350/2002 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY /2006 FUNCIONARIOS PÚBLICOS. De la Administración local. Provisión de puestos de trabajo. Inadecuación a Derecho de la provisión de un puesto de asesor jurídico en un Ayuntamiento mediante el sistema del concurso. Inexistencia de características singulares que justifiquen la provisión mediante este sistema excepcional. PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Allanamiento del Ayuntamiento a la demanda. La intervención procesal del codemandado, contraria al allanamiento, no impide su aplicación, pues el hecho de haber renunciado a la plaza supone la pérdida sobrevenida del interés legítimo que tenía en la resolución del proceso. El TSJ Cataluña estima el recurso contencioso-administrativo anulando la inclusión de un puesto para asesor jurídico contenido en una oferta pública de empleo. Texto En Barcelona, a 28 de diciembre de dos mil seis TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Recurso nº 350/2002 Parte actora: DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS (GENERALITAT) Parte demandada: AJUNTAMENT DE L'ALDEA Parte codemandada: Juan Manuel SENTENCIA nº 987/2006 Ilmos. Sres.: PRESIDENTE D. EDUARDO BARRACHINA JUAN MAGISTRADOS

2 Página 2 de 5 Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT Dª. MARÍA ABELLEIRA RODRÍGUEZ VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo nº 350/2002, interpuesto por el DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS (GENERALITAT) representado y asistido por el Letrado de la Generalitat de Catalunya, contra la Administración demandada AJUNTAMENT DE L'ALDEA representado por el Procurador D. Ivo Ranera Cahis y asistido del Letrado D. Enric Balagué. Es parte codemandada D. Juan Manuel, actuando en su representación el Procurador D. Octavio Pesqueira Roca y asistido del Letrado D. Enric Balagué. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrada Dª. MARÍA ABELLEIRA RODRÍGUEZ, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada. SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. TERCERO.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes con el resultado obrante en autos. CUARTO.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas, con el resultado que es de ver en autos. QUINTO.-

3 Página 3 de 5 Se prosiguió el trámite, y se señaló para votación y fallo de este recurso para el 21 de diciembre de 2006, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se recurre en este proceso el Decret de la Alcaldía del Ayuntamiento de l'aldea de fecha 21 de febrero de 2002, num 6/2002 sobre aprobación de la oferta de empleo público para 2002 en relación a la inclusión de un puesto de trabajo de "asesor jurídico" dentro de la escala de administración especial, con nivel de complemento de destino 30 y con acceso por el sistema de concurso. La Generalitat de Catalunya suplica en su demanda que se dicte en su día Sentencia por la que se dicte Sentencia estimatoria del recurso en atención a que la oferta publica no se atiene a las normas aplicables en derecho. SEGUNDO.- Para resolver la controversia, debemos hacer referencia en primer lugar a las vicisitudes que se han sucedido en este proceso. Así, frente a la demanda deducida por el Abogado de la Generalitat se formuló escrito de contestación por el Ayuntamiento demandado, sin que se personara el interesado, que era la persona que obtuvo el puesto impugnado. Posteriormente, una vez abierto el proceso a prueba, se persona el interesado mediante escrito de fecha 12 de junio de 2003, una vez precluida la fase alegatoria del proceso. En fecha 20 de noviembre de 2003, el Ayuntamiento demandado presenta escrito allanándose a la demanda, acompañando copia del acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada en sesión de Finalmente, por escrito de fecha 8 de marzo de 2004 por el Ayuntamiento se pone de manifiesto que el codemandado renunció a la plaza controvertida en este proceso con efectos 2 de enero de 2004, manifestando la perdida sobrevenida de objeto del presente proceso. El codemandado, renunciante de la plaza controvertida, presentó alegaciones en fecha de , manifestando que el objeto del proceso continuaba pendiente a pesar de su renuncia al puesto, y por tanto, no concurria el supuesto de perdida sobrevenida de objeto del presente proceso. En el mismo sentido presento alegaciones la Generalitat de Catalunya en fecha de En fecha de se dictó por esta Sala Auto en el que se decidia no acordar la perdida sobrevenida de objeto. TERCERO.-

4 Página 4 de 5 Planteada así el proceso, debe significarse, en primer lugar, que se ha producido una pérdida sobrevenida del interés legítimo del codemandado, a quien, por haber renunciado a la plaza que ocupaba y que era objeto de controversia en este proceso, deja de afectar a su esfera jurídica de intereses el resultado de este proceso.ninguna ventaja o beneficio va a obtener en su ambito de intereses. Por tanto, tenemos, por un lado, que ha existido una pérdida sobrevenida del interés legítimo del codemandado, y, por otro, que el Ayuntamiento se había allanado en legal forma a las pretensiones sostenidas en la demanda. Se ha de llegar a la misma solución mantenida en la Sentencia num 1035/2005, de dictada en el recurso num 683/2001 con respecto al Decret de para el mismo puesto de "asesor juridico". En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto en el art. 75 de la LJCA, debiendo dictarse sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, al haberse producido el allanamiento con arreglo a los requisitos establecidos en el art de la LJCA, y no suponer dicho allanamiento una infracción del ordenamiento jurídico. Por su parte, y como se ha señalado, existe una causa de terminación del proceso en relación al codemandado, inicialmente opuesto al allanamiento, tal como dispone el art de la LEC, de aplicación supletoria, por lo que su intervención procesal no impide la aprobación del allanamiento. CUARTO.- Tal como se ha indicado, el allanamiento realizado por el Ayuntamiento demandado no infringe manifiestamente el ordenamiento jurídico. Antes al contrario, tal como se había resuelto por la sentencia de esta Sala y Sección de fecha 17 de marzo de 2005, dictada en recurso 1639/2000, donde ya apreciamos la disconformidad a derecho en cuanto a la convocatoria del sistema de concurso para proveer un puesto de asesor jurídico, indicando su falta de encaje en los puestos de escala de la Administración Especial, señalando que el que exista una habilitación para la utilización del sistema de concurso para proveer determinadas plazas, entre ellas la de la escalas de la administración especial, no significa que pueda utilizarse este procedimiento selectivo en todo caso, sino que la opción debe estar asentada en la presencia de alguna característica singular que justifique el recurso a este medio excepcional, en tanto que precisamente la excepción se funda en las características singulares de las plazas, singularidad que no apreciabamos en el puesto de asesor jurídico, como es el caso ahora contemplado, en la línea argumental sostenida en la demanda iniciadora de este proceso. Por su parte, el contenido funcional del puesto, solapándose con las funciones atribuidas a los funcionarios con habilitación nacional y con un claro incremento en el complemento de destino, justifican sobradamente el allanamiento realizado, sin que en modo alguno pueda considerarse contrario al ordenamiento jurídico. Por último, y para agotar la argumentación, debemos traer a colación la interpretación de la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 28 de mayo de 2001, número 46/2001, que indicaba, en relación a la impugnación de actos de las entidades locales, que el "dies a quo" del plazo de interposición se debe diferir al momento en que la Administración impugnante ha tenido conocimiento suficiente del acto que ha de ser impugnado. En consecuencia, entendemos que el allanamiento está realizado en tiempo y forma, reuniendo todos los requisitos establecidos en el art. 75 de la LJCA, motivo por el cual debe estimarse la demanda.

5 Página 5 de 5 QUINTO.- No procede hacer imposición de costas, conforme al art. 139 de la LJCA, al no apreciarse circunstancias que así lo justifiquen. F A L L A M O S Estimamos el recurso contencioso-administrativo num 350/2002 interpuesto por el Departament de Governació i Relacions Institucionals contra el Decret de num 6/2002 de la Alcaldía del Ayuntamiento de l'aldea, el cual anulamos en lo referente a la inclusión de un puesto de asesor jurídico. No procede hacer imposición de costas Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley. Así por esta nuestra sentencia, de la se llevará testimonio de la misma a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, estando la Sala celebrando audiencia pública el día 16 de enero de 2007, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Secretario, Doy fe.

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