RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA.

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1 RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA. La competencia para conocer las acciones de nulidad contra los actos administrativos dictados con ocasión a la LOPCYMAT, no corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que ésta es clara al establecer un régimen transitorio que le atribuye de forma expresa la Jurisdicción Laboral; régimen éste que aún se mantiene vigente al no haberse creado hasta la fecha la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social. TSJ - Sala de Casación Social ( ) Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2013 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil, solicitó la revisión de la sentencia N del 13 de febrero de 2013, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró: (i) su competencia para conocer el recurso de apelación que ejerció la ciudadana, como tercera interesada contra la decisión que dictó el 10 de octubre de 2011, el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que a su vez declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil hoy solicitante contra el acto administrativo N del 11 de enero de 2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda; (ii) con lugar la apelación ejercida; (iii) revocó el fallo apelado; (iv) sin lugar el referido recurso contencioso administrativo de nulidad y; levantó el amparo cautelar decretado por el referido juzgado superior mediante decisión N del 25 de febrero de I ANTECEDENTES 1

2 De las actas que conforman el presente expediente y del escrito de solicitud de revisión presentado por la solicitante, se desprende lo siguiente: El 21 de enero de 2011, el abogado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil, interpuso ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con funciones de distribuidor, recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra la certificación N del 11 de enero de 2010 emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, mediante la cual certificó que la sintomatología presentada por la ciudadana, se considera como agravada por la condiciones de trabajo y le condicionan una incapacidad total y permanente para la ejecución de actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores (manos) y posturas estáticas mantenidas. El 10 de octubre de 2011, el Juzgado Superior Tercero Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que conoció previa distribución, declaró con lugar el recurso contencioso de nulidad y, en consecuencia, anuló la certificación N del 11 de enero de 2010 emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. El 31 de octubre de 2011, la ciudadana, asistida por el abogado, ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión. El 13 de febrero de 2013, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró: (i) su competencia para conocer el recurso de apelación ejercido; (ii) con 2

3 lugar la apelación ejercida; (iii) revocó el fallo apelado y (iv) sin lugar el referido recurso contencioso administrativo de nulidad. El 16 de abril de 2013, tal como fue expuesto, el abogado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil, solicitó la revisión de la sentencia N del 13 de febrero de 2013, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. V MOTIVACIONES PARA DECIDIR En el presente caso, se pretende la revisión de la decisión definitivamente firme N dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que al conocer el recurso de apelación que ejerció la ciudadana, con el carácter de tercera interesada contra la sentencia que dictó el 10 de octubre de 2011, el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, revocó el fallo apelado y declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad. El apoderado judicial de la sociedad mercantil fundamentó la solicitud de revisión en la presunta violación de los derechos y principios constitucionales referentes a la legalidad, a ser oído, al debido proceso y a la defensa, por cuanto, a su juicio, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo despreció el despliegue alegatorio utilizado por mi patrocinada para denunciar la violación del artículo 49.1 constitucional ; obvió que la certificación objeto de impugnación adolecía de los vicios de incompetencia manifiesta, dado que la Doctora que emitió la misma no tenía competencia para ello; y que se prescindió del procedimiento legalmente 3

4 establecido, toda vez que no se le notificó de la existencia y términos de la denuncia interpuesta en su contra. Ahora bien, esta Sala antes de pronunciarse sobre las denuncias formuladas por el apoderado judicial de la parte solicitante, observa del contenido del fallo objeto de estudio, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Capítulo IV motivaciones para decidir, analizó como primer punto su competencia para el conocimiento del recurso de apelación ejercido por la ciudadana, para lo cual invocó la sentencia N 27 del 25 de mayo de 2011 y publicada el 26 de julio de 2011 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), son los laborales, no obstante que considerando que para la fecha de interposición del recurso existían diversas posiciones respecto a cuáles eran los órganos jurisdiccionales competentes para conocer dichas causas y siendo que la sentencia de la Sala Plena que dilucidó la competencia fue dictada con posterioridad a la interposición del recurso, en atención al principio de perpetuatio fori, estableció que era competente para conocer en segundo grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad. la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N 27 del 25 de mayo de 2011 y publicada el 26 de julio de 2011, sostuvo lo siguiente: No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la 4

5 competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación. Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide. Conforme a lo expuesto, es evidente que la competencia para conocer las acciones de nulidad incoadas contras los actos administrativos dictados con ocasión a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, en el entendido que lo determinante para establecer el juez natural no es la naturaleza del órgano del cual emana el acto impugnado sino el derecho social que se tutela, pues la intención del legislador es clara al establecer en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo un régimen transitorio de competencia, que le atribuye de forma expresa la competencia a la Jurisdicción Laboral; régimen éste que aún se mantiene vigente al no haberse creado hasta la fecha la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social. De esta forma, resulta de manifiesto que tanto el Tribunal Superior como la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo incurrieron en el vicio de incompetencia por la materia, al conocer en primera instancia y alzada, respectivamente, un recurso de nulidad contra un acto administrativo dictado con fundamento en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 5

6 Trabajo, la cual expresamente le atribuye la competencia a los Tribunales Superiores del Trabajo y a la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia. considera esta Sala que en el presente caso, se lesionó el derecho al juez natural de la solicitante, pues la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo sustrajo expresamente a los actos administrativos dictados con ocasión a la aplicación de dicha ley de su control jurisdiccional. De esta forma, considera esta Sala que el órgano jurisdiccional competente para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra la certificación N del 11 de enero de 2010 emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral es un Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques. En virtud de lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando de oficio, en aras de garantizar el derecho constitucional al juez natural establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y siendo que la competencia es de orden público, anula el fallo sometido a revisión así como el dictado el 10 de octubre de 2011 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que conoció en primer grado de la causa. Así se decide. Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón 6

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