JUICIO LABORAL. PRUEBAS

Transcripción

1 JUICIO LABORAL. PRUEBAS Los correos electrónicos tienen la misma eficacia probatoria de una copia o reproducción fotostática, debiendo realizarse su control, contradicción y evacuación, de la forma prevista para los documentos escritos, por lo que el formato impreso de dicho medio electrónico se asemeja a una copia fotostática. TSJ - Sala de Casación Social ( ) En el proceso judicial que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano ( ), actuando en su propio nombre y representación, contra ( ), representada por los abogados ( )el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante fallo dictado en fecha 3 de febrero de 2014, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la demandada y parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión proferida en fecha 18 de enero de 2012, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la aludida Circunscripción Judicial, que había declarado con lugar la demanda. DEL RECURSO DE CASACIÓN ÚNICO RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD -I- De conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 175 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al ad quem haber valorado indebidamente pruebas promovidas por la demandante, las cuales fueron enervadas en juicio por la demandada. Quien recurre señala, que la decisión del juez superior expresa lo que se transcribe a continuación: 1

2 ( ) observa esta Alzada que en relación con los documentos promovidos macados con la letras E, G, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, T, U, V y W ( ) los mismos contienen correos electrónicos o mensajes de datos, los cuales fueron producidos en las actas procesales en formato impreso, por lo cual tienen la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas, a tenor del único aparte del artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Ahora bien, dichos mensajes de datos promovidos en formato impreso, resultan absolutamente inteligibles y los mismos no fueron desconocidos en su contenido por la parte contraria, la cual, erróneamente se limitó a tratar de impugnar tales mensajes de datos alegando que no pudo constatarse su origen del servidor de la demandada, a través de la inspección Judicial realizada por el Tribunal A Quo, siendo que tal exigencia no está basada en norma legal alguna. Siendo ello así se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. (Sic) En este contexto, manifiesta que en la oportunidad de la audiencia de juicio, la empresa enervó todos y cada uno de los correos electrónicos que promovió la accionante en copias simples impresas a través de la impugnación de éstos, y como se ha sostenido, las copias fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico se reputarán fidedignas, siempre que se cumpla con ciertas condiciones, entre las cuales se encuentra, que no sean impugnadas por la contraparte en la oportunidad que corresponda. En este orden de argumentación, alega que las copias impresas fueron impugnadas como se evidencia del video de la audiencia de juicio, quedando las mismas sin valor probatorio, porque si bien no promovió un medio complementario para verificar la emisión certificada de los mismos, el Tribunal de la causa acordó de oficio y a favor del accionante una inspección judicial en la sede de la empresa, donde no se demostró lo afirmado. Finalmente, en sintonía con lo expuesto, el formalizante sostiene que el ad quem otorgó valor probatorio a las impresiones, y con fundamento en ellas, declaró el supuesto reconocimiento por parte de ( ), del carácter de trabajador del ciudadano ( ), quien prestó servicios como ( ) con una relación estrictamente civil, lo cual fue demostrado en la presente causa. 2

3 Para decidir se formulan las consideraciones siguientes: En tal sentido se infiere que lo requerido por el formalizante es denunciar el error de interpretación de los artículos 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que los correos electrónicos presentados por el accionante fueron impugnados por la demandada, y el tribunal de alzada les otorgó valor probatorio, confiriéndole al ciudadano ( ), el carácter de trabajador. El artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, dispone: Artículo 4.- Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. (Destacado de la Sala) Por su parte, el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, expresa: Artículo 78. Los instrumentos privados, cartas o telegramas, provenientes de la parte contraria, podrán producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos podrán también producirse en copias o reproducciones fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, claramente inteligible, pero los mismos carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obra los impugnase y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia. (Destacado de la Sala) Sobre el valor probatorio de las impresiones de los correos electrónicos, esta Sala en sentencia [Nro. 717 de fecha 2 de julio de 2010, (caso: Eleudo Ramón Pereda Urdaneta contra Suplidora Venezolana, C.A. (SUPLIVENCA)], estableció: Los documentos aquí cuestionados son mensajes de datos, reproducidos en formato impreso. Sobre los mensajes de datos, el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en su artículo 4, dispone que tendrán la misma eficacia probatoria 3

4 que la ley otorga a los documentos escritos, y que su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres. Asimismo, la citada norma dispone que la información contenida en un mensaje de datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. De manera que, con independencia de que al mensaje de datos se haya asociado o no una firma electrónica que identifique al emisor, su reproducción en formato impreso debe considerarse siempre como una copia fotostática. Con respecto a la eficacia probatoria de las copias fotostáticas, el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obran los impugnare y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia. (Destacado de la Sala) De la decisión anterior, se desprende que los correos electrónicos tienen la misma eficacia probatoria de una copia o reproducción fotostática, debiendo realizarse su control, contradicción y evacuación, de la forma prevista para los documentos escritos, por lo que el formato impreso de dicho medio electrónico se asemeja a una copia fotostática. Esta Sala de Casación Social evidencia, que las documentales consignadas por el ciudadano ( ), en formato impreso, se tratan de correos electrónicos suscritos por su persona y dirigidos a ( ), sin intervención de la demandada, los cuales fueron valorados por el juzgador de alzada por tener la misma eficacia probatoria que el de una copia o reproducción fotostática. En este sentido, si bien se tratan de correos electrónicos consignados en formato impreso, a los cuales se les debe dar la misma eficacia probatoria que los documentos privados, como fue expuesto supra, al ser documentales que emanan de la propia parte actora sin presentar sello ni señal de recepción de la empresa, no podía el ad quem atribuirles valor probatorio, toda vez que vulneran el principio de alteridad de la prueba. De este modo, incurre el juzgador de alzada en el vicio delatado por el recurrente en casación, lo que conlleva a declarar con lugar la presente denuncia. Así se decide. 4

5 En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, se declara con lugar el recurso de casación propuesto por la parte demandada, se anula la sentencia recurrida y de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde a esta Sala decidir el fondo de la presente controversia, lo que pasa a efectuar en los términos siguientes: DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA La parte actora adujo en su escrito libelar que mediante acta Nro. ( ), la Junta Directiva de la compañía ( ), autorizó al presidente para suscribir en nombre de la demandada los contratos de asesoría de su persona, por servicios profesionales de abogado en las áreas de derecho nacional, en particular como apoderado judicial de la demandada, quien puso a su disposición y libre de costos, una oficina en la sede de ( ), con la obligación de brindarle todo el apoyo administrativo requerido, debiendo rendir cuentas de su actividad profesional, al representante judicial de la empresa, o a quien éste designara, debiendo dedicar a la accionada todo el tiempo que fuera requerido en el ejercicio de sus funciones, percibiendo una remuneración a título de honorarios profesionales de Bs ,00, teniendo el contrato celebrado una vigencia de un (1) año, contado a partir del 4 de febrero de 2003, prorrogable por períodos de igual duración, por mutuo consentimiento de las partes. Indica que con ocasión del ejercicio de su actividad y en virtud de los sucesos ocurridos en la industria petrolera durante el mes de diciembre de 2002 y los primeros tres meses del año 2003, se convino en continuar la relación de trabajo hasta el día 25 de mayo de 2004, pero extendiendo la permanencia del vínculo, con el carácter de Representante Judicial de la empresa (según nombramiento que consta en copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ( ) hasta el 6 de enero de 2009, oportunidad en que por omisión reiterada en el pago de la remuneración mensual puso fin a la misma por causa justificada. 5

6 Expresa que la relación de trabajo tuvo su origen en la ciudad de Caracas, pero debido al cúmulo de causas y por la necesidad del servicio se convino que la prestación de trabajo se cumpliera en el Centro de Refinación Paraguaná de la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, lo que ocasionó el pago de los gastos de alimentación y alojamiento, hasta el mes de junio de 2003, cuando le asignaron una vivienda que ocupó inclusive hasta la fecha de la interposición de la demanda de autos, en la ( ). Conforme a lo anteriormente expuesto, reclama: Bs ,50 por concepto de vacaciones; Bs ,42 por bono vacacional; Bs ,62 por utilidades; Bs ,50 por concepto de antigüedad; de conformidad con el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicita el fideicomiso y que sea calculado mediante experticia complementaria del fallo; Bs ,10 por concepto de fondo de ahorro, Bs ,90 por diferencia salarial; Bs ,60 por concepto de bono único de producción; Bs ,00 por indemnización por daño moral y hecho ilícito; pago de intereses legales, indexación y costas, a ser calculadas igualmente, mediante experticia complementaria del fallo. Efectuado el análisis probatorio que antecede, esta Sala de Casación Social procede a decidir la presente controversia en los términos siguientes: El punto medular en el caso sub examine, deviene en determinar el carácter laboral de los servicios prestados por el ciudadano ( ), a favor de ( ), por cuanto afirma en su escrito libelar la prestación de servicios continuo, permanente, exclusivo y subordinado, durante cinco (5) años y once (11) meses, toda vez que en fecha 4 de febrero de 2003 suscribió contrato de asesoría por servicios profesionales de abogado en el área del derecho nacional como apoderado judicial de la aludida compañía, debiendo dar cuenta de sus actividades profesionales al representante judicial de la empresa, y percibiendo por el servicio prestado a título de honorarios profesionales la cantidad de Bs ,00, siendo contratado por tiempo determinado, pero posteriormente se extendió la permanencia del vínculo con el carácter de representante judicial de la empresa; aceptando la accionada la prestación de un 6

7 servicio pero negando que se hayan transformado en continuos, permanentes, exclusivos y subordinados, lo que da lugar a la existencia de la presunción laboral establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 aplicable ratione temporis. Al respecto, a los fines de demostrar que el ciudadano ( ), no era trabajador de la empresa ( ), la demandada consignó a los autos contrato de servicios por Honorarios Profesionales, celebrado entre el accionante y la empresa (folios 11 al 14 de la pieza Nro. 2), donde se deja constancia que el actor era un profesional independiente, que se dedicaba con su propia organización, recursos, personal y demás medios necesarios, a prestar servicios de asesoría a la empresa en el área jurídico-legal; que no prestaba un servicio profesional de manera exclusiva, por lo que no existía subordinación, al no tratarse de una relación laboral, no estando sujeto a horario, jornadas ni procedimientos u órdenes laborales; por lo tanto, podía prestar servicios similares o diferentes a los pactados con la demandada, a cualquier otra organización o empresa, sin afectar los intereses de ( ), percibiendo una remuneración por concepto de honorarios profesionales. Asimismo, recibía el pago respectivo por los servicios dados a ( ), los cuales cobraba mensualmente a través de facturas presentadas por su persona, y que poseían un membrete con su nombre, Inpreabogado y dirección; donde se indicaba que era por concepto de honorarios profesionales, con el carácter de representante judicial de ( ) según acta de asamblea de accionistas del 26 de mayo de Determinado lo anterior, observa esta Sala de todo el análisis del material probatorio, conjuntamente con el test de dependencia realizado, que el ciudadano ( ), era un profesional del derecho que no prestaba servicios bajo dependencia de ( ), que pudiera dar lugar a una relación de trabajo, al encontrarse ausentes los elementos característicos de una relación de trabajo como son la ajenidad, el salario y la subordinación. 7

8 En consecuencia, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar la demanda incoada por el ciudadano ( ) contra ( ). Magistrada ponente, Mónica Gioconda Misticchio Tortorella 8