SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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1 1. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1. Qué le cuesta al Estado la Seguridad Social? 1.2. Cómo influye la evolución demográfica? 1.3. Cuánto se han incrementado las prestaciones públicas? 1.4. Qué influencia tiene el mercado laboral? 1.5. Qué diferencias existen entre los sistemas de reparto y los de capitalización? 1.6. En qué consistió la reforma de las pensiones aprobada bajo el Pacto de Toledo? 1.7. En qué consistirán las nuevas reformas? 1.8. Por qué debo complementar la pensión pública?

2 1. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.1. Qué le cuesta al Estado la Seguridad Social? A lo largo de los últimos años, la sociedad española ha vivido un intenso debate sobre el futuro de la Seguridad Social y las prestaciones del Estado del Bienestar. Se trata de un debate que no es exclusivo de España. Todos los países europeos se encuentran inmersos en él. El debate plantea la mejor forma de encajar el Estado del Bienestar en el seno de la Unión Europea. El conjunto de países de la Europa del euro sufre las mismas inquietudes que España. Además, la raíz del debate es idéntica. La reforma del Estado del Bienestar se plantea ante los cambios demográficos y laborales que ha experimentado la sociedad europea durante las últimas décadas. La reforma de las prestaciones sociales públicas se ha producido, con mayor o menor intensidad, en todos los países de nuestro entorno. España no ha sido una excepción. En nuestro país, la reforma del Estado del Bienestar tuvo como punto de partida el Pacto de Toledo, en el que los principales partidos políticos llegaron a un consenso para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Este acuerdo se firmó en 1995 y sobre él se ha basado la legislación que ha regido las pensiones públicas hasta ahora. Pero la reforma del sistema de pensiones no ha acabado. En abril del 2001 el Gobierno llegó a un acuerdo con las principales organizaciones empresariales y con el sindicato Comisiones Obreras para remodelar nuevamente las pensiones. Este consenso ha dado lugar a un documento de trabajo denominado «Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social». La nueva legislación sobre la materia se basará en este acuerdo, que plantea otra una vuelta de tuerca a los recortes de prestaciones planteados en el Pacto de Toledo. La mayor parte de la reforma planteada desde 1995 ha recaído en la Seguridad Social. No en vano, tiene que hacer frente a la mayoría de las prestaciones que desarrollan el Estado del Bienestar. Ga- 15

3 rantiza no sólo las pensiones de jubilación, sino también las pensiones de viudedad, orfandad, invalidez... Además de todas estas pensiones, ofrece servicios de asistencia sanitaria, atiende situaciones de incapacidad laboral y prestaciones por maternidad. El conjunto de las pensiones se llevan la mayor parte de los recursos anuales que maneja la Seguridad Social. Absorben en torno a un 58 por ciento del presupuesto. La asistencia sanitaria se lleva, aproximadamente, el 30 por ciento de las cantidades gestionadas, mientras que el resto de las prestaciones requieren el 12 por ciento del presupuesto de la Seguridad Social. Los recursos necesarios para hacer frente a este conjunto de prestaciones ascienden a 15,7 billones de pesetas, según los Presupuestos del Estado para el Las fuentes de financiación de la Seguridad Social son tres: cotización de las empresas, cotización de los trabajadores y el Estado. Este último cubre el déficit entre los recursos obtenidos por las cotizaciones de empresas y trabajadores y las cifras necesarias para hacer frente al conjunto de prestaciones públicas. Durante los últimos años, la aportación del Estado a la Seguridad Social ha ido en aumento. La aportación que ha tenido que realizar el Estado a la Seguridad Social se ha multiplicado por más de tres desde el comienzo de la década de los noventa. En 1991, aportaba cerca de 1,6 billones de pesetas. En el 2001 aportará 5,19 billones, según los Presupuestos Generales del Estado. Las causas por las que se ha disparado el déficit de la Seguridad Social son múltiples. Y, además, son comunes con el resto de los países europeos. Entre ellas habría que destacar las siguientes: la evolución demográfica, el incremento de las prestaciones y el mercado laboral Cómo influye la evolución demográfica? La evolución demográfica en las últimas décadas ha estado presidida por una menor natalidad y un aumento de la esperanza de vida. El resultado de estos fenómenos es el envejecimiento de la población. Desde la década de los 50, la tasa de natalidad ha caído en España a una velocidad de vértigo. En esa década, la tasa era de 2,5 hijos por 16

4 ESPERANZA DE VIDA POR EDAD Y SEXO MUJERES HOMBRES Gráfico 1.1. cada mujer. En la actualidad es de sólo 1,1, según la encuesta de fecundidad realizada en 1999 por organismos oficiales. Si esta tendencia se mantiene en el futuro, la población en edad de trabajar disminuirá notablemente y, por lo tanto, también bajará el número de cotizantes. Cada año serán más los trabajadores-cotizantes que abandonen el sistema de la Seguridad Social (como consecuencia de su jubilación) que los que se incorporen al mercado laboral. La esperanza de vida en España ha aumentado de forma significativa. En los años 50 era apenas de 60 años. En la década de los 70 aumentó a los 69, mientras que en los noventa se situó en 74,4 años, según el INE. Y en el futuro seguirá aumentado, según las proyecciones del INE recogidas en el estudio titulado «Las personas mayores en España. Informe 2000» realizado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, del Ministerio de Trabajo (véase el gráfico1.1.). Una de las conclusiones de este estudio dice que el 85 por ciento de las personas que nazcan hoy en España llegarán a cumplir más de 65 años. A principios de siglo este porcentaje era de sólo el 26 por ciento. El aumento de la esperanza de vida supone un gasto para la Seguridad Social, tanto en pensiones como en asistencia sanitaria. Hay que tener en cuenta que en la década de los 60, los españoles vivían 17

5 EVOLUCION DE LA POBLACION MAYOR Gráfico una media de 4,4 años después de que se hubiesen jubilado. Hoy en día, la media es de 16 años para los hombres y de 19,8 años para las mujeres, según el informe «Las personas mayores en España». Todo ello trae como consecuencia un envejecimiento paulatino de la población. En 1999, las personas mayores de 65 años superaban los seis millones y medio, lo que suponía el 16,2 por ciento de la población. En el año 2020, las proyecciones realizadas por el INE consideran que supondrán algo más del 20 por ciento con 7,8 millones de personas (véase el gráfico 1.2). El envejecimiento progresivo de la población española se puede apreciar en la tabla 1.1., que refleja la población por grupo de edades. POBLACION ESPAÑOLA POR GRUPOS DE EDAD. PROYECCION De 0-19 años De años Más de 65años ,7 54,5 8, ,4 54,4 11, ,8 58,2 13, ,7 15, ,8 62,4 16, ,1 63,8 18, ,9 63,5 20,6 Tabla

6 Estas proyecciones son de suma transcendencia para la Seguridad Social. Por un lado, nos indican que habrá menos jóvenes que accedan al mercado laboral, por lo que caerá el número de trabajadores que cotizan. Y, por otro, que aumentarán las personas con derecho a recibir prestaciones de jubilación. Además, al elevarse el número de personas con edad avanzada, el gasto sanitario también aumentará, ya que son el grupo de población que más cuidados sanitarios precisa Cuánto se han incrementado las prestaciones públicas? Las prestaciones públicas no han dejado de crecer en los últimos años. Primero, por el aumento en el número de pensionistas. Y segundo, por el efecto sustitución de las pensiones (nuevas altas). El número de pensionistas ha aumentado notablemente. A la conclusión del 2000, el sistema de la Seguridad Social tiene concedidas 7,6 millones de pensiones. En 1991, este número era de 6,3 millones. Es decir, que en sólo una década el número de pensiones ha crecido en más de 1,3 millones, un 20,6 por ciento más (véase tabla 1.2). Este incremento tiene diversas causas. La primera se debe a los efectos de la evolución demográfica. Al aumentar la esperanza de vida, los titulares de las pensiones mantienen estas prestaciones durante mucho más tiempo. La segunda es la aceleración que ha experimentado el acceso a las prestaciones por jubilación, como consecuencia de los procesos de jubilación anticipada de multitud de empresas. Y la tercera, la creación de las llamadas pensiones no contributivas, que tienen carácter asistencial. Pero no sólo es que haya más pensiones, sino que el importe de éstas también ha aumentado considerablemente (tabla 1.3). 19

7 NUMERO DE PENSIONES POR CLASES Año Jubilación Viudedad Total Tabla 1.2. Datos a fin de cada año, excepto en el 2001, que son a 30/V/01. IMPORTE MENSUAL DE LA PENSION MEDIA Año Jubilación Viudedad Total * Tabla 1.3. Datos a fin de cada año, excepto en el 2001, que son a 30/V/01. Este aumento se debe al llamado efecto sustitución de las pensiones. Las prestaciones concedidas a los nuevos jubilados son de mayor cuantía que las pensiones que se dejan de abonar por el fallecimiento de sus titulares. 20

8 1.4. Qué influencia tiene el mercado laboral? El desempleo constituye uno de los problemas endémicos de la economía española. Entre los númerosos aspectos negativos que provoca esta situación, se encuentra la caída en las cotizaciones sociales. Las personas desempleadas reciben las prestaciones por paro y dejan de hacer frente a las cotizaciones que abonarían si tuviesen empleo. Además, las empresas españolas han acometido diversos procesos de restructuración en las últimas décadas que se han saldado con la salida anticipada de muchos trabajadores hacia la jubilación. SISTEMA DE PENSIONES (miles de personas) Afiliados , , , , ,21 Pensionistas 4.127, , , , ,00 Parados 1.526, , , , ,38 Afiliados por pensionistas 2,68 2,08 2,17 1,89 2,18 Afiliados por pensión y parados 1,96 1,32 1,52 1,22 1,78 Tabla 1.4. Todas estas circunstancias han llevado a que la relación entre las personas que sostienen el sistema y las personas beneficiarias del mismo haya descendido de forma notable. En 1980 existían casi dos afiliados al sistema por cada persona en situación de pensionista o desempleado. En 1995, esta relación era sólo de 1,22. Desde 1995 al 2000 la situación ha vuelto ha mejorar gracias a la recuperación de la economía española, con crecimientos del PIB superiores al 3 por ciento anual. Debido a ello, ha aumentado notablemente el número de afiliados y se ha reducido el número de personas en situación de desempleo. Con ello, por cada persona pensionista existían 2,18 afiliados. A pesar de esta mejora, la situación es similar a la de hace una década, ya que en 1990 esta relación era de 2,17 (véase la tabla 1.4). 21

9 1.5. Qué diferencias existen entre los sistemas de reparto y los de capitalización? La Seguridad Social funciona mediante un sistema de reparto. Es decir, las cotizaciones que entran durante un año en el sistema se utilizan para abonar las prestaciones de ese mismo año. De este modo, los ingresos de un ejercicio se consumen a lo largo del mismo. No se reservan para abonar las prestaciones futuras, que se harán frente con las cotizaciones futuras. Mientras que los ingresos cubran las prestaciones previstas, este sistema goza de buena salud. Sin embargo, hemos visto que, por distintas causas demográficas y laborales, es muy posible que los ingresos procedentes de las cotizaciones crezcan a un ritmo menor que las prestaciones. Muchos teóricos han propuesto un cambio radical en la Seguridad Social. Por ejemplo, que el sistema de reparto sea sustituido por un sistema de capitalización. En este sistema, las aportaciones que realiza la empresa por cada trabajador y las que hacen los propios trabajadores se ahorran en «cuentas individuales» hasta que cada cotizante pase a la situación de jubilación. Las cantidades ahorradas se invierten en los mercados financieros e inmobiliarios y los intereses que generen se capitalizan junto a las aportaciones periódicas que se realizan. En definitiva, se trata del sistema que utilizan los planes de ahorro privados. Chile fue el primer país en implantar un sistema privado de capitalización. Por ahora, sus resultados han sido positivos. Sin embargo, esta fórmula no ha sido adoptada por ningún país de nuestro entorno. Además, el coste de sustitución de un sistema por otro hace que los planteamientos que se han realizado en España en este sentido no hayan pasado de meros ejercicios teóricos. Sin embargo, y como algo había que hacer para asegurar la viabilidad del sistema público, los partidos políticos llegaron a un consenso para reformar el sistema de pensiones y garantizar el mantenimiento de las pensiones públicas. Ese consenso se denominó Pacto 22

10 de Toledo. Se firmó en abril de 1995 y ha servido como base para que posteriormente (octubre de 1996) el Gobierno y los sindicatos firmasen un documento denominado «Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social». Basado en este acuerdo, el Gobierno desarrolló la legislación que reformó el sistema de las pensiones en España y que aún hoy sigue vigente: la Ley 24/1997, de 15 de julio, denominada como de «Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social» y conocida popularmente como «Ley de Pensiones» En qué consistió la reforma de las pensiones aprobada bajo el Pacto de Toledo? La reforma de las pensiones no cambió de forma radical el panorama anterior, pero sí lo modificó en numerosos puntos. Todas las modificaciones fueron en el mismo sentido: controlar los gastos para evitar un colapso del sistema. Analicemos los principales puntos que aborda esta reforma. El primero es la financiación. La normativa señaló como fecha tope el año 2000 para la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Este objetivo se ha cumplido, con excepción de los denominados complementos a mínimos. Ya en el año 2000 y en los presupuestos para el 2001 los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria prestada por el INSALUD, los servicios sociales del IMSERSO, las prestaciones económicas familiares y las pensiones no contributivas de la Seguridad Social son financiadas mediante aportaciones del Estado. En el Pacto de Toledo se decía que las cotizaciones de empresas y trabajadores estarán exclusivamente destinadas a costear los llamados gastos contributivos. Estos no son otros que las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas de las aportaciones realizadas por los afiliados. Es decir, las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez... Mientras, las prestaciones no contributivas de carácter asistencial se financiarán a través de los impuestos. Estas prestaciones asistenciales son la sa- 23

11 nidad, las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social. El segundo punto de la reforma se refería a los topes máximos de cotización y prestación. La normativa establece que en el 2002, todos los trabajadores contarán con idéntico tope de cotización. El objetivo es que todos ellos puedan acceder a una pensión de la misma cuantía. Hasta ahora, la cotización máxima es diferente, según la cualificación laboral. Es el llamado «destope» de las cotizaciones. El tercer aspecto que se reformó fue el cálculo de la pensión. En 1996, para calcular la cuantía de la pensión se tenía en cuenta las cotizaciones efectuadas durante los ocho últimos años. La Ley de Pensiones que entró en vigor en 1997 dice que para calcular la pensión es necesario tomar las cotizaciones efectuadas en los últimos 15 años de la vida laboral. Sin embargo, para no dar un salto brusco en la forma de cálculo, estableció que el aumento en el cómputo de años se diera de forma progresiva. Así, los que se jubilaron desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre de 1997, tuvieron que contabilizar las cotizaciones de los nueve últimos años. Los jubilados en 1998 contabilizaron los diez últimos años. Los de 1999, los once últimos. Y los del 2000, los doce últimos. Los que se jubilen en el 2001, tendrán que contabilizar los trece últimos años. En el 2002 se tendrán en cuenta los catorce últimos años, mientras que en el 2003 se calculará sobre los quince últimos. La Ley de Pensiones dejó una puerta abierta para que en el 2001 se valorase el ritmo de las reformas establecidas, de modo que se pudiese modificar el número de años para los ejercicios siguientes. Sin embargo, y como veremos más adelante, el acuerdo firmado entre Gobierno, organizaciones empresariales y el sindicato CC.OO. establece que se mantendrá el periodo transitorio hasta el 2003 para el cálculo de la cuantía de las pensiones. A partir de ese momento se abre la posibilidad de elevar nuevamente el número de años «de manera que se tenga en cuenta, de forma progresiva, el esfuerzo realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral». 24

12 Una vez esté en vigor el cálculo sobre los últimos 15 años cotizados, se utilizará la siguiente fórmula para hallar la cuantía de la pensión de jubilación: se dividirá por 210 las bases de cotización de los últimos 180 meses cotizados. Los 24 meses últimos se toman por su valor nominal. El resto se actualizan en función del IPC. Así se calcula la llamada base reguladora, sobre la que se establece el importe de la pensión. Respecto a la escala de aseguramiento, la Ley de Pensiones asegura el cien por cien de la base reguladora siempre que se haya cotizado un mínimo de 35 años. En este aspecto no hay cambios respecto a la situación anterior. Sin embargo, sí existen diferencias importantes para los que han cotizado menos de 25 años. Anteriormente, con 15 años cotizados se conseguía el 60 por ciento de la base reguladora. Y por cada año adicional cotizado, el porcentaje aumentaba en dos puntos. Tras la reforma de las pensiones, con 15 años cotizados sólo se asegura el 50 por ciento de la base reguladora. Cada año adicional que se cotice, el porcentaje se incrementa en tres puntos. Con 25 años se igualan la escala antigua y la nueva. Con estos años se consigue el 80 por ciento de la base reguladora. Cada año de cotización adicional aumenta el porcentaje en dos puntos (véase tabla 1.5.). El quinto aspecto importante regulado en la Ley de Pensiones son las exigencias mínimas para el acceso a una pensión. Los años de cotización exigibles para acceder la pensión mínima continúan siendo los mismos que antes de la reforma. Es decir, quince. Sin embargo, como hemos visto, la Seguridad Social garantiza el 50 por ciento de la base reguladora, cuando anteriormente era el 60. También se exige que durante los 15 años previos a la jubilación, el trabajador haya cotizado, al menos, dos. Anteriormente, estos dos años mínimos de cotización, debían estar en los ocho ejercicios previos a la jubilación. El sexto aspecto que ha modificado la legislación es la jubilación anticipada. La edad legal de jubilación continúa siendo 65 años. Sin embargo, cada año que se anticipe la jubilación, la base regu- 25

13 ladora sufrirá un recorte del ocho por ciento. La edad máxima a la que se puede adelantar la jubilación es a los 60 años. Con esta edad, la base reguladora sufre un recorte del 40 por ciento. Hay que recordar que para jubilarse anticipadamente es necesario haber ingresado antes del primero de enero de 1967 en lo que entonces se llamaba Mutualismo Laboral. Esta norma tiene una excepción. Se trata los trabajadores que se jubilen anticipadamente como consecuencia de la extinción de su contrato por causas no imputables a su libre voluntad y que, al menos, hayan cotizado durante 40 años. En estos casos, el porcentaje de reducción de la base reguladora pasa de un ocho a un siete por ciento por cada año que adelanten la jubilación. ESCALA DE ASEGURAMIENTO DE PENSIONES EN ESPAÑA Años cotizados % base reguladora Cuota anterior Nueva cuota Tabla

14 1.7. En qué consistirán las nuevas reformas? Como hemos visto, la Ley de Pensiones supuso una reforma de cierta entidad en el sistema público de pensiones. Pero ello no quiere decir que esta reforma sea la definitiva. Más bien supuso el inicio de una serie de reformas y adaptaciones para hacer viable el sistema de cobertura pública en el futuro. En los próximos años se acometerán nuevas restructuraciones. El 9 de abril del 2001 el Gobierno firmó un acuerdo con las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y con el sindicato CC.OO. en el que se basará la próxima reforma de las pensiones. Este consenso se denominó «Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social». Los principales puntos desarrollados en el acuerdo son los siguientes: Separación de las fuentes de financiación del sistema de protección social. El documento dice que se culminará el proceso de separación de los recursos para la financiación de la acción protectora de la Seguridad Social. En tal sentido, y dada la naturaleza no contributiva de los complementos a mínimos, se establecerá con carácter definitivo su ubicación, procediendo a las modificaciones normativas precisas. Asimismo, se fijarán en las Leyes de Presupuestos las aportaciones del Estado hasta la financiación total de tales complementos con cargo a las aportaciones del Estado, en un plazo que superará los 12 años. Aplicación de excedentes. Las partes firmantes del acuerdo consideran que sería un elemento útil de garantía para la consolidación del sistema de Seguridad Social que el Gobierno, de acuerdo con las posibilidades económicas de cada momento, dedicar prioritariamente los excedentes en cotizaciones sociales provenientes de las liquidaciones presupuestarias a la dotación de un «fondo de reserva». También se abre el camino para que los citados excedentes puedan dedicarse también a la reducción de las cotizaciones sociales. Fondo de reserva. Los firmantes fijan la cuantía que debe alcanzar dicho «fondo de reserva» en una mensualidad ordinaria del 27

15 total de pago de prestaciones periódicas que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social más el correspondiente prorrateo de pagas extraordinarias. En el documento se estima que esta mensualidad se situará en torno a los millones de pesetas en el año 2004, aunque dice que sería deseable que este fondo se incrementase hasta un importe de un billón de pesetas. Este «fondo de reserva» deberá utilizarse en situaciones estructurales de déficit financiero del sistema de la Seguridad Social en su nivel contributivo. Retrasar la jubilación. El acuerdo propone modificar la legislación actual con la finalidad de que los trabajadores puedan retrasar su edad de jubilación. Para promover la permanencia de las personas en su actividad, el Gobierno se compromete a los siguientes puntos: Primero: permitir la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el desarrollo de actividades laborales. Segundo: exonerar el pago de cotizaciones sociales por contingencias comunes de los trabajadores de 65 o más años. Tercero: ofrecer la posibilidad de acceder a pensiones de incapacidad permanente aunque el trabajador tenga 65 años o más. Cuarto: estudiará la posibilidad de que el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación pueda superar el 100 por cien respecto de aquellos trabajadores que permanezcan en activo más allá de los 65 años y con 35 años años de cotización. En todo caso, se mantiene en 65 años la edad mínima general de acceso a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social. Jubilación anticipada. Se permitirá acceder a la jubilación anticipada, a partir de los 61 años, a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad al primero de enero de 1967, siempre que se reúna los siguientes requisitos: Primero: estar incluido en el régimen general o en alguno de los regímenes especiales que ya contemplen la jubilación anticipada. Segundo: acreditar un periodo mínimo de cotización de 30 años. Tercero: que el cese en el trabajo no se haya originado por causa imputable al trabajador. 28

16 Cuarto: que el trabajador se encuentre inscrito en el INEM. El coeficiente reductor aplicable a la pensión de jubilación cuando se acceda a la misma a una edad inferior a los 65 años, ya sea por esta nueva regulación o por acceder a la jubilación anticipada en base a la actual regulación, será la siguiente: un 6 por ciento por cada año que falte para los 65 años cuando se haya cotizado 40 años o más; 6,5 por ciento por cada año cuando se haya cotizado 38 o 39 años; 7 por ciento por cada año cuando se haya cotizado entre 35 y 37 años; 7,5 por ciento por año cuando se haya cotizado entre 31 y 34 años. Y un 8 por ciento por cada año que falte para los 65 cuando se hayan cotizado 30 años o menos. Años para el cálculo de la base reguladora. Se revisará el sistema de cálculo de la base reguladora, de manera que se tenga en cuenta, de forma progresiva, el esfuerzo realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral. La revisión se efectuará a partir del año 2003, una vez finalizado el periodo transitorio de ampliación del cálculo de la base reguladora hasta 15 años. Pensión de viudedad. Se aumentará de forma progresiva el porcentaje aplicable a la base reguladora a efecto del cálculo de esta pensión. Este porcentaje pasará de forma gradual del 45 al 52 por ciento. En el supuesto de pensionistas de viudedad con cargas familiares y en los que la pensión de viudedad suponga la principal fuente de rentas, el citado porcentaje pasará al 70 por ciento. Pensión de orfandad. Se aumentará el límite de edad para la percepción de esta pensión cuando el huérfano no trabaje o cuando, haciéndolo, los ingresos percibidos no superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional Por qué debo complementar la pensión pública? Las pensiones públicas ya han sufrido un recorte importante. El cálculo de la pensión se realizará sobre los últimos 15 años cotizados, en vez de sobre los ocho últimos. Normalmente, la media del 29

17 salario (cifra por la que se mide la cotización) de estos últimos ocho años es superior a la media calculada sobre los 15 últimos ejercicios. Además, el documento firmado por Gobierno, principales organizaciones empresariales y el sindicato CC.OO., profundiza en estos recortes. Este documento servirá de base para la nueva reforma de pensiones, que abordará un incremento del número de años a la hora de calcular el importe de las pensiones. Así pues, si se quiere mantener el nivel de vida en el momento de la jubilación, es necesario haber ahorrado entonces la cantidad suficiente para conseguir una renta que cubra la diferencia entre el último sueldo antes de la jubilación y la pensión pública. Actualmente, la pensión máxima cubre el 90 por ciento del último salario, con una cantidad tope de pesetas al mes. A esta pensión máxima sólo acceden aquellas personas que reúnen una serie de requisitos (número de años cotizados, grupo de cotización...). La necesidad de ahorrar será más acuciante para los que obtienen rentas altas. Cuanto mayor sea la diferencia entre el último salario y la pensión máxima establecida para cada ejercicio, mayor tendrá que ser el complemento que provenga del ahorro personal y privado. Ahorrar con vistas a la jubilación también será muy recomendable para los que se jubilen anticipadamente o para los que no lleguen a cotizar un mínimo de 35 años. En ambos casos, la base reguladora sufre recortes importantes. Recortes que la sitúan en línea con la del resto de los países europeos. 30

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