CONTINUIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA.

Transcripción

1 Conferencia del Presidencia belga de la UE: Asegurando pensiones y prestaciones adecuadas y suficientes para los ciudadanos europeos. Liège, 7 y 8 de Septiembre Intervención del Secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, en la sesión II, (Panel ministerial sobre experiencias nacionales sobre como asegurar la sostenibilidad y adecuación de los sistemas de pensiones). CONTINUIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA. Señoras y señores, deseo expresar en primer lugar mi agradecimiento a la presidencia belga, en especial a los ministros Daerden y Onkelinx, por haber dado prioridad en su programa para este semestre a las cuestiones relativas a pensiones y por darme la oportunidad de participar en esta importante Conferencia, en la que abordamos el futuro de los sistemas de pensiones en cada uno de nuestros países. En el contexto de respuestas a la crisis y de lanzamiento de la nueva estrategia UE2020, es importante que reflexionemos conjuntamente sobre como adecuar y utilizar del mejor modo posible el método abierto de coordinación en materia de pensiones, para que nos sea de plena utilidad en nuestros procesos y estrategias nacionales de reforma. Esto, entiendo que será abordado en la sesión posterior. En este panel, voy a presentarles brevemente, los aspectos clave de la experiencia española sobre como abordamos el equilibrio estratégico necesario entre sostenibilidad y adecuación. Señoras y señores, Desde 1995, las fuerzas políticas y sociales españolas suscribieron el denominado Pacto de Toledo, trazando una hoja de ruta que se ha mantenido, por encima de las alternancias parlamentarias, y que ha permitido la mejora de la situación económica y de la 1

2 sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. El Pacto de Toledo es supervisado, de forma permanente, por una Comisión Parlamentaria que evalúa tanto la situación presupuestaria del sistema, las modificaciones legislativas, la marcha del Fondo de Reserva, y los documentos que con periodicidad trienal remite España a la Comisión Europea sobre perspectivas de futuro del sistema de pensiones. Esta Comisión debe presentar antes de final de año sus conclusiones sobre las reformas necesarias que debe acometer el sistema de pensiones español para garantizar su futuro. Desde la aprobación del Pacto, el sistema de pensiones español ha emprendido un conjunto de reformas que explican su positiva situación presente. La financiación de la sanidad, de los servicios sociales y los cuidados a la dependencia han pasado a ser financiados al 100% por los tributos generales, reservándose las cotizaciones sociales para el sostenimiento de las pensiones, las prestaciones económicas en caso de enfermedad y las prestaciones contributivas de desempleo. El sistema de Seguridad Social se ha dotado de un Fondo de Reserva, que se nutre de los excedentes del sistema que, junto a otros fondos auxiliares, totalizará millones a finales de este año, y que debe permitirnos acometer las reformas en un ámbito temporal adecuado sin dificultades sociales. Desde 2004 nos hemos concentrado en el desarrollo de una política de apoyo a la conciliación entre vida laboral y personal y familiar, a fin de permitir que las dificultades económicas o las obligaciones del trabajo no mediatizaran negativamente las decisiones de las personas sobre su desarrollo familiar. La reducción de los estímulos legales y económicos a la anticipación de la edad de jubilación ha permitido el crecimiento efectivo de la edad de salida del mercado del trabajo por encima de la media europea. La reducción de la economía informal y la elevación de las bases mínimas de cotización, especialmente intensa en el caso de las situaciones especiales de infracotización (trabajadores agrarios, del mar, autónomos, etc) han permitido el incremento tanto de los ingresos generales como de la contributividad. La prevención de riesgos 2

3 laborales y la mejora de las condiciones de trabajo han disminuido el reconocimiento de pensiones de incapacidad, que además han visto modificar su configuración legal, disminuyendo su papel como puerta de acceso falsa a las prestaciones del sistema, y parte de las salidas precoces del mercado del trabajo. Estas medidas, junto con las operadas en la reducción de los gastos de gestión, han permitido que la dureza de la crisis económica no haya impactado en las cuentas del sistema de protección con similar dureza a la experimentada por los ingresos del conjunto del sector público, y en este sentido, hayamos podido incluso seguir progresando los últimos años en la reducción de los colectivos situados por debajo de la tasa de pobreza, en especial de los mayores de 65y en la mejora de las pensiones mínimas, una las políticas decididas que ha desarrollado el gobierno español en los últimos años.pero necesitamos de cara al futuro adecuar el sistema público a los cambios demográficos y sociales. El incremento de la esperanza de vida, en especial de los mayores de 65 años, coincide con la disminución de la natalidad y fecundidad y nos describe para el futuro una sociedad que envejece a un ritmo acelerado pudiendo llegar a suceder que se incremente el número de habitantes en España a pesar de no alcanzar la tasa de regeneración del 2,1%. A esto se une que la entrada en el mercado de trabajo se retrasa por la mayor cualificación, pero también por el fuerte paro juvenil. Todos estos cambios van a incidir en la evolución de nuestras tasas de dependencia y el incremento futuro del numero de pensiones a reconocer. De ahí que el documento remitido por el Gobierno de España a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo abogue por continuar retrasando la edad efectiva de jubilación, actuando no sólo sobre las jubilaciones anticipadas sino sobre la edad legal, es decir, combinando la firmeza en el retraso de la edad de jubilación con la flexibilidad necesaria, tanto en el tiempo, como en la atención a las 3

4 vidas laborales con carreras más extensas o con trabajos que supongan mayor esfuerzos físicos o desempeños más penosos. Apostamos asimismo por un procedimiento de cómputo de la pensión de jubilación que sea más sensible al esfuerzo realizado en periodos más amplios de la vida laboral, para evitar tanto la planificación fiscal (el concentrar los esfuerzos contributivos en los periodos tomados como base para el cálculo de las prestaciones) como los perjuicios ocasionados a los trabajadores despedidos en la última etapa de vida laboral. El incremento de los periodos de cómputo para la pensión de jubilación (actualmente los últimos 15 años), o la incorporación de los mismos para el cálculo de las pensiones de incapacidad se han realizado en las últimas reformas sin perjuicios para los cotizantes, incrementando los ingresos del sistema, y haciendo más correspondiente la evolución de cotizaciones y prestaciones. La propuesta del Gobierno aboga asimismo por una mayor flexibilidad en la adopción de las decisiones individuales sobre la jubilación, y en este sentido por un desarrollo de la previsión social complementaria que acerque a España a la media europea, manteniendo claramente el papel predominante del sistema público, el elemento fundamental de nuestro sistema de bienestar que garantiza para los españoles sus rentas como pasivos, el equilibrio social y territorial. Estas son las aportaciones desde la experiencia española sobre las que quería centrar mi intervención. Espero que el esfuerzo por sintetizar no me haya deslizado hacia la simpleza. Muchas gracias. 4

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