REPUBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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Silvia Rojo Sosa
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Resolución No. 1167-2004, del 22 de septiembre de 2004, que estable que las decisiones de amparo no son susceptibles de demanda en suspensión de su ejecución.

1 Resolución No , del 22 de septiembre de 2004, que estable que las decisiones de amparo no son susceptibles de demanda en suspensión de su ejecución. Dios, Patria y Libertad República Dominicana En Nombre De La República Vista la instancia del 23 de abril de 2004, dirigida a la Suprema Corte de Justicia y suscrita por los Dres. Ramón Pina Acevedo M., Artagnan Pérez Méndez, y los Licdos. Jorge Luis Polanco R., Carlos R. Salcedo Camacho y José Lorenzo Fermín Mejía, notificada a la parte recurrida Listin Diario C por A., Magistrado Procurador General de la República y Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en la cual se solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 22 de abril de 2004, recurrida en casación, cuya parte dispositiva dice de la manera siguiente: Primero: Declara Nulos de oficio, por falta de capacidad para accionar y ser accionados en justicia, los recursos de apelación incidentales interpuestos por la Procuraduría General de la República o la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, al tenor de los actos Nos , de fecha primero de agosto de 2003, diligenciado por Moisés Rodríguez Pérez, alguacil ordinario de la

2 Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Séptima Sala, y 1750/2003, de fecha 4 de agosto de 2003, instrumentado por William Radhamés Ortiz Pujols, alguacil ordinario de esta Corte; Segundo: Declara buenos y válidos en la forma, por haber sido interpuesto según las reglas procesales que rigen la materia, los recursos de apelación hechos por el Estado Dominicano, el Banco Intercontinental, S. A., el Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Banco de la República Dominicana, contra la ordenanza de amparo No , rendida a favor de la razón social Editora Listín Diario, C. por A., por el Magistrado Juez de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Tercero: Confirma los ordinales primero, cuarto, y quinto de la ordenanza apelada; Cuarto: Confirma, con las modificaciones que se dirán, los ordinales segundo y tercero de la ordenanza apelada, para que se lean de la manera siguiente: Segundo: Acoge la presente acción de amparo por Editora Listín Diario, C. por A. por las razones que la Corte provee, antes expuestas, y, en consecuencia: a)- Declara la designación del Director del Listín Diario, hecha en fecha 15 de mayo de 2003, violatoria al derecho fundamental a la libre empresa, consagrada en el numeral 12, del artículo 8 de la Constitución; b) Ordena al Estado Dominicano, en cabeza del órgano al que corresponda, la inmediata resposición en la persona que indique el órgano de gestión de

3 Editora Listín Diario, del Director de dicho diario, así como la entrega de las oficinas del mismo, ubicadas en el edificio número 52 de la calle Paseo de los Periodistas, del Ensanche Miraflores, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional ; Quinto: Declara común y oponible la presente ordenanza, al Banco Central de la República Dominicana, el Banco Intercontinental, S. A., y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; Sexto: Declara la presente acción de amparo libre de costas, por los motivos ya expuestos ; República; Visto el dictámen del Magistrado Procurador General de la Visto el artículo 12 de la Ley sobre Procedimiento de Casación No del 29 de diciembre de 1953, modificado por el artículo 8 de la Ley No. 845, del 15 de julio de 1978; Visto el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969, sancionado por el Congreso Nacional por Resolución No. 739, del 25 de diciembre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 9460, del 11 de febrero de 1978; Visto la sentencia No. 9 del 24 de febrero de 1999, de la Suprema Corte de Justicia, que instituye el procedimiento para ejercer el recurso o acción de amparo;

4 Atendido, que el recurso de amparo en nuestra organización judicial, no está reglamentado por la ley, siendo un derivado de las disposiciones del artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre del 1969, el cual se ejerce mediante un procedimiento instituido por la Suprema Corte de Justicia, por sentencia del 24 de febrero del 1999, en virtud de las facultades que le otorga el inciso 2, del artículo 29 de la Ley No. 821, de Organización Judicial y el artículo 14 de la Ley No , del 15 de octubre del 1991, orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No , del 10 de julio de 1997, lo que consecuencialmente le autoriza determinar lo relativo a la suspensión de la ejecución de las decisiones que medien en esta materia; Atendido, que persiguiendo el recurso de amparo conjurar vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas protegidos por la Constitución y otros instrumentos de igual jerarquía, en forma rápida y expedita, resulta contrario a esa finalidad permitir que las decisiones adoptadas por el juez del amparo sean susceptibles de demanda en suspensión de su ejecución de parte del que resulte perdidoso, pues ello le restaría eficacia a la acción de amparo como recurso sencillo, rápido y efectivo; Atendido, que en esa virtud y sin perjuicio de la decisión que adopte la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sobre

5 la admisibilidad del recurso de casación pendiente entre las partes, la demanda en suspensión de que se trata resulta inadmisible. Por tales motivos: Primero: Declara irrecibible la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 22 de abril de 2004, solicitada por el Banco Central de la República Dominicana, Banco Intercontinental, S. A., y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; Segundo: Ordena que la presente resolución sea comunicada al Procurador General de la República, a las partes interesadas y publicada en el Boletín Judicial. Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 2 de septiembre de 2004, años 161 de la Independencia y 142 de la Restauración. Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce María Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor, José E. Hernández Machado, Grimilda Acosta, Secretaria General La presente resolución ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. A. A. F.

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