en salud La cobertura Desde hace casi tres décadas, cuando Patricia Noemi Vargas Becerra*

Transcripción

1 La cobertura en salud y el Seguro Popular Palabras clave: seguro popular, cobertura en salud, desigualdad en salud, derechohabiencia Patricia Noemi Vargas Becerra* Desde hace casi tres décadas, cuando la Constitución mexicana reconoció formalmente el derecho a la salud, se ha dado la aparición de nuevas figuras institucionales o planes de extensión que han puesto el acento en el concepto de protección social de la salud como derecho ciudadano universal, y se ha ubicado en el centro del debate la cobertura universal de servicios de salud como una condición indispensable para lograr el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, en los que se asigna una alta prioridad a la salud. En este sentido, este artículo pretende llamar la atención sobre las tendencias recientes de la cobertura en salud en el último decenio, a través del análisis de los cambios en la derechohabiencia desde la implementación de un programa de ampliación de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud, a través del Seguro Popular. Los censos de población proporcionan información que hace posible la construcción de indicadores para conocer la cobertura en salud de la población, al preguntar a los mexicanos si tienen derecho a servicios médicos en alguna de las principales instituciones de salud públicas o privadas. En los últimos diez años, la cobertura en salud ha aumentado en nuestro país. En el año 2000, cuatro de cada diez mexicanos declararon ser derechohabientes a servicios de salud (40.1%), en 2005 la cifra tuvo un ligero incremento de 4.6 puntos porcentuales y en 2010 casi dos de cada tres personas tenían acceso a cobertura de servicios médicos (64.6%). 1 Si bien se han alcanzado logros al incrementarse la población que declara tener derecho a servicios médicos en alguna institución, todavía se tiene que progresar en la disminución de las brechas en esta cobertura entre las diversas entidades federativas del país. 52

2 A inicios del presente siglo, cinco estados del norte del país tenían las coberturas más altas: Coahuila (69.7%), Nuevo León (65.9%), Baja California Sur(58.9%), Sonora (56.4%) y Chihuahua (56.2%). En cambio, los estados con las coberturas más bajas eran Chiapas (17.6%), Guerrero (20.3%), Oaxaca (22.6%), Puebla (24.9%) y Michoacán (26.1%). Una década después, Colima (81.3%), Aguascalientes (78.5%), Nuevo León (77.1), Campeche (76.8) y Coahuila (76.5%) son las entidades con las coberturas más elevadas, mientras que Puebla (49.5%), Guerrero (53.3%), Michoacán (54.2%), Oaxaca (56%) y Chiapas continúan como las entidades con menores coberturas (véase la gráfica 1). Para tener una idea más clara de los cambios en la cobertura y sus progresos, tanto a nivel nacional como en cada entidad federativa, se estimó un índice relativo de avance en la cobertura en salud (IRAC). 2 A nivel nacional, el índice es de 1.6, mientras que los estados con menores coberturas en 2010 son los que han tenido mayores avances. Puebla es el estado que tiene la menor proporción de población derechohabiente y tiene un indicador de avance en la cobertura de 2, es decir, que en diez años duplicó su cobertura. En este sentido, Chiapas es el estado con mayores progresos, dado que tiene un indicador de 3.2, esto es, que triplicó su cobertura en este Gráfica 1. México. Población derechohabiente de servicios de salud por entidad federativa, E.U.M. COL. AGS. N.L. CAMP. COAH. NAY. B.C.S SIN. YUC. SON. QRO. TAB. TAMPS. CHICH. S.L.P. GTO. B.C. ZAC. DGO. Q. ROO. HGO. JAL. D.F. MOR. TLAX. VER. MEX. CHIS. OAX. MICH. GRO. PUE Fuente: Estimaciones propias basados en los resultados de los censos de población de 2000 y

3 decenio. En esta misma línea, Guerrero (2.6), Tabasco (2.5) y Oaxaca (2.5) duplicaron su cobertura. En cambio, las entidades federativas con porcentajes altos de derechohabiencia, como Coahuila y Nuevo León, son los que registran los menores avances en cobertura (1.1 y 1.2 respectivamente). El Distrito Federal (1.2), Baja California Sur (1.3) y Chihuahua (1.3) también tienen avances mínimos. Al analizar con mayor detalle a la población con derecho a servicios de salud por institución, la evidencia encontrada muestra que, en el periodo , el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución que agrupa a la mayor proporción de población derechohabiente. Según el censo de población de 2000, 32.3% de los mexicanos tenían derecho servicios médicos del IMSS, cifra que disminuye a 31.5% en La población derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) muestran un discreto incremento ya que pasó de un 5.7% a 6% en estos diez años. En cuanto a la población que cuentan con servicios médicos de algún seguro privado o de otra instancia también presentan un ligero aumento en el último decenio (véase la gráfica 2). El Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación merecen un análisis particular, dado que forman parte del Sistema de Protección Social en Salud y buscan otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para quienes no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Estos mecanismos presentan una situación diferente respecto a las instituciones de salud anteriormente examinadas, ya que entraron en funcionamiento como un programa piloto entre 2001 y 2003, antes de la reforma a Ley General de Salud. Gráfica 2. México. Distribución porcentual de la población según institución de salud de derechohabiencia, Social ISSSTE Pemex, Def. o Marina Popular Privado Otra Fuente: Estimaciones propias basados en los resultados de los censos de población de 2000 y Sin servicios médicos No Espec. 54

4 La ley que establece el nuevo sistema fue aprobada en abril de 2003 y entró en vigor el primero de enero de 2004, con la meta de alcanzar la cobertura universal en materia de aseguramiento en salud en el año Esta meta se estableció a partir de datos del censo de población de 2000, según los cuales 57% de la población no tenía cobertura de servicios de salud, por lo que el objetivo fue asegurar a los poco más de 50 millones de mexicanos que en ese momento no tenían acceso (Frenk et al., 2007). En este sentido, el conteo de población de 2005 mostró que, a tres años de haber iniciado sus operaciones, 7% de los habitantes de nuestro país reconoció tener derecho a servicios médicos por medio del Seguro Popular. Cinco años después, un poco más de dos de cada diez mexicanos declararon ser derechohabientes del Seguro Popular. Esto significa que el incremento en la derechohabiencia de los últimos diez años (24%) se debe principalmente al Seguro Popular (23.1%), lo que equivaldría a millones de personas (véase la gráfica 2). 4 Según estos datos, por un lado, no se alcanzó la meta de cubrir a 50 millones de personas y, por el otro, todavía existen 38 millones de mexicanos que declararon no tener derecho a servicios médicos. Si bien se han obtenido logros al incrementarse la cobertura de servicios de salud, todavía se tiene que enfrentar otros desafíos, como la eliminación de las desigualdades en la cobertura, el acceso y la utilización de los servicios, así como la reducción de las inequidades en la provisión de servicios, mejorando su disponibilidad en todo el territorio nacional. En nuestro país persiste una situación de heterogeneidad en la derechohabiencia, que se ha acentuado con la presencia del Seguro Popular, y que se ha incrementado en el último quinquenio de la década pasada, ya que mientras en el año 2000 el IMSS daba cobertura a la gran mayoría de la población derechohabiente en casi todas las entidades federativas, en 2010 se observan diferencias entre los estados, que pueden traducirse en inequidades en la cobertura de salud. Esto es así debido a que la población derechohabiente de la seguridad social laboral tiene cubiertas todas las intervenciones de asistencia médico-quirúrgica y obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, así como servicios de medicina preventiva y rehabilitación. En cambio, la población afiliada al Seguro Popular tiene una cobertura limitada a un paquete de servicios y medicamentos restringida a 275 intervenciones médicas, 128 patologías y 49 intervenciones en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). En este sentido, en Coahuila, Nuevo León y Jalisco, la mayoría de la población es derechohabiente del IMSS (73.8, 73.3 y 64.6%, respectivamente), mientras que en Chiapas, Tabasco y Guerrero, el Seguro Popular brinda acceso a una amplia proporción de la población derechohabiente (65.1, 60.5 y 58.8%, respectivamente) (véase los anexos 1 y 2). Al respecto, en Chiapas, que es uno de los estados con menor infraestructura sanitaria, seis de cada diez habitantes son derechohabientes del Seguro Popular y la atención médico-sanitaria prácticamente se da a expensas de los servicios de atención de la red pública de la Secretaría de Salud y de los sistemas estatales de salud, ya de por sí insuficientes, por lo que no se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad a la población derechohabiente. En cambio, en Nuevo León, uno de los estados con mayor infraestructura sanitaria, ocho de cada diez habitantes están adscritos a algún esquema de seguridad social. Estas diferencias plantean una inequidad estructural de origen, que configura condiciones desiguales de acceso de la población a los servicios médicos. 55

5 Al respecto, a ocho años del surgimiento del Seguro Popular aún no se ha logrado abatir la brecha entre los servicios que reciben la población asegurada y la población sin cobertura. En cambio, ha permanecido un sistema segmentado y estratificado, que no ha hecho posible consolidar un sistema unificado y homogéneo en sus prestaciones, en un contexto en el que se conjugan circunstancias financieras desfavorables y entornos políticos inciertos. Así, los esfuerzos del Sector Salud por alcanzar las metas en materia de la cobertura universal en salud, ahora planteada para el año 2011, se tornan más apremiantes (Celade, 2010). En consecuencia, parece lejano el anhelo de satisfacer el criterio de igualdad para todos los mexicanos en sus oportunidades de acceso a los servicios de salud. *Universidad de Guadalajara, patriciavargas72@gmail.com. Notas 1 El término cobertura se utiliza en la acepción de tener derecho, filiación o aseguramiento, no se trata de un acceso real a los servicios médicos o su utilización. La derechohabiencia captada por medio de los censos da cuenta sólo de un mecanismo institucional para tener acceso a los servicios y no debe confundirse con el acceso real a ellos. 2 El IRAC es utilizado a manera de indicador sintético que nos permite medir los avances en la cobertura en salud. Se estima de la siguiente forma: donde Pd es población derechohabiente y Pt es población total. 3 En el contexto de esta reforma el término universal tiene dos significados: cubrir a todos y hacerlo sin ningún tipo de discriminación. La Ley General de Salud dice a la letra: se alcanzará la oferta de afiliación universal al Seguro Popular a toda mexicana y mexicano no derechohabiente de la seguridad social en el Cifra que no cuadra con los datos reportados por la Dirección de Filiación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre filiación al Seguro Popular, en donde se señala en 2010 había 42.6 millones de afiliados (CNPSS, 2011). Referencias CNPSS (20011), Número de afiliados al Seguro Popular, , México, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en: &view=article&id=147&itemid=63 Frenk Julio, Eduardo González-Pier, Octavio Gómez- Dantés, Miguel Ángel Lezana y Felicia Knaul. (2007), Reforma integral para mejorar el desempeño del sistema de salud en México, en Salud Pública de México,vol. 49, supl. 1, pp. S23-S36. Celade (2010), Población y salud en América Latina y el Caribe: retos pendientes y nuevos desafíos, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe [LC/ L.3216(CEP.2010/3)], en: xml/8/39438/lcl3216_cep2010.pdf. 56