Ciudadano Clodosbaldo Russián Contralor General de la República Su Despacho.-

Transcripción

1 Ciudadano Clodosbaldo Russián Contralor General de la República Su Despacho.- Quien suscribe, Ricardo Ludwig Estévez Mazza, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº , actuando en nombre propio y Alejandro Plaz Castillo, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número , actuando en nombre propio y en el de la asociación civil SÚMATE, inscrita en el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 2002, bajo el n 24, Tomo I, Protocolo Primero, asistido en este acto por el abogado Johan Manuel Pérez Medina, titular de la cédula de identidad número , e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número , ante usted muy respetuosamente ocurrimos, a los fines de interponer formal DENUNCIA en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) en virtud de su omisión en presentar la debida rendición de cuentas de las operaciones y resultados de su gestión, y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 20 de la Ley Contra la Corrupción y 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. La presente solicitud la formulamos con base en los argumentos de hechos y de derecho que señalamos a continuación: I DE LOS HECHOS Al Consejo Nacional Electoral se le asignó como Presupuesto Ordinario, en los ejercicios fiscales del 2003, 2004 y 2005, las siguientes cantidades: La cantidad de Ochenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Mil Bolívares ( BS), según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal

2 2003, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.618, Extraordinaria, de fecha 19 de diciembre de 2002 (anexo marcada A ). La cantidad de Ciento Cincuenta Mil Quinientos Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Bolívares ( BS), según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.678, Extraordinaria, de fecha 16 de diciembre de 2003 (anexo marcada B ). La cantidad de Trescientos Setenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Millones Novecientos Mil Bolívares ( BS), según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.743, Extraordinaria, de fecha 13 de diciembre de 2004 (anexo marcada C ). Es el caso, que en ninguno de los ejercicios fiscales anteriormente mencionados, la Directiva del Consejo Nacional Electoral ha presentado formalmente ante la Asamblea Nacional la debida rendición de cuentas de las operaciones y resultados de su gestión, ni el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 20 de la Ley Contra la Corrupción y 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. II DEL DERECHO La rendición de cuentas en el nuevo orden constitucional venezolano, no sólo se consagra como derecho político y de información, sino que es un principio que rige a la administración pública. En tal sentido, el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que

3 La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. (Resaltado nuestro). En este sentido, es la obligación de todos los servidores públicos rendir cuentas y explicar y justificar su gestión administrativa al público y a los ciudadanos, así como a los organismos de control competentes. También es el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y acepten su responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño. La rendición de cuentas exige presentar informes a los órganos públicos de fiscalización y a las que proveen los fondos. Dicha supervisión se asegurada a través del monitoreo regular y a través de las auditorias de reportes financieros y de desempeño ejercidos por dichos órganos, los cuales pueden evaluar el gasto efectuado y el cumplimiento de los deberes formales y sustanciales para la ejecución presupuestaria, así como la gestión producto de dicha ejecución presupuestaria. Por otra parte, la eficacia y eficiencia son principios esenciales en toda organización, más aún en aquellas de naturaleza pública donde está en juego el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos. Es por ello, que desde el punto de vista interno de la propia organización administrativa, la ineficacia debería conducir, al menos, a la dimisión o al cese de las funciones de los funcionarios que ocupan un cargo determinado en la Administración Pública Nacional, sin perjuicio, de que la ineficacia puede eventualmente dar lugar a supuestos de responsabilidad de la Administración si se dan los requisitos para su exigencia. Junto al principio de eficacia, tenemos la eficiencia, que hace referencia a una adecuada política de gasto en relación al servicio

4 a prestar. Sin duda alguna, la asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. En todo caso, el funcionamiento de la Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Aunado a ello, la Administración Pública debe procurar que sus unidades de apoyo administrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector correspondiente mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los órganos y entes, previo estudio económico y con base en los índices que fueran más eficaces de acuerdo al sector correspondiente, deben determinar los porcentajes mínimos de gasto permitido. En este contexto, la rendición de cuentas, está establecida en la Ley Orgánica de Administración Pública, al establecer lo siguiente: Artículo 11 Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la Administración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones que determine la ley. (Resaltado nuestro). Podemos afirmar asimismo, que la rendición de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente, lo correcto de la actuación de la administración en el manejo y custodia de los recursos, la cual constituye la garantía de una efectiva modernización del Estado. Conceptualmente, la rendición de cuentas es el acto mediante el cual el obligado a rendirla pone a disposición del organismo contralor todos los libros, registros y comprobantes que integran la cuenta, a los efectos de su correspondiente examen y auditoria.

5 Asimismo, la importancia de la rendición de cuentas estriba en los siguientes aspectos: 1. En el control de los ingresos nacionales, de los bienes nacionales y del gasto público. 2. Como marco de referencia para la Auditoria de gestión. 3. Como factor preventivo de los delitos contra la cosa pública 4. Como elemento fundamental en el orden administrativo del Estado. 5. Como un instrumento para el resarcimiento de los daños patrimoniales (Reparo). De igual manera, la doctrina ha señalado que la responsabilidad es el principal elemento asociado a la rendición de cuentas. Como dice Borrero: "Planificar, ejecutar de acuerdo con las metas y los propósitos proyectados, y emitir honesto juicio evaluativo sobre sus realizaciones, son actos propios de las personas y las instituciones responsables. Dicho de otro modo, la Rendición de Cuentas es el principal escenario para evidenciar el grado de responsabilidad de instituciones En este sentido, el Ente encargado de velar por el cumplimiento de lo contemplado en las leyes en esta materia, es la Contraloría General de la República, constituyéndose en el órgano de control, vigilancia y fiscalización de todos aquellos Entes que manejen o custodien recursos públicos de las operaciones y resultados de su gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el presente caso, el Consejo Nacional Electoral se encuentra dentro de los Órganos y Entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional sujetos al cumplimiento del deber de rendir cuentas y la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República de exigirla y establecer las responsabilidades correspondientes, si fuera el caso. Fundamentamos nuestra petición de conformidad a lo establecido en el artículo en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el cual consagra la obligación específica para el Consejo Nacional Electoral de presentar a la Asamblea Nacional la rendición

6 de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente dentro de los sesenta (60) días posteriores al vencimiento del ejercicio anual. Es por ello, que en virtud de ser la rendición de cuentas un principio que rige a la Administración Pública Nacional, el Consejo Nacional Electoral ha incumplido con la obligación de presentar la debida rendición de cuentas de las operaciones y resultados de su gestión y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2003, 2004 y Cabe resaltar, que la rendición de cuentas es otro aspecto importante de la integridad del sistema electoral. Después de todo, las elecciones son un medio a través del cual los ciudadanos hacen responsables y sujetos de rendición de cuentas a las autoridades elegidas, en donde los oficiales electorales son responsables y deben de rendir cuentas por el tipo de proceso electoral que administran y por el manejo del presupuesto para estos fines. Por otra parte cabe señalar, las consecuencias jurídicas que establece el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como supuesto generador de responsabilidad administrativa a aquellos Órganos, que estando obligados a rendir cuentas, no lo hicieren. En este sentido, dicho artículo establece lo siguiente: Artículo 91 Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación. 25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas o no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

7 De conformidad con el dispositivo normativo anteriormente mencionado, en virtud de demostrarse la omisión del Consejo Nacional Electoral de presentar la debida rendición de cuentas de las operaciones y resultados de su gestión y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005, solicitamos se abra la correspondiente averiguación administrativa en el caso particular, se sustancie y se decida conforme a derecho. III PETITORIO De conformidad con las disposiciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, con fundamento en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, solicitamos se ordene al Consejo Nacional Electoral, en la persona de su Presidente, la obligación de rendir cuentas de las operaciones y resultados de su gestión y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005, sin perjuicio de las sanciones prevista en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Siendo el caso que se establezca el incumplimiento de la obligación de rendir las correspondientes cuentas, solicitamos que este organismo establezca, en el procedimiento que solicitamos se inicie, las correspondientes responsabilidades administrativas y, subsecuentemente, oficie a los organismos competentes para que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud del incumplimiento declarado. A los fines de toda notificación, señalamos como domicilio especial: la Avenida Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, Piso 5, Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda. Es justicia que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación.