RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 820/2014 C.A. Galicia-101/2014 Resolución nº 819/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 31 de octubre de VISTO el recurso interpuesto por D. J.L.C.R., en nombre y representación de la entidad SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A. contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de la Diputación de Pontevedra de fecha 22 de septiembre de 2014 por el que se acuerda la exclusión de la empresa en el seno de la licitación del contrato de digitalización de las fuentes documentales, bibliográficas, gráficas, cartográficas, sonoras y audiovisuales de la Diputación de Pontevedra y de los ayuntamientos de la provincia dentro del marco del proyecto "depotic: la Tecnología en tus manos", el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Diputación de Pontevedra publicó la convocatoria de la licitación del contrato antes señalado en el Boletín Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Estado con fecha 2 de julio de 2014, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de fecha 10 de julio de Segundo. A la citada licitación concurrieron las siguientes empresas: - INDRA SISTEMAS, S.A. - SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A Tercero. La Mesa de Contratación procedió en sesiones sucesivas de 28 de agosto y 3 de septiembre de 2014 a la apertura de los sobres referentes a la documentación general y a la documentación técnica valorable mediante criterios no evaluables mediante fórmulas. La documentación referente a estos criterios se remitió a los servicios técnicos de la Diputación de Pontevedra para su estudio y valoración... AVDA. GENERAL PERÓN, 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Cuarto. Con fecha 22 de septiembre de 2014, la Mesa acuerda, tras recibir el informe técnico del responsable de Nuevas Tecnologías de 16 de septiembre, proponer la exclusión de SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A. Dicha exclusión es comunicada en ese mismo acto de forma verbal. En el mismo acto procede a la apertura de la otra oferta económica. Quinto. El día 6 de octubre de 2014, se presenta en el Registro General de Entrada de la Diputación de Pontevedra el anuncio de interposición de un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo tomado en la Mesa de Contratación por el que se procede a la exclusión. El recurso especial se presenta en el Registro General con fecha 8 de octubre de Sexto. Por parte de la Secretaría del Tribunal se ha conferido traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días para que, si lo estimaran oportuno, formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, habiéndolo hecho la adjudicataria, INDRA SISTEMAS S.A solicitando expresamente la desestimación del recurso así como la solicitud de suspensión del procedimiento. Séptimo. Con fecha 20 de octubre de 2014 la Secretaria del Tribunal por delegación de éste acuerda la suspensión del procedimiento de contratación con carácter cautelar, conforme a lo dispuesto en el art del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso especial en materia de contratación a tenor de lo establecido en el artículo 41, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la Xunta de Galicia el 7 de noviembre de 2013, publicado en el BOE el día 25 de noviembre de Segundo. El recurso ha sido interpuesto contra un acto susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 b) del Texto Refundido de la Ley

3 3 de Contratos del Sector Público, al referirse a un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada. Tercero. Se han cumplido los requisitos formales y de plazo establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Cuarto. Por lo que se refiere a la legitimación del recurrente, no existe duda sobre el interés legítimo de los licitadores para impugnar su exclusión en el procedimiento de selección del contratista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Quinto. En el recurso se plantea como motivo de impugnación la ausencia de notificación de la exclusión del licitador. Ello supondría la falta de motivación de la resolución recurrida y determinaría la indefensión del recurrente. Añade también el recurrente como motivo de su recurso que su exclusión no fue ajustada a Derecho, pues sí cumplía los requisitos técnicos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Sexto. El informe del órgano de contratación niega que en algún momento del procedimiento se dirigiera a la recurrente para pedirle explicaciones de carácter técnico o administrativo, tal como se afirma en el recurso. Indica también que ni el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni las disposiciones reglamentarias obligan en ningún caso a la Mesa de contratación a notificar individualmente la exclusión a los interesados, sino que deja a criterio de la misma realizarla, indicando en la misma, en el caso de que así fuera, las causas de exclusión, y el régimen de recursos que cabe contra ellas, empezando a computar el plazo para la interposición del recurso especial, al día siguiente de la recepción de dicha notificación. Expone finalmente que la exclusión era correcta desde el punto de vista técnico, lo que justifica mediante otro informe técnico emitido el 8 de octubre de Séptimo. El análisis de los motivos de este recurso exige considerar en primer lugar la normativa aplicable a la notificación de las resoluciones dictadas en el seno del

4 4 procedimiento de contratación y, concretamente, a la exclusión de un licitador. Pues bien, este Tribunal ya ha declarado, por ejemplo en su resolución 640/2014, que nada dicen la Ley o el Reglamento de contratación sobre la necesidad de notificar por separado la exclusión de uno de los licitadores. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece en el artículo que la adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores (lo que incluye a los excluidos y a los descartados) y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La necesidad de proceder a la notificación de la adjudicación a los licitadores excluidos deriva de la regla según la cual la notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y también de la que señala que en particular expresará los siguientes extremos: b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. Octavo. Con estas premisas legales en distintas resoluciones este Tribunal ha sentado una serie de criterios acerca de la notificación de las resoluciones de exclusión y de los posibles recursos a interponer contra las mismas. Afirmamos, por ejemplo, en nuestras Resoluciones 274 y 317/2011 y 50/2013 que el artículo de la LCSP impone expresamente al órgano de contratación la obligación de notificar la adjudicación no sólo a los candidatos descartados, sino también a los licitadores excluidos. En consecuencia, la LCSP permite dos posibilidades de recurso contra los actos de exclusión: el recurso especial contra el acto de trámite cualificado, que podrá interponerse a partir del día siguiente a aquel en el que el interesado haya tenido conocimiento de la posible infracción, y el recurso especial contra el acto de adjudicación, que podrá interponerse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se notifique la adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo de la LCSP. Estas dos posibilidades no son acumulativas, sino que tienen carácter subsidiario, de manera que en el supuesto que la mesa de contratación no notifique debidamente al licitador su exclusión del procedimiento, éste podrá impugnarla en el recurso que interponga contra el acto de adjudicación.

5 5 También afirmamos en la Resolución nº 276/2013 que Como ha señalado ya este Tribunal (por todas, Resolución 142/2011), el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no obliga a la mesa a notificar individualmente el acuerdo de exclusión (aunque ello sea más que aconsejable), pudiendo deferir la comunicación al momento de la notificación de la adjudicación, con ocasión de la cual, y conforme a lo previsto en el artículo b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberán expresarse de manera resumida las razones por las que no se haya admitido la oferta de los licitadores excluidos. Precisamente por ello, por no ser preceptiva la notificación individual, es por lo que la impugnación de los actos de exclusión puede verificarse a través de este recurso especial deducido bien contra el acto de trámite cualificado, bien contra el acto de adjudicación, teniendo en cuenta, eso sí que no se trata de posibilidades acumulativas, sino que tienen carácter subsidiario, de manera que en el supuesto que la mesa de contratación no notifique debidamente al licitador su exclusión del procedimiento, éste podrá impugnarla en el recurso que interponga contra el acto de adjudicación (Resoluciones 274/2011 y 52/2012, entre otras). Así las cosas, no cabe apreciar ninguna tacha en el proceder de la mesa dado que no es preceptiva la notificación individual del acuerdo. Este criterio consolidado obliga a reconocer que aunque lo más correcto desde el punto de vista administrativo es la notificación separada e individualizada de las resoluciones de exclusión, (máxime en supuestos como el que estamos enjuiciando, en que sólo había un candidato excluido), no existe una obligación legal que imponga esta conducta a la Administración. Por lo tanto, en el caso de que la exclusión no se notifique de manera individualizada al licitador excluido solo le cabe la opción de recurrir cuando se le haya notificado la adjudicación, o cuando habiéndose dictado la misma el órgano de contratación hubiese incumplido la obligación, ya existente, de proceder a notificar también a los licitadores excluidos. Pero lo que no es posible es adelantarse al nacimiento de la obligación de notificar y denunciar la ausencia de notificación expresa y la falta de motivación de la resolución. Esta conducta privaría al órgano de contratación de una opción que le concede

6 6 actualmente el ordenamiento jurídico y prejuzga la ausencia de intención de motivar la resolución que en su día se dicte. Por esta razón el recurso debe ser desestimado, porque a pesar de que lo más acertado hubiese sido notificar de manera individualizada y separada a los licitadores excluidos, todavía no se ha producido la vulneración de ninguna obligación legal. Es obvio que si, llegado el momento, no se produjese la notificación, podría reproducirse el recurso sobre la base de los mismos argumentos. También es claro que si los argumentos ofrecidos en una hipotética resolución debidamente notificada no fueran correctos desde el punto de vista jurídico podrá acudirse a la vía del recurso especial, denunciando las posibles vulneraciones jurídicas del proceder del órgano de contratación, pero lo que no es posible es adelantarse al momento en que la ley permite comunicar las razones de la exclusión para denunciar la ausencia de motivos suficientes para acordarla. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. DESESTIMAR el recurso interpuesto D. J.L.C.R., en nombre y representación de la entidad SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de la Diputación de Pontevedra de fecha 22 de septiembre de 2014 por el que se acuerda la exclusión de la misma en el seno de la licitación del contrato de digitalización de las fuentes documentales, bibliográficas, gráficas, cartográficas, sonoras y audiovisuales de la Diputación de Pontevedra y de los Ayuntamientos de la provincia dentro del marco del proyecto "depotic: la Tecnología en tus manos". Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 45 del TRLCSP, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47.4 del mismo cuerpo legal. Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de los recursos, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

7 7 Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.