SEGUNDA COMISIÓN HONORABLE ASAMBLEA

Transcripción

1 HONORABLE ASAMBLEA A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud federal y del estado de Oaxaca, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a atender la problemática de violencia obstétrica que ocurre en el país y, en particular, el caso ocurrido en Oaxaca a Irene Cruz Zúñiga. Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: ANTECEDENTES 1. Con fecha 13 de agosto 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. [1]

2 2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: Irene Cruz Zúñiga, mujer originaria de la comunidad mixteca de Morelos del municipio de Santa Cruz Itundujia en Oaxaca, lleva más de 13 años postrada en una cama víctima de morbilidad materna sobreviviendo pese a la indolencia y la injusticia institucional, y gracias a los cuidados de su familia entera. Su madre, Maura Zúñiga García, su hermana, Enimia Cruz Zúñiga, sus hermanos Carlos y Bartolomé, y su padre Enrique Cruz, no se cansan de exigir justicia para el caso de Irene, el cual puede ser considerado como uno de los más dolorosos y emblemáticos sobre violencia obstétrica que afrontan las mujeres en México puesto que las condiciones en razón de clase y de pertenencia a un pueblo indígena que lo atraviesan demuestran el arraigado racismo institucional de nuestro sistema de salud pública y en el sistema de justicia. [2]

3 En junio de 2001, a sus 26 años, Irene se encontraba embarazada de su primer hijo. Inició el trabajo de parto el 20 de junio del mismo año, auxiliada por una partera en su casa en el paraje de Barranca Fiera, perteneciente a la comunidad de Morelos. Sin embargo, en la mañana del 21 de junio aproximadamente a las 8:00 hrs., debido a la dilación en el trabajo de parto, la partera le dijo a Irene que debía acudir a la unidad de salud más cercana para continuar el parto, para lo que Irene, su padre, su madre y su entonces esposo buscaron la atención de la brigada médica de la Secretaría de Salud. Horas más tarde cuando la familia pudo trasladarse al centro de la comunidad de Morelos, el personal de dicha Brigada diagnosticó como bueno el estado del bebé y mencionaron a los familiares que éste nacería más tarde alrededor de las 19:00 hrs., por lo que la familia se trasladó al Centro de Salud de la cabecera municipal llegando allá a las 18:00 hrs. Allí, el personal de salud mencionó que el parto sería normal y que pondrían a caminar a la señora Irene, pero por si hubiera complicación alguna sugirieron a la familia trasladarse hasta al hospital de Tlaxiaco. El trayecto al Hospital Rural del IMSS en el municipio de Tlaxiaco, implicó tres horas más de camino de terracería, por lo que llegaron allí alrededor de las 22:00 hrs del 21 de junio. En el Hospital Rural, a Irene le fue practicada una cesárea de emergencia y, sin el consentimiento de ella o su familia, le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU). Debido a una mala aplicación de anestesia durante la cesárea, Irene presentó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno llegara a su cerebro; esto ocurrió la madrugada del 22 de junio. Como consecuencia de esta negligencia, Irene presentó daño cerebral permanente e irreversible y la [3]

4 pérdida de movimiento. Esa misma mañana Irene y su hijo fueron traslados al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso) que se encuentra a tres horas de Tlaxiaco, en la ciudad de Oaxaca. Cuando salió del hospital de Tlaxiaco, de acuerdo al expediente médico, Irene fue pronosticada con Glasgow de bueno para la vida, malo para la función y en el Hospital Civil fue diagnosticada con encefalopatía hipóxica isquémica ; es decir, Irene había perdido totalmente la movilidad y razonamiento. El hospital de Tlaxiaco nunca le proporcionó a la familia de Irene la información que explicaba las causas que provocaron los daños pese a que la familia la solicitó. Frente a esta situación, el 30 de junio de 2001 se presentó una denuncia por negligencia médica. No obstante, la familia nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal, pero señaló que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) tardó en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes y archivó el expediente de Irene por diez años, cometiendo dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso. El 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS; es decir, del orden federal. De esta manera dio inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011 y el 6 de julio de 2012, la PGR encontró a la anestesióloga como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público. [4]

5 Ante este proceso, el Juez Cuarto de Distrito solicitó el auto de formal prisión de la anestesióloga. Sin embargo, ella pagó una fianza e interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. El caso continuó avanzando y en diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito al haber pasado más de 10 años pero emitió un acuerdo judicial pidiendo a las autoridades mexicanas una indemnización y rehabilitación para Irene, su hijo y su familia, así como las medidas de no repetición por parte de las dependencias correspondientes con el fin de reparar los daños causados. Pese al acuerdo judicial emitido, las dependencias locales y federales se han negado a acatar la reparación integral del daño al que Irene y su familia tienen derecho como víctimas de la falta de acceso a la justicia. Actualmente, la familia de Irene sigue exigiendo de manera prioritaria una adecuada atención de los servicios de salud; una beca escolar para Epafrodito; una compensación adecuada y justa; así como diversas garantías de no repetición en beneficio de la comunidad. Desafortunadamente, Irene no es la única víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica. Ambas son un serio problema de salud pública que enfrentan las mujeres mexicanas. [5]

6 Morbilidad materna es aquella lesión o incapacidad que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores al parto. Actualmente, no existe una base de datos oficial y accesible que nos permita conocer las dimensiones de este problema en el país pero de acuerdo a cifras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mundo 500 mujeres y niñas mueren diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes. Por su parte, la violencia obstétrica es definida como una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud - públicos y privados-, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Esta violencia puede ejercerse de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se proporcionan medicamentos no justificados, o al no respetarse los tiempos y posibilidades del parto biológico; o de manera psicológica cuando se ejerce un trato deshumanizado e indigno, discriminación, humillaciones o se niega y/u obstaculiza información a las mujeres sobre la situación y evolución de su embarazo, parto y puerperio. El caso de Irene como el de miles de mujeres mexicanas, reflejan la enorme desigualdad social que existe en México asociada a las condiciones de pobreza, etnicidad, género y clase. A esto se suma su actual condición de discapacidad. Muestra de lo anterior se ve reflejado en las 65.3 defunciones por cada 100 mil personas nacidas vivas en el estado de Oaxaca, el cual es la segunda [6]

7 entidad del país con más rezago en el combate a la muerte materna, después de Guerrero, dos de las poblaciones de México con más cantidad de personas indígenas. Debido a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna en México, así como otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas, diversos organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha emitido recomendaciones puntuales para México en la materia entre las que destacan garantizar el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, e intensificar los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en la que se dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad. Sin embargo, las mujeres y niñas mexicanas siguen muriendo y enfrentándose a constantes violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, así como luchando por justicia ante estas constantes violaciones. Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, [7]

8 para que adopten la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca, específicamente al de la comunidad de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar una atención de calidad y calidez incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de personal profesional capacitado y permanente. SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, emergencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha. TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a que conforme al acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, incluyendo una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz Zúñiga, en el sistema educativo básico, medio y superior. CUARTO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que cumpla con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las y los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, [8]

9 y capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de trece años. CONSIDERACIONES I.- Es del conocimiento de Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente que el pasado junio se cumplieron 14 años desde que una mala praxis sanitaria dejó a Irene Cruz Zúñiga con daño con pérdida total del movimiento y daño cerebral permanente irreversible. Actualmente, Irene tiene 40 años de edad, vive al cuidado de su familia en Barranca Fiera, una comunidad de difícil acceso, a seis horas de la ciudad de Oaxaca, y su única manera de comunicarse con ellos es a través de gemidos y sonidos guturales. II.- El miércoles 20 de junio de 2001, Irene comenzó a sentir los dolores de parto. Continuando con las costumbres de la comunidad, acudió a una partera. Después de varias horas en trabajo de parto sin éxito, Irene se trasladó a un hospital público del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxiaco, Oaxaca, ubicado aproximadamente a dos horas de su lugar de residencia. III.- En la madrugada del 22 de junio Irene fue sometida a una cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico, también le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento ni el de su familia. Hasta la fecha, desconocen si el DIU fue implantado o no. Después de notificar a la familia el grave estado en el que se encontraban tanto Irene como su hijo, la trasladaron al Hospital Civil Dr. [9]

10 Aurelio Valdivieso del sector salud estatal, situado a tres horas de distancia, en la capital del estado. IV.- De acuerdo con el expediente médico, la paciente salió de Tlaxiaco con un pronóstico de Glasgow escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico de bueno para la vida, malo para la función.en el Hospital Civil le diagnosticaron encefalopatía hipóxica isquémica, es decir, pérdida total de la movilidad y razonamiento. Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en medicina interna del Hospital Civil. Más tarde, debido al desgaste económico de la familia y a la falta de apoyo por parte de los servicios de salud, la familia decidió llevar a Irene a casa y hacerse cargo de ella. V.- Alberto Núñez Cruz, entonces esposo de Irene, presentó una demanda por negligencia médica. Fue al Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por continuar con la demanda, la carga económica cada vez se volvió más pesada y Alberto tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hasta hoy se desconoce su paradero. La vida de la familia cambió completamente. La madre de Irene no sólo tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su hija, también tuvo que afrontar la responsabilidad de su nieto que permaneció sus primeras ocho semanas de vida en una incubadora. El padre, por su parte, tuvo que alargar sus jornadas laborales y asumir también parte de los cuidados y el soporte económico para Epafrodito, hijo de Irene. VI.- Ante la falta de un seguimiento judicial, que fue iniciada por el entonces esposo, la denuncia quedó prácticamente como un número de expediente más y no fue sino hasta nueve años después, en 2010 cuando la familia Cruz Zúñiga citada a declarar nuevamente en la capital del estado. [10]

11 VII.- El 19 de octubre de 2011, la Procuraduría declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), pues el delito fue cometido por personal del IMSS, una dependencia federal. Entonces se inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011. VIII.- El 6 de julio de 2012, once años después de que Irene quedara en estado vegetativo, la PGR encontró a María de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión y ejercicio indebido del servicio público. Por ello, solicitó su detención. IX.- El 21 de agosto del mismo año, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. X.- En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, es decir, que no se podía perseguir debido al tiempo que ya había transcurrido, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen indígena. XI.- Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un trabajo elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que recomendó medidas de reparación integral del daño por parte de autoridades estatales y federales para las víctimas: Irene, su hijo y su familia. En su fallo, el magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían. Por lo tanto, determinó que era necesaria la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas. Como se determinó que el delito prescribió el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que [11]

12 pidió al Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación y exigió implementar medidas para garantizar que no se repita la situación en las distintas dependencias del sector salud. XII.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que Fundar ha asumido la representación legar de la familia y ha denunciado la falta de respuestas y soluciones por parte del IMSS quien se ha escudado en la prescripción del delito para evadir cualquier obligación institucional con respecto al bienestar y protección de Irene y su familia, a pesar de la magnitud de los daños ocasionados. Incluso el IMSS ha hecho caso omiso a la resolución del magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. El IMSS entregó al Primer Tribunal Unitario de Oaxaca, un Análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista, con el que pretende la reconsideración de su responsabilidad en los hechos, asegurando que gracias a la atención del hospital de Tlaxiaco, fue salvada la vida de Irene y la de su hijo. XIII.- En octubre del año pasado, esta misma organización, Fundar, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una petición en contra del Estado Mexicano, por violaciones al derecho a la integridad personal y salud de Irene, por morbilidad materna y falta de acceso a la justicia y ya ha sido registrada bajo el número P , y se encuentra actualmente bajo estudio. Es decir, la CIDH se encuentra ya analizando el caso de Irene para determinar su admisibilidad. XV.- Finalmente Amnistía Internacional se adhirió al apoyo del caso de Irene como víctima de violencia obstétrica con responsabilidad del sector público. Para las legisladoras y legisladores de esta Segunda Comisión, quienes se han pronunciado en diferentes temas de protección de derechos humanos en los servicios [12]

13 de salud, el caso de Irene Cruz Zúñiga es caso que va más allá de la mala prestación de servicios de salud, sino de la sistemática violación a los Derechos Humanos tanto de Irene como de su familia, de violación de sus derechos sexuales y reproductivos, que sintetiza una cultura de discriminación en contra de las comunidades indígenas. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, para que adopten la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca, específicamente al de la comunidad de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar una atención de calidad y calidez incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de personal profesional capacitado y permanente. Así como exhortar al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, emergencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha. El Gobierno del Estado de Oaxaca de conformidad con el acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, incluyendo una beca escolar para garantizar la [13]

14 permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz Zúñiga, en el sistema educativo básico, medio y superior. Y particularmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca en materia de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las y los familiares de Irene, debe contar con servicios psicológicos y capacitación del personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de trece años. [14]

15 Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, para que adopten la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca, específicamente al de la comunidad de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar una atención de calidad y calidez incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de personal profesional capacitado y permanente. SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, emergencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha. [15]

16 TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a que conforme al acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, incluyendo una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz Zúñiga, en el sistema educativo básico, medio y superior. CUARTO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que cumpla con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las y los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, y capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de trece años. Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de agosto del año [16]

17 POR LA SEGUNDA COMISIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN Sen. Armando Ríos Piter Presidente Sen. Daniel Amador Gaxiola Secretario Sen. Fernando Yunes Márquez Secretario Dip. María de Lourdes Amaya Reyes Secretaria Dip. Alejandro Montano Gúzman Dip. Filiberto Guevara González Sen. René Juárez Cisneros Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu Sen. Juan Carlos Romero Hicks Dip. Rocío Reza Gallegos Dip. Fernando Rodríguez Dova Dip. Amalia García Medina Sen. Luis Armando Melgar Bravo Sen. Manuel Bartlett Díaz Dip. María Sanjuana Cerda Franco [17]

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