Posición de la CES sobre la dimensión social de la Unión Europea

Transcripción

1 Posición de la CES sobre la dimensión social de la Unión Europea Adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 23 de abril de 2013 En junio de 2012, el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos reclamó, por unanimidad, un «contrato social para Europa». El contrato social dejaba claro que la dimensión social de Europa debe ser parte integrante de la gobernanza económica y fiscal y se le debe prestar la misma atención; también dejaba claro que el objetivo prioritario de la gobernanza económica y fiscal debe ser generar crecimiento y empleos sostenibles. Las grandes preocupaciones y prioridades de la CES sobre la dimensión social de la Unión Europea se definen claramente en ese documento (ver anexo). Los logros y las políticas sociales a nivel nacional y europeo se han visto muy perjudicados por las políticas macroeconómicas y del mercado laboral aplicadas hasta ahora. Necesitamos un cambio de rumbo si queremos que la Europa social llegue a ser una realidad. Sin este cambio el apoyo de la CES se pondrá en duda. Consideramos que el examen por parte del Consejo europeo de una hoja de ruta para una dimensión social de la UEM, incluyendo el diálogo social, es un paso en la buena dirección porque unas políticas económicas y monetarias coordinadas vigentes en una zona monetaria única tienen un impacto directo y profundo en las condiciones de trabajo y en el marco social. La CES considera, sin embargo, que la propuesta de debatir sobre la dimensión social de la UEM es demasiado restrictiva. La UE en su conjunto tiene como objetivo el pleno empleo y el progreso social. Por tanto, un debate sobre la dimensión social de la UEM solo es aceptable si conduce al progreso social en el conjunto de la Unión Europea. La dimensión social de la UE debe basarse en el respeto de los derechos sociales fundamentales y en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Debe orientarse hacia la lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades y el dumping salarial y fiscal. Debe promover nuestro modelo social europeo, que ha demostrado ser eficaz y está constituido por una protección social sólida, servicios públicos de calidad y diálogo social. La dimensión social de la UE debe ser real y efectiva. Los procesos democráticos y la responsabilidad de las instituciones de la UE deben ser reforzadas considerablemente. El Parlamento europeo debe estar asociado en pie de igualdad en la concepción de los nuevos instrumentos de gobernanza económica. Es indispensable para restablecer la confianza de los ciudadanos y de los trabajadores en el proyecto europeo y en su potencial de futuro. Recordamos que la dimensión social de la UE está anclada en el Tratado de Lisboa, incluida la Carta de derechos fundamentales, y en los textos internacionales. 1 1 Valores de democracia y de igualdad (art. 2 TUE). Objetivos de progreso social, de justicia y de protección social (art. 3 TUE). Reconocimiento de los derechos, de las libertades y de los principios enunciados en la Carta de Derechos Fundamentales (art. 6 TUE). Promoción de un elevado nivel de empleo, garantía de una protección social adecuada, lucha contra la exclusión social y elevado nivel de educación, de formación y de protección de la salud humana (art. 9 TFUE). Fomento del empleo, mejora de las condiciones de vida y de trabajo, permitiendo a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, (art. 151 TFUE). El legislador europeo no tiene competencia en materia de remuneraciones (art. 153 TFUE)

2 Nuestras prioridades, por tanto, son: Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios. Son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza y agravan la recesión. Poner fin a la competencia en materia de salarios y de condiciones laborales. Poner fin a la competencia fiscal, al fraude fiscal y a la evasión fiscal. La UE no se reduce a una zona de libre cambio. Tiene como objetivo el pleno empleo y el progreso económico y social. Poner el acento en las inversiones para un crecimiento y empleos sostenibles. Promover el diálogo social y la negociación colectiva a todos los niveles. Las exigencias de la CES corresponden a estas prioridades: Es indispensable Un importante programa de inversiones un nuevo Programa de Recuperación Europeo por un valor del uno al dos por ciento del PIB europeo para restaurar un crecimiento sostenible y combatir el desempleo. La fijación de los salarios debe seguir siendo un asunto nacional y debe ser tratado conforme a las prácticas y sistemas de relaciones laborales nacionales. Las negociaciones entre interlocutores sociales al nivel pertinente son el mejor instrumento para garantizar buenos salarios y condiciones de trabajo. El salario mínimo legal, en aquellos países en los que los sindicatos lo consideren necesario, debería incrementarse sustancialmente; en cualquier caso todos los salarios mínimos deberían respetar las normas del Consejo de Europa sobre salarios justos. La CES apoya la introducción de un ingreso social mínimo en todos los Estados miembros sobre la base de principios europeos comunes. La puesta en marcha de iniciativas a favor del empleo de los jóvenes, con una referencia particular a la garantía jóvenes, al marco de calidad europeo para las prácticas y a la alianza europea para el aprendizaje. Deben movilizarse medios para estos fines. Los procesos de reestructuración que desembocan en un desempleo masivo deben abordarse mediante la anticipación del cambio. Las recomendaciones específicas por país deben promover el modelo social europeo. No deben poner en cuestión o reducir los estándares sociales nacionales ya existentes. La CES participará en los debates sobre los criterios y principios generales establecidos para las evaluaciones específicas por país y sus consecuencias. A nivel nacional las recomendaciones específicas por país deben negociarse con los interlocutores sociales. La CES apoyará a sus afiliadas en este proceso. La democracia industrial es una parte integrante de los derechos democráticos. La Comisión debe exigir de manera explícita a los Gobiernos y/o a los interlocutores sociales que informen sobre la evolución de la situación social, el diálogo social y las relaciones industriales. Los interlocutores sociales de la UE y las instituciones europeas deberían supervisar si y cómo se respetan y promueven el diálogo social y las relaciones industriales a nivel nacional. Para este fin deberían estar disponibles los instrumentos adecuados. Los interlocutores sociales deben estar asociados y plenamente implicados en pie. Promoción del papel de los interlocutores sociales, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales, dentro del respeto de su autonomía. (art. 152 TFUE). Los interlocutores sociales deben ser consultados sobre todas las materias que les conciernen (art. 154 TFUE). Convenios de la OIT, Convenio Europeo de los derechos humanos y Carta Social Europea (revisada). 2

3 de igualdad en el debate sobre el diseño de nuevos instrumentos, como los estabilizadores automáticos que atenúen los efectos sociales de los choques asimétricos. El crecimiento y la lucha contra el desempleo deben ser la prioridad de la UE. Como paso inmediato, debe ponerse fin a las medidas de austeridad; y recurrir al uso de la flexibilidad fiscal permitida en tiempos de recesión económica. Es necesario reducir los desequilibrios comerciales entre países, tanto en los países con déficits comerciales como en aquellos con excedentes, utilizando el aumento de la demanda y de las importaciones en los países excedentarios. Las modalidades contractuales, como los Memorandos de Entendimiento existentes, han sido puestas en marcha de manera antidemocrática y han impuesto políticas equivocadas. Infringen los convenios colectivos, las relaciones industriales y el diálogo social. La CES se opone a modalidades contractuales de este tipo. La CES reconoce la necesidad de políticas que den lugar a unas cuentas saneadas. Si se cumplen ciertos requisitos, por ejemplo la plena implicación de los interlocutores sociales a nivel nacional y de la UE en todas las fases del proceso y el seguimiento de su impacto sobre las normas laborales y la protección social, la evaluación previa y la coordinación de las reformas nacionales pueden ser positivas. El proceso de gobernanza económica debe incluir la definición y el respeto de indicadores sociales estructurales, así como una evaluación comparativa de las políticas activas del mercado de trabajo. La CES debe estar implicada en este proceso. Deben adoptarse medidas jurídicamente vinculantes para poner fin a la competencia a la baja en materia de salarios y de condiciones de trabajo. La igualdad de trato debe ser la norma para todos los trabajadores. La CES reitera su exigencia de un protocolo de progreso social que se añada a los tratados con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos sociales fundamentales. La competencia fiscal, la evasión o elusión fiscal y el fraude fiscal han mostrado sus efectos devastadores y hay que poner fin a esta situación. La CES pide un plan de acción firme y vinculante para hacer frente a esto. La base imponible de las empresas y los tipos mínimos de impuesto de sociedades deberían ser armonizados, quizás mediante la introducción de un tipo mínimo del 25% que es el tipo impositivo medio actual en Europa. 3

4 Anexo: Un contrato social para Europa Resolución adoptada por el Comité Ejecutivo en su reunión de 5-6 de junio de 2012 Reunidos en la Confederación Europea de Sindicatos, nosotros, como dirigentes sindicales de Europa, queremos lanzar un llamamiento y proponer un contrato social para Europa. Vemos incrementarse las desigualdades, aumentar la pobreza y la exclusión, elevarse el desempleo, la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes, y una creciente desilusión por el proyecto europeo. Asistimos a un aumento preocupante del nacionalismo, del racismo y de la xenofobia. Esta tendencia, exacerbada por una competencia de bajos salarios, podría dar lugar a un rechazo del proyecto europeo que la CES siempre ha apoyado. Constatamos que el acuerdo económico y social de la postguerra, que dio lugar a la creación de la Unión Europea y al modelo social europeo, está amenazado. Este modelo social único ha reportado considerables beneficios para los ciudadanos y los trabajadores y nos ha permitido superar la crisis y asentar la prosperidad. Afirmamos que los derechos sociales fundamentales deben tener prioridad sobre las libertades económicas. Ese es el espíritu de la Carta de Derechos Fundamentales integrada en el Tratado de Lisboa. Eso debería destacarse en un Protocolo de Progreso Social que se anexaría a los Tratados. Consideramos que la unión monetaria debe contribuir al proceso de integración europea, basado en los principios de paz, democracia y solidaridad, así como de cohesión económica, social y territorial. Es el camino para garantizar un futuro para los ciudadanos en un mundo globalizado. Recordamos que el objetivo declarado de la UE es el progreso económico y social. Lograr los objetivos de la UE 2020 requiere sociedades socialmente estables, crecimiento económico sostenible e instituciones financieras que estén al servicio de la economía real. Creemos que mediante el diálogo social es como seremos capaces de buscar soluciones justas y eficaces en respuesta a la grave crisis a la que se enfrenta la Unión. Pero, lamentablemente, observamos que la democracia en el trabajo y el diálogo social son a menudo ignorados, atacados y socavados. Pedimos a la UE que se centre en políticas que mejoren las condiciones de vida y de trabajo, y que garanticen el empleo de calidad, los salarios justos, la igualdad de trato, un verdadero diálogo social, los derechos sindicales y otros derechos humanos, servicios públicos de calidad, la protección social incluyendo sistemas de pensiones y de atención sanitaria sostenibles y justos así como una política industrial que favorezca una transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible. Dichas políticas contribuirán a construir la confianza de los ciudadanos en su futuro común. Rechazamos todas las políticas tendentes a la competencia a la baja ya sea en derechos laborales, salarios, tiempo de trabajo, seguridad social, impuestos o medio ambiente. Apoyamos políticas económicas coordinadas así como el objetivo de cuentas públicas saneadas pero lamentamos las medidas de gobernanza económica puestas en marcha, que amenazan los logros sociales de las últimas décadas, ahogan el crecimiento sostenible, la recuperación económica y el empleo y destruyen los servicios públicos. Por 4

5 estas razones nos oponemos al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en la Unión Económica y Monetaria. También nos preocupa el método utilizado para elaborar el TECG que excluyó toda participación seria del Parlamento Europeo y de los ciudadanos. Insistimos en que la UE y sus Estados miembros deben respetar escrupulosamente los instrumentos europeos e internacionales como los convenios de la OIT, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea revisada, a la que la Unión Europea debe adherirse, así como a su protocolo que prevé un sistema de reclamaciones colectivas (1995). Por todas estas razones, exigimos un contrato social para Europa, cuyos contenidos nos ofrecemos a discutir y acordar a nivel tripartito europeo. La Confederación Europea de Sindicatos considera que los siguientes elementos deberían incluirse en este contrato social: Negociación colectiva y diálogo social: La negociación colectiva libre y el diálogo social son una parte fundamental del modelo social europeo. Ambos deben garantizarse a nivel europeo y nacional. Cada Estado miembro debería poner en práctica las medidas de apoyo necesarias; Debe respetarse la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional y europeo, así como su papel y lugar; no debe haber intervención unilateral por parte de las autoridades públicas en la negociación colectiva o en los convenios colectivos existentes; y debe maximizarse la cobertura de los trabajadores mediante convenios colectivos; Es esencial la implicación efectiva de los interlocutores sociales, desde la fase de diagnóstico, en la gobernanza económica europea y los planes nacionales de reforma. Los esfuerzos para adaptarse a las circunstancias cambiantes deberían ser proporcionados a los recursos de las personas y no ser asumidos solo por los trabajadores y sus familias. Gobernanza económica para un crecimiento y empleo sostenibles: Medidas urgentes para poner fin a la crisis de la deuda soberana y otorgar al BCE el papel de prestamista de último recurso, permitiéndole así emitir Eurobonos. En colaboración con los interlocutores sociales se deben examinar, aprobar y controlar programas de crecimiento adaptados a cada país; Políticas europeas para la industria y la inversión para responder a los desafíos económicos y medioambientales; debería darse prioridad a las inversiones en infraestructuras sostenibles, investigación y desarrollo, tecnología climática y recursos renovables. Estas inversiones no deberían estar incluidas en el cálculo de los déficits públicos; Normas para garantizar un sector financiero regulado, sólido y transparente al servicio de la economía real; Deberían dedicarse a fines sociales y medioambientales, recursos extra generados a partir de una mejor utilización de los fondos estructurales europeos, del Banco Europeo de Inversiones, de bonos para proyectos, y de un impuesto sobre las transacciones financieras diseñado adecuadamente; Poner fin a la presión de la UE para la liberalización de los servicios públicos que son responsabilidad nacional; 5

6 Salarios decentes para todos, para contribuir al crecimiento y a la demanda interna; Una garantía para jóvenes para que todos los jóvenes en Europa tengan acceso a un empleo decente, o a formación adecuada, en un plazo de cuatro meses a partir del momento en que se inscriben en el desempleo o de haber abandonado la escuela; Medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir el empleo precario; luchar contra los abusos en materia de contratos a tiempo parcial, contratos temporales y de duración determinada; Políticas activas del mercado de trabajo incluyendo iniciativas para apoyar a las personas con pocos, o ningún vínculo con el mercado laboral. Justicia económica y social: Una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza, y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado; Una actuación decidida contra la especulación; Medidas eficaces para garantizar la igualdad salarial y la igualdad de derechos por un trabajo de igual valor para todos; los acuerdos colectivos y de salarios iguales deberían aplicarse para todos con independencia del tipo de contrato, en particular en el caso de un mismo lugar de trabajo; Puesta en marcha de políticas para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres; El establecimiento de los salarios debe seguir siendo competencia nacional y debe abordarse según las prácticas y los sistemas de relaciones laborales nacionales. Las negociaciones entre los interlocutores sociales al nivel correspondiente son el mejor instrumento para garantizar buenos salarios y condiciones de trabajo correctas; el salario mínimo legal, en aquellos países donde los sindicatos lo consideren necesario, debería incrementarse de manera sustancial. De cualquier manera, todos los mínimos salariales deben respetar las normas del Consejo de Europa relativas a salarios justos; La armonización de la base imponible de las empresas y los tipos mínimos de imposición para las empresas, con una posible introducción de un tipo mínimo del 25%, que es el nivel impositivo medio actual en Europa. Hacemos un llamamiento a las organizaciones europeas de empresarios, a las instituciones de la UE, a los gobiernos nacionales y a las organizaciones simpatizantes para entablar un debate sobre esta iniciativa de la CES para un contrato social para Europa. 6