DICTAMEN N.º 293/2013, de 17 de septiembre. *

Transcripción

1 DICTAMEN N.º 293/2013, de 17 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de D.ª T, a consecuencia de las lesiones derivadas de la caída sufrida por su hijo, X, en las instalaciones del Colegio Público C del municipio de San Clemente (Cuenca). ANTECEDENTES Primero. Reclamación.- En fecha 22 de diciembre de 2012 D.ª T presentó escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), poniendo de manifiesto que el día 23 de diciembre de 2011 mi hijo, X, sufrió una caída en el colegio público C en la localidad de San Clemente (Cuenca) mientras veía un partido de fútbol que se estaba desarrollado en el patio deportivo del centro, al haberse caído por el hueco que la falta de los barrotes de la valla de uno de los laterales del referido patio dejaba al aire y sin protección. Tal valla precisamente debía proteger adecuadamente ese lateral ya que por esa zona, el patio del colegio es colindante a un solar contiguo cuyo suelo está a nivel inferior que el suelo del patio. Continuaba la interesada indicando que con motivo de tal caída el niño fue atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital H donde se le diagnosticó fractura distal de cúbito y radio derecho desplazada, realizándosele como tratamiento una reducción cerrada más osteosíntesis con una aguja de KISCHNER en radio, colocándose yeso braquio-antebraquial citándole a revisiones por el servicio de traumatología y tratamiento de rehabilitación. [ ] Posteriormente sufrió complicación de protusión de material de osteosíntesis que hizo necesario su extirpación en fecha 13 de marzo de 2012 y dadas las dificultades para la escritura que presentaba el niño en la mano y el dolor que padecía, fue sometido también a tratamiento de fisioterapia demás del procedimiento rehabilitador que igualmente ha sido necesario. Al respecto, la reclamante hacía constar que se acompañaba documentación acreditativa de estos extremos, si bien no constan en el expediente remitido. Valora los daños personales sufridos por su hijo de la siguiente manera: - Tiempo total de curación o estabilización de las lesiones: 307 días. - Días de hospitalización: 2 días. - Tiempo impeditivo para su actividad habitual: 161 días. - Tiempo no impeditivo para su actividad habitual: 144 días. - Secuelas: [ ] Perjuicio estético ligero: 1 punto. También se hacía constar que se aportaba informe médico acreditativo de dicha valoración, pero tampoco se aporta al expediente. Añadía la reclamante en relación con la citada valoración que utilizando como criterio analógico de valoración el baremo de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, [ ] ciframos la indemnización correspondiente por aquéllos en la cantidad de ,96. [ ] Además de esto hemos de considerar los gastos de desplazamiento que ha sido necesario realizar dado que el niño vive en la localidad de San Clemente y el tratamiento médico le ha sido dispensado en la localidad de Villarrobledo, por cuyo concepto se han generado unos gastos de 500. [ ] Por otra parte, los daños morales ocasionados en este caso adquieren especial relevancia si tenemos en cuenta que la lesión del brazo ocasionada al niño no sólo le ha impedido desarrollar con normalidad su actividad escolar (imposibilidad y posteriores dificultades en el empleo de los instrumentos de escritura, dibujo, etc.) sino también de su actividad deportiva, de ocio y personal, mucho más difíciles de sobrellevar por un niño de ocho años que por un adulto [ ] se considera ajustado fijar por los mismos una cuantía de [ ] Asimismo, la madre del niño [ ] tuvo que solicitar un reducción de su jornada diaria de trabajo de una hora, [ ] durante el periodo comprendido entre el día 23/01/2012 en que fue concedida tal minorización de jornada y hasta la terminación de tratamiento rehabilitador del menor en el mes de junio de 2012, en los que la madre sufrió una correlativa disminución de su retribución en la cantidad de 630. [ ] Entendemos habrá que ser considerado como daño y perjuicio computable la repercusión inicial del accidente producido en la totalidad de la esfera familiar [ ] lo que prudencialmente cuantificamos en la cantidad de euros. La cantidad total solicitada finalmente como indemnización asciende a ,96 euros. Por último, se justificaba la reclamación de responsabilidad planteada en que la caída del niño por el hueco de la valla en mal estado es causa del daño producido [ ] por lo que es inequívoca la relación de causa a efecto entre el anormal funcionamiento del servicio de las lesiones y daños producidos, resultando forzoso concluir la existencia de la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración. * Ponente: Emilio Sanz Sánchez 1

2 El único documento que acompaña al escrito detallado es una fotografía del estado de la valla en el momento del accidente. Segundo. Admisión a trámite.- Mediante resolución de la alcaldía de 31 de enero de 2013 se acordó admitir a trámite la reclamación presentada y nombrar instructora y secretario del mismo. El citado acuerdo fue notificado, con la comunicación del plazo máximo para resolver y de los efectos del silencio administrativo, a la interesada, a la entidad aseguradora S, y la instructora designada. Tercero. Informe de la Policía Local.- El 19 de febrero de 2013 el Jefe de la Policía Local de San Clemente informó que consultados los archivos de esta Policía Local, no se encuentra ningún documento relacionado con el suceso. Cuarto. Informe del Arquitecto Técnico Municipal.- Al expediente se ha incorporado el informe emitido por dicho técnico del Ayuntamiento en fecha 22 de febrero de 2013, en el que se hace constar que Tras averiguaciones realizadas al efecto, el encargado de obras y servicios de este Ayuntamiento manifiesta: [ ] - Por una parte que fue avisado verbalmente por el conserje del colegio de la anomalía que presentaba el vallado en fecha dos de enero de dos mil doce. [ ] - Que el vallado fue reparado por los servicios de obras de este Ayuntamiento en fecha de nueve de enero de dos mil doce. [ ] Que tras la visita realizada al lugar en concreto doy cuenta que el vallado se encuentra en perfecto estado en la actualidad. Quinto. Informe de la Directora del Colegio.- El 17 de abril de 2013 la Directora del CP C informó que el día 23 de diciembre de 2011 en horario lectivo, concretamente en horario de recreo, el alumno X sufrió un accidente escolar al caerse por el hueco de la verja trasera del patio de recreo al solar antiguo, siendo socorrido por el profesorado de guardia con la suficiente diligencia, no siendo abandonado en ningún momento, siguiendo el protocolo del Centro, se comunicó el accidente a los padres y fue trasladado al Centro de Salud para su reconocimiento, sabiendo posteriormente, al preguntar por su estado, que había sufrido fracturas en el brazo. [ ] La falta de algún barrote de dicha verja había sido comunicada, por parte del Centro, solicitando su reparación. Sexto. Informe de la entidad aseguradora.- Mediante correo electrónico remitido al Ayuntamiento, se comunicó, el 28 de mayo de 2013, la siguiente valoración de perjuicios: Incapacidad Temporal: Periodo Hospitalario: Desde el hasta el Días de hospitalización: 1 x 69,61 = 69,61. Periodo impeditivo: Desde el hasta el Días impeditivos: 89 x 56,60 = 5.037,40. Periodo no impeditivo: desde el hasta el Días no impeditivos: 75 x 30,46 =2.284,50. Fecha de Alta: 04/06/2012. Total: 7.391,51. Séptimo. Trámite de audiencia.- Mediante escrito notificado a la interesada el 14 de junio de 2013, la instructora le concedió un plazo de diez días para que alegara lo que estimara conveniente, adjuntándose una relación de la documentación obrante en el procedimiento. Octavo. Informe de la Secretaria Municipal.- El 24 de junio de 2013 la Secretaria del Ayuntamiento emitió informe jurídico sobre la reclamación interpuesta, recogiendo de manera genérica los trámites que debería seguir hasta dictar la correspondiente resolución y proponiendo la estimación de la reclamación y estimar la indemnización que corresponda de acuerdo a la valoración efectuada por los técnicos competentes en la materia de acuerdo al informe médico aportado por la afectada. Noveno. Propuesta de resolución.- En fecha 27 de junio de 2013 la instructora designada emitió propuesta de resolución por la que se reconoce a D.ª T en representación de su hijo menor de edad X, titular de los bienes dañados, el derecho a recibir indemnización que asciende a 7.391,51 (según valoración de daños por compañía de seguros, un día de hospitalización por 69,61 /día, y 75 días no impeditivos por 30,46 /día), como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos por el funcionamiento del Servicio de Ayuntamiento de San Clemente, ya que SI ha sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 23 de julio de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES 2

3 I Carácter del dictamen.- El expediente remitido por el Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) versa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración municipal, presentada por una particular como consecuencia de los daños que ha sufrido su hijo por una caída en las instalaciones del CP C. El artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece los elementos esenciales del procedimiento de responsabilidad patrimonial que han de seguir todas las Administraciones Públicas -tal y como indica su apartado 1- y, por tanto, también las Corporaciones Locales. El apartado 3 del citado artículo en la nueva redacción otorgada por la disposición final cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone lo siguiente: Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Por su parte, el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone que este último deberá ser consultado, entre otros asuntos, en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha referidos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros ; y el artículo 57 de la misma Ley establece que Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes. Este Consejo, en sesión celebrada el 25 de enero de 2012, acordó comunicar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha su criterio respecto a la cuantía a partir de la cual las Corporaciones Locales han de solicitar su dictamen preceptivo en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, considerando que la remisión efectuada por el inciso final del citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, respecto a la cuantía a partir de la cual es preceptivo el dictamen del órgano consultivo «o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica», debe entenderse referida al límite de seiscientos un euros que establece la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, para considerar preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en los expedientes tramitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Límite éste que opera de igual manera con respecto a los expedientes tramitados por las Corporaciones Locales de la Región, al ser el único establecido por la legislación autonómica, y porque de otro modo la garantía que supone la intervención del órgano consultivo en el procedimiento tramitado podría verse mermada en el ámbito local respecto al autonómico, si considerásemos que en el primero sólo es preceptiva la intervención cuando la cuantía de la reclamación iguala o supera un límite ( euros) que es sensiblemente superior al establecido para el segundo (601 euros). [ ] En consecuencia, es criterio del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que su dictamen ha de ser solicitado, conforme al artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha de cuantía superior a seiscientos un euros. En el presente supuesto, la reclamante solicita una indemnización de ,96 euros, por lo que el dictamen se emite con el carácter de preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la Administración se encuentran recogidas en el citado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario expresamente previsto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El Consejo examina el procedimiento seguido en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial desde una doble perspectiva. La primera tiene como objetivo pronunciarse sobre el cumplimiento de los trámites esenciales de los que depende que pueda dictarse válidamente la resolución que pone fin al procedimiento. En el caso de que se observe una vulneración de alguno, el Consejo devuelve el expediente para completar la instrucción, señalando el omitido o incorrectamente practicado. La segunda perspectiva no contiene ni precisa, por regla general, un pronunciamiento concluyente ni se interfiere en la tramitación realizada, pues se concentra en determinar si el modo en el que la instrucción realizada ha cumplido la finalidad que a esta actividad procedimental le asigna el artículo 78.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, que en la fase instructora se efectúen los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. 3

4 La importancia de esta perspectiva radica en que en no pocos casos el cumplimiento meramente formal de los trámites o el incumplimiento de algunos, merma radicalmente las posibilidades de acierto y seguridad jurídica del dictamen que el Consejo Consultivo ha de emitir y de la resolución que ha de adoptar finalmente la autoridad consultante. En el presente caso desde la primera perspectiva señalada, no se aprecia defecto procedimental alguno que pueda invalidar el procedimiento tramitado, habiéndose dado cumplimiento a los trámites esenciales del mismo, como son la emisión del correspondiente informe de los Servicios municipales cuestionados, y el otorgamiento del preceptivo trámite de audiencia a la parte interesada. Respecto de la segunda, tampoco se aprecia irregularidad alguna que impida dictar válidamente la correspondiente resolución, atendidos los elementos de juicio necesarios para la completa determinación de los hechos. 4 Señalado lo anterior, procede pasar a examinar las cuestiones de fondo suscitadas en el expediente. III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ 1998\9967)-. Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, este carácter objetivo, tal y como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que

5 tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de 2000 declaró que el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas. Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración. La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000\4049)-. También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente. Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]. IV Requisitos para el ejercicio de la acción.- Expuestos los presupuestos jurídicos exigidos legalmente para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y antes de pasar al examen de los elementos sustantivos configuradores de la misma, procede analizar la concurrencia de las legitimaciones activa y pasiva inherentes a la reclamación. En relación con la primera, la misma se encuentra acreditada en el expediente, ya que la persona que reclama lo hace en nombre y representación de su hijo menor de edad, que es quien sufrió el daño tras la caída. 5

6 Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según la cual, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo, corresponde la legitimación pasiva al Ayuntamiento de San Clemente. De la misma forma, el artículo 6 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, que establece el marco de ordenación de la cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, atribuye las anteriores competencias a las citadas Corporaciones Locales. Por lo que al plazo del ejercicio de la acción se refiere, los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, establecen que el derecho a reclamar, en el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, como es el caso, prescribe al año, computado desde la curación o la determinación de las secuelas. En el presente supuesto, consta en el expediente que el menor fue dado de alta tras el proceso de curación de sus lesiones el día 4 de junio de 2012, y la reclamación fue presentada 22 de diciembre de 2012, dentro, por tanto, del plazo conferido para ello. 6 V Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuridicidad de aquél.- La parte reclamante pretende el resarcimiento de los daños físicos y de otra índole que fueron causados tras la caída sufrida por su hijo por un hueco existente en una valla del CP indicado. El daño reclamado se valora en la cuantía total de ,96 euros, y comprende los siguientes conceptos: - 2 días de estancia hospitalaria, 161 días de baja impeditiva y 144 de baja no impeditiva, más la cantidad correspondiente a un punto de perjuicio estético ligero. Por dichos conceptos se reclama la cantidad total de ,96 euros. - Por daños morales al menor, euros. - Por los perjuicios económicos ocasionados a la reclamante, tras acogerse a la reducción de jornada de una hora diaria, 630 euros. - En concepto de otros daños y perjuicios ocasionados a la familia del menor, euros. Sobre la efectividad del daño existe una abundante jurisprudencia y diversos pronunciamientos de este Consejo, así nos encontramos los Dictámenes n.º 241/2006, de 27 de diciembre, o 128/2011, de 3 de junio, en los que se indica que el carácter de efectivo con que debe contar el daño viene siendo equiparado por la doctrina y la jurisprudencia a la realidad del mismo, de modo que únicamente serán indemnizables aquellos daños que sean auténticos, no potenciales o posibles, sin que sean resarcibles las meras especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas. La prueba de la realidad del daño no debe basarse en alegaciones de parte o estimaciones subjetivas o en supuestos meramente posibles, sino que ha de ser rigurosa, careciendo de valor la basada en circunstancias dudosas o contingentes. Sin perjuicio de que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial el impulso de los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos compete al instructor del procedimiento, de conformidad con los artículos 7 del Real Decreto 429/1993 y 78.1 de la Ley 30/1992, no puede olvidarse que, cuando se trata de procedimientos iniciados a instancia de parte, el artículo 6.1, segundo párrafo, del mismo Real Decreto, impone al solicitante la concreción y acreditación del daño, así como del resto de los requisitos exigidos para el éxito de la acción. En el caso examinado la interesada aportó diversa documentación médica acreditativa de las lesiones y el proceso curativo, si bien no ha sido remitida a este Consejo junto al expediente tramitado. No obstante, el número y la valoración de los días de baja que reclama la interesada no han sido admitidos por el Ayuntamiento, efectuando una valoración diferente a la vista de la información proporcionada por la entidad aseguradora de aquél, que considera acreditados un periodo de hospitalización de 1 día (desde el 23 de diciembre de hasta el 24 de diciembre de 2011), una baja impeditiva de 89 días (desde el 24 de diciembre de 2011 hasta el 21 de marzo de 2012), y un total de 75 días de baja no impeditiva (desde el 22 de marzo de 2012 hasta la fecha de alta, el 4 de junio de 2012). Sin embargo, no consta que exista documentación alguna que pruebe el resto de perjuicios morales y económicos alegados por la reclamante, por lo que no puede estimarse su admisión. En lo que respecta al nexo causal debe partirse de que vincula la interesada el daño sufrido por su hijo a un funcionamiento anormal del servicio público de conservación y mantenimiento de las instalaciones del CP cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento, pues afirma que el accidente del que derivaron las lesiones se produjo mientras el menor presenciaba un partido de fútbol que se estaba desarrollado en el patio deportivo del centro, al caer por el hueco que la falta de los barrotes de la valla de uno de los laterales del referido patio dejaba al aire y sin protección. Tal valla precisamente debía proteger adecuadamente ese lateral ya que por esa zona, el patio del colegio es colindante a un solar contiguo cuyo suelo está a nivel inferior que el suelo del patio. La realidad del accidente consta suficientemente documentada en el expediente, acreditándose asimismo, mediante la fotografía adjuntada y el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en fecha 22 de febrero de 2013, que el desperfecto descrito por la interesada existía en la fecha del accidente (23 de diciembre de 2011), poniéndose de manifiesto

7 que el conserje del colegio avisó del mismo en fecha 2 de enero de Asimismo, se hizo constar que el vallado fue reparado por los servicios de obras de dicho Ayuntamiento en fecha 9 de enero de Por su parte, la Directora del Colegio informó, el 17 de abril de 2013, que el día 23 de diciembre de 2011 en horario lectivo, concretamente en horario de recreo, el alumno X sufrió un accidente escolar al caerse por el hueco de la verja trasera del patio de recreo al solar antiguo, siendo socorrido por el profesorado de guardia con la suficiente diligencia, no siendo abandonado en ningún momento, siguiendo el protocolo del Centro, se comunicó el accidente a los padres y fue trasladado al Centro de Salud para su reconocimiento, sabiendo posteriormente, al preguntar por su estado, que había sufrido fracturas en el brazo. [ ] La falta de algún barrote de dicha verja había sido comunicada, por parte del Centro, solicitando su reparación. Por lo tanto, acreditada la realidad y la forma en la que se produjo la desafortunada caída, que hubiera sido evitada si la valla protectora hubiera mantenido un correcto y adecuado estado de conservación, sin la falta de ningún barrote que permitiera que ningún menor se colara por el hueco dejado, y no constando indicio alguno de falta de diligencia o cuidado por parte de los profesores del centro respecto al menor de 8 años lesionado, debe estimarse acreditada en este supuesto la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento deficiente del servicio público municipal encargado de la conservación y mantenimiento de las instalaciones del CP y el daño sufrido por el hijo de la reclamante, tal y como admite el Ayuntamiento instructor. VI Sobre la indemnización solicitada.- A efectos de la valoración del daño, que la interesada ha cifrado en la cantidad total de ,96 euros, deberá tenerse en cuenta los días efectivamente acreditados durante los cuales el niño tardó en curar de su fractura. Como se ha indicado en la consideración anterior, la entidad aseguradora del Ayuntamiento efectuó una valoración, a la que la interesada no se ha opuesto en el correspondiente trámite de alegaciones, consistente en un periodo de hospitalización de 1 día (desde el 23 de diciembre de 2011 hasta el 24 de diciembre de 2011), una baja impeditiva de 89 días (desde el 24 de diciembre de 2011 hasta el 21 de marzo de 2012), y un total de de 75 días de baja no impeditiva (desde el 22 de marzo de 2012 hasta la fecha de alta, el 4 de junio de 2012). Si bien se ha utilizado para calcular la indemnización admitida por la propuesta de resolución el Baremo vigente para el año 2012, este Consejo ha considerado recientemente que debe atenderse al tenor literal del artículo de la Ley 30/1992, que ordena que la indemnización se actualice a la fecha en la que finalice el procedimiento, conforme al índice de precios al consumo, debiendo hacerse referencia también a la doctrina y la jurisprudencia mencionada en nuestro reciente dictamen 230/2013, de 10 de julio, en el que este Consejo consideró, a partir del mismo, realizar el cálculo de las cuantías indemnizatorias, mediante la actualización de las cantidades que se reconozcan en sus dictámenes, aplicando el Baremo vigente a la fecha de dictar la correspondiente resolución, esto es, las cuantías establecidas en la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en vigor, en el momento de determinación de la cuantía indemnizatoria, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el Apartado Primero.10 del Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, las cantidades que se reconocen anualmente en las resoluciones de la citada Dirección General, están actualizadas en el porcentaje del IPC correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este supuesto, por tanto, resultaría de aplicación la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar, durante 2013, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Según la referida Tabla, para este año corresponden 71,63 euros por cada día de ingreso hospitalario, 58,24 euros por cada día de baja impeditiva, y 31,34 euros por cada día de baja no impeditiva. Conviene poner de manifiesto, además, que este Consejo, cuando se trata de indemnizar incapacidades temporales sufridas por niños en edad escolar viene sosteniendo que procede reducir los módulos de cálculo en un 1/3 de su valor al estimar que no cabe compensar el lucro cesante, que constituye uno de los elementos de valoración englobados dentro del concepto contemplado en la Tabla V, apartado A), del referido Baremo, habida cuenta de que los niños no sufren menoscabo en su capacidad económica ni en sus ingresos cuando adolecen de cualquier tipo de enfermedad o lesión, porque de ordinario no generan tales ingresos -por ejemplo, Memoria del año 2001 y dictámenes 104/2001, de 2 de octubre; 23/2003, de 5 de marzo; 32/2005, de 2 de marzo; 158/2008, de 30 de julio; 205/2009, de 14 de octubre; o 127/2010, de 14 de julio, entre otros- -recientemente, dictamen 52/2013, de 27 de febrero-. No obstante, en este supuesto, al admitirse por parte de la Administración local la indemnización de la cantidad total diaria prevista en el Baremo, se considera procedente su reconocimiento, al tratarse de una interpretación estimativa y favorable al perjudicado. 7

8 En consecuencia, este Consejo, admitiendo las fechas determinadas por el informe de la aseguradora de la Corporación Local, y aplicando el Baremo vigente al año 2013, considera procedente el reconocimiento de la siguiente indemnización a favor de la parte interesada: - 1 día de ingreso hospitalario (23 al 24 de diciembre de 2011): 71,63 euros días de baja impeditiva (25 de diciembre de 2011 al 21 de marzo de 2012): 89 x 58,24 = 5.183,36 euros días de baja no impeditiva: (22 de marzo al 4 de junio de 2012): 75 x 31,34 = 2.350,50 euros. Total indemnización actualizada: 7.605,49 euros. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que existiendo relación de causalidad entre el servicio de conservación y mantenimiento del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), y los daños sufridos por el menor X, como consecuencia de una caída, procede dictar resolución declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración local y el derecho del perjudicado a percibir una indemnización conforme a lo expresado en la consideración VI. 8