En dicha reunión el Dip. Adrián Chávez Ruíz integrante de la Comisión de Pesca tuvo una intervención para expresar lo siguiente:

Transcripción

1 Participación en el Foro para la Evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo a un año de su firma celebrado en la H. Cámara de Diputados el 23 de abril de En dicha reunión el Dip. Adrián Chávez Ruíz integrante de la Comisión de Pesca tuvo una intervención para expresar lo siguiente: A nombre de la Comisión de Pesca quiero agradecer la oportunidad de expresar nuestra opinión con respecto al avance de este importante acuerdo. Y saludamos a los diputados y diputadas y sobre todo a las organizaciones populares Encuentros y desencuentros frente a los interlocutores gubernamentales, llevaron a la construcción del denominado Acuerdo Nacional para el Campo, que se firmó el 28 de abril del año pasado entre el gobierno federal y diversas organizaciones que se habían movilizado, manifestando su rechazo a la política de abandono a ese sector. Lo primero que quisiera es que el impuesto acuerdo que se firmo por organizaciones y gobierno. Sin embargo dicho acuerdo fue en realidad en mucho mayor medida, orientado hacia los productores agrícolas y pecuarios que hacia el sector rural de los trabajadores del mar. Parte de ello, se debe a que los pescadores en este país y sus organizaciones, no se han constituido en actores sociales que mantengan una experiencia de movilización, presión y articulación de una lucha por sus reivindicaciones comunes. Existen contadas excepciones a ello, como el Frente Estatal de Pescadores de Sinaloa y algunos otros equipos independientes que han mantenido una actitud de resistencia ante la ofensiva neoliberal que los está despojando de su forma tradicional de vida. Pero, otra gran parte, también se debe a que las mismas visiones del desarrollo de este país desde distintos frentes, están olvidando la aportación de este importante sector a la economía, al desarrollo sustentable, a la obtención de proteínas de alta calidad y bajo costo y que finalmente, son el medio de subsistencia de casi dos millones de personas en los litorales de este país.

2 Podría haber sido de otra manera? Creemos que sí. Dentro de los principios rectores de dicho acuerdo se reconocía la importancia del papel del campo en cuanto a la soberanía alimentaria. La extensión de nuestros litorales y la diversidad biológica de los mismos con un manejo sustentable y con políticas públicas orientadas al fomento del consumo nacional y el valor agregado permitiría satisfacer no sólo las necesidades materiales de los pescadores, sino elevar la actual cantidad de 11.5 kilos per cápita de consumo que mantienen los mexicanos. En materia de presupuestación e inversión pública, el acuerdo planteaba la inversión en materia de infraestructura, fomento productivo y diversificación económica, vía apoyos, compensaciones y subsidios. En el caso de la pesca, esto sólo se tradujo en un apoyo a la gasolina marina que con reglas de operación inoperantes permitió que se incluyeran sólo a Sinaloa, Campeche y Yucatán en el 2003, situación que no ha cambiado en el presente año. Los anunciados apoyos para el sector fueron de algo así como 13 litros para cada una de las 106 mil embarcaciones menores que existen en el país. Y fuera de ese apoyo hasta el momento ningún producto pesquero cuenta con subsidio alguno. A pesar de las enormes carencias en materia de inversión, comercialización, ordenamientos, etc. que se mantenía (y se mantiene) en el sector pesquero, el gobierno federal propuso a esta cámara una inversión total de poco más de 793 millones de pesos para el 2003, cifra incluso inferior a la del año anterior de 855 millones de pesos. En ocasiones, no se alcanza a valorar el tamaño del rezago ni lo desastroso que hubiera sido aprobar este presupuesto, pero ejemplifico diciendo que sólo como servicios personales de la presidencia de la República se proponían 928 millones de pesos. A opinión pública e imagen de la presidencia más que al instituto nacional de la pesca. En cuanto al principio del federalismo y la descentralización, el gobierno federal únicamente trasladó las oficinas de la CONAPESCA a Mazatlán, pero con la normatividad vigente, siguió autorizando permisos de captura de forma centralizada. Aquí, cabe señalar por ello, la importancia del esfuerzo de la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados, para modificar el artículo 73 constitucional a fin de permitir que los gobiernos estatales y municipales tuvieran facultades concurrentes en materia de Pesca.

3 Podríamos proseguir con otros principios como la integración de cadenas productivas, la diversificación económica y el ordenamiento de mercados pero sería innecesario: todos estos propósitos quedaron como un catálogo de buenas intenciones para el sector pesquero. El año pasado, el precio del camarón se desplomó por la entrada al país de miles de toneladas provenientes del sudeste asiático. Ya va a llegar la siguiente temporada de camarón y aún estamos esperando ganar la demanda contra el dumping de dichos productos por parte de Estados Unidos. Para el mes de noviembre del mismo año, para una población de más de trescientos mil pescadores se habían autorizado la cantidad de 200 proyectos productivos con una inversión de 93 millones de pesos. Se habla de reconversión productiva para que orientemos las actividades de la pesca a la acuacultura y cabría hacer mención que el costo de una granja camaronícola que en la segunda cosecha empiece a obtener ganancias es de más de diez millones de pesos. O sea, que para reconvertir a los pescadores tardaríamos a la tasa del gobierno federal en el 2003, algo así como 2000 años, aproximadamente para que todos los pescadores tuvieran su granja. Con estas cifras alarmantes, la comisión de pesca en la cámara se propuso incrementar el presupuesto del sector hasta llegar a 2,800 millones de pesos, que es insuficiente absolutamente para los rezagos, pero es tres veces mayor a la propuesta original del ejecutivo. Del fortalecimiento a la investigación del sector cabe decir que esta cámara, se tuvo que oponer al intento de desaparecer al Instituto Nacional de la Pesca, que es la fuente de información autorizada para la evaluación de la disposición y el manejo de los recursos pesqueros en este país. En fin, en la pesca el acuerdo en sí fue totalmente insuficiente, pero aún aquellos elementos que quedaron plasmados en el documento que incidían en el sector no se lograron. Vuelvo a ejemplificar esto que insisto sobre la insuficiencia al decirles que en el Anexo de los programas federales del 2003 que respondían a la emergencia del campo, ni uno, ni uno solo estaba orientado al sector pesquero. Como en los otros subsectores del campo, la problemática de la pesca es compleja, el presupuesto asignado siempre será insuficiente, consideramos que para resolverla algunos de los ejes de trabajo son:

4 Co-manejo de recursos: a través de incorporación de organizaciones de productores y trabajadores de la pesca en el manejo y administración de sus recursos, para impulsar la autogestión y la conservación de las especies. La investigación dirigida y vinculada a las necesidades de los productores. Es urgente construir una propuesta regional y nacional que incluya evaluaciones de las condiciones de las pesquerías regionales. Condiciones ambientales predominantes en lagunas costeras. El fortalecimiento de las cadenas productivas que deberá incluir el desarrollo de nuevos productos, redes de pequeños productores que fortalezcan el mercado local. Ordenamiento de la actividad con la inclusión de los pescadores tradicionales, con los pequeños empresarios, quienes producen para los mercados internacionales. Empresarios comprometidos con el desarrollo social de sus trabajadores. Fortalecimiento del Instituto Nacional de la Pesca, con mayores recursos y con un programa de vinculación con los centros de investigación y universidades de todo el país. Educación y capacitación para formación de técnicos y profesionistas vinculados al desarrollo productivo. Incentivos para la producción ambientalmente responsable y socialmente justa. La mayoría de las pesquerías han alcanzado niveles de explotación límite y, por tanto, en los años venideros no podremos incrementar los niveles de captura que se refleje en mejores ingresos de los productores. Ante esta situación es necesario potencializar las pesquerías ribereñas con la creación de instrumentos económicos que le adicionen valor de origen y ecoetiquetado. Lograr un federalismo cooperativo: que reconozca capacidades y comparta responsabilidades. La administración desde el centro, lejana de los problemas regionales y locales deberá

5 transformarse. Sin desconocer el papel que tiene la federación en la rectoría constitucional que ejerce el Estado nacional sobre las tierras y aguas. El desarrollo social de las comunidades pesqueras: es urgente vincular el presupuesto destinado al sector con mejoramiento de las condiciones de vida de los pescadores y sus familias. Educación para todos, salud y vivienda digna.