LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

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1 CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ON LINE WILLEMSTAD, CURACAO, ANTILLAS HOLANDESAS LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR EN DERECHO PROCESAL PENAL Autor: Benito J. Carrera C.I: Tutor: José G. Rincón WILLEMSTAD CURACAO, JULIO 2014

2 CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ON LINE WILLEMSTAD, CURACAO, ANTILLAS HOLANDESAS LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR EN DERECHO PROCESAL PENAL Autor: Benito J. Carrera C.I: Tutor: José G. Rincón WILLEMSTAD CURACAO, JULIO 2014

3 CARIBBEAM INSTERNATIONAL UNIVERSITY DOCTORADO EN PROCESAL PENAL LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Por: Benito José Carrera Tesis Doctoral aprobada, en nombre de Caribbean International University, por el siguiente Jurado, en la ciudad de Curacao a los 11 días del mes de Julio de C.I. (Nombre y Apellido) C.I. (Nombre y Apellido) iii

4 DEDICATORIA A ti amado DIOS por estar conmigo En cada momento de mi vida Cuidándome, guiándome, Dándome fortaleza y sabiduría Para siempre seguir adelante. A mi madre, quien a lo largo De mi vida me ha apoyado y Ayudado a cumplir metas y sueños. Velando siempre por mi bienestar y educación. Gracias a ellos estoy en esta etapa de mi vida, viendo culminada una meta más, los amo. A mis hijos, nietos y familiares por su amor y apoyo y siempre estar allí cuando les necesito. A TODOS MIL GRACIAS!!! Benito Carrera iv

5 AGRADECIMIENTO Primeramente a DIOS por iluminar mi camino cada día, Siendo mi luz y compañía en los momentos difíciles. A mi madre, por todo el apoyo Brindado en todo el trayecto de mi carrera. A mis hermanos por darme ánimos Para seguir con mi profesionalización Con sus demostraciones de respeto y Admiración para conmigo. A mis hijos y mis nietos por todo el espacio que les he quitado en el transcurso de realización de este objetivo. Al Profesor José Rincón por su apoyo incondicional. A mis compañeros de clase por formar parte de esta meta. A los Profesores, por su gran aporte del conocimiento a la formación académica e instrucción en los valores orientados al logro de las metas. A la directiva de tan prestigiosa institución por darme la oportunidad de lograr mis estudios. Gracias!!! Benito Carrera v

6 ÍNDICE GENERAL DEDICATORIA. AGRADECIMIENTO INDICE GENERAL.. RESUMEN.. INTRODUCCIÓN. CAPÍTULO I Planteamiento del Problema. 5 Objetivos de la Investigación 11 Objetivo General 11 Objeticos Específicos 11 Justificación.. 11 CAPITULO II Marco Teórico Antecedentes de la Investigación.. 13 Bases Teóricas.. 23 Derechos Humanos 23 Acceso a la Justicia como Derecho Humano. 24 Función Jurisdiccional del Estado. 25 Debido Proceso 26 El principio de legalidad y su relación con el debido proceso.. 27 Hábeas Corpus 27 El Habeas Corpus en Documentos Internacionales 28 Criterios Doctrinales.. 29 Operador de Justicia 30 El rol de las y los operadores de justicia en la garantía de acceso a la 31 justicia Bases legales C.R.B.V Declaración Universal de los Derechos Humanos Pág. iv v vi viii 1 35 vi

7 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 37 Convención Americana de Derechos Humanos 38 CAPÍTULO III Marco Metodológico.. 39 Paradigma de la Investigación 39 Tipo de Investigación.. 39 Diseño de la Investigación. 40 Fases del diseño.. 41 Población. 42 Muestra. 42 Técnicas de Recolección de Datos.. 43 Instrumento de Recolección de Datos 43 Validez y confiabilidad de los Instrumentos.. 44 Validez. 44 Confiabilidad Técnica de Análisis de Datos.. 45 Operacionalización De Variables 46 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 47 Análisis de los resultados Conclusión. Recomendaciones REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.... ANEXOS vii

8 CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ON LINE WILLEMSTAD, CURACAO, ANTILLAS HOLANDESAS LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Tutor: José G. Rincón Autor:Benito José Carrera Fecha: Julio 2014 RESUMEN El fenómeno de la trata de personas y su problemática, así como la concurrencia con otras figuras penales afines, vienen siendo estudiados tanto por especialistas de los instrumentos internacionales vinculados a la prevención y represión de este delito como por la doctrina penal comparada. Esta situación contrasta con su incipiente tratamiento en la doctrina y la jurisprudencia penal nacional. Dado que uno de los elementos característicos del Estado es la denominada sociedad jurídicamente organizada, este concepto no es mero capricho de los doctrinarios constitucionalistas y de derecho político al hablar del Estado; sino que abarca la esencia de un concepto del Estado y principalmente del estado de derecho. La división de poderes de Monstequieu, establecía que los poderes del Estado debían ser independientes pero complementarse unos a otros (pesos y contrapesos) y dar paso así a un verdadero estado de Derecho Debido a ello uno de los pilares fundamentales del estado de derecho son los Operadores de Justicia, que sirven para el efectivo funcionamiento de la legalidad en una sociedad jurídicamente organizada. Los operadores de la administración de justicia no pertenecen exclusivamente a un solo poder del estado; sino a todos los poderes lo que hace efectivo el cumplimiento de la legalidad. De allí surge la realización de este trabajo que tiene como fundamentación epistemológica el paradigma positivista y que además, se apoya en el método hipotético-deductivo, que es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica, lo cual permitirá la búsqueda de soluciones a las reiteradas violaciones que se han presentado en la aplicación constitucional en lo concerniente al debido proceso, olvidándose de la aplicación de los principios fundamentales y sus garantías, que son la base de los derechos humanos para la ejecución del debido proceso por parte de los operadores de justica. Descriptores: Operador de Justicia, Debido Proceso, Derechos Humanos, Garantía viii

9 CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY VICERRECTORADO DE ESTUDIOS ON LINE WILLEMSTAD, CURACAO, ANTILLAS HOLANDESAS OPERATORS OF JUSTICEAT THE DUE PROCESS AS WARRANTY OF THE HUMAN RIGHTS Autor:Benito José Carrera Tutor: José G. Rincón Fecha: Julio 2014 ABSTRACT The phenomenon of trafficking in people and their problems as well as together with other related criminal offenses, are being studied by specialists of international instruments related to the prevention and suppression of this crime as the criminal doctrine compared. This contrasts with its incipient treatment doctrine and national criminal jurisprudence. Since one of the characteristic features of the State is called legally organized society, this concept is no mere whim of doctrinaire constitutionalists and political right to speak of the state; but embraces the essence of a concept of the state and especially the rule of law. The division of powers Monstequieu, provided that the powers of the state should be independent but complement each other (checks and balances) and thus give way to a true state of law. As a result one of the fundamental pillars of the rule of law is the Judicial Officers, which serve for the effective operation of the law in a lawful society. The operators of the administration of justice do not belong exclusively to a single power of the state; but all effective powers which make compliance with the law. From there comes the realization of this work is to epistemological foundation the positivist paradigm and also relies on the hypothetical-deductive method, which is the procedure followed by the researcher to make your business a scientific practice, allowing the finding solutions to the repeated violations that have been presented in the constitutional implementation with regard to due process, forgetting the application of the basic principles and guarantees, which are the foundation of human rights for the implementation of due process by operators of Justice. Descriptors: Operator of Justice, Due Process, Human Rights, Warranty ix

10 INTRODUCCIÓN Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo el fenómeno de la constitucionalización de las garantías mínimas que debía reunir todo proceso judicial, como consecuencia del régimen político totalitario nazista, donde el irrespeto de los principios y garantías constitucionales de los ciudadanos fue el elemento característico del sistema alemán, lo que motivó y originó la inclusión de los derechos fundamentales tradicionales y procesales dentro de la Ley fundamental de la República Federal Alemana del 23 de mayo de 1949.Luego de los procesos Nazis ordenados por el Reich, que se caracterizaron por la trasgresión de los derechos humanos; especialmente, en el genocidio a los judíos, sin un debido proceso previo, se comenzó a garantizar los derechos no sólo humanos sino procesales, y nace en Europa el conocimiento de tales derechos y principios en los textos constitucionales. Cabe destacar que la protección efectiva de los derechos humanos es nada menos que una condición necesaria para la construcción y el cuidado del Estado democrático de Derecho, social y ambientalmente sustentable. El bienestar de la persona humana es el punto de partida y el fin último de los catálogos de derechos fundamentales con tenidos en las Constituciones nacionales y de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En un mundo cada vez más globalizado, es cada vez más notorio que un Estado que de forma sistemática o prolongada viole los derechos de las personas es un Estado precario, condenado a la inestabilidad y tendente al Estado fallido. En cambio, la persona que siente respeto por sus derechos más básicos y confía en la institucionalidad y sus representantes, apostará y defenderá su Estado como ente máximo facilitador de la pacífica convivencia en sociedad. Velar por los derechos equivale a formar ciudadanos solidarios, cívicos y comprometidos con la comunidad en los diferentes niveles organizativos del Estado.Entre los valores que regirán la forma en que ha de constituirse el Estado moderno se halla el valor de la dignidad humana. El cual fue concebido en un sitial cúspide desde donde, cual cascada, han de 1

11 descender en jerarquía el resto de los principios axiológicos que han de asumir roles paradigmáticos en los ordenamientos jurídicos de la Europa de postguerra. Sin embargo, un antecedente anterior a esa etapa histórica referenciada lo representó la consagratoria de derechos de inherencia en el proceso judicial en la Constitución Republicana de 1931, concretamente en lo que respecta al debido proceso en sus artículos 28 y 29, así como el artículo 94 que aborda el atributo de la gratuidad de la justicia. Desde una perspectiva racionalista, como consecuencia de su inclusión en los modernos Textos Constitucionales, los derechos anteriormente aludidos se reputan como derechos fundamentales. Reconociéndoseles por la doctrina y los órganos de control de la constitucionalidad una dimensión dual: subjetiva, en el entendido que son verdaderos derechos exigibles por los particulares a los Estados y, objetiva, en virtud que esos derechos y libertades públicas son aceptados como preceptos intrínsecos del derecho positivo y funcionan como pilares del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. En tal sentido, la constitucionalización del derecho es el proceso de incorporación a la ley suprema o fundamental de las normas de derecho que limitan el poder del Estado y que establecen parámetros superiores a las leyes; especialmente, a la ley procesal, para que sea efectiva la realización de las libertades y la tutela de los derechos de las personas. Por otro lado se puede decir que la constitucionalización, es al sujeto o ciudadano (particular) a quien le corresponde ejercitar su derecho a las garantías constitucionales procesales, cuando es lesionado o violado su derecho, pudiendo en todo momento renunciar al ejercicio de su derecho, no así al contenido del derecho constitucional. Obviamente, se entiende que los derechos fundamentales en su contenido son irrenunciables no así el ejercicio de esos derechos, los cuales quedan a la voluntad de los ciudadanos. Por ello, se define como el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia. En orden a posibilitar el ejercicio efectivo de ese derecho el Estado debe establecer tribunales, asignarles jurisdicción y competencia y dictar normas de procedimiento. Así mismo, el derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al 2

12 órgano judicial, sino que debe brindar a los administrados una tutela judicial efectiva a sus derechos individuales, en orden a satisfacer un adecuado servicio de justicia. Para ello, es necesario que se cumpla la garantía del debido proceso, cuyo problema radica en el respeto del derecho de defensa y que la pretensión se resuelva mediante una sentencia que debe ser oportuna, fundada y justa. Conviene destacar que una cosa son los derechos del hombre y otra cosa sus garantías, siendo que las garantías constitucionales procesales, son medios procesales a través de los cuales se hace posible la realización y eficacia de los derechos constitucionales, esto es, que las garantías hacen posible los derechos constitucionales por lo que el fin de la constitucionalización de las garantías procesales no es otro que la realización de la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico. Siguiendo este orden de ideas, se desarrolla la presente investigación que tiene como propósito analizar la tutela judicial efectiva contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La metodología utilizada consistió en una revisión bibliográfica correspondiente a la temática planteada. Uno de los pilares fundamentales entonces del estado de derecho son los operadores de justicia, los cuales sirven para el efectivo funcionamiento de la legalidad en una sociedad jurídicamente organizada. Sin embargo los operadores de la administración de justicia no pertenecen exclusivamente a un solo poder del estado tal como se puede creer a simple vista; si no a los poderes lo que hace efectivo el cumplimiento de la legalidad. El presente trabajo investigativo tiene como finalidad, el buscar soluciones a las reiteradas violaciones que se han presentado en la aplicación constitucional en lo concerniente al debido proceso, olvidándose de la aplicación de los principios fundamentales y sus garantías, que son la base de los derechos humanos para la ejecución del debido proceso por parte de los operadores de justica. Es por ello que cabe destacar que al abordar el tema de la constitucionalización del proceso es deber ineludible remontarse a los primeros años luego de la segunda guerra mundial. Desde entonces se comienzan a suscitar en el continente europeo cambios significativos en los más distintos ámbitos. No encontrándose excluidas de esas transformaciones las 3

13 instituciones jurídicas, especialmente, debido a la incorporación en las nacientes Cartas Políticas de una gama de derechos dirigidos a reconocer los valores sobre los cuales han de cimentarse las estructuras jurídicas de las naciones que recién despertaban de la pesadilla que significó la mayor tragedia conocida por la humanidad. Durante la cual fue desconocido todo principio de humanidad y convivencia social. De esta manera se indica la estructura del presente trabajo, el cual cuenta con el Capítulo I, el cual expone de manera clara y concisa el problema objeto de estudio, además de los objetivos que se plantea el autor con la siguiente investigación con su respectiva justificación. Siguiendo este primer capítulo, se encuentra el Capítulo II, el cual posee la fundamentación teórica y legal de la temática que le dará respaldo a la conclusión desarrollada por el investigador; seguido del Capítulo III, el cual se conforma por la información metodológica que el autor empleó para el correcto diseño de la investigación. Finalmente se encuentra el Capítulo IV, el cual presenta de manera objetiva los resultados que la investigación ejecutada arrojó, junto a sus respectivas conclusiones y recomendaciones desarrolladas a base del criterio del investigador. 4

14 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Hace varios años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha prestado un interés especial a la situación de las y los operadores de justicia en la región y ha reconocido la fundamental importancia que tiene su labor en el acceso efectivo a la justicia. No obstante ello, la Comisión ha observado a su vez que varios operadores de justicia han sido objeto de ataques y hostigamientos y su labor continúa siendo marcada en algunos Estados por desafíos y obstáculos dirigidos a afectar su independencia e imparcialidad, poniendo en riesgo la estabilidad democrática y afectando a miles de víctimas la oportunidad de obtener justicia y una reparación por las violaciones a sus derechos. Desde los primeros años luego de la segunda guerra mundial se comienzan a suscitar en el continente europeo cambios significativos en los más distintos ámbitos, de hecho no se encuentran excluidas de esas transformaciones las instituciones jurídicas, debido a la incorporación en las nacientes cartas políticas de una gama de derechos dirigidos a reconocer los valores sobre los cuales se deben cimentar las estructuras jurídicas de las naciones que recién despertaban de la pesadilla de mayor tragedia conocida por la humanidad. Ahora, antes del análisis de los efectos que sobre la prueba trae la constitucionalización de la garantía del debido proceso, se debe necesariamente precisar su definición y determinar aquellos derechos que por intercepción de dicha garantía, se posibilita su libre y pleno ejercicio. GREIF (2010, 269 y ss), vincula la noción del debido proceso con el concepto de función del proceso y, expresa: el proceso satisface el interés individual comprometido en el litigio y el interés social de asegurar la efectividad del derecho, mediante la obra incesante de la jurisdicción.. 5

15 Willoughby, citado por Greif(2010), señala que dicha garantía se materializa en la conjugación de las siguientes situaciones: (a) que el demandado conozca, expresa o de manera tácita, que en su contra se ha instaurado una pretensión; (b) que se le permita al sujeto pasivo de la relación jurídico procesal un tiempo razonable para comparecer, preparar su defensa, exponer sus afirmaciones de hecho y producir la fórmula probática legal, idónea y pertinente dirigida a demostrar los fundamentos de su oposición y excepciones; (c) que el órgano jurisdiccional esté previamente constituido y proporcione garantías igualmente razonables de su imparcialidad y; (d) que el órgano ante el cual se ventila la controversia sea el debidamente competente para su conocimiento. De lo anterior, específicamente de la parte final del literal (b), se vislumbra el vínculo existente entre la garantía del debido proceso y la prueba. En este sentido, el artículo 49 del Texto Constitucional establece: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia:1º La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuado para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta constitución y la ley. (Las cursivas corresponden al autor) omissis En lo que se refiere a un tratamiento de la prueba en el orden adjetivo cónsono con el rol que se le atribuye a la relación jurídico procesal, es decir, el de obtener por su intermedio una sentencia fundada y, con ello, dar cumplimento al derecho fundamental y exigencia por parte del Estado de prestar una tutela jurisdiccional en condiciones de efectividad y eficacia, concretamente, en cuanto a sus atributos de transparencia e idoneidad, resulta imperativo revisar, en algunos órdenes jurídicos especiales en los cuales la valoración de la prueba debe ceñirse al método de la sana crítica, no como modo de apreciación general como ocurre en materia civil, sino como sistema exclusivo de estimación; tasaciones o tarifas como la de plena prueba asignadas a determinados medios probatorios. 6

16 Por otro lado, si bien la etapa de sustanciación del proceso se desarrolla en primera instancia, hasta qué punto vale preguntarse, en favor de alcanzar ese principio axiológico de justicia que funge como norte de la relación procesal, en el supuesto que una prueba sea determinante la resolución de la litis, deba obstaculizarse su promoción en el segundo grado de la jurisdicción basado en la formalidad de no ser una prueba privilegiada a tenor de lo dispuesto, ejemplo: en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil. Sin estar supeditada esa probática a las facultades oficiosas del operador de justicia en dictar autos para mejor proveimiento. Ahora bien, actualmente se han venido presentando vicios que vulneran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de los operadores de justicia quienes mediante la toma de sus decisiones de criterios propios dejan de garantizar la imparcialidad e independencia que se estableció para que sea ejercido dentro del proceso penal las funciones de decidir, y de resolver la situaciones plateadas en el proceso. Del mismo modo, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran registradas cada una de las leyes que se deben cumplir, los artículos 1 al 49 de la Constitución, están referidos a los asuntos relacionados a los Principios Fundamentales. Los Derechos humanos son uno de los puntos a tratarse a partir del artículo 19, hasta el artículo número 31. Desde el artículo 32 hasta el 42 se refiere a los asuntos concernientes a la Nacionalidad y ciudadanía. Y aborda todos los asuntos relacionados a los Derechos civiles de los ciudadanos desde los artículos 43 al 49.La Constitución, tiene como máximo fin, defender los derechos fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo su inmunidad, su integridad y su autodeterminación. Resalta los valores del Libertador Simón Bolívar, como valores fundamentales de la doctrina, y declara que Venezuela, es irrenunciablemente libre, e independiente, por lo tanto es autónomo, y tiene el derecho de estipular sus leyes, y 7

17 establecerlas bajo sus parámetros establecidos, promoviendo la libertad, la igualdad, la justicia y la paz internacional. Garantiza el goce y el ejercicio de los derechos humanos, y establece que el respeto y la garantía de los mismos, es obligatorio para todos los órganos del Poder Público, conforme a lo establecido en la constitución, tratos suscritos y ratificados por la República y las leyes que se desarrollen en el futuro, para esos fines y defiende el derecho que tiene toda persona a desarrollar libremente su personalidad. Es conocido que el Debido Proceso, es un Derecho Humano complejo, que está a su vez comprendido por un conjunto de Garantías que lo conforman, como el Derecho a la Defensa, a recurrir del fallo, la presunción de inocencia, a ser oído con las debidas garantías y en un tiempo razonable, a ser juzgado por sus jueces naturales, a no declarar contra sí mismo. Cabe destacar que actualmente los operadores de justicia han pasado de ser simples aplicadores de la ley a convertirse en referentes de la justicia. Se busca con ello dejar atrás la simple subsunción de los hechos a la ley para dar el importante paso de tener operadores de justicia criteriosos y que brinden sentencias argumentadas de forma idónea. Lamentablemente este paso aún es incierto y se debe trabajar teórica, práctica y estructuralmente para poder ver resultados perennes de este cambio al cual se hace referencia. Hoy la justicia ordinaria sufre diversos malestares y como no cuenta con ciertos aciertos. Entre los malestares más frecuentes se pueden encontrar a la i) corrupción, la cual es un malestar tan antiguo como el nacimiento de la República hace ya 202 años y que hoy en día se ha institucionalizado dentro y fuera de los pasillos del Poder Judicial en todos sus niveles; ii) falta de logística, especialmente para los nuevos proyectos judiciales, como por ejemplo, el nuevo código procesal penal que tiene una vocación de superación muy interesante pero que el presupuesto que se le asigna es demasiado bajo; iii) sentencias formalistas, que son las que más abundan y crean una sensación de injusticia en la población; sentencias poco argumentadas que rozan un derecho simplista e interesado más en reducir la carga procesal que brindar soluciones razonables y fundamentadas; iv) entre otras menos trascendentes. 8

18 En cuanto a los aciertos, se pueden considerar (a) el control interno; es decir, la justicia ordinaria cuenta con un organismo interno de control que lo ha acercado a la ciudadanía, pudiendo estos últimos, denunciar cualquier situación extraña. (b) Justicia Constitucional. Como encargados de la justicia constitucional se encuentran los vocales supremos de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados del Tribunal Constitucional Venezolano. De ambos, el segundo ha opacado al primero básicamente por sus facultades en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. La primera los considera como los intérpretes supremos de la Constitución y el segundo, estima a sus precedentes vinculantes como aplicación obligatoria en todas las instancias jurisdiccionales. En el mismo orden de ideas, es determinante el valor que los operadores de justicia representan para esta nueva actividad que se inicia en la historia republicana de Venezuela. Por tal motivo, es necesario adquirir conciencia de rol que asumirán y la necesidad de articular con los otros operadores de justicia para que esto se haga realidad. Todos los esfuerzos deben ir orientados a acercar la justicia al pueblo porque detrás de todo hecho punible existe un profundo conflicto social y, en consecuencia, la justicia está donde se encuentra la gente. Lo anterior conduce a una elevación de los poderes jurisdiccionales del juez, no sólo en cuanto a sus facultades generales de ordenación y de dirección del proceso, sino en lo que respecta a la búsqueda de la verdad o de ese ideal de justicia al cual se debe la actividad jurisdiccional, no únicamente a través de la posibilidad de incorporar pruebas a las actas, sino de intervenir activamente en la práctica probatoria. Ese camino en pro de la verdad que el operador de justicia ha de seguir no debe ser autoritario. Por lo contrario, debe enrumbarse tutelando en condiciones de igualdad los principios constitucionales de justicia de implicancia en el orden procesal antes vistos. De allí que, cualquier proceder del juez conforme a sus poderes jurisdiccionales de ordenación, dirección y probáticos pasa, irremisiblemente, por la plena satisfacción de esos derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, el juez en aras de cumplir ese elemento teleológico del proceso no debe ser inerte, al contrario, debe ser activo pero garantista (lo que a juicio del autor no significa 9

19 dicotomía alguna), compulsado a juzgar en base a su ciencia, su conciencia y atendiendo los valores, principio, ideologías y creencias que orbitan en el contexto social. Lo que significa, entre otros aspectos, no estar sujeto a anacronismos como aquel según el cual el juez debe decidir conforme a lo alegado y probado en autos. Ese rol activo exigible al operador de justicia lo conduce analizar las pruebas y las actas procesales con logicidad, prudencia y sentido común, siguiendo el método general de valoración acogido por el legislador venezolano (la sana crítica).por todo lo anteriormente expuesto se plantea determinar los operadores de justicia en el debido proceso como garantía de los derechos humanos. En este sentido para direccionar la investigación se plantean las siguientes interrogantes: Cuál es la Reseña Histórica del Debido Proceso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal? Cuál es la importancia de los Principios y Garantías establecidas en la constitución y el Código Orgánico Procesal Penal? Qué valor tiene los Tratados y convenios sobre derechos humanos? Qué conocimiento poseen los operadores de justicia en cuanto al debido proceso como garantía de los derechos humanos? Cómo manejan los operadores de justicia el debido proceso como garantía de los derechos humanos? Qué Implicaciones judiciales conlleva la violación del debido proceso por parte de los operadores de justicia? Acciones a tomar al ser violentado el debido proceso? 10

20 Objetivos de la Investigación Objetivo General Establecerla responsabilidad de los operadores de justicia en el debido proceso como garantía de los derechos humanos. Objeticos Específicos Establecer las Implicaciones judiciales conlleva la violación del debido proceso por parte de los operadores de justicia Describir las acciones a tomar al ser violentado el debido proceso Detallar la Reseña Histórica del Debido Proceso en Nuestra Constitución y el COPP Explicar la importancia de los Principios y Garantías establecidas en la constitución y el COPP Comprobar el valor tiene los Tratados y convenios sobre derechos humanos Justificación Esta investigación se realiza con la finalidad de crear un punto de referencia, que invite a los operadores de justicia a no violentar los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y el Código Orgánico Procesal Penal (Debido Proceso) así como realizar sugerencias que permitan a la población en general tener conocimiento sobre el tema, y crear estrategias. Así mismo esta investigación aporta material bibliográfico y de contenido referido al tema que puede ser utilizado por futuros investigadores como referencia para la realización de otros estudios relacionados. Ya que se debe admitir que el derecho constitucional ha avanzado a pasos mucho más raudos de los que se perciben en otras áreas de las ciencias jurídicas, 11

21 específicamente, en lo que se relaciona con el derecho procesal. Esta aseveración obliga a quienes han internalizado al proceso no sólo gnoseológicamente, sino como parte de su existencia, a un repensar teórico de sus instituciones y, de esa manera, colocarlo a la par de los cambios que se han suscitado en el constitucionalismo moderno. La noción de acceso a la justicia ha experimentado importantes transformaciones a lo largo del tiempo. La dificultad de precisar esta noción radica en el poco interés que las instituciones del Estado tienen con el tema objeto de estudio siendo limitada y engorrosa las facilidades necesarias para acceder a la información básica que permita elaborar dicho trabajo de investigación, de igual manera la falta de vehículo para realizar el trabajo de campo y los recursos económicos, los cual son de gran importancia para la realización de dicho trabajo. 12

22 CAPITULO II MARCO TEORICO Ramírez, T. (2006), el Marco Teórico o Marco Referencial comprende una revisión de los trabajos previos realizados sobre el problema en estudio y (o) de la realidad contextual en la que se ubica. Dependiendo de la naturaleza del Trabajo o la Tesis, el Marco Teórico o Marco Referencial puede comprender aspectos teóricos, conceptuales, legales, situacionales de la realidad objeto de la investigación u otros según convenga al caso. En este marco usualmente se explican los conceptos y términos relacionados con el problema en estudio. Sin embargo, si resultara más conveniente por el enfoque de investigación adoptado, estas definiciones pueden presentarse en el capítulo de la metodología o en un glosario anexo. Es importante acotar, que la fundamentación teórica, determina la perspectiva de análisis, la visión del problema que se asume en la investigación y de igual manera muestra la voluntad del investigador, de analizar la realidad objeto de estudio de acuerdo a una explicación pautada por los conceptos, categorías y el sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico (Balestrini, 2007, p. 91).Ahora bien, para Según Bavaresco (2006) el marco teórico referencial, brinda a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema dentro de un ámbito dónde éste cobre sentido. Antecedentes de la Investigación Como parte del Marco Teórico, los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados por instituciones de educación superior. Los antecedentes pueden ser: trabajos de grado, postgrado, 13

23 trabajos de ascenso, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, congresos, revistas especializadas. De acuerdo al tutor, pueden llegar a requerirse hasta cinco (5) antecedentes como mínimo, los cuales serán de carácter nacional o internacional. Ahora bien, al abordar el tema de la constitucionalización del proceso es deber ineludible remontarse a los primeros años luego de la segunda guerra mundial. Desde entonces se comienzan a suscitar en el continente europeo cambios significativos en los más distintos ámbitos. No encontrándose excluidas de esas transformaciones las instituciones jurídicas, especialmente, debido a la incorporación en las nacientes Cartas Políticas de una gama de derechos dirigidos a reconocer los valores sobre los cuales han de cimentarse las estructuras jurídicas de las naciones que recién despertaban de la pesadilla que significó la mayor tragedia conocida por la humanidad. Durante la cual fue desconocido todo principio de humanidad y convivencia social. Entre los valores que regirán la forma en que ha de constituirse el Estado moderno se halla el valor de la dignidad humana. Sin embargo, un antecedente anterior a esa etapa histórica referenciada lo representó la consagratoria de derechos de inherencia en el proceso judicial en la Constitución Republicana de 1931, concretamente en lo que respecta al debido proceso en sus artículos 28 y 29, así como el artículo 94 que aborda el atributo de la gratuidad de la justicia. Desde una perspectiva racionalista, como consecuencia de su inclusión en los modernos Textos Constitucionales, los derechos anteriormente aludidos se reputan como derechos fundamentales. Reconociéndoseles por la doctrina y los órganos de control de la constitucionalidad una dimensión dual: subjetiva, en el entendido que son verdaderos derechos exigibles por los particulares a los Estados y, objetiva, en virtud que esos derechos y libertades públicas son aceptados como preceptos intrínsecos del derecho positivo y funcionan como pilares del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. En este orden de ideas, entre esos preceptos fundamentales se hizo ingente el acogimiento de un marco de principios de justicia y 14

24 garantías de implicancia en el orden procesal. En cita a Fix Zamudio, Picó (1997, 18), expone: La verdadera garantía de los derechos de la persona consiste precisamente en su protección procesal, para lo cual es necesario distinguir entre los derechos del hombre y las garantías de tales derechos, que no son otras que los medios procesales mediante los cuales es posible su realización y eficacia. Como derivación de esa esfera de principios y garantías mínimas de rango fundamental se produce lo que se conoce como la constitucionalización del proceso, otorgándosele desde entonces al instituto como objetivo teleológico, según Couture (1958), el alcanzar el valor justicia. El proceso, como consecuencia de ese objetivo intrínseco antes referido, deja de ser apreciado como un mero instrumento, pasando a tener un fin en sí mismo. En resumidas cuentas, entre los principales efectos que origina la constitucionalización del proceso, siguiendo a Picó (1997), se observan los siguientes: a. Como consecuencia de su consagratoria constitucional, los derechos y garantías de implicación en el orden procesal se consideran como derechos fundamentales. b. En virtud del principio de la Supremacía Normativa de la Constitución, esos derechos y garantías procesales son de aplicación inmediata, independientemente que algunos requieran de un posterior desarrollo legislativo. c. Los derechos y garantías fundamentales de implicación en el proceso vinculan a todos los órganos del Poder Público y, en particular, a la administración de justicia. La cual debe ceñirse a esa estructura de principios y garantías exigibles en el tratamiento de las distintas tutelas establecidas en el ordenamiento jurídico. d. Los derechos y garantías fundamentales aplicables al orden procesal son irrenunciables, es decir, su positividad o vigencia se encuentra al margen del poder de disposición de los particulares. Asimismo, deben ser interpretados con suficiente amplitud a los fines de favorecer su libre y cabal ejercicio. Verbigracia: el principio pro actione, favor libertatis, entre otras máximas. 15

25 e. En algunos órdenes jurídicos, se insiste, dada la condición de derechos fundamentales atribuibles a las consagraciones in commento, las leyes que se dicten para su desarrollo deben tener la calificación de leyes orgánicas y, por ende, han de estar sujetas al cumplimiento de las formalidades dispuestas en la Constitución. Verbigracia: el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. f. Cualquier norma contraria a un derecho o garantía procesal, como consecuencia de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, puede ser desaplicada al caso concreto. g. La ley que resulte agraviante de un principio constitucional de justicia es susceptible de ser objeto del recurso de inconstitucionalidad legislativa ante el órgano de control de la constitucionalidad que corresponda, en el caso venezolano, a través de un recurso popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En algunos órdenes jurídicos comparados, en el supuesto que una resolución judicial cause un agravio a un derecho de esta naturaleza, se podrá contra esa decisión incoar el recurso de amparo contra sentencias. Siempre y cuando se satisfaga el carácter subsidiario, extraordinario, sucedáneo y residual atribuido a la tutela constitucional de los derechos fundamentales subjetivo. Seguidamente, en lo que tiene que ver con la constitucionalización del proceso en Venezuela, se debe considerar, ineludiblemente, la noción de Estado democrático y social de derecho y de justicia que asume el Estado venezolano en el artículo 2º del Texto Fundamental. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En este sentido, Greif (2010), asevera que en las constituciones estructuradas sobre las bases del federalismo y erigida entre los bastiones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, el elevar al rango 16

26 constitucional los principios regentes del proceso y la justicia, conduce el propósito de establecerle al legislador un marco normativo referencial que le dicta las pautas a seguir en la práctica de los desarrollos legales. Asimismo, en lo que al juez concierne, esos derechos y garantías procesales han de ser los parámetros que delimitan su función creadora. Un ilustrativo ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, se encuentra en el comentario que Montero y Flors (2008) efectúan del artículo 58.2 de la Constitución Española de 1978, afirmando que dicha regla debe entenderse desde dos perspectivas: por un lado, como un mandato remitido al legislador ordinario para regular a través de la creación de normas cualquier tipo de proceso, por lo que en dicho supuesto se está ante principios procesales y, por el otro lado, como una norma dirigida al operador de justicia que está en conocimiento de un proceso in concretus. De ese modo, la consagratoria constitucional lo que hace es establecer derechos procesales en favor de las partes que, irremisiblemente, deben ser salvaguardados por el órgano jurisdiccional. Observados estos comentarios preliminares relacionados con la constitucionalización del proceso, en lo adelante se reconocen tres reglas fundamentales, entre otras, que ejercen una influencia notoria en el orden adjetivo venezolano y, particularmente, en lo que representa el punto medular del presente trabajo: los efectos que producen en régimen probatorio. Ahora bien, al iniciar estas anotaciones respecto a la relación existente entre la tutela judicial efectiva y el régimen probático, se debe comenzar por conocer una de las acepciones que el diccionario de la real academia española otorga al vocablo efectivo. Se señala en dicho texto, que el término deriva del latín effectivus, el cual significa algo real y verdadero, contrario a lo quimérico o dudoso, entre otros antónimos. Asimismo, en el texto de consulta antes citado, se asienta que por efectividad, debe reputarse la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. De acuerdo a lo expresado, cuando se alude a una tutela judicial efectiva se connota un requerimiento que los justiciables formulan a los órganos jurisdiccionales con el fin que éstos resuelvan en condiciones de eficacia los asuntos que son 17

27 sometidos a su conocimiento, verbigracia, de manera célere, expertita, idónea, transparente y sin dilaciones indebidas. Igualmente, esa prestación de la actividad jurisdiccional en las condiciones antes señaladas, constituye un deber de la Administración de Justicia. En este sentido, Monroy (2007) afirma que la jurisdicción es un poder y, al mismo tiempo, es un deber ineludible del Estado, el cual como titular de esa potestad no le es dable apartarse de su cumplimiento. De acuerdo a lo antes expuesto, el reverso de la potestad jurisdiccional es el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, el cual debe entenderse como un título que toda persona posee y que lo faculta a recurrir ante la jurisdicción en procura del reconocimiento de un derecho o que se le satisfaga una pretensión determinada. Asimismo, se trata de un atributo que se ostenta durante el desarrollo de todo el curso de ítem procesal, tanto en su fase cognoscitiva como en la de ejecución. En lo que concierne a la denominada tutela jurisdiccional previa o derecho al proceso, según Monroy (2007), consiste en el derecho inherente a toda persona por su propia condición de sujeto de derechos, habilitándolo para exigir del Estado la prestación de los requerimientos materiales y jurisdiccionales necesarios para la solución de los conflictos de intereses que se les planteen a través de los órganos de la administración de justicia. El citado afirma que es irrelevante si esas prestaciones materiales y jurídicas que debe brindar el Estado sean activadas o no por los particulares. Lo trascendental, en todo caso, es que la aludida estructura o instrumento de solución de conflictos de relevancia jurídica deben hallarse siempre prestos a garantizar un tratamiento de la tutela en las condiciones establecidas en la Norma Suprema. En cambio, la noción de tutela judicial efectiva durante el proceso o derecho en el proceso, debe entenderse como un plus de derechos integradamente entrelazados que el Estado está obligado en garantizar a todo quien intervienen en una relación jurídico-procesal, sea como actor, demandado o tercero interesado. En cuanto a los derechos que deben precaverse durante el curso del proceso, Pellegrini (1982), comenta: 18

28 El Estado de derecho sólo puede asumir su real estructura a través de estos instrumentos procesales-constitucionales que tutelan los derechos fundamentales del hombre. Se trata, siguiendo a COUTURE, de hacer que el derecho no puede a merced del proceso, ni que sucumba por ausencia o insuficiencia de éste; ya que no hay libertades públicas sino cuando se dispone de los medios jurídicos que imponen su respeto; y fundamentalmente, esos medios sabemos, se ejercen a través de la función jurisdiccional. Ahora bien, esos efectos de aspiración real, veraz, no quiméricos ni dudosos que se aspiran con el acceso a la jurisdicción deben alcanzarse bajo determinadas condiciones que configuran los llamados atributos de la tutela judicial efectiva. Los cuales, adicionados con los derechos que se salvaguardan a través de la garantía del debido proceso (Art. 49 CRBV), conforman un todo integrado e irreducible de elementos tuitivos procesales. El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es del tenor siguiente: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. En relación con la norma antes transcrita, comenta Parra (2008), que se refiere expresamente al derecho de acceso a la jurisdicción, el cual es un atributo de toda persona y del que deriva propiamente la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, sean individuales, colectivos o difusos. Asimismo, el autor citado señala que de la tutela judicial efectiva surgen reconocibles garantías de índole procesal, tales como: la apertura del proceso, ser notificado o citado de tal acto, la valoración no errónea de la fórmula probática allegada a las actas procesales, que se profiera una sentencia debidamente motivada o fundada, entre otras. 19

29 El comentario anterior se encuentra en correspondencia con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, de fecha 10 de mayo de 2001, caso: Jesús Montes de Oca y otra, cuya ponencia correspondió al para entonces Magistrado del Dr. Jesús Cabrera, el cual se reitera la cualidad de derecho humano o fundamental de la tutela judicial efectiva. El cual, como bien expresa Marinoni (2007), aparte de exigir el análisis de la esfera jurídica del demandado, no se agota sólo en el derecho de la defensa, pues éste no basta para lograr la persuasión de que la técnica procesal empleada es la legítima. La eficacia de la tutela debe mensurarse, según este autor, con lo pretendido y su respectiva confrontación con las defensas opuestas. El comentario anterior se refleja en el fallo dictado por el Máximo Tribunal de la República, en Sala Constitucional, signado con el N. 708, de fecha 10 de mayo de 2000, Exp. N , caso: Juan Adolfo Guevara y otros, el cual estableció lo siguiente: El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierte en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del 20

30 conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. La parcialmente transcrita sentencia del Máximo Tribunal de la República no solamente ratifica los atributos del derecho a la tutela judicial efectiva y su vínculo con la noción asumida por el Estado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, en él se reafirma que el derecho fundamental in examini debe ser garantizado conjugadamente con otros principios, derechos y garantías de justicia de implicancia en el proceso jurisdiccional, entre otros, los previstos en el artículo 49 Constitucional. De conformidad con lo antes tratado, entre los atributos del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentran la idoneidad y transparencia. Los cuales, irrescindibles e íntimamente se hallan ligados al ámbito probatorio, concretamente, a las condiciones que debe reunir la prueba para su admisión y su valoración. Aspectos que, posteriormente, se pretenderán analizar con mediana profundidad para satisfacer los objetivos del estudio. Antes del análisis de los efectos que sobre la prueba trae la constitucionalización de la garantía del debido proceso, se debe necesariamente precisar su definición y determinar aquellos derechos que por intercepción de dicha garantía, se posibilita su libre y pleno ejercicio. Greif (2006), vincula la noción del debido proceso con el concepto de función del proceso y, expresa: el proceso satisface el interés individual comprometido en el litigio y el interés social de asegurar la efectividad del derecho, mediante la obra incesante de la jurisdicción.. En este sentido, Willoughby, citado por Greif (2006), en su estudio titulado Las Garantías del ciudadano, señala que dicha garantía se materializa en la conjugación de las siguientes situaciones: a) que el demandado conozca, expresa o de manera tácita, que en su contra se ha instaurado una pretensión; b) que se le permita al sujeto pasivo de la relación jurídico procesal un tiempo razonable para comparecer, preparar su defensa, exponer sus afirmaciones de hecho y producir la fórmula probática legal, idónea y pertinente dirigida a demostrar los fundamentos de su oposición y excepciones; c) que el órgano jurisdiccional esté previamente constituido y 21

31 proporcione garantías igualmente razonables de su imparcialidad y; d) que el órgano ante el cual se ventila la controversia sea el debidamente competente para su conocimiento. De lo anterior, específicamente de la parte final del literal b), se vislumbra el vínculo existente entre la garantía del debido proceso y la prueba. Ahora bien, una de las características del proceso penal que estuvo vigente en Venezuela durante 37 años, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, fue la confusión de roles de personas e instituciones vinculadas al proceso penal; desde la Policía, que se constituía, de hecho, en el principal protagonista de la investigación criminal, pasando por el Juez, que a sus funciones jurisdiccionales propias le agregaba la de investigador y la de abogado acusador, y donde tenía el Ministerio Público una actividad meramente contemplativa, obviamente el principio de la independencia, la imparcialidad y la igualdad de las partes en el proceso, eran meras declaraciones retóricas o letra muerta. La verdad es que el imputado, tenía a la Policía, al Fiscal y al Juez como acusadores, y carecía de una defensa adecuada. En tales circunstancias no podía depararle sino una categórica condena. Es decir, la distinción de funciones que debe existir entre la función jurisdiccional y la función fiscal, como característica fundamental del respeto a la garantía del debido proceso: El Juez es el elemento del poder jurisdiccional que debe ser imparcial para así garantizar en el proceso la igualdad entre las partes que intervienen en el proceso, y la independencia en la apreciación y la valoración de las pruebas, en cuya recolección el mismo nunca puede ser parte. El Fiscal, por su parte, debe estar regido por el principio de objetividad, ya que lo que se busca en el proceso penal, no es precisamente la condena, sino la transparencia de la verdad real; como titular de la acción penal pública, debe constituirse en el investigador que reúna todos los elementos que permitan traslucir la verdad, acusando a través de elementos objetivos, y de una configuración clara de una conducta transgresora o pidiendo la absolución en los casos en que así corresponda. La Policía es la que debe actuar en la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público. 22

32 Estas son características de un sistema acusatorio, el cual por demás, es por excelencia el sistema donde con menor frecuencia se conculcan los Derechos Humanos de los imputados (o acusados según sea el caso). El respeto de estas funciones es de vital importancia para construir un sistema adjetivo penal que permita no sólo respetar los derechos fundamentales del imputado, sino también hacerle partícipe a la víctima en el proceso. Bases Teóricas La estructura de contenido de las Bases Teóricas varía de acuerdo al problema objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Su estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que surjan de la temática, del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se exprese en la formulación del problema. Para tener una mayor comprensión es necesario dar un orden coherente de las diversas temáticas que versará la estructura de las bases teóricas. Una vez establecido la estructura de la Base Teórica del trabajo, se procede a señalar el contenido que versará cada uno de los aspectos que lo conforman. Derechos Humanos Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los Derechos Humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho por ser éste la institucionalización jurídica de la democracia. Se puede decir entonces que existen tres conceptos Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, íntima y profundamente imbricados. Estas relaciones deben entenderse como procesos históricos y continuos, que tienen el objeto de construir, desde el mundo de los valores, una sociedad civil más vertebrada capaz de incorporarlos a los nuevos movimientos sociales. Desde esta sociedad se deberán impulsar políticas concretas, más y mejor orientadas, para lograr hacer realidad los valores éticos, constitucionales 23

33 y de cohesión social que representan la libertad, el bienestar, la solidaridad y la igualdad. Acceso a la Justicia como Derecho Humano El acceso a la justicia puede entenderse como la posibilidad efectiva de todo ser humano de acceder, sin ningún tipo de distinción, a cualquier jurisdicción ordinaria o extraordinaria para la resolución de un conflicto. Este derecho implica tanto el ser asesorado como el derecho a ser asistido y defendido por un (a) abogado (a) totalmente independiente. En consecuencia, el acceso a la justicia representa el derecho de acudir al sistema de administración de justicia establecido por ley, para la resolución de conflictos de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Es importante comprender el acceso a la justicia como un verdadero derecho humano y no como muchos proponen simplemente como la prestación de un servicio, porque ello podría significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo necesita como un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos. No obstante, en ambos casos el acceso a la justicia es generador de obligaciones para el Estado. En este sentido, la administración de justicia es la forma principal en que se traduce la obligación estatal de proveer los canales y sistemas para que toda persona pueda dirimir sus conflictos jurídicos o esclarecer sus pretensiones, el que alguien acuda a la justicia es el ejercicio de un derecho, y la abstención del interesado de hacerlo debido a razones propias del sistema o proyectadas por él, equivale a un problema de acceso, al punto que la inexistencia de condiciones favorables para que lo haga, pueden hacerse equivales a una denegación de justicia (Thompson, 2009). En este sentido, cuando se habla de acceso a la justicia se hace referencia un conjunto de derechos y garantías, que los Estados deben asegurar como: Derecho a un recurso efectivo que debe garantizarse a la población la resolución de sus conflictos penales, civiles, familiares, etc, tal como establece la Corte 24

34 Interamericana de Derechos Humanos debe ser eficaz, idóneo y pertinente para la pretensión que exige quien accede al sistema. Incorporación normativa de garantías judiciales tales como la presunción de inocencia, de irretroactividad de la ley, de legalidad, etc. Promoción de los derechos y la manera de ejercitarlos, para que todos (as) los (as) ciudadanos (as) tenga conocimiento de ellos. Deber del Estado de asumir la carga económica que derive de la asistencia de abogado (a) a las personas que carecen de recursos para asegurar una defensa efectiva en materia penal. El acceso a la justicia debe estar además garantizado por el cumplimiento de ciertos principios que aseguren su fin último, tales como: Continuidad, esto significa que la administración de justicia no puede suspenderse por ningún motivo ni siquiera en situaciones de excepción, más aún ésta debe estar garantizada con mayor razón. Adaptación, el Estado debe incorporar los cambios, reformas o innovaciones a su legislación, prácticas y mecanismos administrativos que sean necesarios para garantizar su efectividad. Celeridad, que implica que los plazos procesales sean cumplidos oportunamente. Gratuidad, se entiende en sentido de su disponibilidad orgánica y funcional, es decir, la posibilidad real de la persona de acudir físicamente al sistema y defender sus derechos, sin embargo, existe un costo, esencialmente de representación legal, que como veremos más adelante, es uno de los límites a un acceso equitativo. Igualdad ante la ley, por la cual todas las personas, sin ningún tipo de distinción tienen que poder acceder al sistema de administración de justicia. Función Jurisdiccional del Estado En Diccionario Jurídico Consultor Magno Mabel Goldstein (2011), se describe la Función Jurisdiccional como: 25

35 Es el poder y deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía para dirimir mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el Estado con la finalidad de proteger el orden jurídico. (pág. 292) Del mismo modo: Puppio (2.010), en su libro de Teoría General del Proceso, indica como función jurisdiccional:" y el estado quedó con el deber de la jurisdicción. La actividad de dilucidar conflictos es uno de los fines principales del estado. Sin esta función no se concibe el Estado." (pág.124) Debido Proceso Es la garantía procesal que asegura al imputado, que será juzgado oral y públicamente, por un juez imparcial, el cual atenderá a una acción penal debidamente ejercida, que a su vez responderá a una investigación llevada a cabo con cumplimiento de todas las formalidades legales, y que, en el cumplimiento de la condena que le corresponda, se respetarán igualmente, todos los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana. El Debido Proceso es un principio genérico del Derecho Procesal o Sustantivo, un principio global de aquellos principios específicos que corporifican el ritual concreto del sistema, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "debido proceso legal. El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de lo que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. Fernando Velásquez desde la perspectiva estrictamente penal doctrinalmente ha considerado que: El debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 26

36 ciudadano sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. El principio de legalidad y su relación con el debido proceso El principio de legalidad procesal, consiste en la necesidad de un juicio previo oral y público. Vale decir, todo proceso penal será nulo sin un juicio previo oral y público que avale la condena de una persona. Como se puede observar, y siendo que, como antes se afirmara, una de las características del debido proceso es la necesidad de un juicio previo, oral y público, no se puede menos que concluir que, efectivamente, la importancia del respeto a la garantía del debido proceso, consiste en que el no hacerlo, deriva necesariamente en la violación del principio de legalidad procesal, lo que haría nulo de nulidad absoluta cualquier proceso penal que se lleve a cabo sin el cumplimiento de la mencionada garantía. Hábeas Corpus Es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. El término en latín hábeas corpus literalmente quiere decir "que tengas el cuerpo", y desde su surgimiento permitió a los jueces ordenar que le fuera presentado el acusado en persona, en un plazo breve (originalmente de tres días), a fin de determinar si su detención era legal o no. De esta manera, disposiciones precisas determinaban la forma del writ (recurso). Como procedimiento tiene por objeto proteger al detenido, evitarle traslados arbitrarios, garantizarle el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de transgresiones y responsabilizar a los ejecutantes. 27

37 El hábeas corpus tutela o protege dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumarísimo (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece una posible violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne irreparable. El Hábeas Corpus es considerado como una de las garantías jurisdiccionales especiales de protección a los derechos humanos. Su regulación debe provenir de un mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos. Fue el medio de garantía más usado y más seguro, que consistía en una orden directa de un tribunal de justicia a todos aquellos que tienen en su poder a la persona del detenido, a fin de que le sea presentado el cuerpo de éste. El Habeas Corpus en Documentos Internacionales Múltiples instrumentos jurídicos de diversas jerarquías: Constituciones, Tratados, Declaraciones, Convenciones y muchos Códigos Procesales han asumido el desarrollo extraordinario de la idea rectora del Debido Proceso. Se nota especial énfasis de dicho avance en lo concerniente al procedimiento penal porque éste constriñe los derechos fundamentales del justiciable penalmente y por excelencia los relacionados con sus garantías fundamentales. El Derecho Internacional ha desarrollado un conjunto de normas para proteger el derecho a la libertad y los derechos de las personas detenidas. Siempre a modo de ejemplo se puede mencionar algunos de dichos instrumentos jurídicos: Constitución Mejicana de 1917, Constitución Alemana de 1918, Constitución Chilena de 1925, Constitución de la República de Ecuador de 1998, Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, 28

38 Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de mayo de 1948, Convención Americana sobre Derechos Humanos del 7 de abril de Los derechos humanos y su protección son el supuesto básico del funcionamiento de todo sistema democrático. Todo régimen que actúe bajo la fuerza, afecta los derechos humanos, particularmente la libertad. A partir de lo anterior, el Habeas corpus ha sido una garantía establecida en los principales instrumentos internacionales como recurso efectivo para el reconocimiento del derecho a la libertad. El Habeas Corpus lleva implícito tres fines: Preventivo: En virtud del cual toda persona en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones. Reparador: En virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El juez determinará en su caso la libertad del detenido. Genérico: En virtud del cual se podrán demandar la rectificación de las circunstancias que, no estando contemplados en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Criterios Doctrinales Existen elementales cuestiones técnico- doctrinales relativas a la naturaleza tanto del Debido Proceso como del propio Habeas Corpus, garante de aquel, que resultan de obligado análisis para adentrarnos posteriormente en la valoración procesal comparada que le ha merecido el tema a la legislación cubana, así como para estar en condiciones de poder emitir nuestras consideraciones sobre el tema. Ha existido 29

39 desde el punto de vista de la doctrina, cierto debate en cuanto a cuál es la naturaleza jurídica del debido proceso. Algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un principio general del derecho. El profesor John Rawls en su obra "El Debido Proceso", expresa que es aquel razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias". Operador de Justicia Lograr justicia oportuna e imparcial en el Venezuela no es fácil; Desde hace décadas la impunidad Reina sobre la Justicia; estos es debido y aunque se lea Temerario, en Muchas oportunidades a los intereses propios de los Operadores y Administradores de Justicia. Entendiéndose por operadores de justicias: El Ministerio Publico: Quien hoy día por derecho Constitucional, tiene el monopolio de la acusación Penal en Venezuela. Los Cuerpos de Policías Municipales, Estadales, Científica, Guardia Nacional, SEBIN: quienes de acuerdo a las Leyes son Auxiliares y están Supeditados al Ministerio Publico y se debe al mismo. El Poder Judicial: Conformado por Alguaciles, Escribientes, Secretarios y los Jueces, estos últimos cuya función de árbitro debe ser Imparcial y garantizar el Estado de Derecho. Esta trilogía forma los operadores de Justicia en Venezuela, y que si bien es cierto que en tiempo del código de Enjuiciamiento Criminal, ya existía y reinaba la impunidad; no menos cierto es que con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en el año 1999, esta Impunidad sigue reinando.pero si a esta trilogía le Anexamos un cuarto elemento, como lo es la participación ciudadana, quienes por acción u omisión, no asisten al Llamado de los Tribunales, evidenciando claramente su desconocimiento de su derecho y deber Constitucional, de que la Justicia emana de los Ciudadano. 30

40 Para Bello (2010) el operador de justicia, al momento de emitir su decisión, fallo o pronunciamiento, debe analizar los elementos de hechos controvertidos en el proceso, esto es determinar cuáles fueron los hechos alegados por el actor en su escrito liberal que fueron rebatidos por el demandado al momento de presentar su contestación de la demanda, para posteriormente fijarlos a través de la valoración de los medios probatorios aportados por las partes o que oficiosamente haya ordenado, construyendo de esta manera la premisa menor del silogismo judicial; una vez fijados los hechos previo el análisis de los medios probatorios, el operador de justicia debe construir la premisa mayor del silogismo judicial, escogiendo las normas jurídicas que aplicará al caso concreto y donde subsumirá los hechos fijados -premisa menornormas éstas que no necesariamente tienen que ser las señaladas por las partes. A partir de esto, el juzgador en función del principio iuranovit curia, aplica el derecho con independencia de las apreciaciones e invocaciones de las partes; fijada la premisa menor y construida la premisa mayor, subsumido los hechos fijados del caso concreto en la norma jurídica escogida por el juzgador para resolver el caso concreto, debe producirse la consecuencia contenida en la norma, la cual será en definitiva la que contenga la solución del caso concreto y que se traducirá o convertirá en el dispositivo del fallo. El rol de las y los operadores de justicia en la garantía de acceso a la justicia La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, Declaración Americana ) afirman el derecho de cualquier persona a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz ante denuncias de violaciones a sus derechos, así como la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar y reparar estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte o Corte Interamericana ) ha explicitado que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el 31

41 establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. La Comisión ha utilizado la noción de operador de justicia para referirse a las y los funcionarios del Estado que intervienen en los sistemas de justicia y desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de los derechos de protección y debido proceso. Desde tal perspectiva, a los efectos de este informe la CIDH consideró incluir tanto jueces y juezas, que de manera primordial les compete la función jurisdiccional, como a los fiscales, y las defensoras y defensores públicos que, desde sus respectivos roles, están vinculados a los procesos en los cuales el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso a la justicia. La Comisión reitera que las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Las juezas y los jueces fungen en un sistema democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, así como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos de particulares que puedan afectar los derechos de las personas. Por su parte, las y los fiscales, tienen en términos generales entre sus funciones la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones y ejecución de fallos judiciales como representantes del interés público, las cuales son indispensables para contribuir a la eliminación de la impunidad de casos de violaciones de derechos humanos y brindar un recurso efectivo a las personas que han sido afectadas en sus derechos por los crímenes cometidos en su contra. Asimismo, en algunos países los fiscales ejercen incluso funciones materialmente jurisdiccionales como cuando definen la prevención preventiva o incluso disponen la detención preventiva. Finalmente, las y los defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del 32

42 Estado. La Comisión recuerda que los literales d) y e) del artículo 8.2 de la Convención Americana establecen el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y que, si no lo hiciere, tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. El no contar con asistencia de un abogado impide disponer de una defensa adecuada y, específicamente, no contar con el patrocinio letrado de un defensor público puede implicar la imposibilidad de preparar debidamente la defensa. La Corte Interamericana se ha referido, al respecto, a la obligación estatal de proporcionar una defensa adecuada a quien no pudiera defenderse por sí mismo ni nombrar defensor o defensora particular. En el mismo sentido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que los Estados deben adoptar medidas para garantizar el acceso a la asistencia letrada gratuita de las personas que no cuentan con los medios para satisfacer los honorarios de un abogado defensor. Entre esas medidas, el Comité ha mencionado la adopción de un sistema general de asistencia letrada en los procedimientos penales para las personas que no tienen medios suficientes para costearla. La Relatoría Especial de Naciones Unidas ha considerado, por su parte, que la asistencia legal gratuita debería prestarse tanto en causas penales como en el ámbito civil. Como se advierte, la función de jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos tienen características propias y diferentes entre sí, sin embargo, todos ellos son operadores de justicia en tanto contribuyen desde sus respectivas atribuciones a asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho a la protección judicial. La anterior noción comparte, en lo fundamental, la definición que ha venido construyendo, desde su creación, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, la cual se ha venido ocupando de las cuestiones que afectan la independencia e imparcialidad de magistrados y magistradas, defensores y defensoras públicos y fiscales teniendo en cuenta el respectivo rol que realizan en el derecho de acceso a la justicia. 33

43 Bases legales Según Villafranca D. (2010) Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto explica que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite En la Constitución de la República Bolivariana vigente desde 1999 se recogen los Derechos individuales reconocidos por el constituyente venezolano. Así tenemos el Derecho a la Vida (Art. 43 CBV), a la Libertad (Art. 44 CBV), a la Integridad personal (Art. 46 CBV), a la Inviolabilidad del Hogar doméstico (Art. 47 CBV), a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas (Art. 48 CBV), a la Asociación (Art. 52 CBV), a Reunión (Art. 53 CBV), al Libre Tránsito (Art. 50 CBV), al Nombre (Art. 56 CBV), a la Identidad (Art. 56 CBV), a la Libertad de Expresión (Art. 57 CBV), a la Información (Art. 58 CBV), al Honor, a la Privacidad y a la Intimidad Personal (Art.60 CBV), entre los más destacados. Algunos de estos Derechos Individuales han sido reconocidos por todas las constituciones del país, aun cuando en algunas de ellas se han limitado casi hasta su supresión en la práctica. Igualmente estos Derechos están acompañados, por un conjunto de Garantías, que tienen como finalidad materializar tales preceptos en la realidad social y jurídica. Lo que si es conveniente aclarar es que estas garantías a las cuales se hace referencia, se han establecido como Derechos, porque en la práctica de la actividad legislativa, jurisprudencial y en síntesis del aparato institucional del Estado vigente desde 1961 hasta 1999 no se reconocían tales garantías como medios para materializar dichos Derechos individuales, por lo que el constituyente del 99 prefirió reconocerlos como Derechos y así evitar que fueran soslayados aspectos esenciales para garantizar el goce de tales Derechos individuales. 34

44 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela De igual manera el Artículo 253de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados y autorizadas para el ejercicio. El Artículo 253 de la Constitución es la norma que especialmente viene a consagrar la participación ciudadana que se expone, al señalar en primer lugar, que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se impartirá en nombre de la República, por autoridad de la Ley. Así, se incluye al mismo tiempo dentro de los sujetos que integran el Sistema de Justicia, a los ciudadanos que participan en la Administración de justicia conforme a la Ley. El Poder Judicial es independiente de las demás ramas del Poder Público, goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Los jueces poseen potestad decisoria, que los faculta para resolver la cuestión sometida a su conocimiento, no solamente para ponerle punto final, sino para tomar decisiones durante el curso del proceso en vistas a ese resultado definitivo. La sentencia es sin dudas la decisión judicial por excelencia, pues resuelve las cuestiones objeto del litigio ya sea condenando o absolviendo al demandado en los procesos penales. Es por ello que se dice que el Estado ejerce la función jurisdiccional a través de nuestros tribunales y para cumplir con la garantía constitucional de la justicia. El Estado debe asumir directamente la función de resolver los conflictos mediante órganos investidos de autoridad, donde debe imponer a los contrincantes árbitros 35

45 privados. Esta razón de árbitros privados es por la sencilla finalidad de lograr solución pacífica a los conflictos Tomando como referencia lo antes expuesto se puede decir que la función jurisdiccional es una atribución que se le confiere al Estado como exclusivo y que este ejecuta a través de la persona de jueces, quienes son los que tienen el poder de ejecución de hacer cumplir una decisión judicial, para dirimir conflictos e intereses que alteren el orden social, es por ello, que decimos que la función jurisdiccional comprende la decisión con fuerza de verdad legal de una controversia entre partes. Declaración Universal de los Derechos Humanos Los arts. 1º y 2º se refieren a la igualdad de todos los seres humanos, quienes nacen libres e iguales en dignidad y derechos y afirma el principio de no discriminación por razones de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de toda otra opinión, origen nacional, social, fortuna, de nacimiento o cualquier otra situación y que no debe ser víctima de ninguna distinción. En este mismo sentido el art. 7º establece la igualdad de todos ante la Ley y su derecho, sin distinción, a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Con relación al acceso a la justicia el art. 8º establece el derecho de toda persona a un recurso efectivo en caso de vulneración de los derechos fundamentales. Los arts. 10º y 11º establecen, por su parte, una serie de garantías procesales como el derecho a ser escuchado en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal imparcial e independiente, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para defenderse de una acusación penal, la presunción de inocencia y la irretroactividad de la norma. 36

46 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos El art. 2º del PIDCP dispone la igualdad de todos los seres humanos, sin distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de toda otra opinión, origen nacional, social, fortuna, de nacimiento o cualquier otra situación. En el parágrafo 3 se establece que todas las personas cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados, tiene derecho a un recurso efectivo, siendo la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, quien decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; El art. 14º establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder El principio 4º establece que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. 37

47 Convención Americana de Derechos Humanos Esta Convención establece en su art. 8º que toda persona tiene el derecho de que su causa sea escuchada, con las debidas garantías y dentro un plazo razonable, por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad al hecho por la ley, sea en un proceso penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El art. 25º de este instrumento garantiza el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por otra parte, señala que los Estados que firman la Convención se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 38

48 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO Paradigma de la Investigación La fundamentación epistemológica de la presente investigación se inscribe en el paradigma positivista que de acuerdo a Faúndez (2002), es el que se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares con independencia de quien lo descubre (pág.3). Además, se apoya en el método hipotético-deductivo, que según Bunge (2005), es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. (pág. 84). En este sentido, la presente investigación se estructura metodológicamente a través de la observación, la descripción y explicación de los elementos estructurales que permitan describir el objetivo de los Operadores de Justicia en el Debido Proceso como Garantía de los Derechos Humanos. Tipo de Investigación En tal sentido, la investigación se enmarca en el contexto de la modalidad de campo, puesto que, los datos serán recolectados directamente de la realidad que se investigará. En lo concerniente al estudio de campo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2010), lo define como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes (pág.18). Además, se apoyará en una investigación documental porque tiene como finalidad profundizar el conocimiento 39

49 sobre la naturaleza del problema planteado principalmente, a través, de la revisión de fuentes documentales y trabajos previos. Al respecto, Sabino (2007), señala que la investigación documental es aquella donde los datos han sido obtenidos por otros y llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los obtuvieron y manipularon (pàg.64). Igualmente, el estudio tiene carácter descriptivo, referida por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como la que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice (pág.119). Dentro de la investigación descriptiva se ubica en estudios de medición de variables independientes. Arias (2006) afirma que Su misión es observar y cuantificar la modificación de una o más características en un grupo, sin establecer relaciones entre estas. Es decir, cada característica o variable se analiza de forma autónoma o independiente (pág. 25). Diseño de la Investigación De acuerdo con Hurtado y Toro (2002), el diseño de la investigación es un conjunto de decisiones, pasos y actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proceso completo de la investigación en una dimensión metodológica. En tal sentido, es importante señalar que el diseño de la investigación a realizar está definido en función de los objetivos planteados, de allí que se asumirá el diseño no experimental, por estar dentro de las investigaciones de tipo descriptivo, el cual es caracterizado por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como...un estudio donde no se construye ninguna situación, sino que se observan las ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador... no tiene control sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya ocurrieron, al igual que sus efectos... (pág.189). 40

50 Fases del diseño Fase Teórica: En la primera fase, se llevó a cabo una revisión documental que permitió plantear los objetivos generales y específicos. En ese sentido se procedió a la búsqueda de información bibliográfica, resúmenes, guías, información de Internet, entre otros, para sustentar las bases y pilares en las cuales se apoyará la realización metodológica para resolver el problema en cuestión. Fase de Campo: En la presente etapa, se emplea el método de campo, para lograr conseguir los datos que permitirán comprobar y evaluar la investigación, haciendo posible su revisión o modificación en caso de surgir dudas con respecto a su calidad. Fase Analítica: Se realizará la recolección y tabulación de datos, por medios estadísticos, aplicando la técnica de análisis de datos, para estudiar los resultados y obtener las conclusiones y recomendaciones, teniendo en cuenta los objetivos por los cuales se realizará el mismo. Fase Conclusiva: en esta etapa se generan las conclusiones para poder dar solución al problema planteado. Cronograma de actividades Según Lloréns (2001, pág. 119), Un cronograma de actividades se puede definir como un esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un periodo de tiempo. La organización temporal básicamente se organiza en torno al tiempo que previsiblemente se utilizara para el desarrollo de cada actividad el cual puede variar debido a factores internos dentro de la organización. Para evitar cambios imprevistos en la planificación ó cronograma de actividades, al momento de diseñar alguno de estos, se debe tomar en cuenta un tiempo de holgura, que para una actividad, indica cuanto retraso se puede tolerar antes de llegar a otra sin retrasar la terminación del proyecto. 41

51 De igual manera, según Kendall & Kendall (2005, pág.194), un cronograma es un concepto que se utiliza en varios países latinoamericanos para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades. El término procede de los vocablos griegos chronos ( tiempo ) y grámma ( letra ). Por ejemplo: De acuerdo al cronograma indicado por las autoridades, la feria ambulante llegará mañana a la ciudad, El cronograma que acordamos con el gerente indica que hoy tenemos que presentar, al menos, cinco balances, Vamos a elaborar un cronograma para organizar mejor nuestras obligaciones. El cronograma, por lo tanto, es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital; en cualquier caso, el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final. Población y Muestra Población En lo que se refiere a la población, es considerada el núcleo de la investigación, puesto que, es a través de esta que se obtiene la información necesaria para el estudio, de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2002), la define como la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación (pág.14). Por esta razón la población a seleccionarse corresponde a los 150 Operadores de la Ley (Abogados) de San Juan de los Morros, estado Guárico. Muestra Una vez definida la población se procederá a establecer cuál es la cantidad de la muestra con la se recogerá mejor información. La muestra no es más que una parte de la población, estableciendo un porcentaje representativo a lo que Hurtado y Toro (2002) establece que: elementos representativos de una población, con los cuales se 42

52 trabajará realmente en el proceso de la investigación, a ellos se observará y se le aplicará los cuestionarios y demás instrumentos (pág.79). Es importante resaltar que, la muestra está conformada porcentualmente por el 10% de la totalidad de la población, lo que significa que la muestra va a estar dada por 15 Operadores de la Ley (Abogados), que van a facilitar la recolección de la información. Técnicas de Recolección de Datos Arias (2006), define las técnicas de recolección de datos como el procedimiento o forma particular de obtener datos o información (pág.67). En primera instancia, la técnica a utilizar es el análisis documental, que consiste según Sabino (2007), en un registro organizado de los datos o la información que se analiza, es decir, esta técnica sirve para acumular de manera metódica y ordenada los diversos hallazgos e ideas de las fuentes localizadas, que servirán de apoyo para la realización del trabajo con gran rapidez y eficiencia. En segundo lugar, se aplica la técnica de la encuesta, porque, ofrece al investigador conocer la realidad y obtener mayor cantidad y diversidad de datos. En opinión de Altuve (s/f), se considera la encuesta como el procedimiento de recolección de datos más utilizado en las investigaciones realizadas en las diferentes áreas del saber (pág.81). Instrumento de Recolección de Datos Articulado con lo anterior, el instrumento a utilizar es el cuestionario, el cual es un conjunto de preguntas, respecto a una o más variables a medir. (pág.285), así lo estiman Hernández, Fernández y Baptista (2004). Este cuestionario se estructura en función a los indicadores que permiten recabar la información; por lo que se constituye con 10 ítems. 43

53 Validez y confiabilidad de los Instrumentos Validez Para dar validez de contenido al instrumento se someterá a juicio de expertos: Abogado con experiencia en Defensa de Derechos Humanos y metodólogo, lo cual permite ajustar el mismo de acuerdo a las sugerencias planteadas, y luego se procede a su aplicación a la población de estudio. En el proceso de validación del instrumento se procede a entregar a los expertos los siguientes documentos: carta a los expertos solicitando su colaboración, tabla de operacionalización de las variables con los objetivos específicos de la investigación, versión preliminar del cuestionario, instructivo para validar el cuestionario y formato de registro a los expertos. Los criterios que son considerados por los expertos para validar el instrumento de recolección de datos son: congruencia de los ítems con los objetivos, redacción de los mismos y su relación con el tema de estudio. Confiabilidad Con respecto a la confiabilidad, según Munich y Angeles (citado por Ruiz 2002), se refiere a la estabilidad, consistencia y exactitud de los resultados, es decir, que los resultados obtenidos por el instrumento sean similares si se vuelve a aplicar sobre las mismas muestras en igualdad de condiciones (pág.55). En relación a ellos, la confiabilidad, se calcula, mediante una prueba piloto, que se aplica a un grupo de abogados que presenten las mismas características de la muestra de estudio. Los datos que suministra la prueba son utilizados para determinar la varianza total de los ítems y los índices de confiabilidad. De esta manera, el método de determinación del coeficiente de confiabilidad, expresa Fuguet (citado por Ruiz 2002), requiere de una sola administración del instrumento, el fundamento estadístico es el coeficiente de correlación que indica el grado de relación entre las partes (pág. 26). 44

54 Técnica de Análisis de Datos Se implementará la técnica estadística, con el fin de procesar la información recolectada que corresponda a la distribución de frecuencia porcentual simple, porque ofrece la posibilidad de dar una visión general y precisa de los hallazgos de la investigación. Por otra parte, permite presentar los datos en cuadros y gráficos estadísticos para mayor compresión de los mismos. En tal sentido, Sabino (2007) sostiene que las distribuciones de frecuencias son los porcentajes para describir los datos y los valores obtenidos para cada una de las categorías de las variables estudiadas (pág.59). 45

55 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES Objetivo General: Establecer la responsabilidad de los operadores de justicia en el debido proceso como garantía de los derechos humanos. Objetivo Específicos Definición operacional Dimensión Ítems Establecer las Implicaciones judiciales conlleva la violación del debido proceso por parte de los operadores de justicia. Describir las acciones a tomar al ser violentado el debido proceso. Detallar la Reseña Histórica del Debido Proceso en Nuestra Constitución y el COPP Explicar la importancia de los Principios y Garantías establecidas en la constitución y el COPP Comprobar el valor tiene los Tratados y convenios sobre derechos humanos Carrera 2014 El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. Planificación Investigación Organización Ejecución Evaluación

56 CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones del Análisis de los Resultados En este capítulo se exponen los resultados obtenidos producto del desarrollo de la investigación y de la información recabada mediante el instrumento de recolección de datos. En este sentido, se utilizan cuadros y gráficos, los cuales facilitaran la interpretación de los mismos. El análisis e interpretación lo evidencia Luna (2007), como un proceso mental con el que se trata de dar significado más amplio a la información empírica (pág. 110). De igual manera lo hace Zorrilla (2007), quien señala que dicha interpretación es producto de la operación que se realiza entre el análisis y la síntesis. Con la aplicación del instrumento de recolección de datos y los datos presentados en el cuestionario efectuado y aplicado a los abogados, a fin de dar respuesta a los objetivos planteados en este estudio. Se obtuvo lo siguiente: CUADRO 2: Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión conocimiento sobre los Operadores de Justicia. Nº de Abogados Excelente Bueno Regular Deficiente % 50% 30% 10% 10% Fuente: Base de datos de la investigación

57 Fuente: Base de datos de la investigación (2013). Grafico 1 Representación gráfica de los conocimientos sobre los Operadores de Justicia que poseen los abogados de San Juan de los Morros. Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que el conocimiento sobre los Operadores de Justicia que poseen los abogados de San Juan de los Morros, es excelente debido a que el 50% de la muestra lo represento en el cuestionario aplicado, así también el 30% demostró que tiene un conocimiento bueno, el 10% presenta un conocimiento regular y por ultimo un mínimo de 10% ratifico tener un conocimiento deficiente. Es importante señalar que uno de los elementos característicos del Estado es la denominada sociedad jurídicamente organizada. Este concepto no es mero capricho de los doctrinarios constitucionalistas y de derecho político al hablar del Estado; si no abarca la esencia de un concepto del Estado y principalmente del estado de derecho. El estado de derecho es aquel en el que todos gobernantes y gobernados 48

58 están sometidos a la ley. Esto en principio tiene su justificación en la bases ius filosóficas aportadas por Rosseau, Locke y Hobbes. Sin embargo a lo largo de la evolución de los Estados de derecho y de los sistemas políticos constitucionales se estableció la división de poderes del Estado que sirvió en suma para reforzar el concepto de estado de derecho y los llamados pesos y contrapesos dados en cada sistema político. La división de poderes planteada por Monstequieu, establecía que los poderes del Estado debían ser independientes pero complementarse unos a otros (pesos y contrapesos) y dar paso así a un verdadero estado de Derecho. Cabe destacar que uno de los pilares fundamentales entonces del estado de derecho son los operadores de justicia, los cuales sirven para el efectivo funcionamiento de la legalidad en una sociedad jurídicamente organizada. Sin embargo los operadores de la administración de justicia no pertenecen exclusivamente a un solo poder del estado tal como se puede creer a simple vista; si no a los tres poderes lo que hace efectivo el cumplimiento de la legalidad. Cuadro Nº 3 Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión conocimiento sobre los diferentes tratamientos aplicados a los y por los Operadores de Justicia Nº de Abogados Excelente Bueno Regular Deficiente % 30% 30% 25% 15% Fuente: Bases de la investigación (2014) 49

59 Grafico 2 Representación gráfica de los conocimientos sobre los diferentes tratamientos aplicados a los y por los Operadores de Justicia. Análisis e interpretación De acuerdo a los datos arrojados se puede decir que el 30% de la muestra a la cual se le aplico el cuestionario posee un conocimiento excelente sobre los diferentes tratamientos aplicados a los y por los Operadores de Justicia. Así mismo el 30% demostró tener un nivel de conocimiento bueno, el 25% regular y el 15% de la muestra presenta un conocimiento deficiente. En relación a esto como se puede ver los tres poderes del Estado coadyuvan y colaboran formando parte de los operadores de la administración de justicia. El poder judicial es por excelencia el poder del estado que tiene la facultad de administrar justicia y sus órganos y funcionarios, por ende, son operadores de la administración de justicia. El poder legislativo al volverse ministerio público en los casos ya explicados dentro de la comisión de policía judicial y constitución. El poder ejecutivo a través de la policía nacional también se vuelve operador de la administración de 50

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