SENTENCIA QUE AUTORIZA QUE LOS ABOGADOS NO COTICEN AL SSO

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1 Ediciones del Trabajo, C.A. SENTENCIA QUE AUTORIZA QUE LOS ABOGADOS NO COTICEN AL SSO Procedencia: La Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa. Magistrado Ponente: Dr. Saúl Ron. Vistos. En escrito de fecha veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y siete, el doctor Manuel Enrique Certad Chaumer, abogado de este domicilio, ha ocurrido a la Corte para denunciar la colisión que a su juicio existe entre determinadas disposiciones de la Ley de Seguro Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 1.023, Extraordinario, de fecha 11 de julio de y algunos artículos de la Ley de Abogados, publicada en la edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República, Nº de fecha 22 de diciembre de Como consecuencia de la denuncia planteada, el solicitante pide a la Corte se sirva declarar cual Ley debe prevalecer en el caso. Estos son los argumentos de la denuncia:...conforme a la Ley de Seguro Social se hallan sometido a sus previsiones las siguientes personas: 1) "Las personas que presten sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo cualquiera que sea el monto de su salario y tiempo de duración". (Artículo 3º ejusdem). 2) "Las personas que presten sus servicios a la Nación, Estados, Territorios, Distrito Federal, Municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas morales de carácter público". (Aparte 1º del Artículo 4º ejusdem). "Posteriormente fue publicada la novísima Ley de Abogados, la cual establece, entre otras disposiciones, las siguientes: 1) Quien haya obtenido el Título de Abogado, de conformidad con la Ley, deberá inscribirse en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional". (Artículo 7º ejusdem). 2) A los efectos de la presente Ley se entenderá por actividad profesional del abogado, el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una Ley especial a un egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna. Parágrafo Único: Quedan sometidos a la presente Ley, y en consecuencia, sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean: profesores en las Universidades del país; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jueces de la República; Secretarios de los Tribunales; Defensores; Fiscales del Ministerio Público; Registradores; Notarios, Consultores o Asesores Jurídicos de personas individuales o colectivas, públicas o privadas". (Artículo 11 ejusdem). 3) Todo lo relativo a la previsión social del Abogado se regirá por la presente Ley, por el Reglamento y por los Reglamentos internos que dicten los organismos competentes, los cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la República. (Artículo 75 ejusdem). 4) Se crea el Instituto de Previsión Social del Abogado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Artículo 76 ejusdem) 5) Los abogados y procuradores de la República deberán inscribirse en el Instituto de Previsión Social del Abogado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley". (Artículo 85 ejusdem). 1

2 Ediciones del Trabajo, C.A. Por su parte el artículo 1º de la Ley de Seguro Social, es-blece: "La presente Ley regula el régimen del Seguro Social obligatorio en las contingencias de enfermedad y accidentes, invalidez, vejez, sobrevivientes y paro forzoso"; y el artículo 2º ejusdem. Dispone: "El Seguro Social Obligatorio otorgará: 1º Prestaciones de asistencia médica integral; 2º Prestaciones en dinero para los casos de incapacidad temporal; 3º Prestaciones en dinero en casos de: a) incapacidad parcial o invalidez; b) vejez; c) sobrevivientes; d) nupcias". El artículo 77 de la Ley de Abogados reza así: "El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social y económico de los profesionales del Derecho y a sus familiares, y en tal sentido, deberá asegurarles medios idóneos de protección social frente a las eventualidades derivadas de la muerte, enfermedad o incapacidad de aquel, fomentar el ahorro entre sus miembros y propiciar la adquisición de viviendas propias y en general, cualesquiera otras actividades encaminadas a cumplir el objeto esencial de su existencia. En tal virtud, el Instituto podrá promover la constitución y funcionamiento de otras entidades que coadyuven al mejor logro de sus fines". Y, a su vez, el artículo 46 del Reglamento Interno del Instituto de Previsión Social del Abogado dice textualmente: "El Instituto otorgará a sus miembros las siguientes prestaciones: a) Retiro profesional; ayuda temporal; b) Indemnización por incapacidad definitiva; c) Indemnización por fallecimiento, que comprende: 1º) ayuda inmediata; 2º) indemnización por muerte; d) préstamos personales e) préstamos hipotecarios para vivienda; f) servicios médicos; g) cualquiera otros servicios de protección y asistencia mutua que se estimen convenientes". La Corte, en la oportunidad de decidir, observa: Como consideración previa se advierte que el solicitante no denuncia claramente una colisión entre un precepto determinado de la Ley de Seguro Social y otro de la Ley de Abogados sino que, en forma general, habla de colisiones entre ambos textos legales, lo cual viene a complicar el estudio del caso. No obstante, como resulta impropio admitir la colisión global de las leyes mencionadas, es necesario examinar los fundamentos de la denuncia, para poder apreciar si existe una antinomia entre una o varias normas de los mencionados instrumentos. Conforme a los artículos 3º y 4º, aparte 1º de la Ley de Seguro Socia!, están sujetos al régimen establecido en dicho estatuto, los que presten sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, cualquiera que sea el monto de su salario y tiempo de duración y quienes presten sus servicios a la Nación, Estados, Territorios, Distrito Federal, Municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas morales de carácter público. La razón que sirve de fundamento a las disposiciones citadas, atiende a la circunstancia de ser la persona protegida un trabajador que presta sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, extendiendo ese beneficio a los empleados públicos que no estaban amparados "por un sistema orgánico y general de protección", "al menos en las contingencias de invalidez, vejez y muerte". Esta carencia de ayuda para el funcionario público y de un sistema legal unificado que regulara las relaciones del Estado con sus servidores, dio pie para que se llevaran a la práctica métodos empíricos para otorgar pensiones de retiro sin ninguna orientación sistemática y sin adaptarse a los criterios técnicamente aplicados a hechos o circunstancias de la misma naturaleza. De esta manera y en virtud de su sola condición de trabajador del Estado, se agrega el empleado público al régimen del Seguro Social con las siguientes miras: a) elevar los salarios y sueldos de aquél en la medida exigida por la necesidad de recibir una pensión sustancial; b) establecer un sistema complementario de pago adicional para asegurar al empleado público un 2

3 Ediciones del Trabajo, C.A. suplemento en la pensión, buscando así colocarlo en plano de igualdad con los empleados privados que por el monto de sus salarios y sueldos gozan de mejores condiciones de trabajo y de seguridad social; c) establecer un régimen especial para los empleados públicos, administrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que los coloque en plano de igualdad con los empleados de la empresa privada, dentro de un sistema permanente, no ocasional. En este orden de propósito, los empleados públicos, de acuerdo con los objetivos de la Ley de Seguro Social obligatorio (artículo 1º de la Ley) resultan amparados "en las contingencias de enfermedad y accidente, invalidez, vejez, sobrevivientes y paro forzosos", debiendo recibir, en consecuencia, por fuerza de las circunstancias que puedan sobrevenir en cada caso, (artículo 2º ejusdem) "prestaciones de asistencia médica integral; prestaciones en dinero en casos de incapacidad parcial o invalidez, vejez, sobrevivientes, nupcias". En este sentido y en orden a las razones que inspiraron esta reforma legal, se ha querido que "los empleados públicos estén asegurados en las mismas condiciones que los trabajadores privados, tratando de llegar a una pensión cuyo tope sería lo suficientemente alto dentro de un régimen de Seguro Social Obligatorio, para ser considerado como ayuda sustancial". Ahora bien, de conformidad con los artículos 3º y 4º de la Ley de Seguro Social, los abogados que presten sus servicios profesionales en virtud de un contrato o relación de trabajo están sujetos al régimen establecido en esta Ley e igualmente, lo están, todos los abogados que ejercen su actividad profesional como funcionarios o empleados públicos al servicio de las entidades a que se refiere el citado artículo 4º. A su vez, la Ley de Abogados vigente, sancionada con posterioridad a la promulgación de la Ley de Seguro Social, establece para los abogados un sistema propio de seguridad social contra los riesgos que pueden ser objeto de previsión social, creando a tal efecto el Instituto de Previsión Social del Abogado, conforme a las reglas señaladas en los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Abogados y 79 de su Reglamento, transcritos en la primera parte de este fallo. A este respecto, se observa que fue propósito del Legislador, atendiendo a razones de carácter gremial que demandaban una protección social adecuada a los requerimientos de la vida moderna, sustituir la vieja institución del Montepío, que por su estructura y naturaleza no responde a cabalidad a tales exigencias, por la nueva institución, creada para dar protección económica, hospitalaria, quirúrgica y de maternidad al abogado y sus familiares, en vida de aquél y aún después de su muerte, estableciendo así, un sistema autónomo de Seguridad Social a favor de los profesionales de la abogacía. Ahora bien, teniendo en cuenta que la colisión existe cuando dos normas que afectan a un mismo supuesto de hecho tienen consecuencias jurídicas incompatibles, no podría asegurarse, tal como lo afirma en su dictamen el Fiscal General de la República, que una y otra Ley, sean absolutamente colidentes o excluyentes entre sí, precisamente, porque los presupuestos legales y las proposiciones jurídicas que los contienen, aun que coincidentes en la materia que contemplan no lo son en los hechos a que se contraen. Sin embargo, como a la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del Legislador, conviene hacer al respecto las siguientes consideraciones: Primera: Frente a la situación planteada por la denuncia, es necesario partir del principio de que las disposiciones contenidas en las leyes nacionales especiales se aplicaran con preferencia en las materias que constituyan la especialidad y que cuando dos leyes tienen distinta fecha de vigencia, debe regir el precepto que haya 3

4 Ediciones del Trabajo, C.A. entrado en vigor en fecha posterior o más reciente, en virtud del principio de la derogación tácita. Segunda: Que la Ley de Abogados prevé la Seguridad Social de todos los abogados, atendiendo a su condición profesional que dura toda la vida y la Ley de Seguro Social protege sólo a un grupo de abogados, en su condición de empleados públicos, contra determinados riesgos, limitados también en el tiempo por cuanto no existe una Ley de Carrera Administrativa que establezca su inamovilidad como trabajadores del Estado. Tercera: Que la permanencia y amplitud de la protección que ofrece la Ley de Abogados al profesional del Derecho, sin atender a su condición transitoria de empleado público y extendiéndola al bienestar económico y al beneficio social del abogado y de sus familiares, permite el desarrollo progresivo del sistema de seguridad social, proclamado en el artículo 94 de la Constitución. Cuarta: Que la Ley de Seguro Social al contemplar una situación parecida a la planteada en autos con relación a los Miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, excluyó a estos del régimen legal del Seguro Social, cosa que no podía hacer respecto a los abogados porque aún no había sido creado por la Ley especial el Instituto de Previsión Social del abogado, más existiendo éste, rige respecto al mismo la exclusión expresa establecida en la Ley de Seguro Social para el régimen autónomo de seguridad social creado en favor de los Miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Quinta: Que de aplicarse a los abogados, en materia de su seguridad social, el régimen establecido en la Ley general a la par del régimen estatuido en su Ley especial, se les estaría obligando a pagar una doble cotización por un solo servicio, con violación de los principios de la igualdad ante la Ley y la igualdad antes cargas públicas, dándole así un tratamiento injusto y discriminatorio. En virtud de las razones expuestas y dentro de una interpretación amplia del concepto de colisión, es lógico concluir que en cuanto a la seguridad social del abogado, existen normas contradictorias que rigen en forma diferente una misma materia, entre la Ley de Seguro Social y la Ley de Abogados, motivo por el cual debe aplicarse con preferencia esta última, y así lo declara la Corte, en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en Caracas, a los diez días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. Años: 158º de la Independencia y 110º de la Federación. El Presidente, J. M. Padilla. El Vicepresidente, Martín Pérez Guevara. Los Magistrados, Saúl Ron., J. Barrios E. y Miguel Angel Landáez D. El Secretario, Enrique Sánchez Risso. Modelo Carta Abogado solicitando la no afiliación o el retiro del Seguro Social Obligatorio 4

5 Ediciones del Trabajo, C.A. Caracas, de de 20 Señor (es): XXXXXX Yo, (Nombre del Trabajador), titular de la Cédula de identidad Nº, inscrito (a) en el Inpreabogado bajo el Nº, en mi cargo de (identificar cargo del Trabajador), por medio de la presente me dirijo a usted (es), con el fin de notificarle (s) mi voluntad de no afiliarme (o retirar mi afiliación si fuere este el caso) al Seguro Social Obligatorio, ello en atención a lo dispuesto en Sentencia de fecha 10 de Octubre de 1.968, dictada en Sala Político Administrativa de la anterior Corte Suprema de Justicia -actual Tribunal Supremo de Justicia-, en la cual se decide que los abogados sujetos a un Contrato de Trabajo o Relación de Trabajo e inscritos en el Inpreabogado, no están sujetos al Seguro Social Obligatorio. Firma del Trabajador (Anexar Fotocopia Carnet del Inpreabogado) 5

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