Algunos aportes sobre el Examen de Suficiencia Profesional para Abogados en Panamá.

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1 Algunos aportes sobre el Examen de Suficiencia Profesional para Abogados en Panamá. Por: José Antonio Brenes Tovar Con motivo del 1er. Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho en el año 2012, tuve la oportunidad de adelantar ante un foro de estudiantes de todas las facultades de derecho de Panamá, incluyendo de la Universidad de Panamá, mis ideas y apreciaciones sobre la necesidad de establecer un Examen de Suficiencia Profesional para los abogados previo a la obtención de la idoneidad profesional. En esa época, el interés existía dada la presentación de un Anteproyecto de Ley para subrogar la Ley 8 de 1984, que regula la profesión de abogado en Panamá, ante iniciativa del Colegio Nacional de Abogados. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Nacional de Abogados, ha presentado una nueva propuesta, esta vez limitada a dos aspectos, uno de los cuales es el establecimiento del Examen de Suficiencia Profesional como un requisito para la obtención de la idoneidad, y que hoy se conoce como el Proyecto 249. Ante esta nueva propuesta, creo prudente y necesario reeditar algunas de las ideas que en su momento expuse ante estudiantes y profesionales del derecho. Uno de los principales acuerdos incluidos en el Pacto de Estado por la Justicia, documento que ha sido retomado recientemente por nuestras más altas autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, después de 5 años de oscurantismo, olvido y postración, es el establecimiento de un nuevo marco legislativo para la regulación del ejercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá, en virtud de una realidad que todos debemos considerar: La actual Ley de Ejercicio de la Abogacía, o Ley 8 de 1984, adolece de algunos defectos, ha sufrido embates judiciales serios, sobretodo en el aspecto de la colegiación obligatoria, y no se ajusta a la realidad que hoy enfrentamos en el diario ejercicio de la profesión, en especial en los aspectos éticos del ejercicio profesional. El principal aspecto que a mi consideración merece atención de todos los que hoy ejercemos la profesión, es el profundo cambio en la realidad del ejercicio de la profesión. Entre otros elementos que resaltan, vale la pena destacar que cuando la Ley 8 de 1984 fue aprobada solamente existían 1,500 abogados con idoneidad para el ejercicio de la profesión. En ese momento la población de nuestro país no sobrepasaba la cifra de 2.25 millones de habitantes, lo que significa en cifras estadísticas 1 abogado por cada 1,500 habitantes. Dicha Ley dejó a un lado el control de la calidad del conocimiento jurídico a las universidades que en ese momento expedían títulos de licenciatura en derecho. En ese momento eran solo dos: La Universidad de Panamá, y la Universidad Santa María La Antigua. Los legisladores del momento no vieron ni la necesidad ni la conveniencia de asegurar la calidad de los títulos que expedían dichas entidades. El mismo estaba asegurado según la idea de la época, y por tanto no era necesario exigir una calidad del aprendizaje más allá de la que constitucionalmente se otorgaba a la

2 Universidad de Panamá. Como solamente existía en ese momento en Panamá una sola universidad privada, la USMA, el trabajo de la Universidad de Panamá en asegurar la calidad de los títulos otorgados por dicho centro de estudios no era un tema que despertase mayores preocupaciones. Así pues, la conclusión plasmada en la Ley 8 de 1984 era que para el ejercicio de la profesión era necesaria la expedición por la Sala 4ª de la Corte Suprema de Justicia de una idoneidad profesional y bastaba para su emisión por dicho ente la existencia de un título de licenciatura en derecho expedido por la Universidad de Panamá, por la USMA o por otras entidades reconocidas por la Universidad de Panamá. Hoy, 31 años después de ser aprobada, la realidad había sufrido mayores alteraciones. La cantidad de universidades y centros de estudios ofreciendo licenciaturas en derecho aprobadas por la Universidad de Panamá hoy es de 18 y por tanto son 18 las universidades que están graduando personas que pueden prácticamente ejercer la profesión desde que se gradúan. Son más de 20 mil las idoneidades expedidas, y nuestra población ha crecido hasta casi 3,750,000 habitantes. A un crecimiento de más de doce veces la cantidad de abogados, la población ha crecido solamente en 1,500,000 personas. Hoy tenemos 1 abogado por cada 187 habitantes, la tasa más alta del mundo. Seamos claros; los números no son lo importante, pues la competencia debe enriquecer la calidad. El problema principal radica en que los abogados que están siendo graduados por la mayoría de las escuelas de derecho, no reciben la mejor educación, y más aún tienen una seria deficiencia en cuanto a principios éticos-morales. Casi que la conclusión clara es que estamos graduando abogados por el negocio de graduar abogados y no velando realmente por la calidad de la enseñanza del derecho y de los principios éticos-morales del ejercicio de la profesión. Una conclusión radical para algunos, pero sustentada en una realidad que hoy es noticia de todos los medios. Quienes alegan que esto es un asunto académico y que por lo tanto no debe inmiscuirse el tema de la suficiencia profesional con la idoneidad se equivocan. La Universidad de Panamá no ha sido efectiva en su papel de fiscalizador de la calidad de la enseñanza superior, y ha tenido que intervenir el Ministerio de Educación, en conjunto con otras universidades oficiales, para asegurar la calidad de los programas aprobados y los centros de estudios que los administran, en la enseñanza de carreras universitarias. Y seamos claros, el derecho es una parte esencial de esos programas que por muchos años recibieron aprobación inmediata y cero fiscalización posterior. Esa falta de efectividad en la fiscalización de los programas de licenciatura de derecho ocasionó una explosión en la cantidad de títulos de derecho otorgados sin parangón ni comparación con otros países. Es importante aclarar que ello nada tiene que ver con el acceso de sectores de escasos recursos a la posibilidad de obtener títulos de licenciatura en derecho, pues estamos hablando de centros de estudios privados, con significativos costes de colegiatura, en muchos casos de difícil acceso para aquellos estudiantes de escasos recursos con deseos de superación profesional. Así que no es un problema social sino un desmedido deseo

3 lucrativo, en el lucrativo negocio de la enseñanza superior. El asunto es más preocupante cuando la calidad ética y moral del abogado promedio había también sufrido desmejora, exacerbada cuando la entidad que por excelencia debía asegurar la calidad ético-moral de sus miembros, el Colegio Nacional de Abogados, ha sido herida profundamente desde 1994 por un fallo de la Corte Suprema que, al dejar incierta y además dejar de aplicar la colegiatura obligatoria, había cercenado el mejor aliciente que tenía dicha entidad para asegurar que los fallos del tribunal de ética fueran un incentivo para continuar con un alto estándar en la calidad del ejercicio de la profesión. Ante el problema y la realidad, también es importante aceptar y admitir que la organización gremial no ha actuado con diligencia. Desde el año 1994 hasta el año 2001 no hubo un esfuerzo serio por adelantar una solución al problema legal existente. Casi que podríamos afirmar que el gremio de abogados, cercenado por el fallo de 1994 se dedicó a lamentar el mismo, sin ofrecer una solución distinta que golpear la cabeza contra la pared y rasgar vestiduras. Además, dicha actitud condicionó negativamente la posibilidad de que se presentasen opciones para adecuar la Ley 8 de 1984 a la realidad del ejercicio de la profesión. Luego del año 2001 al año 2005 hubo esfuerzos que siempre adolecieron de un problema mayor: La falta de unanimidad interna del gremio de abogados cuando se trata de proponer soluciones. Nada más claro para demostrar el dicho que cuando tienes un abogado tienes 2 opiniones. Si en el año 2005 había ya 8,000 idoneidades, o más de 3,000 miembros en el Colegio Nacional de Abogados, mayor imposibilidad de unanimidad en cuanto a las soluciones se podían encontrar en el gremio. Del año 2005 al 2014 diferentes Juntas Directivas del Colegio Nacional de Abogados hicieron propuestas de modificación de la Ley 8 de 1984, y en todas se incluyó el Examen de Suficiencia Profesional como uno de los pilares. Participé en varios de esos esfuerzos, y tal vez fui el primero en exponer esta necesidad ante un foro de estudiantes de derecho. Foro en el cual por cierto, ningún estudiante ni autoridad de la Universidad de Panamá objetó o cuestionó el problema o la solución propuesta. Ahora tenemos una propuesta que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Pero qué es el Examen de Suficiencia Profesional? Lo llaman examen de barra porque en países de incidencia anglosajona como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros, la asociación profesional obligatoria para abogados idóneos se llama Bar. Prefiero un término más acorde con nuestra ascendencia. No tenemos Barra y no creo que la idea del examen sea unirnos a un club. La idea del examen que es exigido en otras jurisdicciones, es asegurar que los conocimientos del abogado tengan un mínimo exigible antes que dicho abogado pueda ejercer la profesión, tanto en el sector público como en el sector privado. Así, el Examen de Suficiencia Profesional es el examen impartido por la entidad que

4 expide idoneidades, que procura medir con medios objetivos el nivel de conocimiento de los profesionales del derecho que han recibido títulos de escuelas de leyes, y asegurar que dichos conocimientos alcancen un mínimo para el ejercicio de la profesión y expedición de la correspondiente idoneidad. No es algo nuevo y exista en numerosas jurisdicciones, incluyendo en varias cuya influencia proviene del sistema de derecho romano germánico. Ejemplos tenemos en España, Colombia, Argentina, Alemania, Italia, países de sistema romano-germánico. Los nombres son varios, y los métodos también. En algunos países son las organizaciones gremiales profesionales las encargadas de la administración. En otros son los tribunales de justicia. En otros es el Ministerio de Justicia o el órgano ejecutivo. En los países anglosajones son las organizaciones profesionales (Bars) y los tribunales de justicia quienes han administrado la realización del examen, por excelencia. En España, cuyo ejemplo es digno de mencionar, el estudiante, previo a la recepción del título de la escuela de derecho debe completar requisitos propios de la escuela, entre los cuales están exámenes de reválida. Luego debe cumplir con requisitos necesarios de exámenes de suficiencia para el ejercicio de la profesión, ya sea en el sector privado como en el sector público, administrados por el Ministerio de Justicia. Y por último y algo novedoso, debe cumplir un mínimo de horas de práctica profesional obligatoria. El objeto de los Exámenes de Suficiencia Profesional no es limitar el acceso a la profesión. En todas las jurisdicciones en las que existe dicho examen, existe la misma realidad: Numerosas escuelas otorgando títulos profesionales de licenciado en derecho (o doctor o como lo llamen en esas jurisdicciones), sin una entidad que asegure uniformidad en los mínimos de la calidad de la enseñanza o que exigiéndola, no la aseguran con una visión profesional desde el punto de vista el ejercicio del derecho. En todas esas jurisdicciones el Examen de Suficiencia Profesional no ha significado una disminución en la cantidad de abogados con idoneidad, y menos aún ha significado que personas de escasos recursos puedan acceder a ese ejercicio. De hecho, se reconoce que en todas esas jurisdicciones el Examen de Suficiencia Profesional ha permitido mayor acceso a personas de recursos limitados. Yo concluiría, sin desmérito de los expertos respecto a Panamá, en que todos reconocemos que el nivel de calidad de enseñanza profesional de la escuela de leyes de la Universidad de Panamá es cuando menos igual al de la mejor universidad privada del país. Por tanto, las circunstancias reseñadas en otros países, son a nuestro juicio exactamente aplicables en Panamá. Entonces la propuesta de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio Nacional de Abogados no tiene ningún interés de limitar el acceso al ejercicio de la profesión. Los motivos son iguales que los existentes en otros países. La preocupación gremial que produjo la propuesta es simple, como lo concluyó la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia en el año 2006.

5 Es interés común de todos los profesionales del derecho que ejercemos la profesión asegurar que quien ostente una idoneidad tenga conocimientos mínimos del derecho como requisito previo a obtener la idoneidad para el ejercicio profesional. Esto en adición a la colegiación obligatoria y en adición a otros requisitos que procura en Proyecto de Ley 249, como lo es el que los profesionales que ya tengan idoneidad reciban formación profesional continua y cumplan con horas mínimas de formación anuales para mantener la colegiación. No obstante hay algunos argumentos interesantes que es bueno compartir y comentar. El primer argumento es que el estudiante después de cinco años de escuela de leyes, una tesis o práctica profesional, tendría una nueva barrera de acceso a la profesión. La respuesta es sencilla. Esos 5 años y esa práctica o tesis seguramente son lo suficiente para superar el examen sin mayor esfuerzo adicional, salvo realmente esos 5 o más años no hayan estado encaminados a aprender el derecho. Otro argumento es que es una propuesta elitista. Bueno, sí, es elitista en cuanto a exigir calidad, no en cuanto a buscar que la profesión la ejerza solamente una élite económica, política o social. Nada de lo propuesto implica barreras encaminadas contra un grupo económico, político o social, y las características de la propuesta hacen que el acceso sea igual para todos. Si hay algo que implique ello, busquemos la forma de modificarlo para evitar ese mismo efecto. Otro argumento es que está encaminado a que los estudiantes de la Universidad de Panamá no puedan ejercer la profesión al imponerles a ellos un examen adicional. Respuesta sencilla: Sería el mismo requisito para todos y no solo para los estudiantes de la Universidad de Panamá. Es más, estoy seguro que los estudiantes de la Universidad de Panamá, por la reconocida alta calidad de la enseñanza del derecho que reciben, no tendrían mayor problema en superar el requisito, y estoy seguro que con menos problemas que aquellos estudiantes de escuelas de derecho cuya calidad de la enseñanza podría estar en cuestión. Si yo fuera estudiante de la Universidad de Panamá, más que tratar de rebajar las exigencias para el ejercicio de la profesión, propondría el Examen de Suficiencia Profesional como un reto para demostrar la calidad de la enseñanza en mi universidad. Otro argumento es que no conviene a los abogados que es establezca este tipo de requisitos, porque no significa beneficio alguno. Pero, me pregunto y acaso no es el mismo requisito con otro nombre que tienen los médicos hoy en día? Y si para los médicos ha resultado muy beneficioso, por qué para los abogados no lo será? Para los médicos el proceso de certificación y recertificación es lo mismo; se imparte a los graduados de la universidad antes de iniciar la práctica de su internado. Según expertos a los que he consultado, ha reducido enormemente la cantidad de residentes que reciben objeciones o calificaciones bajas durante su práctica de la residencia. Tal vez no es consecuencia directa del examen, pero eso demuestra que ha sido beneficioso, directa o indirectamente, en ese caso. Otro argumento es que no debe ser administrado por la comisión como se ha propuesto, sino por los gremios de abogados, o por la Corte o por las facultades de derecho. No creo que deba haber preeminencia de una entidad o método sobre los otros. Además es útil

6 mencionar que en todos los países en los que se impone este requisito el Examen de Suficiente Profesional es administrado por la misma entidad que otorga las idoneidades para el ejercicio profesional, porque no es un asunto académico, es un asunto relativo al ejercicio de la profesión. Es decir, no compete a la academia, sino a las entidades que regentan la profesión, y ese es un asunto en el cual la academia no tiene por qué intervenir. Ahora bien, es necesario el examen de suficiencia profesional? Creo firmemente que la más conveniente para asegurar una solución práctica más no inmediata a la falta de uniformidad en los conocimientos mínimos para ejercer la profesión del derecho es el Examen de Suficiencia Profesional, ya que como gremio que somos los profesionales, debemos asegurar que la calidad de quienes ejercen la profesión sea la más alta. Nuestra desprestigiada profesión así lo demanda; o los que nos preocupamos por su deteriorado estado así lo demandamos. Es, no obstante una propuesta que tiene muchos oponentes, y que sin embargo no ha recibido una contrapropuesta que válidamente ofrezca la misma garantía de solución al problema detectado. Pero la solución del Examen de Suficiencia Profesional no es una necesidad. Es una solución que conviene. Más que necesaria es conveniente, y esa conveniencia es lo que ha llevado a ser una propuesta en firme para su discusión, a pesar de tener más de 9 años de haber sido propuesta y haber sido discutida en repetidas ocasiones con profesionales y con estudiantes de derecho. Esperamos que esta vez sea aprobada y se comience a ejecutar, por el bien de la profesión de abogado.

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