DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACION CON LA CONSULTA FORMULADA POR PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIO DE OSAKIDETZA.

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1 CN DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACION CON LA CONSULTA FORMULADA POR PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIO DE OSAKIDETZA. ANTECEDENTES PRIMERO. Ha tenido entrada en la Agencia Vasca de Protección de Datos solicitud de informe remitida por un médico del trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales propio de Osakidetza y parte de la cual reproducimos a continuación: La consulta se formula a raíz del informe realizado por XXXXX, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Osalan, en el que indica, en el punto 6, que yo, en el informe de de daños de salud que dirigí a la Directora de Personal XXXXX, he proporcionado datos que no debía, ya que dicho informe tenía información confidencial (sic), por lo que entiendo que según el Técnico de Osalan, he vulnerado el derecho a la confidencialidad de datos de salud de los trabajadores, lo cual me impediría cumplir con mis obligaciones legales contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la parte que corresponde a la información sobre daños en la salud al Empresario y a los Representantes Sindicales de los trabajadores, así resultaría de imposible cumplimiento el traslado de información a través de los Procedimientos y Protocolos de trabajo en materia de PRL de Osakidetza. II. El envío a la Directora de Personal XXXXX un informe sobre daños en la salud por las condiciones de trabajo en los colectivos profesionales de Médico y Enfermería de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de XXXXX, según mi criterio profesional, y siguiendo los canales de información propios de Osakidetza. 1.- El se presenta denuncia por parte de los Delegados Sindicales y de Prevención de XXXXX ante la Inspección de Trabajo XXXXX, por la negativa de la Directora de Personal XXXXX de proporcionarles dicho informe, aduciendo ésta motivos de confidencialidad. 2.- El se reúnen el Técnico de Osalan, el Direc. Gerente XXXXX, la Direc. Personal XXXXX y solo los Delegados de Prevención XXXXX, para realizar la investigación de los hechos denunciados. 3.- El Técnico de Osalan firma el informe el , en el cual, en el último párrafo del punto 5 dice: si dicha documentación vulnerara la ley de protección de datos, no se debería conocer por los delegados y ni siquiera por la empresa a no ser que sea con consentimiento expreso del trabajador.

2 4.- Para concluir en el punto 6: La empresa, en este caso, la Direc. De Personal actuó correctamente al no dar el informe médico a los Delegados de Prevención, pues aunque no era información personalizada, tenía información confidencial que se podía asociar a personas concretas. A la vista de los antecedentes expuestos, solicito se formule contestación sobre los siguientes EXTREMOS: 1.- Si los datos incluidos en mi informe sobre daños en la salud de , en los colectivos Médico y Enfermería de los PACs de XXXXX han podido conculcar la Ley de Protección de Datos teniendo en cuenta que el fin era informar a mi Dirección, como es mi obligación profesional recogida en la Ley de PRL y en los Manuales, Procedimientos y Protocolos de Osakidetza, que recogen los preceptos legales en materia de comunicación de datos de salud de los trabajadores, por parte de las Unidades Básicas de Salud Laboral con los Empresarios y con los Representantes de los Trabajadores (Delegados de Prevención y Delegados Sindicales), o si, por el contrario, no se habría vulnerado derecho alguno bajo el amparo de normas legales y conforme a las normas internas elaboradas por OSAKIDETZA. Se aporta como Anexo el informe de que generó la denuncia así como el informe del técnico de Osalan de 29 de mayo de SEGUNDO. El artículo 17.1 n) de la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos establece que es Función de seta Institución: n) Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta formulada. CONSIDERACIONES I Se somete al criterio de la Agencia Vasca de Protección de Datos la adecuación a la normativa en materia de protección de datos del informe elaborado por el médico de trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Osakidetza, conteniendo dicho documento información relativa a la salud de los trabajadores de los Puntos de Atención Continuada de XXXXX. Trataremos de analizar la adecuación al derecho fundamental, no sólo de dicho informe, sino también de la cesión del mismo a la Dirección de Personal de la 2

3 Comarca XXXXX, y de la cesión de dicho informe solicitada a esa Dirección de Personal por los Delegados de Prevención, cesión que fue denegada alegándose la posible infracción en materia de protección de datos. Para tratar de resolver todas estas cuestiones, es ineludible examinar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, siquiera sea de forma resumida. En primer lugar, la Constitución Española en el artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El mandato constitucional implica la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Por otro lado, en el ámbito comunitario, la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. Como transposición de la citada Directiva al ordenamiento interno, se aprueba la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El Capítulo III de la Ley, derechos y obligaciones comienza en el artículo 14 que declara el derecho del trabajador a una protección eficaz y el deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, deber que existe igualmente para las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Así, debe señalarse que en el ámbito de la Administración Pública, se reconoce también el derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo, concretamente en el artículo 14 l) del Estatuto Básico del Empleado Público. La normativa sectorial no obstante, la conforma fundamentalmente la Ley 31/1995. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. El objeto de la Ley de Prevención de riesgos laborales se concreta en el artículo 2 del texto legal: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. En cumplimiento de este objetivo, en el artículo 14 de la Ley se prevén una serie de derechos y obligaciones, siendo conveniente en este punto reseñar lo preceptuado en el apartado 2: En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 3

4 riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Para hacer efectivos estos derechos la LPRL prevé en su artículo 16 diferentes medios como son, el Plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. En el artículo 16 de la LPRL se regula el Plan de prevención de riesgos laborales al señalar en su apartado 1: 1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. En el punto 2 se establece que los instrumentos para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. En los apartados a) y b) del punto 2 se describen estos instrumentos: El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 4

5 los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. La LPRL dedica un Capítulo entero al servicio de prevención, concretamente el capítulo IV, conformando el servicio de prevención como una obligación del empresario; así en el artículo 30 se establece: 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. El servicio de prevención se define en el artículo 31.2 de la Ley como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. Por último, en el artículo 36.1 se recogen las siguientes competencias de los Delegados de Prevención: Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En el apartado 2.b) c) y d) del mismo artículo se recogen la siguiente facultad de los Delegados de Prevención: b)tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, 5

6 a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aunque se trata de un desarrollo prolijo, y aun así, incompleto, es necesario exponer el marco general de las obligaciones y derechos regulados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para poder acercarnos a la solución de la presente consulta, para lo cual, volveremos a continuación a los hechos puestos en conocimiento de la Agencia. II El escrito de solicitud de consulta lo firma un médico del trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos laborales propio de Osakidetza. El consultante realizó un informe sobre daños en la salud por las condiciones de trabajo, dando traslado del mismo a la directora de Personal de la Comarca XXXXX. Solicitado dicho informe a la directora de Personal por los delegados sindicales y de prevención, no se accede a la petición al entender que supondría una vulneración en materia de protección de datos de carácter personal. Por último, un informe de Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), ante la denuncia presentada en la Inspección de Trabajo de XXXXX y trasladada a Osalan, este Instituto concluye afirmando que la Dirección de personal actuó correctamente al no dar el informe médico a los Delegados de Prevención, pues aunque no era información personalizada, tenía información confidencial que se podía asociar a personas concretas. Una vez expuesto el marco general y resumida la situación sometida a consulta, trataremos de concluir sobre la cuestión. En primer lugar, y siguiendo el orden cronológico de los diferentes tratamientos de datos, debemos analizar el contenido del informe de 22 de junio de En este documento, el Médico del Trabajo de la Comarca XXXXX describe los daños a la salud originados por el sistema de turnos instaurado en los PAC de XXXXX, vinculando dicha información con los colectivos médico y de enfermería, colectivos que según el consultante componen un grupo de alrededor de treinta personas. En este punto, es preciso recordar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se considera dato de carácter personal, 6

7 Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas e identificables. A nuestro juicio, no existe dato de carácter personal alguno en el texto del informe, toda vez que se trata de información diversa y referida a un grupo de unas treinta personas, médicos y enfermeras de los PAC de XXXXX, sin que, a pesar de que estas personas puedan ser identificables por los destinatarios del informe, pueda determinarse cuál es para cada una de esas personas su concreto estado de salud. Por otro lado, parte del texto de dicho informe se incluye en la Evaluación de Riesgos Laborales, respecto del cual el artículo 16.2 de la LPRL preceptúa lo siguiente: El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Desde la prudencia exigida por la falta de conocimiento experto en la materia, parece que la inclusión de parte del informe en la Evaluación de Riesgos Laborales, obedece a la necesidad de actualizar la Evaluación inicial, obligación del empresario cuyo cumplimiento exige que sean puestas en su conocimiento los hechos y los daños para la salud que se han producido. Por último, deberíamos examinar la solicitud del informe que los delegados de prevención realizaron a la Dirección de Personal, siendo desestimada la petición al entenderse que el documento contiende datos confidenciales de la salud de los trabajadores. En este punto, podemos señalar que en el artículo 36.2 de la LPRL se establece que, en el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención, éstos estarán facultados para: c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. A nuestro juicio, este artículo supone una habilitación para que la empresa ceda a los delegados de personal el informe de daños a que se refiere la consulta. Así lo ha entendido también la Agencia Española de Protección de Datos, que en su informe 0355/2010, que parcialmente reproducimos: 7

8 El derecho a conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores como consecuencia de su trabajo a que se refiere la letra c) del artículo 36, debe interpretarse en coherencia con el derecho a la información de los delegados de prevención que, en especial, está contenida en los artículos 18 y 23 conforme al propio artículo 36.2 b) de la misma Ley. En lo que aquí interesa, el artículo 23 señala que: 1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta Ley b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley. c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley. d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo. e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. 3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad. Téngase además en cuenta que el artículo del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece como infracción grave del empresario El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en materia de prevención de riesgos laborales. Y que esta información (artículo 18 de la Ley 31/1995) se facilitará a los delegados de prevención cuando los hubiere, y que el empresario deberá consultar con dichos delegados, los procedimientos de información, y documentación a que se refieren los artículos 18, 8

9 apartado 1, y 23, apartado 1, según señala el artículo 33.1 d) y 2. de la citada Ley. En tal sentido podrán acceder a datos personales sobre daños en la salud de los trabajadores cuando tengan su origen en un hecho dañoso, relacionado con el entorno laboral, sólo para la finalidad de control que les atribuye la LPRL y limitada a los datos estrictamente necesarios, entendiendo por tales los relativos a la gravedad y naturaleza de los daños. El delegado es un cesionario, viene vinculado por los principios de protección de datos personales, y debe guardar en particular el deber de confidencialidad conforme a la LOPD y a la legislación específica en la materia. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. (Artículo 37.3 LPRL), y artículo 10 de la LOPD. También, y, en aras a garantizar el respeto de la confidencialidad la comunicación de los datos sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores no deberá hacerse extensiva a todo el historial médico que se derive de su asistencia por accidente o enfermedad con motivo del trabajo desarrollado en la empresa. Además, es necesario señalar que el informe remitido por el médico de trabajo estaba debidamente disociado, no constando en el texto del mismo datos identificadores de las personas integrantes de los colectivos afectados, sino que señala expresamente al referirse al personal de los PAC de XXXXX, lo siguiente: constato que los colectivos Médico y de Enfermería padecen una. La referencia de las patologías observadas se formula respecto de dos colectivos, que, según el propio consultante está formado por treinta profesionales aproximadamente. La exigencia de disociación la recoge el citado informe de la Agencia Española de Protección de datos, considerando esta práctica como una garantía de confidencialidad al señalar que La información sobre los daños en la salud o enfermedades profesionales de los trabajadores afectados podría comunicarse de forma disociada, esto es, sin referenciarla al sujeto concreto accidentado, de forma que de esta manera se garantizaría el principio de confidencialidad, que reconoce el propio artículo 36. Por consiguiente, debemos concluir que tanto la relación de accidentes de trabajo como la información sobre los daños en la salud que aparezcan en los partes de accidentes de trabajo de los trabajadores que determinen una ausencia al trabajo superior a un día, podrá facilitarse a los delegados de prevención de forma disociada, teniendo dicha comunicación la cobertura legal que exige el artículo 7.3 de la LOPD en el artículo 36 en relación con el artículo 23 de la Ley 31/1995 analizada, y resultaría conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9

10 15/1999, cuando los datos que se comuniquen respeten los principios señalados en el artículo 4 de dicha Ley Se trata, a fin de cuentas, de aplicar el principio de calidad de datos al supuesto objeto de consulta. El principio de calidad se recoge en el artículo 4 de la LOPD que preceptúa en su punto 1 lo siguiente: Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Este principio implica incluir un criterio de racionalidad en el manejo de los datos personales, de tal suerte que, por seguir el ejemplo objeto de consulta si la finalidad del tratamiento de datos, esto es, la protección de la salud y la prevención, pueden conseguirse con datos disociados, no debería incluirse dato identificativo alguno. A nuestro juicio esta es la práctica correcta y ha sido la práctica seguida por el consultante, sin que pueda achacársele infracción alguna en materia de protección de datos de carácter personal. Por otra parte, la mención en el informe de daños de los colectivos afectados (médicos y enfermeras de los PAC de XXXXX) es inevitable para el cumplimiento de la función de dicho informe. Por las consideraciones anteriores, por el Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos se expresa la siguiente CONCLUSIÓN El informe de daños de 22 de junio de 2011 relizado por el médico del Trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Propio de Osakidetza no vulnera la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de

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