La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico como instrumento para la promoción de la ética y la transparencia gubernamental

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1 La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico como instrumento para la promoción de la ética y la transparencia gubernamental Alejandro Ortiz-Vélez Introducción La promoción del comportamiento ético en los servidores públicos es el ideal perseguido por la Ley de Ética Gubernamental (LEG) de Puerto Rico del En una era donde la transparencia en los procesos gubernamentales y el libre flujo de la información es lo esperado, una conducta ética en el servidor público no solo debe ser esperada, sino que tiene que ser efectivamente aplicada. En la exposición de motivos de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se establece que el Gobierno de Puerto Rico está comprometido con una responsabilidad moral y con una responsabilidad ética en el sentido de obrar de acuerdo a unas normas y principios que rigen la conducta del buen vivir de su gente (Ley Ética Gubernamental, 1985). Esta ley reconoce que la sociedad puertorriqueña es una que históricamente ha puesto una gran importancia a sus valores y moral. Asimismo, se establece en este estatuto que es un deber ministerial del estado el garantizar que estos valores de una ética moral perduren. Sin embargo, también se vislumbra que hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones desacertadas por parte de algunos funcionarios que, al incurrir en claras faltas a las normas de ética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado (Ley Ética Gubernamental, 1985). Teniendo una visión pragmática, donde se reconoce esta idiosincrasia cultural, y se reconoce también la posibilidad de faltas a una conducta ética de los servidores publico, la Ley de Ética Gubernamental establece la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG). Esta dependencia Gubernamental tiene el mandato de promover el comportamiento ético en los servidores públicos. Al desarrollar los instrumentos y mecanismos que fomenten la educación y cumplimiento de la expectativa ética. A la vez que contribuye a la transparencia en el gobierno. Ideal de la Ética La actual Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), Lcda. Zulma Rosario, en un alocución en el 2009 mencionó la importancia de reforzar el mensaje de nuestros valores tanto en la gestión pública como en la comunidad. La OEG ha explorado cuáles son los valores mas preciados de la sociedad puertorriqueña. Convocando a diferentes sectores de la comunidad se identificaron como angulares a la rresponsabilidad ciudadana, respeto a la vida y la dignidad humana, justicia, honestidad, integridad, compromiso, fidelidad a la institución que se representa, amor al prójimo, confianza, paz, compasión, humildad, perdón y libertad (OEG, 2000). Los valores son una parte integral de lo que conforma la ética. La Real Academia de la Lengua Española define la ética como lo recto, conforme a la moral y el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Además de ser la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Negrón (2003) se mantiene en el mismo espíritu al decir que la ética es aquella parte de la filosofía que trata del bien y el mal en los actos humanos; o conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas. 1

2 Estas normas y principios son institucionalizados al inspirar las leyes de una sociedad y al ser adoptados por los organismos profesionales en sus códigos de ética. Estos dos instrumentos dirigen y regulan la conducta del servidor público y delimitan cual es su campo de acción ético. Para Negrón (2003) es evidente que el Código de Ética que rige la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno y sus reglamentos elevan a la categoría de virtud pública los criterios de lealtad institucional, integridad personal, honestidad, responsabilidad y veracidad. De ahí no ha de sorprender que las instituciones gubernamentales incluyan códigos de ética en sus reglamentos y que organizaciones profesionales diseñen y adopten códigos de ética para sus miembros. Como otras organizaciones profesionales la Sociedad Americana para la Administración Pública (ASPA), así como la Asociación Internacional de Administradores de Ciudades y Condados de los Estados Unidos (ICMA) han adoptado códigos de ética para sus miembros. Los mismos prescriben que el profesional de la administración pública sirva al interés público, respete la constitución y las leyes, demuestra integridad, promueva la ética organizacional y trabaje hacia la excelencia profesional. Por su parte, en el Código Iberoamericano para el Buen Gobierno, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo establece los principios y valores fundamentales para un gobierno de excelencia. En éste, se incluyen reglas de conducta para la democracia en el gobierno, la gestión pública y la ética gubernamental. En las diez reglas dedicadas a la ética que se esbozan en este código se resalta evitar el abuso de poder, los conflictos de intereses, el favoritismo y el uso indebido de recursos para beneficio propio. Además se espera que el servidor público actúe de buena, sea responsable de sus actos y separe sus creencias políticas del desempeño de sus funciones. Con una raison d etre, para restaurar la confianza del pueblo en su gobierno y en sus funcionarios públicos, la OEG busca preservar esos principios y valores de un buen gobierno. Lo que la LEG intenta preservar. Pero el establecer un ideario ético a seguir en el servicio civil puertorriqueño no se completo con la puesta en vigor de una ley en Desde la implantación de la OEG esta ha desarrollado los mecanismos necesarios para fomentar un comportamiento ético del servidor público, investigar las posibles violaciones a la LEG y adjudicar violaciones cuando han sido cometidas. Breve Historia OEG La LEG fue aprobada el 24 de julio de 1985 y en 1986 se nombra al contador público autorizado Orlando Sánchez como el primer Director Ejecutivo de la OEG. Originalmente el nombramiento a esa posición era de cinco años. Esto cambió en el 1997, ya que se entendió en ese momento que un nombramiento más extenso permitiría el desarrollo y la continuidad de proyectos a mediano y largo plazo y con el objetivo de fortalecer la independencia administrativa de la oficina (OEG). Luego de Sánchez, tres abogados (licenciados en Derecho) han liderado la OEG, Héctor Feliciano en el 1991, Hiram Morales en el 1997 y Zulma Rosario comenzó como el actual Director Ejecutiva en el

3 En los primeros años se construyen y aprueban los reglamentos que guían las funciones de la OEG. En el 1987 se aprueban Reglamentos para Establecer Reglas de Procedimientos para la Celebración de Audiencias o Vistas Públicas y para Establecer las Reglas de Procedimientos de Investigaciones Administrativas por la OEG, el Reglamento para Establecer un Servicio de Opiniones Interpretativas Formales de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Reglamento sobre la Radicación de Informes Financieros por Funcionarios y Empleados de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para el 1992 se aprueba el Reglamento de Ética Gubernamental registrado en el Departamento de Estado como el Expediente Núm (OEG). A partir del año 1986, la OEG ha emitido cartas circulares, memorandos y órdenes administrativas para informar, solicitar y establecer los mecanismos que le permitan cumplir con su mandato de ley. Por ejemplo, en la Carta Circular 86-2 se les solicitó a los jefes de agencia del Gobierno de Puerto Rico, que designaran unos oficiales de enlace entre las agencias y la OEG. Esto logró que se asignara unos 176 oficiales de enlace, para facilitar la implantación de las directrices de la OEG en las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico. También dentro de la primera década de funcionamiento de la OEG se establecieron las unidades administrativas que habrían de realizar las labores esperadas por la LEG. Asimismo, en 1989 se separaron las áreas técnicas de Informes Financieros y la de Querellas en dos unidades de trabajo independientes. De igual forma, en 1990 se estableció la Secretaría de la OEG. El 1992 vio la constitución del Área de Asesoramiento Jurídico que anteriormente operaba bajo otro nombre. De otra parte, durante su segunda década, la OEG estableció otras áreas de trabajo en dicha agencia. En 1997 se creó el Programa de Orientación Especial, para educar a grupos comunitarios, asociaciones profesionales, instituciones educativas y otras entidades no gubernamentales sobre los requerimientos de la LEG. Durante el 1998 se estableció la División de Opiniones y dispensas de Ex Servidores Públicos. En ese mismo año entró en funciones el Programa de Planificación Estratégica de la OEG con la intención de establecer un plan de trabajo a largo plazo además de evaluar la efectividad y productividad de la OEG. Una División de Querellas adscrita al Área de Auditoria de Informes Financieros es establecida en el De forma similar, el año 2000 vio como el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético se formó. La existencia de esta unidad administrativa fue elevada al rango de ley en el El nuevo milenio dio nuevas áreas de la OEG en el campo de informática y las comunicaciones. En la informática la OEG estableció un nuevo portal con información de la agencia, programas educativos en radio y televisión son producidos y campañas publicitarias son efectuadas en los medios escritos, televisivos y virtuales. De igual forma, se establecieron mecanismos para reportar posibles violaciones éticas telefónicamente y los informes financieros pueden ser sometidos electrónicamente. En el área educativa, se auspiciaron diversos seminarios y charlas. Además de establecer alianzas educativas con centros de educación superior y grupos profesionales. También se publica la revista académica Ethos Gubernamental la cual tiene el propósito de discutir, analizar y estudiar el tema de la ética. Para el 2003 la OEG realiza una investigación con el propósito de examinar el ambiente ético en las agencias ejecutivas del país. 3

4 Es importante destacar que la OEG durante su historia ha establecido acuerdos de cooperación con diferentes agencias del gobierno. En 1994 se la OEG y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo de coordinar sus investigación en los casos relacionados a la LEG. Lo mismo es hecho con el Departamento de Hacienda en el Para el 1998 se instituyó una coordinación con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, además de establecer las guías para la coordinación de procedimientos en diferentes áreas. Desde su inserción la LEG ha sido objeto de 31 leyes que la han emendado. Estas enmiendas han tenido diversos propósitos, desde clarificar el lenguaje en la ley hasta la expansión de poderes que originalmente no fueron delegados a la OEG. Del Director Ejecutivo y la Jurisdicción de la OEG Del texto de la LEG se puede deducir fácilmente que se pretende promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas (LEG). De una manera más coloquial la actual Directora Ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario, ha descrito cual es el propósito de LEG y la función de la OEG, Esta Ley persigue la diseminación y preservación de la integridad de todos los servidores públicos, principalmente aquellos dentro de la Rama Ejecutiva, aunque también tengamos injerencia en la Judicial y Legislativa. Nuestra meta principal es inspirar a los empleados gubernamentales a cumplir con el Código de Ética, el cual rige nuestra conducta y enfatizar que cualquier desviación de sus guías tendrá consecuencias [ ] se crea una obligación a ciertos servidores públicos de reportar sus finanzas personales, para así garantizar la transparencia gubernamental (2009a). El Artículo 3.1de LEG nos ilustra de cuál es la extensión de la misma. La jurisdicción de la misma es sobre los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas y las agencias que estén bajo su control. Extendiendo su autoridad sobre los municipios, corporaciones y consorcios municipales. También se incluyen en su jurisdicción las actuaciones de los ex servidores públicos de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. La LEG provee los mecanismos necesarios para la investigación y adjudicación de faltas a esta ley, enmarcados dentro del debido proceso de ley que caracteriza el sistema de justicia puertorriqueño. Existen tres tipos principales de sanciones prescritas bajo la LEG. De ser convicto por faltas éticas las sanciones penales incluyen cárcel y multas, además de no poder desempeñar cargo o empleo público alguno. Tampoco se podrá acoger al privilegio de sentencia suspendida. Administrativamente se podría imponer hasta veinte mil dólares por cada violación. En el plano civil se puede pedir a los tribunales interdictos para impedir alguna acción. Además de poder presentar amonestaciones escritas, suspensión de empleo y sueldo y destitución o despido. Persona que incumpla con estas sanciones puede ser referida a los tribunales para acción judicial. La LEG establece lo que es la persona del Directo Ejecutivo. Los Artículos 2.2 al 2.4 enumeran cuáles son los requisitos, sueldo y proceso para el nombramiento del mismo. Además de establecer cuáles son sus facultades y poderes. 4

5 El proceso de selección comienza al Secretario de Justicia identificar al menos tres ex jueces del Tribunal Supremo para que se recomiende a la persona que el Gobernador podrá someter a la legislatura para confirmación. El nombramiento de un Director Ejecutivo es de diez años. En el Artículo 2.4 de la LEG identifica cuáles son las facultades y poderes del Director Ejecutivo. Estas comprenden 23 puntos los cuales van dirigidos a cumplir con la razón de ser de la LEG. De estos podemos destacar: 1. Promover y formular políticas y programas de conducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecución de los siguientes objetivos: a. El establecimiento de criterios de excelencia, integridad personal, honestidad, responsabilidad y veracidad en las gestiones públicas para inspirar, fomentar y restituir la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. b. El compromiso por parte de todos los servidores públicos de que los intereses personales no sustituirán los intereses públicos y de que se eliminará toda norma de ilegalidad, discriminación, fraude o impericia administrativa. c. El apoyo continuo y la realización de talleres y programas de adiestramiento para facilitar el cumplimiento del sistema de mérito y para que se logre la excelencia y el profesionalismo en el servicio público. d. El comportamiento de todos los servidores públicos con actitud de respeto, cortesía y preocupación por las necesidades de los ciudadanos más allá de la conveniencia personal del funcionario o empleado y más allá de la complacencia con el estado de situación. e. La protección de toda aquella información confidencial a la que privilegiadamente tenga acceso el servidor público como parte de sus responsabilidades. f. La motivación en todos los servidores públicos para que ejerzan el máximo de la discreción que le sea permitida para promover la eficiencia gubernamental y el interés público. 2. Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y las reglas y reglamentos que establecen determinadas prohibiciones respecto a la conducta de ciertos funcionarios y empleados públicos o que rigen las cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de radicación de informes financieros. 3. Resolver controversias sobre la aplicación de esta ley. 4. Establecer y administrar procedimientos para identificar violaciones a la ética y a la honestidad, para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias, administrativas o civiles autorizadas por esta ley, luego de las correspondientes investigaciones y vistas en las que las partes afectadas tengan adecuada oportunidad de ser oídas y de defenderse. Rosario (2009a) ha puntualizado que la ética no se puede enseñar, se tiene que modelar. Así que la LEG dispone un listado de acciones que el Director Ejecutivo no puede llevar a cabo, entre éstas, se cuentan el: 1. Aportar dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos. 2. Desempeñar o hacer campaña para ocupar cargo alguno en la dirección u organización de un partido político ni postularse para un cargo público electivo. 3. Participar ni colaborar, directa o indirectamente, en campaña política de clase alguna. 4. Influenciar en alguna decisión de algún funcionario gubernamental, excepto cuando ello corresponda dentro de sus funciones oficiales. 5

6 También se mencionan las causas por las cuales el mismo puede ser destituido. Esto se puede hacer mediante la debida formulación de cargos ante el Tribunal Supremo siguiendo el debido proceso de ley. Las causas para ser destituido son: 1. Conducta inmoral, ilícita o reprensible, o la violación de las prohibiciones relativas a su cargo que establece esta ley. 2. Incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el desempeño de sus funciones y deberes. 3. La convicción por cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral. 4. Abuso manifiesto de la autoridad o la discreción que le confieren ésta u otras leyes. 5. Abandono de sus deberes. Asimismo el Director Ejecutivo podrá ser separado de su cargo por causa de enfermedad física o mental, lo cual equivaldría a una renuncia voluntaria. De los Informes Financieros Cuando avizoramos la historia de la OEG podemos percatarnos que la radicación de los informes financieros resalta como eventos importantes en la faena fiscalizadora de la OEG. El Cuarto Capítulo de la LEG esboza qué funcionarios tienen que rendir este informe, qué información debe incluir, qué es lo que sucede con la información en ellos y las posibles sanciones por no rendir el informe o rendir información falsa. Los siguientes servidores públicos tienen que rendir los informe financieros: 1. El Gobernador 2. El Contralor de Puerto Rico y el Procurador del Ciudadano. 3. Funcionarios de la Rama Ejecutiva cuyos nombramientos requieran el consejo y consentimiento del Senado, o del Senado y la Cámara de Representantes. 4. Jefes de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a nivel de Secretario, Subsecretario, y los jefes de las corporaciones municipales. 5. Presidentes, Vicepresidentes, Directores y Subdirectores Ejecutivos de las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales. 6. Los miembros de la Asamblea Legislativa, el Director de la Oficina de Servicios Legislativos y el Superintendente del Capitolio, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.10 (d) de esta Ley. 7. Alcaldes, Vicealcaldes, Directores de Finanzas o persona que ocupe un puesto similar. 8. Los miembros de la Rama Judicial, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.10 (e). 9. El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; el Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades, o de cualquier Plan de Pensiones o Retiro establecido por la Legislatura de Puerto Rico o implantado por las Corporaciones Públicas. 10.Cualquier otro cargo o puesto, incluyendo pero no limitado, al cargo de Secretario Auxiliar, Director de Negociado o Jefe de Oficina, cuya inclusión sea recomendada por el jefe de la agencia y ordenada por el Director de la Oficina. 11.Todos los miembros de las Juntas de Subastas, oficiales de compra o delegado. 6

7 El Área de Auditoria de Informes Financieros tiene la encomienda de auditar los informes financieros recibidos (OEG, Sin Fecha). Este informe se radica dentro de los sesenta días en que el servidor público ha sido nombrado o electo para su puesto. En este informe se incluye todas transacción e interés económico que el servidor público tenga, incluyendo bienes muebles e inmuebles, bonos y seguros y hasta las deudas que pueda tener. En el informe se tiene que incluir los nombre de los miembros de unidad familiar que hayan tenido negocios con el gobierno, ya sea como servidor público o contratista. La División de Intervención y Documentación es la unidad responsable de analizar, investigar y documentar las situaciones de posible violación a la LEG (OEG sin fecha). Existen varias excepciones que podrían eximir al servidor público de rendir este informe. Estas incluyen cuando la seguridad o integridad de la persona se vea en peligro o en el caso de personas desaparecida, incapacitadas o fallecida. A discreción del Director Ejecutivo se podrá obviar el informe o parte de este, siempre que haya justificación y no se menoscabe el espíritu de la LEG. Los informes quedan bajo la custodia de la OEG y se protege al servidor público en el sentido que la información ellos suministran en los mismos solo se utilizara para propósitos de cumplir con la LEG. Estos son analizados y de no encontrarse faltas en estos se expide un informe atestiguando lo propio. Como parte de su función de fiscalización la OEG tiene otras tres unidades que se complementan. Éstas son: 1. Secretaria de la OEG, se presentan todas la querellas por violaciones a la LEG de los servidores públicos. 2. Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo es donde se investigan las alegaciones de acciones antiéticas. 3. División de Oficiales Examinadores con el personal que manejan el proceso administrativo de las personas que se querellan. Comités de Ética La LEG establece que cada agencia ejecutiva y gobiernos municipales establecerán Comités de Ética Gubernamental. Estos tienen la responsabilidad de velar por la promoción del comportamiento ético del servidor público y el cumplimiento de las disposiciones de la LEG. Se espera del servidor público que observe una conducta que no traiga descrédito a la agencia para la cual trabaja (OEG, rev. 2003). El funcionario deberá evitar cualquier acción que pueda resultar en o crear la apariencia de: 1. Impedir o entorpecer la eficiencia y la economía gubernamental. 2. Perder su completa independencia o imparcialidad. 3. Promover una acción oficial sin observar los procedimientos establecidos. Para esto el comité estará compuesto de un ayudante especial del director de agencia o alcalde, del director de la división legal, director de la oficina de recursos humanos, director de auditoría interna o finanzas, o los representantes de los mismos. Además se da la opción al jefe de agencia o alcalde de nombrar a otras personas al comité de ética que entienda necesarios. 7

8 También se nombrará a una persona que sirva de oficial de enlace de la agencia o municipio con la OEG, si es que alguno de los anteriores no ha sido designado a este puesto. Se tiene que mantener informado de la composición de los comités de ética a la OEG. Siendo así, todo cambio que ocurra en la composición del comité de ética tiene que ser informado a la OEG dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se efectuó el cambio. Las acciones de los comités de ética tienen que atemperarse a las normas y estándares establecidos por la OEG para prevenir la corrupción gubernamental. Entre los deberes y funciones de los comités de ética incluyen velar por el cumplimiento de las disposiciones de la LEG y revisar la efectividad y acatamiento de los mecanismos de control administrativo. Los controles administrativos que el comité de ética establezca en su agencia o municipio tienen que ir dirigidos a impedir y desalentar las violaciones éticas. También, estos comités tienen la responsabilidad de velar por el seguimiento y cumplimiento de los señalamientos hechos en los informes de la Oficina del Contralor u otras agencias pertinentes, manteniendo siempre informado al jefe de agencia o alcalde de los trabajaos realizados por el comité. A su vez, este comité es el encargado de que los empleados públicos de su agencia cumplan con el requisito de las diez horas de educación ética en un periodo de 2 años. De igual forma, el Código de Ética para los Funcionarios y Empleados de la Rama Ejecutiva les presenta a los empleados cuáles son las prohibiciones éticas como servidores públicos. Marrero (2003) considera que estas normas son cónsonas con el objetivo de lograr una sana administración pública y mantener la confianza del pueblo en la integridad y honestidad de las instituciones gubernamentales. También se incluyen cuales son las limitaciones con otros empleos, contratos o negocios. De forma general la conducta ética del servidor público incluye: 1. No desacatar las leyes ni las citaciones de los Tribunales de Justicia, Rama Legislativa o Rama Ejecutiva. 2. No dilatarán la prestación de servicios no entorpecer el funcionamiento de la Rama Ejecutiva. 3. No se utilizarán los deberes y facultades del cargo ni propiedad o fondos públicos para obtener ventajas, beneficios o privilegios. 4. No se solicitará ni aceptará bien alguno en pago por realizar los deberes y responsabilidades del empleo. 5. No se aceptará ni se aceptarán regalos, préstamos, promesas, favores o servicios a cambio de influenciar a favor de esa persona. 6. No se recibirá paga adicional o compensación de ningún municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno. 7. No ser revelará o usará información confidencial para obtener ventaja o beneficio económico. 8. No se podrá intervenir en asuntos donde el empleado o un familiar tengan conflicto de intereses. 9. No se podrá nombrar, promover o ascender a cualquier persona que sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado por afinidad. Esta prohibición no aplica cuando la acción es por libre competencia en un puesto de carreras, y el pariente no haya intervenido en el proceso. 8

9 10. No se utilizará distintivo, emblema, logo, botón, calcomanía, pegatina o insignia que represente a un partido político o candidato mientras se encuentre en su trabajo. 11. Ningún vehículo oficial podrá llevar distintivo, emblema, logo, calcomanía, pegatina, rótulo o insignia que no represente la agencia. El Artículo 13 del Reglamento de Ética establece las Actividades Incompatibles con el empleo. Este artículo enumera seis actividades que no pueden ser realizadas por servidor público alguno. Entre estos se destacan las siguientes: 1. Ningún funcionario o empleado público aceptará honorarios, compensación, regalos, pago de gastos o cualquier otra recompensa con un valor monetario bajo circunstancia en que su aceptación pueda resultar en o crear una apariencia de un conflicto de intereses con sus obligaciones como servidor público. 2. Ningún funcionario o empleado público realizará labores fuera del horario regular de trabajo que menoscaben sustancialmente su eficiencia o rendimiento para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades gubernamentales en forma aceptable. 3. Ningún funcionario o empleado público aceptará otro empleo, ni se dedicará a cualquier actividad comercial, profesional o de otra naturaleza, en las siguientes circunstancias: a. Cuando esté o parezca estar en conflicto sustancialmente con los intereses de la agencia ejecutiva para la cual trabaja o con los intereses del Gobierno. b. Cuando interfiera o razonablemente se pueda esperar que influya en el desempeño de sus funciones oficiales. c. Cuando le impida prestar una jornada completa de trabajo a la agencia. d. Cuando traiga descrédito a la agencia o al gobierno. 4. Dentro de las limitaciones establecidas en este Artículo, los servidores públicos podrán dedicarse a la docencia, a dar conferencias y a escribir. No obstante, un servidor no podrá, con o sin compensación, hacer discursos o escribir sobre materias que dependan de información obtenida de su empleo gubernamental. 5. Un servidor público que tenga la intención de obtener un empleo adicional en la empresa privada o dedicarse a otras actividades fuera de su jornada regular de trabajo, deberá notificarlo al jefe de la agencia ejecutiva para la cual trabaja. 6. Las disposiciones de este Artículo no impiden a un servidor público participar en actividades políticas de los partidos nacionales y estatales que no estén prohibidas por ley o reglamento, ni participar en los asuntos de una asociación cívica, sin fines pecuniarios o aceptar una distinción concedida por tal asociación por una contribución pública meritoria. Educación y Formación Ética Savater (1997) ha expresado que el humano no nace siendo humano, que es a través de un proceso de socialización que ese animal humano logra convertirse en un ser humano. Ese proceso de socialización incluye el modelaje y la educación. En sus esfuerzos de prevenir la conducta anti ética en el servidor público la OEG tiene una serie de iniciativas para educar al servidor público de cuál es la conducta que se espera de él. El Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético (CDPE) tiene el propósito de ampliar e intensificar la política pública de prevención, a través de la educación (LEG, Artículo 2.7). Sus objetivos son: 9

10 1. Proveer a los servidores públicos adiestramientos en servicios que promueva una adecuada formación académica y operacional sobre la ética gubernamental y la sana administración de los recursos públicos. 2. Ofrecer un programa formativo de cursos que tenga como objetivo estudiar los aspectos sustantivos y procesales específicos y generales de la Ley de Ética Gubernamental. 3. Diseñar adiestramientos en los cuales se analice y discuta la importancia de la ética en los procesos gubernamentales y privados. 4. Examinar el problema de la corrupción desde una metodología interdisciplinaria que explique los componentes económicos, políticos y socio-culturales que lo constituyen. 5. Fomentar la investigación sobre todos los aspectos relacionados a la ética, entre éstos, la inherencia que el factor ético tiene sobre las gestiones estatales internas y su pertinencia e impacto en las relaciones internacionales contemporáneas. 6. Difundir mediante el mecanismo de publicación los hallazgos de una investigación actualizada sobre el proceso ético público y social. Le LEG dispone que todo servidor público tiene que acumular diez horas de educación continua en ética cada dos años. Se establece que todo supervisor tiene que otorgarle el tiempo necesario a su empleado para cumplir con este requisito sin ser carga a sus licencias. Para poder suplir la demanda de educación continúe la OEG ha facultado al CDPE a: 1. Coordinar el desarrollo de dichos cursos con la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor. 2. Requerir a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos y a toda otra agencia o dependencia gubernamental ayuda técnica, propiedad, personal, tecnología y otros recursos para hacer posible el ofrecimiento de estos cursos. 3. Contratar la prestación de servicios, adiestramientos y talleres de personas u organizaciones privadas en y fuera de Puerto Rico con el propósito de promover los objetivos del Centro. 4. Contratar personal docente de la Universidad de Puerto Rico a tono con las necesidades del Centro. 5. Revisar el currículo de los cursos a fin de atemperar el mismo a las necesidades que surjan en el servicio público. 6. Aceptar donaciones o asignaciones legislativas del Gobierno de los Estados Unidos de América. Las emisoras de radio y televisión del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, operadas por la Corporación para la Difusión Pública, asignará, libre de costo, espacio de tiempo permanente, de por lo menos dos horas mensuales, para la difusión de los programas, proyectos e iniciativas que promuevan la ética y la política pública de la Oficina. Dentro de sus funciones de educar, la OEG publica una revista académica titulada Ethos Gubernamental, así como otros materiales didácticos que están disponibles para los servidores públicos. La OEG ha entrado en alianzas con la Universidad de Puerto Rico, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el sistema educativo Ana G. Méndez, para ofrecer charlas académicas sobre diversos temas de la ética y para convalidar algunos cursos relacionados a la ética que ofrecen estas instituciones universitarias. Igualmente, con instituciones como el Ethics Resource Center y el Gobierno de la Republica del Perú, para traer deponentes internacionales del tema de la ética. Hay que destacar que la OEG ha sido anfitriona de múltiples charlas, seminarios y talleres donde las nuevas tendencias en la promoción de la ética son discutidas y traídas a la luz pública. 10

11 Como parte de su política pública de prevención también se diseñó y ofreció el curso televisado Ética TV, asimismo, se produce y distribuye el boletín informativo Conética. Por otro lado, su portal en el internet sirve para difundir información sobre la OEG. Además de servir como punto de contacto a los servidores públicos y la miembros de la comunidad. Muy ligado a la función de educación es el Área de Asesoramiento Jurídico. Esta ofrece servicios consultivos externos a servidores públicos y al público general (OEG, rev. 2003).También sus funciones incluyen: 1. La emisión de opiniones escritas solicitadas sobre asuntos que se plantean a la OEG sobre la LEG. 2. Prepara y revisa los reglamentos que sean necesarios aprobar y promulgar relacionados con la LEG. 3. Redacción de cartas circulares, memorandos, ponencias sobre la LEG, recursos judiciales y otros requerimientos especiales. La División de Dispensas es el área dentro de la OEG que se encarga de la evaluación de las solicitudes de dispensas. Esta división evalúa lo méritos al amparo de las LEG y dictamina si la dispensa puede o no ser concedida. A través de las dispensas, la OEG pudiera, luego de evaluar los méritos, permitir una acción que prima facie, pareciera violatoria de la Ley de Ética Gubernamental o su respectivo reglamento. Sus principales áreas de discreción son: 1. Contratación de ex servidores públicos. 2. Nombramiento, promoción, ascenso y contratación de parientes. 3. Cuando el Departamento de Justicia y de Hacienda son partes contratantes. Sobre la Administración de la OEG Administrativamente, la OEG tiene una serie de unidades que la ayudan a operar óptimamente. Al ser una entidad autónoma ésta tiene que mantener internamente todo el andamiaje necesario para cumplir con su misión. Las unidades de apoyo administrativo son: 1. Oficina del Director Ejecutivo dirige y supervisa toda la agencia. Establece planes estratégicos y de trabajo. 2. Área de sistemas de Información atiende las necesidades en cuanto a la tecnología. 3. Área de Administración Central de Documentos es el custodio y gestiona de forma centralizada el manejo de documentos. 4. Área de Gerencia y Presupuesto tiene la responsabilidad de administrar los fondos. 5. Área de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional atiende los asuntos de los empleados de la agencia, implanta planes de adiestramiento y educación personal y planes de acción afirmativa. 6. Área de Prensa y Comunicación planifica y establecer programas y campañas estratégicas de comunicación pública. 11

12 Conclusión La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico es un instrumento adecuado para fomentar una conducta ética en el servicio civil de Puerto Rico. Desde 1991 hasta el 31 de marzo de 2010 se han presentado ante la Oficina de Ética 3,004 querellas, de las cuales se han resuelto 2,830 querellas y se han impuesto $ 1,839, en multas. Gubernamental Igualmente ha provisto miles de horas de formación ética y educación a los servidores público y a la comunidad, y ha impreso miles de páginas de información fomentando el comportamiento ético. Sus funciones definidas y extensión de poderes son unos que cubren a la gran mayoría de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico, ex servidores públicos, sus familiares y las personas que tratan de manera directa con ellos en sus funciones oficiales. Los poderes de reglamentación, para investigar e imponer remedios administrativos son unos que hacen a la Oficina de Ética Gubernamental una efectiva en promover una conducta ética en los servidores públicos de Puerto Rico. Al establecer cuáles han de ser los límites éticos que rigen la conducta y de ser ente fiscalizador de la conducta de los mismos más cuando se considera la base deontológica del proceder ético del servidor público puertorriqueño (Vera y Pietri, 2009). El que la Oficina de Ética Gubernamental sirva de ente educativo y consultivo también ayuda a la prevención de una conducta que viole los cánones de ética que rigen la conducta del servidor público. Esta por un lado educa al servidor público, ya sea por la publicación de material educativo o por el requerimiento de educación continua, de cuáles son las expectativas al ser un ente que representa al gobierno ante los ciudadanos. Mientras que por el otro ayuda a disipar las posibles dudas que se tenga sobre cuál es la conducta ética esperada por los servidores públicos. Por lo cual la Oficina de Ética Gubernamental sirve para establecer cuál es la demarcación ética y las expectativas del servidor público puertorriqueño. Referencias Código Iberoamericano de Buen Gobierno, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, recuperado 4 de julio de 2010 de: Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley de Etica Gubernamental. Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985, según enmendada. Funcionamiento de la OEG y la Ley de Ética Gubernamental, publicación de la Oficina de Ética Gubernamental Estado Libre Asociado de Puerto Rico (sin fecha). Negrón García, A.S. (2003), La Ética como resistencia a la corrupción, Ethos Gubernamental, Vol. I, Puerto Rico. Normas de Carácter General del Código de Ética de los Servidores Públicos, publicación de la Oficina de Ética Gubernamental Estado Libre Asociado de Puerto Rico (rev. 2003) Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Portal Oficial, recuperado 4 de julio de 2010 de Real Academia Española, Ética en Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo segunda edición, recuperado el 4 de julio de 2010 de Rosario, Zulma. (2009), Presentación Directora OEG en el 80va Conferencia Anual de la Liga de Ciudadanos Latinos Americanos Unidos (LULAC). 12

13 Rosario, Zulma (2009), Nuestros Valores en Acción, Mensaje de Zulma Rosario, Directora Ejecutiva OEG, 2 de noviembre de Savater, F. (1997), El Valor de Educar. España. Sociedad Americana para la Administración Pública, ASPA Code of Ethics, recuperado 4 de julio de 2010 de Sociedad Internacional de Administradores de Ciudades y Condados (ICMA), Código de Ética, Recuperado el 4 de julio de 2010 de: Valores de la Sociedad Puertorriqueña, Oficina de Ética Gubernamental, recuperado el 4 de julio de 2010 de: Vera Rodríguez, Hernán y Pietri Gómez, Laura (2009), Disposiciones y el tipo de razonamiento ético utilizados por una muestra de gerentes de los sectores público y privado de las áreas sur y oeste de Puerto Rico, Revista de Administración Pública, No. 41, Puerto Rico. Reseña Biográfica Alejandro Ortiz Vélez posee un Bachillerato y una Maestría en Justicia Criminal ambos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cursa estudios hacia un Ph.D. en Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con una concentración menor en Administración Pública. Ha realizado intercambios de investigación con el Centro para la Investigación Social y Psicológica en la Habana, Cuba e intercambios educativos en la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Ha llevado a cabo internados profesionales en el Departamento de Salud de EE.UU. en Washington, D.C. y la General Accountability Office del Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, ha colaborando en investigaciones neurocientíficas y ha realizado labores de cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos a favor de la Sociedad de Neurociencia y la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU) por sus siglas en inglés. Fue panelista en los XIII y XIV Congresos Internacionales del CLAD en Buenos Aires, Argentina y Salvador de Bahía, Brasil. Correo electrónico: Dirección Postal: 2250 Avenida Las Américas, Suite 655, Ponce, Puerto Rico,

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