Efectos jurídicos de los contratos en materia fiscal

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1 ANÁLISIS Y OPINIÓN Efectos jurídicos de los contratos en materia fiscal 124 Hoy en día, el argumento que utiliza la autoridad fiscal al momento de determinar un crédito fiscal, de que el acto o contrato celebrado por los contribuyentes opera únicamente entre las partes contratantes, sin que se extienda a terceros, y al considerarse ella como un tercero en la relación contractual, por los efectos que se generan por el acuerdo de voluntades, opta por considerar que en los acuerdos no está obligada como autoridad, por lo que de acuerdo con su interpretación, tampoco está obligada a observar las consecuencias de derecho y obligaciones que se generen de tales actos jurídicos Lic. Pablo M. Ibáñez Carrancá, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 - Bosques, del Colegio de Contadores Públicos de México y asociado en Capín Ibáñez & Asociados, S.C. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LOS CONTRIBUYENTES C ada día es más frecuente que las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, desestimen que los actos jurídicos que los contribuyentes realizan con clientes y proveedores tengan validez jurídica, y que los obligue a respetar los acuerdos tomados entre las partes que intervienen en los negocios jurídicos, aduciendo que no existe certeza de que, efectivamente, hayan celebrado en tiempo y forma tales actos, dejando de lado las normas jurídicas aplicables.

2 Una de las actividades más recurrentes de la autoridad hacendaria es desconocer aquélla relacionada con la fecha cierta de la celebración de los contratos. La autoridad hacendaria ha caído en el absurdo de considerar que los contratos celebrados entre particulares no le son de observancia obligatoria, y menos si éstos no han sido protocolizados ante notario público. La premisa anterior es del todo absurda y carente de toda lógica jurídica, pues dentro de las facultades de la autoridad hacendaria no se encuentran las de calificar la existencia o inexistencia de los actos jurídicos realizados por los particulares, y tampoco tiene la facultad de determinar qué actos le son de observancia obligatoria y cuáles no. La autoridad hacendaria basa su dicho principalmente en el siguiente criterio jurisprudencial: DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFI- CADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICA- MENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta y, por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Tomo XXXII. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia 1a./J. 33/2010. Agosto, Pág Por medio del criterio antes mencionado, las autoridades hacendarias han justificado su actuación al momento de desconocer los contratos celebrados entre los contribuyentes y, por ende, los efectos jurídicos de los mismos, señalando que al no haber sido certificados por fedatario público, entonces carecen de fecha cierta y, por tanto, no se puede corroborar el momento de la celebración del acto jurídico, argumentado que por tal razón no se encuentra obligada a observar las actuaciones de los particulares, dado que esas actuaciones no surten efectos frente a terceros. Estas afirmaciones constantemente realizadas por la autoridad son del todo ilegales, y tienen como consecuencia una violación al Estado de Derecho, debido a que se están desconociendo actividades válidas y permitidas por otros ordenamientos legales, las cuales no requieren de una formalidad como lo es la certificación ante fedatario público para que el acto tenga consecuencias ciertas de Derecho. CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL Utilicemos como ejemplo el contrato de comisión mercantil regulado en el Código de Comercio (CCom), en donde el citado ordenamiento en su artículo 274 menciona que, el comisionista para desempeñar su encargo, no necesitará poder constituido en escritura pública, siéndole suficiente recibirlo por escrito o de palabra; pero cuando haya sido verbal se ha de ratificar por escrito antes que el negocio concluya. En estos términos, siguiendo el criterio utilizado por la autoridad, los contribuyentes que celebraran este tipo de contratos, si quisieran que los mismos fueran reconocidos y observados por la autoridad, tendrían que celebrarlos forzosamente frente a quien tenga fe pública (como pueden ser los notarios o corredores públicos). En caso contrario, de celebrarlos únicamente de conformidad con las formalidades y exigencias de ley, a consideración de la autoridad no tendrían efectos fiscales y, por tanto, no obligaría a la misma 125

3 126 Hacer caso omiso y considerar que los acuerdos de voluntades únicamente surten efectos frente a tercero al momento de la protocolización de los mismos, sería como desconocer los efectos jurídicos que pueden llegar a surgir de la celebración de actos entre las partes. a observar los acuerdos y obligaciones consagradas en el acuerdo de voluntades; criterio que me parece del todo ilegal, violatorio del Estado de Derecho, así como, de los Derechos Humanos del contribuyente. Lo anterior es así, pues dentro de las características del contrato de comisión mercantil, encontramos que se trata de un contrato formal con una determinada forma impuesta por la ley (CCom) por lo que el mismo se perfecciona y surte efectos frente a terceros en el momento en que se celebra y cumple los requisitos establecidos en ley. Hacer caso omiso y considerar que los acuerdos de voluntades únicamente surten efectos frente a tercero al momento de la protocolización de los mismos, sería como desconocer los efectos jurídicos que pueden llegar a surgir de la celebración de actos entre las partes. Pues si se desconocen los efectos de una institución debidamente regulada por el Derecho, como es el contrato de comisión mercantil, limitando la existencia y eficacia a la condición de que el acto se encuentre protocolizado ante fedatario público, sería caer en el absurdo de que entonces todos los actos celebrados entre particulares deben estar debidamente protocolizados. Más aún, desconocer cualquier manifestación de la voluntad y, en particular, el principio Pacta sunt servanda, es violentar las instituciones jurídicas y transgrede la libertad de las partes para contratar. Así, en cuanto dichos acuerdos no transgredan normas de Derecho Público o violen derechos de terceros, los mismos son reconocidos por las normas jurídicas como válidos, protegiendo a las partes que emiten su voluntad para celebrarlos, para que los mismos surjan a la vida jurídica con plena validez y fuerza legal. Por otro lado, si analizáramos la actitud que ha tenido la autoridad, nos podría llevar al extremo de suponer que se está realizando por medio de su criterio una modificación en los elementos de validez y existencia de los contratos, por lo que se estaría actuando en contra de lo que el Poder Legislativo determinó al momento de regular la institución jurídica de los mismos. Esto tendría como consecuencia, el que una autoridad del ámbito judicial o administrativo actúe en el ámbito legislativo, regulando actividades que no le corresponden, pues como se ha venido señalando, el legislador al regular a los contratos, determinó que para su perfeccionamiento es suficiente celebrarlo con determinadas formas (dejando abierta la posibilidad de que aquellos contratos que no estén específicamente regulados, se regirán por las reglas generales de los contratos), por lo que solicitar que se vaya más allá de las consideraciones tomadas por el Legislativo sería forzar a los gobernados a cumplir con requisitos que no se consideran necesarios o bien, se introducen a través de criterios administrativos, por lo que tal actuación sería ilegal y carente de toda racionalidad y técnica jurídica. En este orden de ideas, los contratos requieren para que surtan efectos y sean válidos, el acuerdo de voluntades y que el objeto esté plenamente definido para surtir sus efectos. Además, también es necesario que cumplan con determinados requisitos de formalidad establecidos en ley. Lo anterior, no se contrapone a que una de las formas para determinar la fecha cierta de los contratos sea por medio de la protocolización de los mismos ante fedatario público, lo cual es distinto al surgimiento de los efectos, dado que en un caso estamos frente a un tema probatorio en relación con una celebración de un acto jurídico, y en el otro, estamos frente al surtimiento de efectos del mismo,

4 conceptos que desde mi perspectiva confunde la autoridad. La importancia de la forma y los requisitos establecidos en la ley consiste en que la voluntad de las partes se fije en un documento o instrumento, de tal manera que el acto exista, se perfeccione y surta la plenitud de todos sus efectos en el momento en que se cumplan las formalidades establecidas en ley (en caso de que las mismas sean requeridas), con la finalidad de externar la voluntad que debe marcar el acuerdo de voluntades. Así las cosas, debemos de considerar que un acto es plenamente válido y que por tanto surte efectos contrario al criterio y forma de interpretar de la autoridad hacendaria en el momento en el cual se cumple con los requisitos de validez establecidos en ley, y no hasta que el acuerdo de voluntades se eleve a escritura pública cuando el contrato debe de surtir efectos entre las partes y frente a terceros, con independencia de que en relación a los terceros deba de probarse la fecha cierta de la celebración del contrato, lo cual puede hacerse de diversas formas, entre ellas, por los asientos contables, con documentos que demuestren la actuación de las partes, facturas, transferencias bancarias, entre otras. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia relacionada la cual dispone que en caso de que un documento privado sea objetado, la o las personas que lo aporten y quieran beneficiarse de él, deberán probar la verdad de su contenido mediante otras pruebas. Ese criterio a la letra señala lo siguiente: DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCE- SAL FEDERAL). De conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden federal se aporta un documento privado proveniente de un tercero y el mismo es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción (solamente para evitar el efecto de la norma de que la no objeción hace que el documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo aporte y quiere beneficiarse de él deba probar la verdad de su contenido por otras pruebas, pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, en tanto no incurrió en externar una negativa que encierra la afirmación de un hecho, inclusive si al objetar explica los motivos y no los prueba, la objeción por sí sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido con otras pruebas, todo lo que será ponderado al resolver la contienda, sobre todo respecto de la valoración del documento a que se ha hecho referencia. Tomando en consideración el criterio anterior, se debería de concluir que contrario a los criterios tomados por la autoridad, el contribuyente sí tiene la opción de probar por otros documentos como ya se mencionó, como pueden ser facturas, traspasos de cuenta, estados de cuenta y contabilidad en general, mediante los cuales afirma y demuestra que los actos jurídicos que celebró el contribuyente son verdaderos; además, demostrará el momento en que se celebró el contrato, y se tiene la fecha cierta del mismo. Tal y como se ha venido mencionado, uno de los argumentos que hoy en día utiliza la autoridad fiscal al momento de determinar un crédito fiscal, aduce a que el acto o contrato celebrado por los contribuyentes opera únicamente entre las partes contratantes, sin que se extienda a terceros, y al considerarse ella como un tercero en esa relación contractual, por los efectos que se generan por el acuerdo de voluntades, opta por considerar que en los acuerdos no está obligada como autoridad, por lo que desde su entendimiento, tampoco se encuentra obligada a observar las consecuencias de derecho y obligaciones que se generen de tales actos jurídicos. Considero que la postura de la autoridad resulta del todo ilegal, pues tal y como se ha venido describiendo en el presente estudio, un acuerdo de voluntades surte sus efectos entre las partes y frente a terceros de la siguiente forma: 1. Frente a las partes por la simple manifestación de la voluntad y por los servicios que se vayan realizado en virtud del cumplimiento del objeto del contrato. 127

5 Frente a terceros. Lo anterior, toda vez que todas las actuaciones que realicen por uno de los contratantes con la finalidad de cumplir con las obligaciones que le fueron establecidas en el acuerdo de voluntades, se ven intrínsecamente relacionadas con terceros, por las consecuencias de derecho que se estén generando, y si dentro de los acuerdos tomados al momento de celebrar un contrato, no se está violentando algún derecho de terceras personas, éstos tienen la obligación de respetarlos y no interferir en el desarrollo y consecuencias del acuerdo de voluntades. Siendo así las cosas, asumiendo que las autoridades fiscales pueden ser consideradas como terceros (premisa que no consentimos del todo, debido a que cuando se habla de los efectos frente a terceros, debemos entender primordialmente, a aquellas personas que se deriven de las relaciones contractuales, de esas relaciones mercantiles que se generen por el ejercicio y cumplimiento del acuerdo de voluntades), éstos deberían de observar y respetar las actuaciones que existen entre los particulares, sin que en ningún momento se pueda desconocer el acuerdo respectivo. Las autoridades hacendarias al aplicar este tipo de criterios en donde desconocen instituciones jurídicas debidamente establecidas en ley como es el caso del desconocimiento de los efectos jurídicos frente a terceros de los acuerdos entre las partes, y en específico la no observancia de los mismos por parte de la autoridad pueden tener como consecuencia, no sólo la ilegalidad de la interpretación, sino que también el que exista la violación de Derechos Humanos, en particular el referente a la seguridad jurídica. Partiendo de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, la autoridad al desconocer los efectos de los contratos podría estar violando las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, así como legalidad tributaria; mismas que se encuentran en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), relacionados con el contenido del artículo 1 constitucional. CONCLUSIÓN Se puede concluir que el efecto jurídico de los contratos en materia fiscal se da, al igual que en las otras materias, al momento de que se cumple con los requisitos de forma y validez establecidos para los contratos regulados en ley especial.

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