N 477. En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de octubre. Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres.

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1 N 477. En la ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de octubre de 2007, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Néstor P. Sagüés, María del Carmen Alvarez y Mario E. Chaumet, para dictar sentencia en los caratulados BID CL (QUIEBRA) C/ RODRIGUEZ SOTO R. Y/U OTRO S/ DEMANDA ORDINARIA, Expte. N 375/06, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N 1, en apelación de la sentencia de fs. 139/140, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida? SEGUNDA: Es ella justa? TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Sagüés y Alvarez. A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El recurso de nulidad deducido en autos no se mantiene en esta sede. Por ello, y por no advertir vicio substancial alguno que autorice la revisión oficiosa de la causa, voto por la negativa. A la misma cuestión, dijo el Dr. Sagüés: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa. A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Se agravia la parte actora que el sentenciante hiciera lugar a la excepción de prescripción. En lo sustancial sostiene que aplica erróneamente el plazo de cinco años, que la prescripción ordinaria en materia comercial es de 10 años, y que el juez se equivoca al tomar, a los fines del cómputo del plazo, la resolución del banco central que suspendió las operaciones del banco, cuando debió haber tenido en cuenta la fecha de revocación de la autorización para funcionar.

2 Cabe en los presentes reiterar lo expuesto en el caso BID CL (QUIEBRA) C/ Martino E. S. Ejecutivo, sentencia firme cuyo recurso de queja fuera desestimado por la Corte Suprema de Justicia de esta Provincia mediante acuerdo de fecha Como lo han sostenido diversos tribunales del país, si bien no existe en el Código de Comercio previsión concreta acerca del término de prescripción de las acciones emergentes de saldos en cuentas corrientes bancarias, del ordenamiento sistemático de ese cuerpo legal resulta que las reglas de la cuenta corriente mercantil pueden ser llevadas al régimen de la cuenta corriente bancaria. En consecuencia, la disposición contenida en el artículo 790 de dicho código, relativa al plazo de prescripción es aplicable también a la cuenta corriente bancaria. Conlleva también a adoptar tal postura interpretativa la inclusión por el legislador de la cuenta corriente bancaria en el cap. II del título XII del Libro Segundo "De los Contratos de Comercio" bajo la denominación común de "cuenta corriente", lo cual resulta que en nuestro derecho, la cuenta corriente bancaria es un contrato sujeto, en primer término, a los preceptos de este cap. II y en lo que sea aplicables a los del capítulo anterior relativo a la cuenta corriente mercantil (conf. Fernández, "Código de Comercio", T. III, ps. 498 y sigtes.) (V.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala integrada, 17/02/2004, Avan S.A. c. Banco Torquinst, LA LEY 16/06/2004, 13 - LA LEY 13/07/2004, 6, con nota de Carlos G. Villegas - LA LEY 27/10/2004, 6, con nota de Miguel Angel Martín - RCyS 2004-XI, 67). En el mismo sentido, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos sostuvo que: el plazo de prescripción que en el caso cabe aplicar es el quinquenal regulado en el art. 790 del C.C. por ser la cuenta corriente bancaria una especie de la cuenta corriente

3 mercantil y en orden a lo prescripto en el art. 845 del precitado Código que excepciona de la aplicación del plazo decenal de prescripción a supuestos como el ilustrado en el "sub judice" en los que se contempla un plazo menor, adquiriendo especial relevancia el marco negocial analizado que impone atender las características del contrato, su naturaleza y la desigualdad técnica y jurídica de las partes involucradas como asimismo la necesaria preservación del regular y normal tráfico comercial (conf. Villegas en "Teoría y práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria", p. 175, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial sala A, 19/05/99 en LA LEY, 2000-A, 457; JA, 06/07/2000, p. 457; ídem en LA LEY, 16/06/04 y 13/07/04 anotado por Villegas) (en: LLLitoral 2005, abril, 273). Con relación a si debe tenerse en cuenta la resolución que revocó la autorización o la que suspendió las operaciones, y sin perjuicio de la aplicación al caso de la última parte del art. 782 del citado código, le asiste la razón a los recurridos en cuanto afirman que Si nos atenemos a los propios dichos de la apelante a fs. 171 vta. (Luego contradichos en otros párrafos), el cierre de la cuenta se produce el día de la revocación de la autorización para funcionar, vale decir el 16 de Julio de 1995,en donde la propia actora manifiesta que el BCRA transforma la SUSPENSIÓN en REVOCACION DE LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR, y ahí es donde la actora manifiesta a contrario sensu que el Banco deja de ser Banco, produciéndose el cierre de la cuenta corriente de los demandados (en realidad de uno sólo de ellos, Rodríguez Soso) al igual que todas las demás cuentas corrientes de todos los clientes del Banco en todas las sucursales. En realidad si bien mi parte entiende que el plazo comienza a contarse desde tiempo antes, aunque aceptemos esa postura, resulta ser

4 que al momento de entablarse la demanda, el 08 de agosto de 2000, conforme cargo del Juzgado N (fs. 30 vta.), habrían transcurrido holgadmente los 5 años que sostuvo el a quo como plazo de prescripción cumplida (Fs. 183 vta.). Con relación a las diversas fechas mencionadas por la recurrente cabría expresar que: La jurisprudencia ha sostenido que "las alegaciones vertidas en el curso del proceso, que exteriorizan palmarias contradicciones, descalifican totalmente a la parte que las emite, gravitando esa conducta del litigante en la solución justa del caso concreto. Así la doctrina de los propios actos, que se abastece en el principio de la buena fe (art.1198 parte primera del Código Civil) y la seguridad jurídica en el tráfico negocial, imprimen en la decisión un sello particular...cabe así excluir la conducta antifuncional desde que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (v. C. Nac. Civ. Sala K, 14/11/90: J.A II-187). Por otra parte, aunque no se pretendiera tener en cuenta otras fechas, la recurrente no prueba las afirmaciones que realiza en la expresión de agravios y s sabido que no es admisible en la expresión de agravios la remisión a escritos anteriores, menos aún la implícita. No obstante lo expuesto le asiste la razón a los demandados en cuanto se preguntan: de qué coordinación podemos hablar en el subjudice, cuando era imposible todo acceso a la entidad?. Esta Sala ha sostenido en reiterados casos que existe una marcada pretensión social para evitar que el micromundo tribunalicio escinda sus razonamientos del resto de la sociedad. Por la vía del aislamiento del pensamiento jurídico se acentúan las tensiones sociales y se bloquean las posibilidades del

5 cambio pacífico. Los actores jurídicos debemos evitar que las soluciones tribunalicias se aprecien como abstracciones que desconocen lo que otros hombres por lo menos intuyen como realidad. En virtud de lo expuesto, deben desestimarse los agravios de la recurrente. Voto pues por la afirmativa. A la misma cuestión, dijo el Dr. Sagüés: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto. A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Atento el resultado de las votaciones que anteceden, corresponde rechazar los recursos interpuestos, y confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas (CPC, 251). Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia. A la misma cuestión, dijo el Dr. Sagüés: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto. Seguidamente, dijo la Dra. Alvarez: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, LOPJ). Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, RESUELVE: 1. Rechazar los recursos interpuestos, y confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas. 2. Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia. Insértese y hágase saber (autos BID CL (QUIEBRA) C/ RODRIGUEZ SOTO R. Y/U OTRO S/ DEMANDA ORDINARIA ).

6 CHAUMET SAGUES ALVAREZ ART. 26, LOPJ

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