RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Contrato Realidad/Las prestaciones sociales con ocasión del contrato realidad no prescriben.

Transcripción

1 RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Contrato Realidad/Las prestaciones sociales con ocasión del contrato realidad no prescriben. Así entonces, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, se ha concluido el necesario reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el período realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de ésta manera la prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. De otra parte, como lo establece el H. Consejo de Estado en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demandada, se ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es literalmente imposible con anterioridad a la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo. REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, veintisiete de Octubre de (2011) MAGISTRADA PONENTE: HILDA CALVACHE ROJAS EXPEDIENTE: ACTOR: ANA MARIA CORTEZ CRIOLLO -CAUCA ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - SEGUNDA INSTANCIA. Decide la Sala el Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia del 30 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante la cual declaro la nulidad de los actos administrativos del 16 de enero de 2003 y del 5 de febrero de 2004, expedidos por el Alcalde Municipal de Piamonte-Cauca, en cuanto se negó a la actora el reconocimiento y pago de unos derechos prestacionales.

2 I. ANTECEDENTES. 1. La demanda. ANA MARIA CORTEZ CRIOLLO, actuando en nombre propio, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Piamonte-Cauca, solicita se le declare la nulidad de los actos administrativos del 16 de enero de 2003 y 5 de febrero de 2004 expedido por el Alcalde del municipio de Piamonte-Cauca, y que se declare que existió relación laboral entre el demandante y el demandado para que a título de restablecimiento se ordene el pago de la respectiva indemnización. Fundamentó las pretensiones en los hechos que se resumen así: El día 2 de enero de 1998, la señora ANA MARIA CORTEZ CRIOLLO, fue vinculada por relación laboral al municipio de Piamonte-Cauca, hasta el 31 de diciembre de 2002, desempeñándose como docente subordinada a la autoridad del alcalde y la coordinación de educación, cumpliendo órdenes de trabajo y horarios, prestando el servicio en forma exclusiva y permanente, recibiendo un salario por sus servicios. Afirma que mediante derecho de petición del 22 de diciembre de 2003, solicitó al municipio de Piamonte Cauca, el reconocimiento y pago a título de indemnización de prestaciones sociales que perciben los docentes empleados del sector oficial que laboran en ese municipio durante el periodo que estuvo vinculada, negando su solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales a título de indemnización. Posteriormente la demandante interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo que le negó dicho reconocimiento, recibiendo nuevamente como respuesta la confirmación de la decisión adoptada el 16 de enero de Manifiesta la demandante que el Municipio de Piamonte disfrazo la realidad de la relación laboral, utilizando contratos individuales de trabajo y las órdenes de prestaciones de servicio para esconder una vinculación laboral de derecho público, igualmente señala que los contratos estuvieron signados por la simulación, fraude y abuso del derecho. Concluye señalando que el municipio de Piamonte-Cauca, desconoció la normatividad y garantías constitucionales que establece el principio de la PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES. 2. La sentencia apelada. El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, mediante fallo del 30 de abril de 2010, declaró la nulidad de los actos administrativos del 16 de enero de 2003 y del 5 de febrero de 2004, expedidos por el alcalde municipal de Piamonte-Cauca, mediante los cuales negaron a la actora el reconocimiento y pago de unos derechos prestacionales. Condenó al municipio de Piamonte - Cauca a pagar una indemnización; bajo los siguientes argumentos: 2

3 Luego de hacer un análisis de las pruebas arrimadas al proceso el Juzgado A quo, señaló que del contenido de los contratos u órdenes de prestación de servicios, se advierte que el servicio debía cumplirse de acuerdo con las normas impartidas por el Alcalde Municipal o la Secretaría de Educación, también se consagró que percibiría un emolumento a cambio de ello, que el servicio debería prestarse en forma personal y además debía cumplir un horario de trabajo (Fls ). Consideró que, la relación existente entre la demandante y la administración era de carácter laboral y no contractual por cuanto durante el tiempo en que la actora se desempeñó como docente del Municipio de Piamonte se encontraba subordinada, recibía una remuneración, debía cumplir un horario y prestaba personalmente el servicio para el cual fue vinculada. Adicionalmente precisó que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral como la mencionada no implica conferir a la actora la condición de empleada pública, que según el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el solo hecho de trabajar con el Estado. Afirmó la Juez de Instancia que en el caso concreto está demostrada la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal, y remuneración, por lo que surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo, que en consecuencia, confiere a la trabajadora las prerrogativas de orden prestacional. Concluyó afirmando la existencia de una relación laboral, así como una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato y orden de prestación de servicios. 3. El recurso de alzada. De la parte demandante. Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2010, la parte demandante recurre el fallo del 30 de abril de 2010, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán (fl. 132 C. Principal). Admitido el recurso (fls. 137 C. Principal), fue sustentado el 3 de junio de 2010(fls. 140 C. Principal), el cual se resume en los siguientes términos: Manifiesta el recurrente que su inconformidad frente al fallo de primera instancia, radica en que se haya decretado a titulo de restablecimiento del derecho una indemnización y no propiamente las prestaciones sociales, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Igualmente señala su inconformidad respecto a la prescripción de los derechos laborales con antelación a 22 de diciembre de 2000, toda vez que la demandante laboró para el Municipio de Piamonte desde el 12 de septiembre de 1998, hasta el 5 de septiembre de 2003, acorde con la certificación suscrita por el Director del Núcleo de Piamonte, pues predicar tal prescripción iría en contravía con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. En consecuencia solicita se revoque el numeral segundo de la sentencia recurrida, para en su defecto se modifique el numeral segundo de la parte resolutiva condenando al municipio de Piamonte a expedir, una vez ejecutoriado el presente fallo el correspondiente acto administrativo que reconozca y ordene el pago a la actora de las prestaciones sociales conforme a las que devengan los docentes oficiales, causadas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, 3

4 tomando como base para la liquidación cada una de ellas, el salario pactado en cada contrato u órdenes de prestación de servicios. II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. El Tribunal al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiere invalidar lo actuado procede a resolver el asunto. 1. Hecho generador de la inconformidad. Pretende el recurrente se revoque parcialmente el numeral segundo de la sentencia de alzada, para que en su defecto se modifique la parte resolutiva condenando al Municipio de Piamonte a expedir el correspondiente acto administrativo que reconozca y ordene el pago de las prestaciones sociales a la actora, conforme a las que devengan los docentes oficiales, causadas entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, tomando como base para la liquidación cada una de ellas, el salario pactado en cada contrato u órdenes de prestación de servicios El caso concreto. Pretende la demandante se revoque parcialmente el numeral segundo de la sentencia del 30 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante la cual se declaro la nulidad de los actos administrativos del 16 de enero de 2003 y del 5 de febrero de 2004, expedidos por el Alcalde Municipal de Piamonte-Cauca, en tanto negaron a la actora el reconocimiento y pago de unos derechos prestacionales. 2. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DEL CONTRATO REALIDAD. Tal y como lo manifestó la Juez de primera instancia, el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestran los tres elementos que caracterizan una relación laboral, pero de manera fundamental cuando se comprueba la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en aplicación inicialmente del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, independientemente de la denominación jurídica que se le haya dado a dicha relación. Al respecto, el H. Consejo de Estado en fallos como el del 23 de junio de 2005 proferido dentro del expediente No por el Dr. Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, pero en especial que se demuestre que la labor se prestó en forma subordinada y dependiente respecto del empleador, razonando de la siguiente manera: De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional. 4

5 (...) De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, el demandante estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los períodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados. La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de ésta de labores propias de un funcionario público: ( ) Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando el demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad, ( ). (Resalta la Sala) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recoge, que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos inicialmente referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función pública en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de ésta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales. El H. Consejo de Estado, ha hecho prevalecer entonces, la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, cuyos supuestos fácticos deben ser materia de prueba. Así entonces, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, se ha concluido el necesario reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el periodo realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de ésta manera la prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. De otra parte, como lo establece el H. Consejo de Estado en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demandada, se ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es literalmente imposible con anterioridad a la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo. Bajo las anteriores precisiones se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación 5

6 de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente, -la subordinación y dependencia- en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones que cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito. Por lo anterior, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y en su lugar se declarará la existencia de una relación laboral entre la demandante y el Municipio Piamonte, con las consecuencias prestacionales que corresponden a la labor desarrollada, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad implica que se reconozca con certeza y efectividad todo derecho que deviene del despliegue real de una actividad laboral. Así, a título de restablecimiento del derecho se ordenará entonces el pago a favor de la demandante de la totalidad de prestaciones sociales que se reconocen a los empleados de la Entidad que desempeñaban similar labor, tomando como base para la liquidación respectiva el salario legalmente establecido para éstos. Ahora, sobre las sumas causadas, debe precisarse que, como inicialmente se indicó, no opera el fenómeno prescriptivo por tratarse ésta de una sentencia de carácter constitutivo, a partir de la cual nace el derecho a favor de la peticionaria; razón por la que sobre las cesantías reconocidas, no hay lugar a la aplicación de la Ley 244 de 1995, pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia. En mérito de lo expuesto, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO, en el sentido de ordenar al Municipio de Piamonte expida el correspondiente acto administrativo que reconozca y ordene el pago a la señora ANA MARÍA CORTÉZ CRIOLLO, las prestaciones sociales causadas, conforme a las que devengan los docentes oficiales, entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, tomando como base para liquidación de cada una de ellas, el salario pactado en cada contrato u ordenes de prestación de servicios. SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase al Despacho de origen. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por el Tribunal en sesión de la fecha. 6

7 Los Magistrados, HILDA CALVACHE ROJAS Presidente MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ CARLOS H. JARAMILLO DELGADO 7