LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

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1 INTRODUCCIÓN LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL El presente trabajo tiene por objeto analizar los principales principios que informan el nuevo proceso penal, lo que sucederá a partir del inicio de su aplicación, respondiendo, además, a las críticas y dudas más frecuentes. El objetivo de esta pequeña minuta se centrará, más que en examinar el vasto y complejo contenido del Código aprobado y que pronto debiera implementarse en las regiones IV y IX -de por sí materia para un comentario extensísimo-, en el repaso de los principios que rigen el nuevo procedimiento; lo que espera a las regiones piloto para el día 16 de diciembre (fecha de inicio de la vigencia del nuevo proceso) y, finalmente, los reparos o dudas que se han planteado, en diversos ámbitos al nuevo proceso. LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO PENAL. Juicio oral y público Tal vez sea la oralidad la que caracterice en mayor medida el nuevo proceso, como una contrapartida al proceso escriturado que está vigente. El artículo 1º establece, no sólo como una necesidad, sino como un derecho de todas las personas a gozar de un juicio previo, oral y público. El artículo 1º, que establece esta sentencia, comienza señalando que ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometidas a medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial., lo que lleva a la conclusión de que la oralidad forma parte, desde la promulgación del Código como Ley, de un elemento del debido proceso que debe ser incorporado, junto con otros de igual magnitud (v.gr. existencia de bilateralidad de la audiencia o la posibilidad de probar los asertos) como elemento básico del procedimiento legalmente tramitado, como epítome del mismo, interpretativo de la Carta Fundamental en esta materia regulada en el artículo 19 Nº 3. Esta oralidad se manifestará, fundamentalmente, en diversos momentos del procedimiento que podemos resumir en dos grandes sectores: El primero es la existencia de numerosas audiencias orales, en las que resuelven los problemas que suscita el procedimiento. A estas audiencias orales asisten los fiscales del Ministerio Público (como veremos, encargados de la investigación de los hechos punibles), los imputados (esto es, a quien se atribuye participación de cualquier manera y magnitud), los defensores de este y los querellantes. Las más importantes audiencias son: La audiencia de control de la detención: Se produce cuando el detenido es llevado a la presencia judicial a su primera declaración. A ella debe asistir el fiscal (artículo 132). La audiencia de formalización de la investigación: En ella, el fiscal del Ministerio Público le comunica a una persona que sigue una investigación en su contra por uno o más delitos determinados. Se desarrolla en presencia del juez de garantía. A ella debe ser citado el imputado, el defensor y otros intervinientes, como el querellante (artículos 229 a 231).

2 La audiencia de imposición de la prisión preventiva: En ella se impone esta medida cautelar a aquellos que el juez de garantía estima merecedores de ella, cuando se lo ha solicitado el fiscal u otro interviniente (artículo 142). La audiencia de cierre de la investigación: Cuando se cierra la investigación por el fiscal y este decide sobreseer la investigación o no perseverar en el procedimiento debe citarse a una audiencia por el juez de garantía (artículo 249). La audiencia de preparación del juicio oral: Se produce después que el fiscal ha acusado. En ella se encuentran presentes el fiscal, el acusado y su defensor y puede allí el acusado defenderse de las acusaciones del fiscal o de la adhesión a la misma del querellante o deducir otras excepciones (artículos 263 y ss.). Allí también se prepara el juicio oral, pudiendo darse por probados ciertos hechos que no serán discutidos en el juicio oral (convenciones probatorias) o excluir cierta prueba del juicio oral (por haber sido obtenida ilegalmente, por ser dilatorias, etc.). Termina con una resolución denominada auto de apertura del juicio oral. El segundo es la existencia de un juicio oral y público, que se desarrolla en la segunda fase del procedimiento, siguiendo, también, algunos principios informadores: Oralidad: En el juicio oral no se admiten ni presentaciones ni argumentaciones por escrito (artículo 291). Eso quebrará toda una tradición de escrituración en el proceso penal chileno de los últimos cien años, pero asegurando una claridad y transparencia que la escrituración y el secretismo obnubilaban. Continuidad: En este juicio oral las audiencias deben ser continuas y no se detienen o suspenden, salvo causales excepcionales (artículo 282 y 283). Inmediación: Este es uno de los avances más profundos que experimentará el proceso penal en aras de la protección de los derechos de quienes (en calidad de imputado o víctima) acceden a los tribunales. Hoy en día, los procesos se desarrollan al interior de los tribunales y las partes no son actores de los mismos. Los fundamentos de las decisiones no son conocidos y hasta el simple acceso a los expedientes está dotado de trabas legales y de hecho. En la audiencia de juicio oral deben estar presentes los intervinientes, esto es, el querellante, el acusado y su defensor y el fiscal del Ministerio Público y los jueces del tribunal oral, que no pueden ser suplidos (como lo son hoy) por otros funcionarios (artículos 284 y ss.). Imparcialidad: La independencia de juicio a la que alude el artículo 1º, se asegura por la presencia de un tribunal oral en lo penal, distinto del juez de garantía, que custodia (si así puede decirse) la correcta realización de la investigación por parte del fiscal y, por cierto, distinta de este. Publicidad: La audiencia del juicio oral será pública y las excepciones sólo están fundadas en tratar de asegurar el honor, la intimidad o la seguridad de cualquier persona. Los medios de comunicación tendrán acceso a los juicios orales (artículo 289).

3 Expedición: Junto con no admitirse pruebas dilatorias o discusiones que se extiendan ad aeternum como sucede hoy en día, todas las cuestiones o incidentes, accesorios o no que se susciten durante el juicio, deben resolverse en él (artículos 290 y 292). Libertad de prueba y de valoración de la misma: La prueba de los hechos y circunstancias del proceso pueden ser probados por cualquier medio en el juicio oral y la valoración será libre, aunque ciñéndose a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente adquiridos (artículos 295 y 297). Esto también altera sustancialmente la existencia de reglas más o menos rígidas que existían en el procedimiento penal para apreciar la prueba, estableciéndose requisitos estrictos para que un medio de prueba pueda constituir demostración suficiente de un hecho (v.gr. artículos 459, 472, 481 y 488 del Código de Procedimiento Penal). El tribunal podrá admitir testigos inhábiles o de oídas que son, hoy en día, tratados en inferioridad de condiciones probatorias; podrá admitir peritajes realizados en condiciones diferentes a las actuales, si cumplen con los requisitos de tales; podrá considerar que ciertas presunciones, hoy no admisibles, lo sean, sin ello no repugna a la razón y la experiencia acumulada, etc. Principio de la persecución única Esto quiere decir que, como señala el inciso 2º del artículo 1º, que una persona que ha sido absuelta, condenada o sobreseída definitivamente por una sentencia ejecutoriada, no puede ser sometida a un procedimiento penal por el mismo hecho. Es decir, se consagra al interior del Código Procesal Penal la cosa juzgada que sólo tenía existencia tangencial al interior del actual Código de Procedimiento Penal, como causal de sobreseimiento o excepción, pero no como principio. Principio del Juez Natural El Código ha vuelto a consagrar una regla que se encuentra en la Constitución y que señala que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ella. Lo que el Código ha añadido al dictado constitucional es que este tribunal debe estar establecido con anterioridad a la perpetración del hecho (artículo 2º). Principio de exclusividad investigativa del Ministerio Público En este sentido se sigue el artículo 80 A de la Carta Fundamental que expresa que el Ministerio Público dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Lo mismo expresa la Ley Nº , Orgánica Constitucional de esta institución autónoma. El Código señala que es al Ministerio Público a quien le compete exclusivamente (esto es, sin intervención de otra autoridad) la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible o bien los que acrediten la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley. Esto también aparece en la Ley Nº , Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuyo artículo 3º expresa que en el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta

4 aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen. Principio de presunción de inocencia El Código consagra, como gran anhelo para juristas y legos, la existencia del principio de inocencia, hoy en día sólo deducible de los tratados internacionales ratificados por Chile, pero de nula presencia expresa ni en la Constitución ni en la ley procesal penal. La existencia de este principio hoy en día permitiría soslayar estériles discusiones, v.gr. sobre la naturaleza de la libertad provisional, consagrando su primacía ontológica sobre la prisión preventiva. Ahora bien, en virtud del principio consagrado en el artículo 4º del Código, ninguna persona será considerada ni será tratada como culpable en tanto no fuese condenada como sentencia firme. Es decir, nadie, bajo ningún respecto, puede recibir el trato de culpable si no es en virtud de sentencia ejecutoriada. Los alcances de este principio son enormes y merecen un acabado estudio. De aquí se desprendería, por ejemplo, que todos los efectos extra procesales del auto de procesamiento (que desaparece en virtud del Código), sean del rango que fueran (constitucionales o legales) deberían entenderse derogados. Es decir, la pena penal resulta ser el inicio de las sanciones y no podría aplicarse sanciones anexas por su calidad de imputado. Principio de legalidad de las medidas restrictivas de libertad Siguiendo lo señalado por el texto constitucional del artículo 19 Nº 7 letras b) y c), el artículo 5º del Código manifiesta que nadie puede ser citado, arrestado, detenido, sometido a prisión preventiva ni sometido a alguna forma de privación o restricción de libertad, sino en los casos y en la forma señalado por la Constitución o las leyes. A este respecto es necesario señalar que el Código ha añadido a la citación como una forma de restricción de libertad que la Carta Fundamental no considera unida indiscutiblemente a este principio. El Código ha modificado en forma relevante la concepción que hoy día se desliza sobre las medidas cautelares personales, especialmente la de prisión preventiva, reafirmando su estructura genuina de medida cautelar. Así, como botones de muestra, deben mencionarse los artículos 122 y 139. El primero señala que las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación. El segundo asevera que la prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las necesidades del proceso. Más aun, el inciso 2º del artículo 5º ya señalado establece como sub-principio, el de que estas medidas restrictivas o privativas de libertad (de otros derechos del imputados) deben ser interpretadas restrictivamente y no pueden ser aplicadas por analogía. Es decir, de ser considerado vigente, esto pone en serio entredicho el cúmulo de obstáculos que la derecha

5 ha puesto bajo la forma de las Leyes Nº y a la libertad provisional a través del otorgamiento de parámetros de amplia interpretación al tribunal. Dicho en otros términos, la libertad personal durante el proceso no puede ser interpretada como una concesión graciosa al mismo nivel que la prisión preventiva. Los cambios, a nuestro entender, son lo suficientemente profundos como para adaptar el artículo 19 Nº 7 de la Carta Fundamental a ellos. De partida, el sólo concepto de libertad provisional ya no tiene sentido. Principio de protección a la víctima La víctima (en concepto del Código, el ofendido por el delito) era un actor de escasa consideración en la estructura del Código de Procedimiento Penal, aun vigente. No tiene una calidad jurídica definida, no es parte del proceso, salvo si realiza querella y no juega un rol decisivo en este ámbito, siendo obviada en las decisiones que pueden, incluso, vincularla más poderosamente. La Constitución obliga, en su artículo 80 A inciso 1º, al Ministerio Público a adoptar medidas de protección para víctimas y testigos. Idéntica referencia hace la Ley Nº Por su parte, el artículo 6º del Código expresa que el ministerio público está obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento. A la vez, tanto el Código como la reciente modificación operada por la Ley Nº al Código Orgánico de Tribunales, obligan a los jueces de garantía, de reciente creación, a garantizar los derechos de los intervinientes, entre ellos, las víctimas. De ahí que la víctima adquiera un carácter de sujeto procesal en el nuevo sistema penal, a la que se le otorgan derechos (artículo 109) y a la que se aísla ontológicamente, del querellante, que puede ser la víctima u otra persona. El derecho a defensa y los derechos del imputados Como siguiente principio se establece que el imputado (esto es, de acuerdo a los criterios del Código, aquel respecto del cual se atribuyere participación en un hecho punible) debe ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Esta declaración contenida en el artículo 8º del Código reviste una importancia capital, debido a que el estatuto de la defensa, que en el procedimiento actual se establece como efecto secundario del auto de procesamiento, adquiere fuerza propia y extensión. Adquiere dimensión propia, sin someterse a otra resolución ya que no se la vincula a ninguna determinación del fiscal o del juez de garantía, sino que obra por si misma, desde que un procedimiento se sigue respecto de una persona. Consecuencialmente, la presencia del defensor del imputado será requisito ineludible para la realización de las audiencias en que este deba intervenir, so pena de ser consideradas nulas. Adquiere una nuevo extensión, por otra parte, debido a que el derecho a defensa nace desde la primera actuación del procedimiento y no como ocurre hoy en día, desde la dictación del

6 auto de procesamiento. Para establecerlo a favor del inculpado debió modificarse el Código de Procedimiento Penal en 1989 por la Ley Nº La defensa puede estar constituida por un defensor nombrado libremente por el imputado, antes de la primera audiencia a la que este fuere citado, o bien, el ministerio público solicitará se le nombre un defensor penal público o bien el juez procederá a hacerlo (artículo 102). Este nos parece un punto capital. En primer lugar, sabemos de la existencia del proyecto de ley que crea la Defensoría Penal Pública. Los defensores penales públicos son imprescindibles para el buen funcionamiento del proceso penal, ya que las garantías de justicia igualitaria deben cubrir a la víctima, el fiscal o los querellantes, sino también a los imputados. Aun no teniendo un carácter orgánico similar al del Ministerio Público, los defensores penales públicos deben erigirse como los alter ego de los fiscales, y sólo puede ello ser posible cuando se encuentren dotados de recursos humanos y materiales similares a estos y de normas que establezcan su dependencia y responsabilidad. En segundo lugar, existe un llamado plan de contingencia que tendría en sus manos el Ministerio de Justicia para llenar los cupos de defensores penales públicos en las regiones IV y IX. En ello se echa de menos una exigencia similar y una dotación para acceder a los cargos a los establecidos para los fiscales de manera de garantizar una idoneidad y competencia adecuada. Debe hacerse presente, en este punto, como muestra de la importancia que el Código le atribuye a la existencia de la defensa del imputado, que es causal de recurso de nulidad, que permite invalidar el juicio oral o la sentencia definitiva, el que se le hubieren impedido ejercer las facultades que la ley le otorga al defensor (artículo 374 letra c) y que existe nulidad ante la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exija expresamente su participación (artículos 103 y 286). Ahora bien, de conformidad al inciso 2º del artículo 8º, el imputado tiene derecho a formular todos los planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones expresamente previstas en este Código. En este punto conviene hacer el paralelo con la situación actual, ya que esta declaración ubica al imputado en una posición mucho más fortalecida que la del actual inculpado que hasta el año 1989 carecía de derechos y prerrogativas claras. Un ejercicio siquiera superficial del Derecho Procesal penal vigente lleva a la conclusión de que la intervención del imputado en los actos del tribunal que tendrán efecto en él es mínima. Desde la declaración indagatoria, en la que su papel es pasivo y no se permite al defensor tomar parte o examinar la forma en que es hecha, pasando por los exámenes o pericias a las que es sometido, y terminando en la lectura de las diversas resoluciones cuya inteligencia es verdaderamente dudosa para este actor preponderante. Los artículos 93 y 94 del Código dotan a los imputados de derechos, sea que se encuentre o no privado de libertad, los que pueden ser hechos valer desde el primer acto de procedimiento en su contra hasta la terminación del proceso. A la vez, el juez de garantía,

7 el fiscal y los funcionarios policiales deben dejar constancia en el registro de la investigación de haberse cumplido con las normas legales que señalan derechos y garantías para el imputado (artículo 97). Como una forma de resguardar los derechos del imputado, el Código prevé algunas medidas: Autorización judicial previa El artículo 9º exige autorización judicial previa otorgada por el juez de garantía para todos los actos del procedimiento que lo priven, perturben o restrinja de algunos de los derechos que le asegura la Carta Fundamental. Por ello, el inciso 2º, singularizando esta necesidad, manifiesta que esta autorización es necesaria cuando el fiscal necesite realizar una diligencia de investigación que puede acarrear estos efectos o cuando el fiscal quiere practicar diligencias de investigación sin conocimiento del afectado o antes de formalizar la investigación (artículos 70 y 236). Por ejemplo, si el fiscal necesita que se realicen exámenes corporales respecto del imputado y este se niega a realizarlos, requiere autorización judicial (artículo 197). Medidas necesarias para evitar la afectación sustancial de los derechos del imputado. De conformidad al artículo 10º, si el juez de garantía advierte en cualquier etapa del procedimiento que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que se le establecen debe adoptar, de oficio o a petición de parte medidas necesarias para permitir dicho ejercicio y para evitar la afectación sustancial de esos derechos. Si esto no fuere suficiente se suspenderá el procedimiento y se citará a una audiencia para decidir si se continua con el procedimiento o se decreta sobreseimiento temporal. Recurso de nulidad Siguiendo lo señalado por el artículo 373 letra a), procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieren infringido sustancialmente derechos y garantías asegurados por la Constitución o por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de un verdadero recurso de protección en el fondo. De más está señalar que alguno de estos derechos pueden ser los del imputado.

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