Compromiso con los Servicios Sociales y el Bienestar Colectivo

Transcripción

1 Compromiso con los Servicios Sociales y el Bienestar Colectivo

2 Compromiso con los Servicios Sociales y el Bienestar colectivo CALIDAD DE VIDA Y DE BIENESTAR Nuestro ideal de justicia social es garantizar la igualdad de oportunidades en condiciones de vida digna, sin exclusiones. Junto con el sistema educativo, el de salud y el de pensiones, los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado de Bienestar que hace posible la atención integral a las necesidades de todas las personas y de forma específica, las de aquellas afectadas por necesidades y aspiraciones concretas. Los servicios sociales son un instrumento que garantiza la atención de necesidades sociales básicas, al tiempo que son generadores de actividad económica y fuente de empleo. Las políticas puestas en marcha por el Partido Popular nos sitúan en el penúltimo puesto de la Europa de los quince en inversión en políticas sociales respecto al PIB, poniendo en cuestión las bases del sistema público de bienestar creado por los socialistas. Concebimos los Servicios Sociales como derecho subjetivo de toda la población y no como una prestación graciable con una cobertura limitada en función del presupuesto disponible cada año.

3 CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS DEMANDAS EN SERVICIOS SOCIALES Los socialistas asumimos los retos que plantean los cambios sociales, que suponen nuevas necesidades y nuevos desafíos para el Bienestar y los Servicios Sociales, entre los cuales destacamos el incremento de la esperanza de vida, la reducción de la natalidad, el proceso de envejecimiento -que afecta particularmente a nuestra Comunidad por la emigración de los más jóvenes-, los nuevos roles sociales y familiares de las mujeres, la reducción del tamaño de la familia y las nuevas formas de organización familiar, así como la aparición de nuevos tipos de marginación social y de pobreza. Estos cambios apuntan a la expansión de la demanda de Servicios Sociales, a la vez que señalan la carencia de estructuras para hacer frente a los retos que se plantean. Los Servicios Sociales se están enfrentando a estos problemas sociales sin nuevos medios, lo que exige desarrollar con dotaciones presupuestarias la red de atención del sistema, así como los programas de prevención e integración social, estimulando la cooperación de las familias, organizaciones sociales y sociedad en general. NUESTROS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EN SERVICIOS SOCIALES Asumimos los principios de los sistemas públicos de servicios sociales de los países más avanzado de la UE en esta materia: Respecto a la organización del sistema de prestación de servicios sociales: Unidad del sistema, responsabilidad pública y coordinación de las administraciones y entidades que lo integran, subsidiariedad, cooperación con el tercer sector, planificación y control de calidad e incorporación de nuevas tecnologías. Respecto a las estrategias de intervención social: Universalidad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, atención personalizada e integral -globalización-, autonomía personal, proximidad, participación, prevención y normalización, integración y cohesión social, perspectiva de género, calidad de vida, solidaridad y tolerancia.

4 LOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS: EL COMPROMISO DE LA UNIVERSALIDAD Los socialistas concebimos los derechos sociales como un derecho subjetivo de toda la población. Nuestra propuesta garantiza los derechos que reconoce en el marco de las prestaciones básicas del sistema, como respuesta a necesidades sociales producidas en el ámbito de la convivencia personal y social. La garantía de estos derechos exige su definición en un catalogo de prestaciones básicas que permite el real reconocimiento de los derechos que este sistema establece. Los Servicios Sociales Básicos imprimen a la protección social, desarrollada clásicamente desde los niveles de asistencia, una proyección cualitativa, al combinarse la asistencia con la prevención y la participación social. Desde nuestro punto de vista aportan algo muy significativo: movilizan la solidaridad y, en consecuencia, contribuyen a dotar a los ciudadanos de valores éticos y morales imprescindibles para enfrentarnos a los riesgo de aislamiento y fragmentación social que amenazan nuestra convivencia. Las Corporaciones Locales financian en estos momentos el 50 % de las prestaciones básicas de servicios sociales contempladas en el Plan Concertado; la Junta de Castilla y León, el 37 %; y el Estado el 13 %, según datos del propio Plan referidos a Asumimos el compromiso de intensificar y desarrollar la cooperación financiera y técnica con las Corporaciones Locales titulares de los servicios básicos para hacer efectiva la universalidad de derechos en Servicios Sociales, con el espíritu del Plan concertado, adaptado a las nuevas exigencias del proceso de descentralización local.

5 Es preciso definir los derechos de los ciudadanos en materia de Servicios Sociales y las garantías para hacerlos efectivos, por ello desarrollaremos una NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN, que tendrá como objetivo prioritario garantizar la universalidad de derechos respecto a las prestaciones básicas, y pondrá en marcha los correspondientes equipamientos que han de dar cobertura a los derechos reconocidos: Centros de Acción Social. Se asumirá la ratio de recursos humanos que en cada nivel territorial corresponda para garantizar una intervención de calidad, y preventiva, tanto en los ámbitos individual y familiar como comunitario. Los Centros de Servicios Sociales tendrán unos estándares mínimos, de dotaciones para el trabajo interprofesional y de animación y desarrollo comunitario. Casas de Acogida, Albergues, Pisos Tutelados, Miniresidencias y Residencias, de acuerdo a las necesidades de convivencias alternativas que se precisan en nuestra Comunidad para personas mayores, personas en situación de dependencia, personas sin hogar, mujeres víctimas de la violencia de género y niños carentes de ambiente familiar adecuado. Centros de Día, Clubs, Hogares, Comedores Sociales, Centros Ocupacionales y Centros de Tratamiento para la Inserción Social de acuerdo a las necesidades de convivencia social, integración y participación, que afectan a diversos colectivos sociales, que requieren de estos equipamientos. Para la puesta al día de esta Red Básica, con criterios de equilibrio territorial y garantía de igualdad de acceso para todos los ciudadanos y ciudadanas, las Corporaciones Locales tendrán garantizada la financiación y asistencia técnica.

6 Para avanzar en el desarrollo de la garantía de derechos los socialistas impulsaremos las siguientes medidas: Incrementar las aportaciones de la Comunidad de Castilla y León a los Ayuntamientos, exigiendo al Estado el incremento de la suya hasta alcanzar el objetivo de cofinanciación a terceras partes previsto en el Plan Concertado. Actualización de las plantillas de los servicios sociales básicos para atender las demandas que hoy se plantean. Actualización y dotación presupuestaria del mapa regional de Servicios y Equipamientos Sociales para garantizar la cobertura de red de centros. Transferencia a las Corporaciones Locales, tanto de la red de profesionales como de los equipamientos, con las correspondientes dotaciones de personal, mantenimiento e inversiones, en los términos de nuestra propuesta de Pacto Local Autonómico Consolidación de las plantillas de personal que sustentan la red del sistema. Aplicación efectiva de programas de coordinación sociosanitaria entre la red pública de Servicios Sociales y de Salud, particularmente en el ámbito de los servicios domiciliarios. Impulsar la presencia del tercer sector, movimientos asociativos, fundaciones, cooperativas, e instituciones sin fin de lucro en el desarrollo de los Servicios Sociales, propiciando la incorporación de cláusulas sociales a los procedimientos de contratación y concertación de servicios con la administración pública. Incorporar criterios de calidad al sistema, incluido el sector privado, que permita compatibilizar calidad y accesibilidad económica de los centros, programas y servicios.

7 LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL LEY DE RENTAS MÍNIMAS. Las situaciones de exclusión social pueden afectar a cualquier persona que se encuentre, entre otras, en las siguientes situaciones de riesgo, que a menudo se producen de manera concurrente: desempleo de larga duración, ruptura de relaciones familiares, soledad y escasez de recursos en la vejez, falta de expectativas y oportunidades para un proyecto de vida propio, discapacidad física, psíquica o mental, proximidad a fenómenos de ruptura social, tales como drogadicción, delincuencia, explotación sexual, sentirse víctima de cualquiera de las diversas formas de violencia, intolerancia, rechazo social, racismo, xenofobia. Estas situaciones son más graves en un contexto como el actual, de incremento de las desigualdades sociales y de dualización social. NUESTRAS PROPUESTAS Frente a la inseguridad que generan los diversos procesos que conducen a la exclusión social, la alternativa más firme es que todos los ciudadanos tengamos garantizados los derechos sociales universales: el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a los servicios sociales, pensiones y a una vivienda digna. Asimismo, que ante los riesgos que supone la pérdida del empleo o la falta de oportunidades para acceder al mismo, estén garantizadas los subsidios de desempleo, y en su caso, las rentas mínimas. Estos derechos, implantados en España bajo la etapa de gobiernos socialistas, están siendo fuertemente afectados por las políticas neoliberales y conservadoras de los Gobiernos del Partido Popular, que durante su mandato ha aplicado estrategias orientadas a desactivar la universalidad de derechos. Además de la acción preventiva que con carácter general frente a la pobreza y la exclusión social se realiza desde la perspectiva de la universalidad de derechos sociales, proponemos las siguientes políticas activas, en cooperación con las Corporaciones Locales:

8 Planes Integrales Locales de Desarrollo Social. Dirigidos a barrios y zonas deprimidas, con déficit de infraestructuras, o con problemas de chabolismo y/o infravivienda, o simplemente, orientados a superar desequilibrios territoriales. Buscarán un efecto de acumulación con programas de inversión en infraestructuras y equipamientos sociales. Planes de inserción para el empleo. Estos planes requieren el reconocimiento de la capacidad de interlocución social de los colectivos, como garantía de participación y prevención del paternalismo social y /o institucional. Proponemos la puesta en marcha de un Observatorio Social de análisis e intercambio de buenas prácticas, desarrolladas por los municipios, comarcas y diputaciones para poner en común y potenciar la metodología de acción-investigación-participación, con el objetivo de generalizar y desarrollar la potencialidad de estas políticas. RENTAS MINIMAS Defendemos la implantación de un sistema de protección social que establezca la garantía del derecho a una renta mínima, cuya cuantía se aproxime progresivamente al salario mínimo interprofesional y se adapte con flexibilidad a la situación de los individuos y familias frente a las situaciones de carencia de ingresos, pobreza y exclusión. Las políticas de rentas mínimas irán siempre acompañadas por los correspondientes proyectos individuales de inserción, en el marco de los planes de desarrollo e inserción citados, con la colaboración de las organizaciones del tercer sector. Este sistema de protección social, se regirá por los mismos principios y objetivos que definen las políticas de bienestar social:

9 Universalidad para todas las situaciones objeto de protección sin discriminación alguna. Responsabilidad pública y garantía de requisitos objetivos para el acceso a este derecho. SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS PLAN INTEGRAL SOBRE INFANCIA Nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma tienen unas tasas de natalidad que se sitúan en los más bajos niveles de toda Europa. Para que todos nuestros niños y niñas tengan garantías de igualdad tenemos que ofrecerles un sistema educativo público que les acoja desde sus primeros meses de vida en condiciones adecuadas, tenemos que asegurarles una atención sanitaria pero también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de planificar las ciudades y su dotación de servicios y equipamientos sociales. Nuestro objetivo es desarrollar las capacidades de los más pequeños y sobre todo de los adolescentes, incluidos los menores en situaciones de riesgo y desamparo -a los que se garantiza la protección y tutela-, transmitiendo valores sociales que les hagan de verdad sentirse ciudadanos. Otro sector de atención prioritaria es el de los menores entre 12 y 18 años que, con los cambios educativos y sociales, se encuentran sin servicios de comedor en los institutos y sin lugares de ocio ni programas deportivos en los que participar cuando, como es el caso de la mayoría, no son potencialmente deportistas de elite.

10 NUESTRAS PROPUESTAS Las bases fundamentales de nuestras propuestas son la consideración de la infancia y la adolescencia en toda su amplitud de ciudadanos poniendo en práctica la filosofía emanada de la Convención de Derechos de la infancia de Naciones Unidas a través de las siguientes medidas: Diseño de políticas integrales desarrolladas en un Plan de Infancia, en cooperación con las Corporaciones Locales, que incluya los equipamientos adecuados. Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Creación de los Centros de Educación Infantil de 0 a 3 años hasta cubrir las necesidades de este grupo de edad (hasta plazas en 500 unidades de centros públicos de titularidad local, financiados por la Comunidad Autónoma). Programas de lucha contra el absentismo escolar. Apertura de los centros escolares fuera de los horarios docentes con recursos para aquellos menores que deseen asistir a ellos. Servicios de comedores escolares en todos los centros públicos. Incremento de los programas y servicios de prevención de situaciones de riesgo para los menores Equiparación de recursos humanos y de su cualificación entre los centros de menores concertados y los de titularidad de la administración regional. Fomento del acogimiento familiar temporal de menores, incrementando el apoyo técnico y económico a las familias acogedoras.

11 Potenciar la coordinación de servicios en los procesos de detección, investigación e intervención en situaciones de riesgo y/o maltrato. Dotación de recursos técnicos y humanos en todos los Centros de Acción Social para mejorar las intervenciones con familias y evitar internamientos innecesarios de los menores. Potenciación del papel de las Corporaciones Locales titulares de servicios básicos en la toma de decisiones respecto a las familias y menores con las que mantienen programas de atención e intervención familiar. Cooperación con los Juzgados de familia a efectos de garantizar un tratamiento social adecuado a los niños y adolescentes afectados por procesos judiciales. Potenciar la ayuda a domicilio para familias en situación de crisis. Mejorar los procesos de adopción internacional, incluyendo un programa de ayudas económicas que evite discriminaciones en este aspecto por razón de capacidad económica. Creación de las plazas necesarias para atender a los menores y adolescentes con problemas de salud mental. SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS ATENCIÓN Y REINSERCION DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES La situación actual de la atención a las drogodependencias se caracteriza por la dispersión competencial y una importante fragmentación de los servicios asistenciales, según los tipos de droga, a lo que se une la convivencia de muy diversos modelos de gestión.

12 Hay que añadir además un escaso desarrollo del sistema sanitario de salud mental con importante insuficiencia de recursos en la atención al primer nivel, una fuerte y creciente presión asistencial y escasa presencia de recursos de titularidad pública en el ámbito de la atención de las drogodependencias. Por otro lado el diseño territorial de la red de asistencia a las drogodependencias no parece obedecer a criterios de necesidad o demanda. En lo que se refiere a la incidencia y hábitos de consumo el momento actual se caracteriza por los siguientes rasgos: Consumos emergentes de nuevas drogas con modificación de sustancias, vías, patrones de consumo, contexto y perfil de los consumidores. Incremento del consumo problemático de alcohol, cocaína y hachis entre los jóvenes y descenso en el riesgo percibido de consumo de dichas drogas. Incremento de la incidencia de patologías duales (trastornos psicóticos, trastornos límite de personalidad-tlp, etc.) asociadas al consumo de drogas, especialmente en jóvenes y adolescentes, así como en consumidores con dilatada historia de consumo. Envejecimiento acompañado de un importante deterioro social psicológico, familiar, laboral y orgánico de pacientes dependientes crónicos. Incremento de la incidencia de daños asociados al consumo de drogas, como SIDA, embarazos no deseados, accidentes de tráfico y laborales. Nuevos sectores de población en riesgo por soledad, aislamiento social. (mayores, medio rural, etc.) Incidencia de nuevas adicciones sociales que acompañan al consumo de drogas (ludopatías y otros trastornos de conducta).

13 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE NUESTRO MODELO Establecer instrumentos adecuados de participación para la elaboración, desarrollo y evaluación de las políticas públicas en materia de drogodependencias. Apuesta por los servicios de titularidad pública, que garanticen el acceso y la implantación de criterios de calidad homogéneos en todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Garantía de acceso y prestación de los servicios y programas a todos los ciudadanos castellano leoneses con independencia del lugar de residencia. Normalización e integración en las redes sanitaria y social en materia de atención a drogodependientes. Participación y corresponsabilidad de las ONG y de las Corporaciones Locales. NUESTRAS PROPUESTAS COORDINACIÓN PREVENCIÓN Impulso de planes comarcales de drogodependencias, con dotación presupuestaria propia. Refuerzo y promoción de los niveles de coordinación entre la Red de Salud Mental, la Red de atención a las Drogodependencias (incluidas las ONG) y la Red de Servicios Sociales en el nivel de intervención de usuario para garantizar la unidad, la integralidad y la continuidad de la atención. Generalización de las actuaciones preventivas en el ámbito escolar entre los 10 y los 18 años, con la colaboración de las Corporaciones Locales. Introducción dentro de la plantillas de los Centros Educativos (o de las Áreas de Programas Educativos) de la figura del Agente de Salud para el desarrollo, entre otros, de proyectos de prevención en materia de drogas, así como en la promoción de actividades de ocio alternativo adscritos al centro educativo.

14 Implementación de programas educativos en el ámbito extraescolar en centros con colectivos vulnerables y de alto riesgo en colaboración con los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales. Establecimiento de un Programa continuado de formación en drogodependencias en medios de comunicación social dirigido a padres y madres. Programas preventivos en el medio laboral, basados en la información, la sensibilización y la detección precoz de situaciones problemáticas de consumo de drogas. ASISTENCIA Mayor dotación presupuestaria para los programas de captación, motivación y derivación de drogodependientes, desarrollado por ONG que garanticen la expansión al medio rural y la mejora en la calidad asistencial, preferentemente a las familias de pacientes drogodependientes. Implantación de Unidades de Adicciones Sociales para el tratamiento de la adicción a drogas institucionalizadas y a otras adicciones sociales, con ámbito de intervención de carácter provincial, con intervención y asistencia comarcal. Se reagruparán, con servicios en todas las provincias, las actuales unidades de tabaquismo actualmente implantadas sólo en Burgos y Zamora- y las unidades de tratamiento ambulatorio del alcoholismo (actualmente en Salamanca y Zamora). Incluirían servicios de atención médico-farmacológico y psicosocial, con especial incidencia en los programas de orientación y acogida, terapia grupal e individual. Los programas de tratamiento del Tabaquismo, con gratuidad del tratamiento farmacológico, serán objeto de atención especial por el gobierno PSOE. Generalizando al medio rural de los programas de deshabituación tabáquica.

15 Incrementando la dotación presupuestaria al convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, para garantizar su implantación en todo el territorio. Implantando programas tratamiento del tabaquismo de alta especialización en cada una de las provincias de la Comunidad. Inclusión dentro de las unidades de tratamiento de adiciones sociales de Programas para Colectivos y Pacientes de Difícil Inserción Social, en el que se incluyan acciones de reducción de daños, intercambio de jeringuillas, dispensación de Preservativos, Control de Tuberculosis y Hepatitis B. Adaptación y creación de plazas con carácter residencial que incluyan programas específicos para la atención a pacientes con dependencia de predominio cocaínico. Detección y atención precoz en el medio laboral, a través de acuerdos y convenios con los sindicatos, las organizaciones patronales y las mutuas laborales. Crear una unidad hospitalaria específica para el tratamiento de drogodependientes con morbilidad psiquiátrica. Generalización de los servicios de orientación y asesoramiento a los juzgados. Implantación de programas de mediación penal comunitaria, asociados a los servicios de orientación y asesoramiento a los juzgados, en colaboración con las ONG y los centros de atención a drogodependientes, que garanticen la reparación de los delitos asociados al consumo de drogas.

16 INSERCIÓN Reserva de plazas en talleres de empleo. Promoción o concierto de plazas de inserción laboral en Centros Especiales de empleo. Incorporación a las políticas activas de empleo y formación de la Comunidad Autónoma, las Corporaciones locales, las ONG y los agentes económicos y sociales. Becas de inserción a pacientes que carezcan de recursos económicos, mediante la firma de contratos de inserción. SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Desde un planteamiento global, que ha de traducirse en tratamientos específicos, los socialistas tienen como prioridad lograr la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad, articulando respuestas a los problemas de más de castellanos y leoneses (un 5,85 % de la población de nuestra Comunidad Autónoma), con la premisa fundamental de entender las políticas de discriminación positiva como fórmulas no sólo de integración, sino en el propósito de que estas fórmulas consigan que la persona discapacitada deje de sentirse minusválida en su actividad cotidiana, eliminando barreras y removiendo obstáculos que dificultan su desarrollo personal, social, familiar y laboral. Según información del propio gobierno regional, en breve síntesis, el panorama de la discapacidad en Castilla y León es el siguiente: personas con reconocimiento legal de discapacidad (porcentaje igual o superior al 33% de menoscabo), de las cuales el 54,5 % son mujeres.

17 Discapacidad predominante: o Física: 61% o Psíquica: 24% o Sensorial: 15% o Más de personas con retraso mental. o Más de personas afectadas por trastorno mental. o lesionados medulares. Por provincias, la población discapacitada se distribuye como sigue: Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL Teniendo en cuenta la edad, (49 %) discapacitados/ as están en edad de trabajar, y se sitúan en un tramo de edad entre 60 y 85 años o más. NUESTRAS PROPUESTAS El núcleo de las políticas de acción en materia de discapacidad, va de centrarse en la promulgación de una LEY DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN CASTILLA Y LEÓN, que se constituya como eje en torno al cual se organice un tratamiento global de medidas de discriminación positiva, que favorezcan la plena integración social, educativa, familiar y laboral del discapacitado/a.

18 Esta Ley, va a marcar un punto de partida, un antes y un después en relación con las actuaciones de la Comunidad Autónoma en esta materia, pues no va a limitarse a ser una mera declaración de intenciones, ya que va a prever su desarrollo reglamentario en plazos determinados, y tendrá en cuenta en su ámbito de aplicación, tanto a la discapacidad, en su clasificación general (física, psíquica y sensorial) como a las dificultades de integración del discapacitado /a, a lo largo de la vida y su desarrollo como persona, garantizando el ejercicio de sus derechos como ciudadano y procurando la plena integración. Su planteamiento de Ley Marco, debe basarse en el consenso y acuerdo con las Entidades Asociativas representativas de ámbito regional, así como con los Agentes Económicos, Sociales e Institucionales en el mismo ámbito. De este modo, tendrá en cuenta las siguientes líneas de actuación: Educación. Infancia y juventud. Mejora de la calidad de vida. Apoyo a familias con personas dependientes a cargo. Mercado de trabajo y empleo. Salud. Vivienda. Fiscalidad. Urbanismo y accesibilidad. El objetivo central de la Ley, será situar un entorno normativo adecuado que favorezca, propicie y fomente el desarrollo, entre otras, de las siguientes medidas c que generen dinámicas de integración en todos los ámbitos. 1. De carácter general: Creación de un ámbito de participación y coordinación entre la Comunidad y las organizaciones y asociaciones del sector, como órgano paritario de encuentro y debate entre la Administración de la CCAA y el sector de la discapacidad en el territorio.

19 Elaboración de una Carta Básica de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se concreten las actuaciones que de forma genérica se definen tanto en la Legislación Estatal como autonómica. Considerar la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política de la CCAA. Apoyo específico al desarrollo del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Compromiso de puesta en práctica de los contenidos de la Declaración sobre personas con discapacidad, aprobada por el I Congreso Europeo de Personas con discapacidad en marzo de Garantía de acceso a las ayudas técnicas en condiciones de calidad e innovación adecuadas para cada tipo de minusvalía. Compromiso con el reconocimiento oficial de la Lengua de Signos en España y con su implantación progresiva en el sistema educativo de nuestra Comunidad. La dotación de Intérpretes de la Lengua de Signos y Asesores de Personas Sordas en cada una de las provincias serán, además, objetivos del próximo gobierno PSOE. 2. De carácter sectorial: EDUCACIÓN Garantizaremos la oferta de plazas públicas o concertadas para niños de 0 a 3 años con discapacidad. Garantía de acceso generalizado de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios de primaria y secundaria. Programa de apoyo específico para el acceso a la formación profesional y universitaria de las personas con discapacidad.

20 ACCESIBILIDAD Propiciaremos el desarrollo y la implantación de Planes de accesibilidad en todas las Corporaciones Locales, y en coordinación con éstas, dedicar un mínimo del 1% de los presupuestos de inversiones a la eliminación de barreras urbanísticas. Creación de un fondo regional de promoción de la accesibilidad destinado a obras e infraestructuras. Se impulsará la obligatoriedad, a todos los edificios, oficinas e instalaciones de atención al público de la Administración Pública Local y Autonómica, incluidos los centros educativos de todos los niveles, de garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad física o sensorial antes del final de Establecimiento de medidas orientadas a la inclusión de un estudio previo de accesibilidad que deberá realizarse en toda obra o proyecto que promuevan las Administraciones en el ámbito autonómico y local. Compromiso de adaptar y hacer accesibles las webs y medios electrónicos de comunicación de la Administración de la CCAA y Corporaciones Locales. Atención y planificación específica de acciones tendentes a eliminar las barreras de comunicación. EMPLEO Fomentar la especialización de los servicios de empleo en el asesoramiento y captación de ofertas para personas con discapacidad. Desarrollo de programas específicos de transición escuela empleo. Promoción de programas formativos destinados a trabajadores con discapacidad en Centros especiales de Empleo, para favorecer su paso al empleo normalizado en empresas ordinarias. En relación con el acceso al empleo público, se ampliará al 5% el cupo de reserva de puestos de trabajo de personal laboral y funcionario incluidas las contrataciones con carácter de interinidad y la contratación temporal. Establecimiento de medidas específicas de adaptación de las pruebas de selección para el ingreso en la administración pública, que tengan en cuenta la situación personal física, psíquica o sensorial del discapacitado.

21 La Administración Autonómica y las Corporaciones Locales no podrán adjudicar concursos a empresas o entidades que no cumplan con la reserva del 2 % de puestos de trabajo para personas con discapacidad. APOYO A LA FAMILIA Ampliación, mejora y diversificación de los programas sociales y sociosanitarios, así como los centros de atención a personas con discapacidad, a fin de adecuar un apoyo efectivo a las familias con personas discapacitadas a cargo, ofreciendo una cobertura adecuada a las necesidades, en relación con la ayuda a domicilio así como un catálogo especializado de prestaciones y servicios. Incremento de la Ayuda a Domicilio para personas con discapacidad. Incremento de plazas residenciales en centros públicos y concertados. FISCALIDAD Establecimiento de un marco fiscal específico, en el ámbito competencial de la CCAA, en relación con la posibilidad de exenciones y desgravaciones adecuadas a las situaciones individuales y familiares de las personas discapacitadas. EL VOLUNTARIADO La cooperación social es fundamental en el modelo de Servicios Sociales y ésta se requiere en el conjunto de sus actuaciones. La organización actual del voluntariado en el marco de ONG que trabajan en cooperación con las administraciones públicas supone un avance de madurez del compromiso social entre instituciones y sociedad. Desde los nuevos movimientos sociales, se está desarrollando un tipo de solidaridad orientado a la promoción del asociacionismo como forma de autoayuda para la reivindicación social de nuevos programas y para la participación en la puesta en marcha de iniciativas sociales de autoayuda que dan respuesta, desde el tejido social, a los problemas que vive cada colectivo afectado.

22 El Sistema de Servicios Sociales contribuye notablemente a ello, facilitando a las ONG financiación y asistencia técnica para el desarrollo de programas, que son cauce para dar apoyo institucional a las iniciativas sociales. Los socialistas asumimos potenciar los programas de voluntariado en Servicios Sociales, como complemento de las prestaciones del Sistema de Servicios Sociales, desarrollando financiación y asistencia técnica en apoyo a las actividades de voluntariado con los objetivos de: Potenciar en la sociedad la igualdad de oportunidades, desarrollando el cambio de actitudes y costumbres sociales que impiden la aceptación de las realidades diferenciales en la convivencia social. Apoyar a las personas carentes de autonomía personal, especialmente ancianas, discapacitadas, y menores, desarrollando actividades de compañía, transporte, ocio, etc. Desarrollar iniciativas de convivencia alternativa, tales como familiar sustitutas o acogimiento familiar. Dinamizar y estimular fórmulas de convivencia social, promoviendo el asociacionismo. Facilitar la integración social, promoviendo grupos de autoayuda para personas con problemas comunes. Con el objetivo de desarrollar la participación ciudadana en los programas de voluntariado los socialistas desarrollaremos las siguientes líneas de acción: Centraremos en las Corporaciones Locales el núcleo de las actuaciones públicas en materia de promoción del Voluntariado. Contemplaremos normativamente la posibilidad de gestión directa de programas de voluntariado por parte de las Corporaciones locales, en el marco del apoyo a las prestaciones básicas de Servicios Sociales Potenciaremos un clima socio-cultural favorable a la participación de los ciudadanos en el Voluntariado Social y Programas de Autoayuda de las Asociaciones, mediante campañas de sensibilización social sobre necesidades sociales y demandas de voluntariado.

23 Cooperación con las organizaciones de voluntariado en el marco de una planificación coordinada con el Sistema Público, garantizando la calidad y la asistencia técnica continuadas, así como la financiación y apoyo a la formación especializada que se requiere para la labor de voluntariado en los distintos campos de actuación de los Servicios Sociales. Incorporación de las nuevas tecnologías a la acción social voluntaria y a los programas de autoayuda. Desarrollo de una carta de derechos y deberes de los voluntarios y acreditación de su formación y función social, incluyendo un sistema de seguro de financiación pública, que cubra los riesgos de su actividad. El objetivo de desarrollar un tejido social de voluntariado, comprometido con la solidaridad, tendrá su garantía de futuro, especialmente en la participación activa de adolescentes y jóvenes estimulados desde la familia, la comunidad y la escuela.