LA ABOLICIÓN DE LA MONARQUÍA Guillem Compte, julio de 2012

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1 LA ABOLICIÓN DE LA MONARQUÍA Guillem Compte, julio de 2012 CONTENIDOS 1. Las crisis 2. La salida 3. La lucha por los derechos humanos y la democracia 4. La monarquía: símbolo de desigualdad política 5. Las contradicciones constitucionales 6. Niveles de análisis 7. Argumentos a favor 8. Argumentos de pasividad 9. Argumentos en contra 10. Qué hacer? 11. Conclusión LAS CRISIS El estado español basa su identidad en hechos fundacionales de hace poco más de quinientos años: la unión de las coronas aragonesa y castellana a través del matrimonio de los después llamados "Reyes Católicos", el supuesto "descubrimiento" del continente americano y la finalización de la Reconquista con la caída de la Granada musulmana. Es un inicio espectacular, que en breve da lugar a un imperio "donde nunca se pone el sol". Como cualquier imperio, tiene fecha de caducidad; unos tres siglos después. Pero este inicio glorioso deja una huella de orgullo identitario en la psique española. Pues bien, esa España imperial que humillaba infieles y conquistaba continentes con un puñado de conquistadores hoy en día está siendo conquistada y humillada por los mercados, estos guerreros impersonales de la especulación capitalista internacional que devoran países económicamente débiles, sin importarles la historia. Sólo hay que mirar hacia Grecia. Ya hace más de cuatro años, desde 2008, que estamos en situación de crisis económica. Pero en 2012 España ha entrado en una fase aguda: el 9 de junio el Gobierno anunciaba la concesión de un crédito de hasta millones de euros a la banca española por parte de la zona euro. Este rescate evidencia la presente incapacidad del estado para ordenar su propia economía. En España estamos constantemente bombardeados con noticias sobre el incremento del paro y la destrucción de empresas, la desconfianza de los mercados y las bajadas de la bolsa; las cifras sobre la deuda y la morosidad; la escalada de la prima de riesgo; las malas notas a bancos y cajas por parte de las agencias de calificación; las fusiones, intervenciones y subastas de estas entidades financieras; las dudas sobre el futuro del euro... En fin, que si la economía esto, que si aquello. Las noticias y el discurso mediático venden y refuerzan la idea de que estamos bajo la tiranía de los mercados, la tutela de la Sra. Merkel, y en manos de políticos y banqueros incompetentes o corruptos. Es una crisis económica que por lo tanto, nos dicen, se deberá solucionar con medidas económicas. En negativo, austeridad: recortes, más impuestos, controlar el déficit. En positivo, emprendimiento, internacionalización y, desde la entrada en escena de François Hollande, planes de crecimiento económico. Ocasionalmente se ofrece un análisis más profundo, sugiriendo que hay una crisis política que acompaña o incluso origina la crisis económica. Desgraciadamente esta perspectiva se diluye en el torrente diario de -1-

2 noticias empaquetadas en términos económicos. Pero qué es la economía? El diccionario de la Real Academia Española explica que es la "Administración ordenada de los bienes de una comunidad, de un estado, de un establecimiento". Y la política? Según la misma fuente, la "Ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y de la administración de un estado en sus asuntos interiores y exteriores". Es decir, la economía es uno de los asuntos ordenados por la política. Por lo tanto, si la política no sabe o no puede ordenar la economía, pensemos por ejemplo en el rescate a la banca española, estamos ante una crisis política. Antes de la globalización el hecho de que la economía dependía y originaba de la política no se ponía en duda. Hoy en día se habla mucho de la economía globalizada, del mercado "libre", sin fronteras, que no depende ni se rige por la política de los estados. Pero esta economía global no funciona sola sino con el permiso y la participación de los gobiernos, que continúan ejerciendo políticas económicas con el fin de administrar y potenciar las economías estatales. Es decir, no se pueden culpar a los mercados, especuladores u otras fuerzas económicas sin rostro porque es el poder político, con nombres y apellidos escogidos por las urnas, que articula, acepta y cuando conviene cambia estos mecanismos económicos. La crisis económica es realmente un síntoma de una crisis más profunda, de tipo político. Y de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de "crisis política"? Consiste ésta en la existencia de algunos políticos corruptos, poco éticos, incompetentes, amorales o egoístas que coyunturalmente gozan de demasiado protagonismo en un sistema político que como sistema funciona bien? Por ejemplo, antes gobernaba el PSOE y ahora el PP. Este cambio solucionará la crisis política? O el problema radica en el mismo sistema, que activamente incentiva comportamientos corruptos, poco éticos, incompetentes, amorales y egoístas? O quizás la inmensa mayoría de los políticos quieren ser honestos, éticos, competentes, morales y altruistas, pero se encuentran con un sistema deficiente? Para entendernos: hablamos aquí de los sistemas políticos de Europa occidental, de las democracias constitucionales, entre las que se encuentra España. A nivel práctico, la democracia es un sistema, como una máquina, que recibe unos inputs y los transforma en outputs. Si una máquina está diseñada para que salgan churros, esto saldrá. Si no nos gustan los outputs políticos que salen ahora, ya sean comportamientos o bienestar deficientes, la ciudadanía debe pensar qué quiere que salga y como rediseñar la máquina política para que produzca mejores resultados. Desde 1979 el Centro de Investigaciones Sociológicas realiza con periodicidad mensual una encuesta de percepciones e inquietudes de la ciudadanía sobre diferentes aspectos de la vida y realidad españolas. Este barómetro indica indiferencia y frustración continuadas en el tiempo en relación al funcionamiento de la democracia. Parece que el sistema no funciona bien, independientemente de quien gobierna o qué políticas específicas despliega. Los barómetros del CIS y otras encuestas indican que, por un lado, el interés o la participación en política son insuficientes. Y, por otra parte, la política no responde a las necesidades de los ciudadanos. En teoría, la respuesta es simple: si el sistema político presenta deficiencias, se debe cambiar, mejorar. Pero la realidad es que el sistema político está diseñado para la estabilidad y a los partidos políticos mayoritarios más o menos ya les va bien cómo funciona. Por eso son mayoritarios, porque a ellos les funciona bien. Pues, qué hacer? Esperar que los políticos mejoren el sistema y si esto no ocurre quejarse? Es una respuesta fácil, ingenua y que proporciona la satisfacción de quien se siente moralmente superior. Pero la frustración de la impotencia corroe. O simplemente "pasar" de la política? Esta es una opción popular entre los jóvenes. Hay toda una generación que ha sido socializada en la indiferencia política, grave señal de decadencia democrática. Por otra parte, cuando se intenta actuar políticamente fuera de un partido político el resultado es a menudo -2-

3 más frustración por la falta de resultados y la sensación de perder el tiempo. Pensamos en el movimiento 15M y su poco impacto político real, a pesar de la atención mediática que ha recibido. Con todo, la democracia significa soberanía compartida, igualdad y participación política. La ciudadanía puede, es decir, tiene el poder y la legitimidad para redefinir el sistema en cualquier momento. En resumen, podemos y no podemos. Y este dilema entre capacidad y frustración/indiferencia hacia la política revela otra crisis, que origina la crisis política. Se trata de la crisis de ciudadanía. La pregunta es: qué significa ser ciudadano/a? Y también: es esto una faceta opcional o fundamental para una persona que vive en democracia? Qué vemos cuando nos miramos al espejo? Quiénes somos en el contexto de la comunidad que llamamos estado? Cuando el estado se tambalea cuál es nuestra respuesta? Ser ciudadano/a significa cumplir leyes, votar de vez en cuando y ya está? Es suficiente delegar nuestro poder a los profesionales de la política? Cuál es el deber político que corresponde a disfrutar de un estado del bienestar? La ciudadanía española se ha ido vaciando de contenido político desde los años 80. Tres elementos contribuyen a esta despolitización. Primero, la creciente consolidación democrática después de la Transición Española ha difuminado la idea de que es necesario participar activamente en el proceso político para mantener una democracia de calidad. Segundo, la sociedad de consumo promueve la preocupación por el propio bienestar económico, por encima del bienestar social, el objeto de la política. Tercero, la fragmentación del conocimiento y el discurso, la profesionalización de la política y la amplificación del sectarismo ideológico potencian el desapoderamiento de la ciudadanía, que se siente incapaz de competir con expertos, profesionales y fanáticos. LA SALIDA Cuando nos miramos al espejo debemos preguntarnos quiénes somos como españoles. Independientemente de identificarnos o no con otras nacionalidades, debemos entender que a día de hoy quien convive bajo las leyes del estado comparte, disfruta y sufre la misma realidad política. Y si no nos gusta esta realidad es nuestra responsabilidad cambiarla. La crisis de ciudadanía es una oportunidad para redefinir nuestra identidad como españoles. Podemos fijarnos en sentimientos rancios como el Catolicismo, poscolonialistas como la Hispanidad, o superficiales como la Roja (selección de fútbol). La promoción de estos y otros rasgos de identidad reflejan el desapoderamiento del que hablábamos. O podemos profundizar en el hecho democrático, el sistema político que rige nuestras vidas. Creemos realmente en la democracia? Si no estamos dispuestos a dar un paso adelante, o si pensamos que otros pueden hacerlo por nosotros, es que no creemos mucho. Si creemos o al menos queremos intentar creer más, para salir de estas crisis hemos de recordar qué significa democracia: cuáles son los principios en los que creemos y por los que estamos dispuestos a luchar. El diccionario dice que la democracia es un "Sistema de gobierno basado en el principio de la participación igualitaria de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones de interés colectivo". Entendemos que "la toma de decisiones de interés colectivo" es otra forma de decir "hacer política". Por lo tanto, la democracia es un sistema basado en el principio de la igualdad de toda la ciudadanía para hacer política, lo que incluye decidir cómo mejorar el sistema político. En la práctica el principio de igualdad política se traduce en el voto que toda persona tiene para escoger representantes que ocupen todos los cargos públicos, la igualdad de todos ante la ley y la soberanía compartida a partes iguales que legitima el funcionamiento del sistema democrático. Todo sistema político -3-

4 que en su funcionamiento no apoye plenamente estas prácticas quizá no sea digno de llamarse democracia, al menos no una plena democracia. Llegamos, así, a preguntas clave. Hasta qué punto es España una democracia? Hasta qué punto nos creemos, la ciudadanía española, que España es una democracia? Hasta qué punto queremos, exigimos y trabajamos para que sea una plena democracia? Cómo podemos profundizar en la práctica democrática para salir de la crisis ciudadana y, así, ejercer nuestro derecho y deber de decidir el destino político y económico del estado? Seguramente hay varias respuestas a esta última pregunta. Pero hay una respuesta obvia y esencial, que nosotros ahora o próximas generaciones en el futuro tendremos que conseguir. Hablamos de la abolición de la monarquía. La monarquía es una institución política que vertebra la constitución española y que, como dejaremos meridianamente claro, es esencialmente, ontológicamente, es decir, en su naturaleza, una institución antidemocrática. La existencia de esta aberración en el sistema político español que pretende ser democrático tiene raíces históricas comprensibles. Lo que no es comprensible ni admisible es su continuidad hoy día, después de más de tres décadas de la caída del dictador Franco. La monarquía española constituye una muy grave violación de los principios democráticos igual acceso al poder político, igualdad ante la ley, soberanía compartida y, por tanto, su presencia es un hecho de discriminación y opresión políticas hacia la ciudadanía. Si estas palabras parecen duras, extremas o estridentes se debe a que contradicen el marketing político que venimos arrastrando desde la Transición y el 23F. Aquí explicaremos con racionalidad porque debemos abolir esta institución antidemocrática. Su abolición, que vendrá a partir de una demanda popular (y no inicialmente los partidos políticos), contribuirá a mejorar sustancialmente tanto la identidad de la ciudadanía española como la naturaleza democrática del sistema político que nos gobierna y del que somos propietarios. Nuestra capacidad como ciudadanos de implicarnos en la mejora continua del diseño de las instituciones políticas esto, esto es democracia. LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA La lucha política no-partidista por la calidad de la democracia se circunscribe en la lucha más amplia por los derechos humanos y, en concreto, por el derecho civil y político de la igualdad entre personas. El Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.". El Artículo 7: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". La igualdad prevalente en una sociedad y la capacidad de luchar para mantener e incrementarla indican su carácter político. La indiferencia o el apoyo a la monarquía equivalen a la aceptación de la desigualdad como centro del sistema político español. Inversamente, la lucha política contra la desigualdad y por la abolición de la monarquía afirman nuestra libertad y dignidad. -4-

5 LA MONARQUÍA: SÍMBOLO DE DESIGUALDAD POLÍTICA La monarquía representa la opresión política pre-moderna, pre-derechos humanos, que niega la igualdad y, por tanto, la democracia. Usurpadora del cargo público más alto en un estado, la jefatura de estado, distorsiona y cuestiona la credibilidad de la voluntad democrática porque significa la institucionalización más potente posible del privilegio excluyente y la discriminación política masiva. En España, como en otros nueve estados europeos, el cargo de jefe de estado está secuestrado por una monarquía. Secuestrado porque es un cargo no sometido a la soberanía popular, sino controlado por una familia, a través de su sangre. Estamos hablando de obviedades. Pero a veces a las obviedades se les debe dar un marco, una forma que las cambie de conocimiento pasivo a necesidad de transformación. Por ejemplo, en el reciente documental "Monarquía o República" el programa "Sense Ficció" de TV3 (televisión pública catalana) presentaba las dos opciones como si fueran sabores de helado, igualmente plausibles o deseables. El documental se postula como "Un recorrido por los argumentos de dos modelos de estado". A través de entrevistas con defensores de los dos regímenes, desfilan los argumentos a favor y en contra de uno y otro sabor político. TV3 presenta los dos modelos con pretensión de neutralidad. De hecho consigue justificar la monarquía históricamente sin entrar en el tema de fondo: es compatible la monarquía con la democracia? Como no da ni quiere dar una respuesta clara a esta pregunta, se puede interpretar con este silencio que sí, que es compatible. Porque si es incompatible, el documental no podría ser neutral si los autores son demócratas. Nos imaginamos, por ejemplo, un documental neutral sobre la esclavitud o el apartheid sudafricano? Qué explicación se puede dar a esta postura? Una hipótesis es que se entienda que el rigor periodístico requiere neutralidad. Podría ser, en segundo lugar, que una televisión pública no pudiera posicionarse públicamente contra la monarquía por presiones políticas. Finalmente, queda la alternativa de que los productores creen realmente que ambos modelos son igualmente legítimos. La verdad es que la monarquía no tiene justificación democrática. El documental se debería haber titulado "Monarquía o Democracia". LAS CONTRADICCIONES CONSTITUCIONALES La constitución establece de entrada, como fundamento, que España es una democracia, que propugna como valor superior la igualdad y que la soberanía es popular. Seguidamente afirma que la forma política del estado es una monarquía parlamentaria, es decir, una democracia parlamentaria donde el jefe de estado es un monarca. -5-

6 Artículo España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El primer y segundo puntos parecen cuadrar con el principio de igualdad democrática. Pero el punto 3 define la naturaleza del sistema político como monarquía parlamentaria, con monarquía en mayúscula. No es, pues, una institución apolítica, sino que define la forma política del estado y tiene un rol central en el sistema político. Ahora bien, qué quiere decir "monarquía"? Y "monarca" o "rey"? Según el Diccionario, la monarquía "En las democracias contemporáneas, [es una] forma de gobierno en que el jefe de estado es designado por derecho de herencia". Y el jefe de estado es la "Persona que representa o que ejerce la suprema autoridad del Estado". Por lo tanto, en una monarquía una persona con el título de monarca "por derecho de herencia" ocupa el cargo de autoridad suprema del Estado, el de jefe de estado. Por otra parte, monarca se define como el "Soberano de una monarquía". Y soberano, "Persona que tiene la autoridad suprema dentro del estado", donde suprema significa "superior a todos los demás, que alcanza el grado máximo". En otras palabras, el monarca tiene la autoridad superior, máxima dentro del estado por "derecho de herencia". En una monarquía el cargo de jefe de estado está biológicamente ligado a una familia. Por otra parte, el diccionario nos dice que rey es el "Príncipe soberano [o simplemente Soberano] de una nación, ordinariamente de por vida y por sucesión hereditaria". En resumen, la monarquía es un régimen político en el que el cargo de autoridad máxima del estado, el jefe de estado, está ocupado por una persona con el título de monarca o rey, de por vida y por sucesión hereditaria. La obvia conclusión es que el máximo cargo político del estado sólo es accesible a una persona y resulta políticamente inaccesible al resto de la ciudadanía. Por tanto, se trata de una institución que excluye y discrimina políticamente en base a un supuesto derecho de herencia. Tal derecho sólo encuentra justificación en una visión medieval y esencialmente antidemocrática del poder político. Todo esto a la constitución le parece dar igual, ya que define el estado políticamente como monarquía parlamentaria, pretendiendo casar una institución antidemocrática con una asamblea de representantes democráticos. Esta aberración, historia aparte, a menudo se justifica asignando a la monarquía un papel de representación y arbitraje que supuestamente no es político o no tiene poder político. Pero esto es una falsedad: que el jefe de estado no practique la política partidista que hacen los partidos políticos no quiere decir que no sea una figura política con poder político. De hecho, el monarca es la autoridad suprema del estado. Artículo El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Al rey se le otorga el cargo de jefe de estado y constitucionalmente se fusiona cargo y título monárquico. La constitución completa a continuación la exclusión política de acceso a jefe de estado especificando la familia que monopoliza la monarquía y su transmisión biológica: Artículo La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo -6-

7 heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Que la transmisión biológica sea sexista es un hecho menor. La cuestión primordial reside en la vinculación del máximo cargo político español a una "dinastía histórica". Según el diccionario, dinastía es una "Serie de soberanos pertenecientes a una misma familia". Así, el jefe de estado es propiedad de una familia porque esta familia tiene una legitimidad que todas las demás familias españolas no tienen. Y esta supuesta distinción o dignidad especial se ha heredado desde el primer Sr. Borbón que fue monarca español. Las ramificaciones de esta descarada discriminación y desigualdad política son profundas. De momento ya podemos decir que en España no todos los seres humanos nacen en igualdad de dignidad y derechos, en contradicción al Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Volviendo ahora a la labor del monarca, el artículo 56.1 menciona cuatro funciones: simboliza la unidad del estado, modera su política, asume la más alta representación de la política exterior y ejerce otras responsabilidades, indicadas en los Artículos 62 y 63. Artículo 62. Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. Artículo El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Así pues, las funciones del monarca son propias de la autoridad suprema del estado. La diferencia entre este tipo de monarquía y las monarquías absolutas la encontramos en su falta de responsabilidades de carácter partidista. El monarca español no se implica en la definición de políticas de tipo ideológico, lo que hace el Gobierno. No es que el monarca no tenga poder político, sino que juega un rol no-partidista. Esta falta de responsabilidad partidista se interpreta en la constitución española como falta de -7-

8 responsabilidad política, lo cual es una falacia. En esta confusión entre política y partidismo encontramos otro elemento que tiñe la monarquía de discriminación hacia la ciudadanía: Artículo La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo Artículo Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. El problema es la conjunción de la falta de responsabilidad con el término "inviolable" al principio del artículo Porque la inviolabilidad de la monarquía no es una consecuencia de su irresponsabilidad sino un atributo propio del absolutismo, que sitúa la monarquía española por encima de un principio democrático básico: la igualdad ante la ley. En este caso el diccionario "ordinario" no ayuda a entender el significado de inviolable. Se debe recurrir a fuentes jurídicas para averiguar que, siendo inviolable, el monarca no puede ser juzgado ni civil ni penalmente. Tiene inmunidad ante la ley. Está, pues, por encima de la ley. Nadie más en España tiene este privilegio vitalicio, que evidentemente es una transgresión del derecho humano de igualdad ante la ley. Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". En España, pues, no todo el mundo es igual ante la ley, aunque el artículo 1.1 de la constitución española propugne la justicia y la igualdad como "valores superiores". Alguien puede decir, " Pero si sólo estamos hablando de una persona!". Sí, pero esa persona es el jefe de estado, su máxima representación y autoridad. Es el símbolo de España. Que el símbolo de una supuesta democracia de 40 millones de personas viole derechos humanos y sea por naturaleza antidemocrático es un hecho increíble, que clama rectificación. No se trata de una persona si no del respeto a la dignidad de 40 millones de ciudadanas y ciudadanos. No podemos permitir que una institución fundamentada en la discriminación y la exclusión políticas constituya la autoridad suprema de nuestra democracia. Es un insulto. NIVELES DE ANÁLISIS Para profundizar en la crítica a la monarquía y hacer un análisis correcto hay que distinguir entre cuatro niveles de actuación que frecuentemente se confunden, con o sin conocimiento, en la argumentación tanto a favor como en contra de esta institución. Son: la persona, el profesional, el jefe de estado y el monarca. Cada una de estas cuatro dimensiones tienen atributos diferentes y, en consecuencia, diferentes criterios de juicio. A nivel personal el Sr. Juan Carlos Borbón es una persona como cualquier otra, con una dignidad, un cuerpo, una experiencia de vida, unas emociones y pensamientos comparables a los de cualquier otra persona en el mundo. Ni mejores ni peores. Sus derechos se enmarcan en los derechos humanos que todo el mundo disfruta o debería disfrutar. A nivel profesional examinamos las competencias, experiencia y resultados que una persona aporta al empleo que desarrolla. En este caso, el lugar de trabajo está definido por la constitución española, principalmente en los artículos 56.1, 62 y 63. A partir de aquí se podría hacer una valoración de hasta qué punto este señor ha sido un buen trabajador. -8-

9 El jefe de estado es el cargo público que el Sr. Borbón ocupa. Además de ser un lugar de trabajo definido por la constitución, se trata del cargo de máxima autoridad estatal. Pero no es un cargo único de España, sino que existe en todos los estados. A diferencia de los niveles personal y profesional, esta dimensión no es intrínseca a la persona. Es decir, sólo el Sr. Borbón puede tener las emociones o competencias del Sr. Borbón, pero otra persona mañana podría tener el cargo de jefe de estado que él ocupa hoy. Finalmente, el título hereditario de monarca representa el cuarto nivel. Esta dimensión tampoco es intrínseca a la persona, sino que fue otorgada al primer Borbón y se ha traspasado de generación en generación. Nuestra crítica principal, que la monarquía es una institución antidemocrática por naturaleza, intrínsecamente contraria a los principios básicos de la democracia, se centra en el cuarto nivel. La persona, el profesional y el jefe de estado seguro que son dignos de análisis e incluso crítica constructiva. Pero no son el objeto ni objetivo de este escrito. Por ejemplo, los dudas morales que últimamente han aflorado sobre la vida sentimental del Sr. Borbón son irrelevantes. Tan irrelevantes como lo sería una seguridad absoluta sobre su excelencia sentimental. O las valoraciones sobre qué tipo de yerno (Sr. Urdangarin) o aficiones deportivas (caza mayor) tiene. Simplemente estas consideraciones, aquí, no proceden. Como tampoco si ha hecho o hace su trabajo muy bien, nada bien o con mediocridad. Ni si sus funciones como jefe de estado se deberían modificar. No: todo esto es secundario al hecho de que "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". El problema es la institución monárquica, que es antidemocrática y, por tanto, debe abolirse. ARGUMENTOS A FAVOR Teniendo claro estas cuatro dimensiones se pueden analizar con facilidad los argumentos supuestamente a favor de la monarquía. Encontramos seis categorías de estos argumentos: historia, carácter, competencia, no-partidismo, identidad y legitimidad. Historia Como la historia es una interpretación, elaborada principalmente desde el poder, y la monarquía está en la cúspide del poder político español, de entrada podemos sospechar que hay exageración y distorsión en los méritos otorgados a la monarquía por sus propagandistas en relación a la Transición Española. Históricamente deber recordarse que el origen del actual régimen monárquico es una dictadura franquista y que, precisamente, esta dictadura antidemocrática se había iniciado con un golpe de estado militar contra la Segunda República Española. El 21 de julio de 1969 el dictador Franco anuncia que ha decidido otorgar la sucesión de jefe de estado al Sr. Juan Carlos Borbón. Al día siguiente las Cortes fascistas lo ratifican y el Sr. Borbón jura "fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino". Algunos dirán que en 1969 el futuro monarca tenía claro que a la muerte del dictador él lideraría el retorno de la democracia a España. Quizás sí, o quizás no tanto como nos quieren hacer creer. El hecho es que el origen de la monarquía actual es una dictadura y que Franco traspasó su jefatura de estado a otra institución dictatorial, en el sentido de que tampoco permite el acceso político al cargo. En segundo lugar, cuando en 1978 la ciudadanía española votó en referéndum la nueva constitución, no hubo opción de aceptar o rechazar la monarquía como centro del nuevo sistema político. Los autores de la constitución habían optado por acatar la voluntad franquista de incluir una monarquía. El referéndum pedía un sí o un no a toda la constitución. Evidentemente, después de 39 años de dictadura, ganó el sí. Pero el momento que ha sido mitificado como la consagración monárquica fue la noche de la tentativa de -9-

10 golpe de estado, el 23 de febrero de 1981, cuando ya de madrugada el Sr. Borbón salió en la televisión pública en uniforme militar de comandante supremo de las fuerzas armadas para anunciar el fracaso de los golpistas. Dicen que este liderazgo, en un momento crítico para la débil nueva democracia española, valió la confianza del pueblo español, la legitimidad popular para ejercer como monarca y jefe de estado. Bueno, en torno a este mito ha habido dudas sobre la calidad del liderazgo y qué pasó realmente esa noche. En todo caso, la legitimidad en un cargo público se gana mediante la confianza expresada en una elección popular y no por una noche de liderazgo militar. Históricamente podemos agradecer la contribución, sea cual sea, que el Sr. Borbón ha hecho en el establecimiento y consolidación de la democracia en España, pero eso no cambia nada el hecho de que la institución monárquica es fundamentalmente antidemocrática. Antes de cerrar este capítulo debo mencionar dos argumentos de lógica lamentable, pero que personas supuestamente inteligentes esgrimen en defensa de la monarquía. Uno dice que entre los países mejores del mundo se encuentran las monarquías parlamentarias. Esta afirmación pretende ligar la existencia de un monarca a la calidad de vida en un país. Se trata de una afirmación gratuita que aprovecha la confluencia histórica del bienestar material generado por el dominio colonialista de Europa occidental con la supervivencia de las monarquías europeas, a pesar de la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El otro argumento es que las dos repúblicas españolas fueron un desastre. Quizás quien habla de regímenes desastrosos no ha estudiado suficiente historia para entender cuánto desastrosos fueron los reinados de algunos antecesores borbónicos, por ejemplo Fernando VII, el Rey Felón. Además, si la vida en España hoy en día no es un desastre político, esto no es un mérito atribuible a la monarquía, sino al funcionamiento democrático del resto del sistema político español, a pesar de la convivencia con una institución no democrática. Carácter En esta categoría encontramos un conjunto de elogios hacia la figura del monarca, persona y profesional, y también referencias a una pretendida personalidad de la institución monárquica. No perderemos el tiempo analizando panegíricos al Sr. Borbón porque son irrelevantes respecto a la naturaleza antidemocrática de la institución. Sí debemos responder a la propaganda política que pretende vestirla en valores opuestos a los de su naturaleza. La Fundación Institucional Española, que se dedica a "hacer presente en la sociedad el valor de la Corona como institución integradora e impulsora de la convivencia", es una experta en este marketing monárquico. En su presentación en Internet coloca un sublime retrato de la institución. De entrada confiesan que promueven una visión de la monarquía como integradora e impulsora de la convivencia. En segundo lugar, explican que "la cohesión de un país viene determinada por la existencia de instituciones sólidas, firmemente enraizadas", como la monarquía, claro, que nos aporta seguridad y estabilidad. Tercero, afirman que la monarquía promueve la libertad y pluralidad. Y rematan el retrato ensalzándola como la "primera institución del estado", que aporta "estabilidad, independencia y tradición histórica, en la defensa de los principios inmutables de justicia, paz social y desarrollo económico". Si indagamos un poco más, encontramos perlas como el siguiente texto en la introducción del libro "Todo un Rey": "La Institución Monárquica aparece, con todo, tan vinculada y profundamente enraizada en la historia de nuestros pueblos, que resulta difícil hablar de España y de su Historia sin hacerlo de la Corona. Nuestra evolución cultural, artística, social y política ha tenido en ella [la Institución Monárquica] su 'eje diamantino' durante siglos. Sigue teniéndolo renovadamente en nuestros días ". En fin, que no hay límite a la habilidad del lenguaje para intentar convencer a las personas que lo que realmente es negro es blanco, si nos hacen repetir, blanco, blanco, blanco indefinidamente. Afortunadamente, por más clichés positivos que se intenten ligar a la monarquía no se podrá nunca negar el hecho de que esta institución es de naturaleza no democrática y, por tanto, no tiene credibilidad para -10-

11 promover los valores asociados con la democracia. Los muchos discursos sobre la paz, convivencia, justicia, etc. hechos desde la monarquía son, en cierta forma, actuaciones de hipocresía institucional. Esto no quiere decir que las palabras, no por quien las dice sino por lo que son, no puedan tener un impacto positivo en una audiencia. Pero cuando la monarquía promueve valores, lo hace no como monarquía sino como institución política que habla a la sociedad. Competencia Nos dicen que el sucesor del monarca se prepara toda la vida para ser monarca. Que su educación, experiencias, etc. son incomparables y lo hacen único para poder desarrollar la tarea de monarca y jefe de estado. Quien dice eso no entiende qué quiere decir tener un cargo público. No se trata de estar muy bien preparado y ser técnicamente el mejor. Nuestro ideal político no es la República de Platón. La democracia consiste en la igualdad política y los cargos públicos vienen dados por el voto, el instrumento político que nos hace a todos iguales. El hijo de un monarca podrá ser el mejor preparado, pero le falta lo fundamental, el voto popular. Sin esto, en poco se diferencia de un futuro dictador. No-partidismo La idea de que sólo la monarquía puede asegurar el no-partidismo necesario para representar el estado y moderar su política es un argumento para confundir, quizás con intencionalidad. Coge un atributo correspondiente al cargo de jefe de estado, el no-partidismo, y lo asigna a la monarquía. Como el monarca lo es de por vida, supuestamente no puede ser presionado políticamente como un jefe de estado electo. Se trata de una excusa muy conveniente para justificar permanecer en el poder indefinidamente. Cualquier dictador puede argumentar lo mismo. En una plena democracia, en cambio, el no-partidismo de un jefe de estado se asegura mediante la definición del puesto de trabajo y mecanismos de control para asegurar su neutralidad política, incluyendo una elección democrática. Por otra parte, los defensores monárquicos insisten en que la institución no tiene poder político y que, contrariamente a algunos políticos electos, el monarca no se aprovecha de su cargo. Ya hemos demostrado anteriormente, leyendo la constitución, que no-partidista no significa no-político. La monarquía monopoliza el cargo político con más poder del estado. Y en cuanto a aprovecharse, sólo decir que una institución vitalicia y políticamente excluyente como la monarquía evidentemente se aprovecha del déficit democrático del sistema político español para continuar parasitándolo. Identidad El artículo 56.1 comienza "El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia". Como en el caso del no-partidismo, a la monarquía se le atribuye aquí una característica del cargo de jefe de estado. Es propio del jefe de estado simbolizar, ser la cabeza visible, de un estado. También aquí los monarquistas quieren vender la exclusión política que propugna esta institución como continuidad y certeza. Así, la permanencia de España se sitúa en la transmisión hereditaria del cargo de jefe de estado. Desde el punto de vista democrático, esta afirmación es tan absurda y aberrante que debe energizar la lucha para abolir esta arrogante institución, que equipara la continuidad de España con la continuidad de la discriminación política. Legitimidad La monarquía goza de la legitimidad que le otorga la constitución española. Pero no todo lo que está en una constitución es democrático ni tampoco indefinidamente válido. Las constituciones evolucionan a mejor, según dictamina la soberanía popular. Pensemos, por ejemplo, que en doscientos años la constitución de EE.UU. ha sido corregida 27 veces. Actualmente la monarquía española quiere corregir el sexismo en la sucesión. Debemos aplaudir la iniciativa en cuanto a la igualdad de género en el seno de la familia borbónica, pero se trata de un gesto miserable cuando nos damos cuenta de que, sexista o no, la monarquía está excluyendo millones de ciudadanas y ciudadanos del cargo de jefe de estado. -11-

12 Torpedeada la idea de que constitución es igual a plena democracia, el portafolio de defensa monárquica incluye alternativas. Primero, atribuir legitimidad a la monarquía porque ésta garantiza el correcto funcionamiento de la democracia española. Aquí se está otra vez confundiendo monarca con jefe de estado. Segundo, apelar a la legitimidad dinástica del presente monarca, algo perfectamente irrelevante en cuanto a la falta de legitimidad democrática de la institución. Tercero, acudir a la legitimidad popular. En este caso se confunde el folclore y sentimentalismo que genera una institución glorificada hasta hace poco por los medios de comunicación con una legitimidad que sólo puede otorgar el voto popular. De hecho, el apoyo popular es un tema que preocupa profundamente a la monarquía. Saben que sin apoyo de la ciudadanía, aunque sea fundamentado en la ignorancia o indiferencia respecto a los principios democráticos, no tienen suficiente legitimidad para continuar perpetuándose como jefes de estado, diga lo que diga la constitución. Para conseguir este apoyo la institución ha usado y usa todo tipo de instrumentos de propaganda: las relaciones públicas de la Casa Real y organizaciones afines, la censura de críticos y la opacidad en actividades y cuentas, la glorificación por parte de la prensa rosa, el autobombo de los premios institucionales, los patrióticos desfiles militares, los discursos azucarados con moralismo y, en general, toda la parafernalia de los actos de jefe de estado, que evidentemente sirven para promover la institución monárquica. ARGUMENTOS DE PASIVIDAD La pasividad política es una enfermedad social que desgraciadamente está muy extendida y contribuye al mantenimiento de déficits democráticos, como la monarquía. Esta indiferencia miópica en realidad representa un voto a favor de la desigualdad política. Los argumentos a favor de la monarquía son menos peligrosos que abogar por la pasividad, porque el no hacer nada equivale a aceptar un desapoderamiento que pervierte directamente la naturaleza política de las personas y enmascara nuestro derecho y deber de implicarnos en el gobierno de la sociedad. La excusa mayoritaria es "la política no me interesa". O "no puedo hacer nada aunque quisiera". O "es cosa de políticos" porque "cada uno tiene sus legítimos intereses". Estamos en un círculo vicioso en el que el sistema político desapodera la ciudadanía y genera frustración y pasividad. La complejidad y escala de nuestra sociedad, con millones de personas, no ayuda. Pero este no es el principal problema, que radica en una confusión conceptual entre, por una parte, la política partidista, ideológica, el campo propio de los partidos políticos y los políticos "profesionales", y, por otra parte, la política no-partidista, derivada de la aplicación de los derechos humanos y los principios democráticos básicos para diseñar, gestionar y mejorar un sistema político democrático, lo cual pertenece a la ciudadanía y no a los partidos políticos. Hasta que no entendamos y empecemos a asumir esta crucial distinción continuaremos en el círculo vicioso del desapoderamiento. Desde esta perspectiva clarificadora, decir "la política no-partidista no me interesa" se parece a expresar desinterés para desarrollar la propia personalidad. Un argumento empleado por ciudadanos legalmente españoles pero con otra nacionalidad es que "este señor no es mi rey y, por tanto, el tema no me interesa". La realidad no apoya esta postura. La vida de estas personas está regida por la constitución española y, quieran o no, la constitución impone al Sr. Borbón como monarca. Refugiarse en un subjetivismo orgulloso, alejado de la realidad política, no puede ser una estrategia que ayude a desarrollar las aspiraciones políticas de nadie. Además, la monarquía no es una institución contraria a los nacionalismos de España, sino que atenta contra los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Recordemos que la lucha contra el fascismo durante la Guerra Civil implicó ciudadanos de otros estados, que se sintieron llamados a defender la democracia, independientemente de su nacionalidad. Otra respuesta es que "ahora no toca", porque ahora hay o siempre habrá algo más importante. Para la persona de la calle lo que toca es la propia vida, la familia, los amigos. Para los profesionales de la política toca luchar contra la crisis, contra el terrorismo, o contra algún otro enemigo real o fabricado. -12-

13 A nivel partidista, si el tema no cuadra con ganar votos, hay que desviar la atención. Por ejemplo: "criticar la monarquía es oportunista", "la monarquía española es más barata que la presidencia francesa", "el rey lo hace muy bien", o "es una institución que funciona y por tanto mejor no tocarla". Son argumentos cobardes, que abrazan la pasividad y rechazan cuestionar la naturaleza discriminatoria de la institución. Finalmente, encontramos los argumentos del miedo: a supuestos extremismos, a una inimaginable colaboración entre ideologías dispares y a la presencia de un político con bagaje partidista en el cargo de jefe de estado. Como la constitución es la ley suprema del estado, propugnar que su institución central es antidemocrática aparentemente nos sitúa en un extremo de la ideología reinante, valga el juego de palabras. Hay personas que, sin reflexionar, reaccionan contra la crítica a la monarquía por miedo a ser tachadas de extremistas. Otros consideran imposible cooperar con gente de diferente ideología, aunque compartan un mismo objetivo político. Esta equivocación deriva de no entender la diferencia mencionada anteriormente entre política partidista y política no-partidista. La abolición de la monarquía pertenece al ámbito no-partidista, propio de cualquier ciudadano/a, con independencia de su ideología partidista. Por lo tanto, la posibilidad de que el Sr. Aznar o el Sr. González lleguen a ser jefes de estado tampoco debe asustar, porque las funciones asignadas a este cargo son no-partidistas. ARGUMENTOS EN CONTRA A menudo los argumentos en contra de la monarquía también caen en la trampa de no distinguir entre los niveles persona, profesional, cargo, institución, y focalizan temas poco relevantes a la naturaleza antidemocrática de la institución. Estas críticas son legítimas en tanto que la monarquía es una administración pública que debe estar sometida al escrutinio público. Pero incluso si el monarca corrigiera estas carencias, la institución seguiría estando fuera de la demarcación de los derechos humanos y los principios democráticos. Esto sólo se arregla con su abolición. Repasemos primero y brevemente los argumentos secundarios, que en cierta forma ya han salido al analizar los argumentos a favor. Históricamente, la monarquía española es la sucesora a dedo de una dictadura que abolió la república por las armas. En el referéndum sobre la constitución de 1978 ganó la democracia, no una monarquía que se había colado ahí por deseo del dictador. A nivel mundial esta institución entra en declive a partir de la instauración de la democracia moderna por la Revolución Francesa. Esta revolución entendió perfectamente que monarquía y democracia son incompatibles. En el último siglo la institución se ha abolido en docenas de estados. Hoy en día la monarquía constitucional sólo cuenta 36 de los 193 estados que forman parte de las Naciones Unidas. En cuanto al Sr. Borbón como persona, últimamente ha habido comentarios sobre su vida sentimental y familiar, aficiones y amistades. Estos ataques se justifican argumentando que la manera en que el monarca gestiona la vida privada puede afectar su función pública. En todo caso, el baremo para el Sr. Borbón es exactamente el mismo que para cualquier persona en un cargo público, es decir, la libertad en la vida privada está limitada por el impacto que conductas de dudosa ética o moralidad puedan tener en la función pública. Por eso el monarca tuvo que pedir perdón a la ciudadanía por el asunto de los elefantes, porque su conducta privada había violado lo que se le pide como jefe de estado. Más allá de estas consideraciones sobre la persona, debemos criticar ciertas prácticas profesionales del Sr. Borbón, innecesarias y que refuerzan el carácter exclusivo y discriminatorio de la monarquía española. En primer lugar, se trata de una institución opaca. Por ejemplo, hemos tenido que esperar más de treinta años -13-

14 para conocer su presupuesto, que sólo se ha publicado a raíz del escándalo de los negocios del yerno del monarca. Y lo que se ha publicitado como presupuesto es vago y no incluye partidas asignadas a la monarquía en los presupuestos de los ministerios. Segundo ejemplo, el Gobierno actual está preparando una ley de transparencia de las administraciones públicas que deja fuera la institución monárquica porque, dicen, no es una administración pública. Pero según el artículo 56.1 de la constitución el monarca "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones", en otras palabras, administra la política española. Pues porque no se le aplica la nueva ley? Sencillamente porque la clase política dominante y la misma institución creen que la monarquía está "por encima" de las demás administraciones públicas y no debe estar sujeta a rendir cuentas a la ciudadanía. En segundo lugar, se trata de una institución intolerante. Durante décadas y contrariamente a la práctica habitual en democracia, la monarquía ha sido alejada de la crítica, censuró a quienes osaban criticarla y ha utilizado las instituciones y los medios comunicación para fabricar y moldear la opinión pública. En tercer lugar, se trata de una institución insolidaria. Mientras que en 2012 la media de los recortes en los presupuestos del estado se sitúa en el 17%, la monarquía sólo se ha aplicado de entrada un 2% de recorte. Esta diferencia sustancial cuadra con el perfil de una institución desconectada de la realidad española, que hace declaraciones hipócritas pidiendo "solidaridad y espíritu de sacrificio para salir de la crisis". El 17 de julio, poco después de una nueva ronda de impuestos y recortes aprobados por el Gobierno, el Sr. Borbón e hijo anuncian bajarse sus sueldos un 7,1%. El monarca pasa a cobrar 20 mil euros menos, "sólo" la friolera de euros anuales, casi el cuádruple que el presidente del Gobierno. En total, después de este supuesto sacrificio, el presupuesto monárquico ha quedado recortado un 3,2%, porcentaje todavía ridículo comparado con la media del 17% del resto de administraciones estatales. Además, resulta que hicieron coincidir esta propaganda de solidaridad con la noticia el mismo día de la imputación de tres familiares directos de la mujer del Sr. Borbón hijo, por un supuesto delito de levantamiento de bienes. Pero todos estos argumentos también se podrían dar en contra de cualquier otra persona en un cargo público. Porque no critican la naturaleza de la institución monárquica, donde realmente reside el intolerable agravio hacia la ciudadanía. Es aquí, en la definición de monarquía, que encontramos la desigualdad política como su hecho constitutivo. Recordemos la definición: la monarquía es un régimen político en la que el cargo de autoridad máxima del estado, el jefe de estado, está ocupado por una persona con el título de monarca o rey, de por vida y por sucesión hereditaria. En una sociedad que aspira a vivir en democracia resulta chocante entender que el máximo cargo del estado está ocupado sin previa elección popular y, encima, de por vida! Se vulnera así el principio de igualdad política necesario en una plena democracia y el primer artículo de los derechos humanos: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos." Si una persona puede heredar ser jefe de estado, nace con una dignidad y derechos mayores que el resto de los mortales que nacen en ese estado. Estamos hablando de la dignidad "real", que por motivo de linaje genético separa aquella persona de las demás, asignándole el derecho de ser su jefe, sin el consentimiento expresado por las urnas. Estamos ante el mismo sistema de opresión humana que las castas en la India o el Apartheid en Sudáfrica. En estos dos casos, la diferencia entre los derechos de las personas se basaba en su linaje genético, como la monarquía. Cualquier tipo de discriminación entre las personas por motivos biológicos constituye una agresión al fundamento de la dignidad humana. Que la constitución española a día de hoy ampare este biologismo demuestra lo débil que es todavía nuestra democracia. También nos hace recordar que otros estados han podido modificar sus constituciones para mejorar el grado de democracia. A la exclusión política mencionada, hay que añadir el agravante de monopolio vitalicio del máximo poder del estado. Además, el monarca no rinde cuentas a la ciudadanía, ni directamente ni a través del parlamento español. Técnicamente el Sr. Borbón no es un monarca absolutista como sus antepasados, pero -14-

15 sigue representando una institución de carácter dictatorial. Como cualquier otro dictador, sustenta la máxima autoridad política, de forma vitalicia y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Pasemos ahora a un punto especialmente inquietante, que ratifica la dimensión no democrática de la institución. El artículo 56.3 de constitución comienza "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad." Inviolabilidad significa inmunidad legal. El monarca se encuentra, en efecto, por encima de la ley. La persona que, según la constitución, promulga las leyes españolas está por encima de estas leyes! Este atributo, propio del absolutismo, viola la igualdad ante la ley, un principio democrático básico recogido también en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". En España, pues, no todo el mundo es igual ante la ley, aunque el artículo 1.1 de la constitución española propugne la justicia y la igualdad como "valores superiores". En resumen: dado que el cargo de jefe de estado en España está secuestrado por una raza supuestamente "real"; dado que la monarquía, la institución eje de la democracia española, no rinde cuentas a la ciudadanía, y dado que el monarca español está por encima de la ley que él mismo promulga; se puede concluir que el estado de la democracia en España es deficiente en su esencia, en su base, en donde encontramos una institución antidemocrática que niega la soberanía compartida que toda verdadera democracia requiere. QUÉ HACER? El camino para profundizar en democracia en España pasa por la abolición de la monarquía, esta institución incompatible con los principios democráticos básicos y los derechos humanos de la ciudadanía. Debemos esforzarnos en abolir la condición racista y degradante de ser súbditos y súbditas de una corona. Se trata de eliminar la institucionalización de la última esclavitud biológica de la Edad Media. La pasividad o la hostilidad de partidos políticos y otros grupos afines a la monarquía no puede ser una barrera para la movilización y lucha contra una institución que agrede la dignidad y viola la igualdad entre ciudadanos/as. Ni tampoco lo puede ser el hecho de que se tenga que cambiar la constitución española, algo perfectamente natural en la evolución del nivel democrático de un estado. Para empezar, debemos darnos cuenta de que la condición de monarca es puramente una convención que se sostiene en un juego de humo y pompa infantil. La palabra "rey" no tiene ningún significado en una democracia. En aquellos países donde se ha abolido la monarquía nadie echa de menos este concepto ni la gente que en el pasado se lo apropiaba. La pretendida magia de la sangre azul, de la realeza, es una -15-

16 idolatría diseñada para someter la voluntad popular bajo la acumulación del poder político en una persona, el llamado soberano. La monarquía se elimina en primer lugar a través de las ideas y el lenguaje, que deben superar la ignorancia y pasividad populares que aún permiten su existencia. El Sr. Borbón, que ocupa el cargo de jefe de estado ilegítimamente, ni es ni representa ninguna autoridad soberana. El Sr. Borbón es un señor como cualquier otro señor o señora. Lo mejor que puede hacer por la democracia española y para corregir la decisión de un dictador es aceptar, sino pedir, la abolición de la institución que ahora mismo encarna. Pero las palabras no son suficientes. Más allá de actos puntuales y simbólicos, es necesario articular una estrategia y entramado de acciones que faciliten en la mayor brevedad posible la abolición de la monarquía española. Obviamente, estas actuaciones se desarrollarán siempre dentro de la lógica de los principios democráticos y de derechos humanos que estamos defendiendo. Como en cualquier intento de cambio institucional, el adversario cuenta con la fuerza de la inercia y la debilidad de una oposición fragmentada. Por otra parte, la monarquía no tiene defensa posible en un marco democrático y de derechos humanos. La única muleta que impide el colapso de esta estructura coja de democracia no es la constitución o la clase política, sino el apoyo popular. Cuando quede meridianamente claro que el monarca no cuenta con el beneplácito de gran parte de la ciudadanía española, que finalmente se ha rebelado en contra de la opresión monárquica, entonces caerá el último vestigio de esclavitud racial. Hay expresiones de protesta antimonárquica que requieren un nivel de compromiso demasiado elevado para la mayoría de personas. Muchos no estamos dispuestos a manifestarnos en la calle y menos realizar acciones controvertidas como quemar fotografías o hacer declaraciones incendiarias, aunque esta estridencia se pueda justificar mediante la libertad de expresión política. En todo caso, la estridencia también puede ser un síntoma de improvisación, desesperación o fragmentación de esfuerzos, que finalmente resultan en la inoperancia del movimiento abolicionista. Más prometedoras son las iniciativas que facilitan la implicación de la ciudadanía, o al menos le acercan el sentimiento abolicionista. Por ejemplo, en Cataluña algunos municipios han aprobado mociones de censura contra la monarquía española, o se han declarado moralmente excluidos del dominio de la monarquía, o republicanos. La propuesta de las mociones municipales es una iniciativa que se extendió a raíz de la aprobación de una moción por parte del municipio de Viladamat en diciembre de No se trata de una acción que implique a la ciudadanía directamente, pero sí le resulta más cercana e impactante que las marginales declaraciones contra la monarquía en el Congreso de los Diputados, que nunca reciben apoyo político. A nivel estatal desde 2007 existe la Red de municipios y cargos públicos por la Tercera República, que focaliza su demanda no en la abolición de la monarquía sino en la instauración de una nueva república. En cualquier caso, se trata de una iniciativa que también acerca el abolicionismo a la ciudadanía española. Por nuestra parte, además de presentar este escrito para concienciar acerca de la importancia de abolir esta institución, queremos complementarlo con un producto audiovisual y una propuesta de acción política que se encontrarán en la página web (pendiente). CONCLUSIÓN En este escrito el objetivo principal ha sido proporcionar un espacio de reflexión sobre la calidad de nuestra democracia, el sistema político que rige nuestras vidas en el estado español. El origen de la crisis económica que padecemos no son fuerzas impersonales que corren descontroladas por el mundo, sino el tipo de reglas políticas que elegimos para vivir y convivir. Estas reglas determinan tanto el funcionamiento o mal funcionamiento de la economía como también regulan otros ámbitos de la vida en comunidad. La impotencia y frustración que los ciudadanos sentimos ante las repetidas subidas de impuestos y los recortes -16-

17 en el estado del bienestar están causadas por un sistema político carente de mecanismos de participación y control por parte de la ciudadanía. Además, este sistema está contaminado por instituciones y prácticas políticas contrarias a los principios democráticos. En concreto y muy claramente, la monarquía española es una institución antidemocrática, que viola la igualdad política y la dignidad humana. En un marco democrático y de derechos humanos no tiene cabida. El pueblo, no la constitución ni la clase política, somos los propietarios de la soberanía popular y, por tanto, del sistema político español. Así, somos los responsables de decidir qué tipo de instituciones políticas nos rigen. Somos los garantes de la democracia. En consecuencia, actuemos ya! para abolir la monarquía, el último vestigio de la opresión política basada en la sangre. Quizás no recibamos inmediatamente el fruto de nuestra intención, pero todas las pequeñas acciones que nos acercan hacia una verdadera democracia no mueren; su valor es inmortal; y nuestra liberación de la opresión, imparable. -17-